El empadronamiento de estas personas se produce tras el encuentro mantenido entre personal del Defensor del Pueblo andaluz y de la Corporación municipal tras conocer el próximo desalojo de estas familias.

El pasado 19 de junio, la Adjunta del Defensor del Pueblo, acompañada de técnicos del Defensor, mantuvieron una reunión con el Alcalde, la concejal de Hacienda y Urbanismo y la Gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de esta localidad para tratar la situación de las familias afectadas. Con posterioridad, se reunieron con los afectados, sus letrados y dos concejales de la oposición.

En ambos encuentros abordaron la situación de las familias afectadas, con hijos menores a su cargo, que se verían en la calle y sin alternativa de alojamiento de materializarse dicho desalojo, que de forma voluntaria debería realizarse en la próxima semana.

La Oficina del Defensor apunto entonces la necesidad de que por parte del Ayuntamiento se procediera a censar a los afectados en los domicilios que ocupan, así como se realizasen los informes sociales de las familias y que éstos se les hiciera llegar al Juzgado que está interviniendo en este procedimiento, en aras de proteger a los menores.

Desde el Ayuntamiento se estaban realizando gestiones con el Banco, antiguos propietarios de las viviendas, que en la actualidad pertenecen a La Sareb, para que procediera a retirar las denuncias e iniciar negociaciones para un alquiler social con las familias afectadas.

Fruto de esta reunión ha sido el censo de las 12 familias y la retirada de la denuncia ante el Juzgado por parte del Banco. Ademas se han nombrado a representantes para la negociación por parte de los afectados y de la Sareb.