El día 26 de enero de 2015 ha tenido lugar la presentación en la sede del Defensor del Pueblo de España, en Madrid, del informe conjunto sobre “Urgencias Hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud y derechos y garantías de los pacientes”.

El citado estudio ha sido elaborado de forma conjunta por los diez Defensores del Pueblo (el de España y los nueve autonómicos), entre ellos el Procurador del Común, Javier Amoedo Conde.

El informe analiza los problemas comunes al conjunto de los servicios de urgencias, sin detallar la situación de ninguno de ellos y finaliza con cuarenta conclusiones. Entre ellas destaca la necesaria introducción de cambios no sólo en los espacios físicos sino en la organización y gestión de los servicios para resolver los problemas de presión asistencial y de saturación que generan, entre otras cosas, un importante deterioro de la dignidad e intimidad de los pacientes. Asimismo se ha estudiado la cuestión desde perspectivas tales como la de los colectivos vulnerables tales como los enfermos crónicos, las personas de edad avanzada, quienes se encuentran en riesgo de exclusión social o los inmigrantes en situación irregular.

El documento ha contado con la participación y aportaciones de colectivos de pacientes, profesionales sanitarios y gestores administrativos de los 17 servicios autonómicos de salud y del INGESA. Todos ellos debatieron sobre un documento común de 124 cuestiones basado en las quejas recibidas por los Defensores.