El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha hecho pública una Sugerencia en la que solicita al Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón la creación de una tarjeta acreditativa de la condición de discapacitado provisional. El objetivo, es que estas personas puedan acceder de forma cómoda a los beneficios que, tanto entidades públicas como privadas, prevén para las personas con discapacidad sin tener que presentar toda la documentación administrativa que acredita su condición.

En la actualidad, los titulares de estas tarjetas son las personas que tienen reconocido con carácter definitivo un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Las personas cuya valoración de discapacidad no es permanente y están sujetas a revisiones periódicas por parte de los Centros Base IASS, no tienen acceso a esta tarjeta y deben presentar la documentación en papel cada vez que necesitan acreditar la discapacidad.

La Sugerencia del Justicia responde a la queja de una familia con un hijo menor que tienen reconocida una discapacidad del 66%, que entiende que sería más cómodo y funcional disponer de una tarjeta provisional acreditativa de la discapacidad, que mostrar en cada ventanilla los tres folios que reconocen la condición del hijo.

El Justicia, Fernando García Vicente, comparte esta postura por lo que ha solicitado a la Administración que modifique la norma que regula esta tarjeta –Orden de 13 de noviembre de 2009- con el fin de incluir la versión provisional, lo cual no supone ninguna dificultad ni ningún coste para el Departamento competente.

La validez de dicho documento sería temporal, destruyéndose en caso de que el afectado perdiera su condición de discapacitado, o sustituyéndose por la definitiva tras la revisión que confirmara tal aspecto. Facilitaría, por tanto, la demostración de la persona discapacitada de su condición como tal, sin necesidad de llevar encima en todo momento copia compulsada de la resolución.

“Sería, además, una medida con más efectos positivos que negativos, sin suponer ningún tipo de discriminación y con gran acogida social entre el colectivo implicado”, concluye el Justicia de Aragón.