Responsabiliza a las administraciones de las irregularidades detectadas en el caso de los Maristes por el hecho de omitir y no aplicar los protocolos

Evidencia insuficiencias en el deber de la Administración educativa de supervisar los centros educativos en el ámbito de protección de la infancia

Confirma la necesidad de una actuación de liderazgo más activa de la DGAIA como institución central en los circuitos de maltrato y abuso

Alerta de que la Ley de infancia, del año 2010, prevé diversas medidas, aún pendientes, como la formación de profesionales y un servicio de atención dirigido a todas las víctimas