El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha comparecido este jueves en el Congreso de los Diputados ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo para presentar un resumen de las actuaciones realizadas por la Institución con motivo de la pandemia de la COVID-19.

La Institución ha tramitado desde principios de año más de 26.000 actuaciones entre quejas, colectivas e individuales, quejas de oficio y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad, muchas de ellas relacionadas con la crisis sanitaria.

Fernández Marugán ha comenzado su intervención explicando que desde el primer momento de la pandemia la Institución que dirige trabajó a pleno rendimiento gracias al sistema de teletrabajo puesto en marcha en 24 horas.

El Defensor se ha referido a las solicitudes de recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y sus prórrogas.

Fernández Marugán ha asegurado que para el Defensor del Pueblo la citada norma es “plenamente conforme con la Constitución” y ha explicado que dicho Real Decreto “llevó a cabo una ponderación de derechos fundamentales razonable en el contexto de amenaza global que sufrimos”.

Por otra parte, en relación al Real Decreto de 25 de octubre por el que se declara un nuevo estado de alarma, el Defensor ha apuntado que se han recibido ocho solicitudes de interposición de recurso sobre las que la Institución se pronunciará “en el momento oportuno, que será a finales de enero del próximo año”.

Quejas sobre libertades públicas

El Defensor ha continuado su intervención refiriéndose a las limitaciones a la circulación impuestas, tras decretarse el estado de alarma, que motivaron quejas al inicio del confinamiento relativas a las salidas con menores; actuaciones sancionadoras incorrectas de algún miembro de los cuerpos de seguridad del Estado; acoso de particulares a personas con discapacidad intelectual cuando salían a dar paseos terapéuticos; etc.

Todas estas quejas fueron trasladadas al Ministerio del Interior que en su respuesta explicó las distintas órdenes dictadas para aclarar aspectos que estaban generando dudas sobre las limitaciones de circulación.

Carencias del Sistema Nacional de Salud

Fernández Marugán ha asegurado en el Congreso que esta crisis ha agudizado algunas de las carencias que venía arrastrando el Sistema Nacional de Salud, “cuya capacidad de respuesta se ha visto casi superada en los peores momentos”.

Entre dichas carencias, el Defensor ha destacado “la debilidad de la atención primaria; la fragilidad de los servicios de urgencias hospitalario; el problema crónico de las listas de espera de especialidades, y la insuficiente atención pública a la salud mental”. 

Según ha explicado, “la restricción de gasto durante la crisis económica redujo los presupuestos sanitarios de las administraciones públicas, lo que se tradujo en una menor inversión en equipos y obras de mantenimiento (sobre todo en los hospitales más antiguos), así como en una reducción de las plantillas, que además tenían peores condiciones laborales, contratos menos estables y menores salarios”.

No obstante, Fernández Marugán ha apuntado que la pandemia ha revelado también las fortalezas del sistema sanitario, como “la buena formación de miles de profesionales, el acceso universal y gratuito a los servicios sanitarios y una organización muy experimentada”.

En su opinión, para robustecer el sistema “hay que revisar el modelo organizativo para aumentar la eficiencia”. En este contexto, Fernández Marugán ha resaltado que “la sanidad en España no requiere edificios más grandes ni infraestructuras espectaculares, necesita que se apoye el sistema público sanitario y realizar una gestión más eficaz y coordinada de los recursos humanos y materiales”. “El Sistema Nacional de Salud es garantía de igualdad y de seguridad y los poderes públicos no pueden relajar su cuidado y mantenimiento”, ha enfatizado.

Por ello, el Defensor ha instado a reforzar la atención primaria “con profesionales, medios técnicos y organizativos” y la atención hospitalaria “para reducir listas de espera”, así como a terminar con la precariedad y la temporalidad en el trabajo que “son el mayor problema para los trabajadores del Sistema Nacional de Salud”.

Asimismo, ha afirmado que es urgente mejorar la coordinación interterritorial, puesto que “la salud no conoce fronteras o límites territoriales” y también ha abogado por crear una agencia estatal de salud pública con altas capacidades en situación de emergencia.

Atención sanitaria durante la pandemia y actuaciones del Defensor

Fernández Marugán ha señalado que al inicio de la pandemia se recibieron quejas que expresaban el temor de muchas personas por su propia salud y la de los suyos.

Así, ha explicado que los ciudadanos lamentaban la saturación de los centros hospitalarios y la suspensión de la actividad ordinaria en los centros sanitarios de atención primaria. También se recibieron quejas sobre la escasez de camas, personal entrenado y respiradores y sobre la falta de material de protección para el personal sanitario, que ponía en riesgo su salud y su trabajo.

Tras el levantamiento del estado de alarma, el Defensor ha apuntado que las quejas de los ciudadanos se centraron el cierre de consultorios locales; el retraso de citas para consulta y operaciones; el acompañamiento de pacientes hospitalizados y los protocolos de realización de pruebas diagnósticas PCR.

La Institución emitió un comunicado el 20 de marzo, dirigido a todas las administraciones sanitarias, en el que recordaba que la unidad de acción de todos los poderes e instituciones del Estado resultaba crucial y en el que pedía a todas las administraciones que coordinasen lealmente su acción para incrementar la dotación de recursos del sistema sanitario y social, en especial el residencial, público o privado. Además, el Defensor también resaltaba en dicho comunicado que el suministro de material de protección era imprescindible para los trabajadores sanitarios, personal asistencial y enfermos.  

El Defensor también le trasladó al Ministerio de Sanidad la preocupación de la Institución sobre la aplicación de procedimientos de priorización de pacientes en las unidades de cuidados intensivos. Para Fernández Marugán, “lo ético y exigible es singularizar clínicamente las decisiones de esta naturaleza sobre cada paciente”.

La Institución también dirigió actuaciones de oficio a todas las consejerías de sanidad o salud autonómicas para conocer de forma estructurada la respuesta dada por cada territorio a la emergencia sanitaria. Asimismo, requirió a las CCCA que informaran sobre las medidas que estaban tomando para atender las necesidades de los centros residenciales, incluidos los protocolos aplicados sobre derivación de residentes enfermos a los hospitales.

El 29 de mayo, tras el inicio de la desescalada, el Defensor volvió a dirigirse a todas las consejerías sanitarias para conocer las medidas adoptadas para la vigilancia y control de la pandemia a partir de ese momento. (...)