El 26 de noviembre, la Mesa se reunió con los máximos representantes del Gobierno y les hizo llegar la detección de necesidades y las prioridades y recomendaciones de mejora

La Mesa, integrada por 8 entidades del tercer sector, se constituyó el pasado 11 de junio con la voluntad de abordar la urgencia asistencial derivada de la Covid-19

El síndic de greuges, Rafael Ribó, acompañado del adjunto general, Jaume Saura, y de la adjunta de los derechos de los niños, Maria Jesús Larios, ha comparecido esta tarde por vía telemática ante la Comisión del Síndic para informar sobre las principales propuestas de la Mesa de Emergencia social para afrontar la crisis económica y social derivada de la pandemia del Covid-19.

La Mesa se constituyó el pasado 11 de junio con la voluntad de abordar la urgencia asistencial y la detección de necesidades y prioridades para hacer las recomendaciones de cambio y mejora a las administraciones afectadas y al Parlamento en el marco del contexto actual de la pandemia de la Covid-19. El 30 de junio se presentó una declaración que pretendía fijar las bases sobre las que deberían girar el conjunto de medidas que deberían implementarse para hacer frente a la situación sanitaria, social y económica, que se ha visto muy agravada por la pandemia. En esta Declaración se puso de manifiesto que, para garantizar el derecho a la salud y el bienestar de todas las personas, es necesario un fortalecimiento presupuestario que equipare nuestro país en porcentaje del PIB con los países del norte de Europa y que se traduzca en un plan estratégico que incluya la mejora de la atención social primaria y especializada.

La Mesa de Emergencia Social, que actualmente reúne a ocho de las entidades del tercer sector -Mesa del Tercer Sector, DINCAT, Cáritas Cataluña, Cruz Roja, Amigos de los Mayores, Banco de Alimentos, Comunidad de Sant'Egidi y Fundesplai-, ha seguido trabajando para proponer las bases que considera necesarias para consolidar un sistema de protección social sólido que garantice los derechos de las personas a vivir en una sociedad justa, igualitaria y cohesionada. En esta línea, pone de relieve como durante esta crisis sin precedentes muchas personas están viendo comprometida la satisfacción de sus necesidades básicas sin que la respuesta de las administraciones públicas esté dando soluciones concretas con la urgencia que reclaman las circunstancias. La actual crisis ha evidenciado, también, que las entidades sociales han estado desarrollando un rol fundamental en la cobertura inmediata y urgente de estas necesidades.

El Síndic también ha explicado que en noviembre de 2020 se abrió una actuación de oficio para trasladar las principales recomendaciones que han surgido fruto del debate interno a las administraciones afectadas.

El 26 de noviembre, el Síndic convocar una reunión de la Mesa con los máximos representantes del Gobierno en el Palacio de Pedralbes, y los hizo llegar la detección de necesidades elaborada durante los últimos meses y las prioridades y recomendaciones de mejora para afrontar la crisis generada por la pandemia y que visibiliza problemas ya existentes.

El 17 de diciembre tuvo lugar un nuevo encuentro de los miembros de la Mesa para valorar las respuestas recibidas por parte de las administraciones a las propuestas hechas y para determinar el trabajo y funciones de la Mesa a partir de ahora. En esta última reunión se remarcó la necesidad de seguir trabajando conjuntamente con la idea de poder incidir más activamente en las políticas públicas del Gobierno en materia de protección social. Fruto de esta última reunión también se establece como prioridad trabajar conjuntamente ante el incumplimiento de la Ley de Bases de Régimen Local por parte de muchos municipios que dificultan y niegan el empadronamiento a extranjeros que efectivamente viven en sus territorios, las carencias que todavía presentan muchos servicios sociales a la hora de garantizar una atención presencial plena, una nueva regularización de la población inmigrante en Cataluña, o evitar la fragmentación de las ayudas sociales, como el ingreso mínimo vital y la renta garantizada de ciudadanía, que dificultan su gestión y cobertura.