El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha asistido hoy a la inauguración del Centro de Internamiento de Menores Genil en Granada. En la inauguración han intervenido el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, junto al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, la Fiscal Superior de Justicia de Andalucía, Ana Tárrago, y el alcalde de Granada, Luis Salvador, entre otras autoridades. El Defensor ha trasladado ante los medios de comunicación su apoyo a la creación de plazas de internamiento en esta provincia, "ya que defendemos la prevención, la reeducación y la reinserción de los menores infractores, y su derecho a estar cerca de casa".

En diciembre de 2014 la Institución presentó ante el Parlamento de Andalucía un Informe Especial titulado La atención a menores infractores en centros de internamiento de Andalucía. Un trabajo que tenía como objetivo ofrecer una visión global de estos recursos, de sus estructuras y organizaciones, pero sobre todo del trabajo que desarrollan para la reinserción y reeducación de los menores privados de libertad. Pretendimos con este trabajo de investigación aumentar la visibilidad de estos recursos cara a la sociedad.

El déficit de plazas detectado afectaba principalmente a la provincia de Huelva, por la inexistencia de centros de internamiento, y a las provincias de Málaga y Granada. Cuando elaboramos el informe en 2014, la provincia de Granada contaba con un único CIMI denominado San Miguel, provisto de 14 plazas para menores infractores de sexo masculino. Sus unidades eran en régimen abierto, semiabierto y cerrado. En el Informe se dejó constancia de que estas sustanciales diferencias entre provincias debían llamar a la reflexión sobre la entonces distribución territorial de plazas para el cumplimiento de medidas privativas de libertad, aunque existen otros condicionantes que habrán de ser tomarse en consideración para la reorganización territorial de las plazas de internamiento en nuestra Comunidad Autónoma, como puede ser la incidencia de hechos delictivos protagonizados por menores en cada provincia.

En cualquier caso, entendimos que para muchos menores internos de Granada, debido a esta desigual distribución, se estaba vulnerando su derecho a cumplir la medida de internamiento en un centro cerca de su domicilio familiar, ya que la inmensa mayoría de ellos eran trasladados a algunos de los dos centros ubicados en Almería (Tierras de Oria y El Molino), ya que el tercer recurso de esta provincia entonces, el centro de Purchena, desarrollaba un programa específico de inserción sociolaboral distintos de los otros dos.