Reclama un pacto de consenso entre todas las candidaturas sobre la decisión a adoptar en torno a convocatoria electoral y una renuncia explícita a cualquier uso electoralista
 
El informe y esta nueva addenda han sido trasladados al Gobierno de la Generalitat, al presidente del Parlamento, a los presidentes de los grupos parlamentario y a la JEC
 
El síndic ha solicitado comparecer ante la Comisión Permanente para el debate del informe

En noviembre de 2020 el Síndic presentó en el Parlamento de Cataluña el informe La garantía del derecho de sufragio activo en las elecciones al Parlamento de febrero de 2021 en el marco de la actual pandemia, en el que se planteaban un conjunto de medidas legislativas y normativas que se podrían haber adoptado en el marco de las Cortes Generales y del Parlamento de Cataluña, así como las que habrían podido tomar los respectivos gobiernos, para extender las garantías del derecho de voto en pandemia.

En la misma línea, el Síndic creó una comisión independiente de asesoramiento sobre la garantía del derecho de sufragio activo integrada por reconocidos expertos en los ámbitos sanitario, epidemiólogo y constitucionalista.

Con el apoyo de esta comisión, el Síndic recomendó el pasado 5 de enero el voto no presencial de las personas contagiadas por COVID-19 y sus contactos estrechos. Dado que el plazo para solicitar el voto por correo se cierra 10 días antes de las elecciones, las personas que sean detectadas como positivas a partir de ese momento -y sus contactos estrechos- no podrán solicitar este tipo de sufragio y, de acuerdo con los protocolos actuales, supuestamente deberían votar presencialmente en la franja recomendada de 19 a 20 horas. A juicio de la comisión, esto supone importantes riesgos para la salud pública.

Hoy, el síndic ha presentado al Gobierno de la Generalitat, al presidente del Parlamento y a los presidentes de los grupos parlamentarios una adenda al informe en el que se analizan los posibles escenarios epidemiológicos, los riesgos de voto presencial de personas aisladas o en cuarentena por COVID-19, cuál podría ser el fundamento jurídico de un eventual aplazamiento de las elecciones, para terminar, finalmente, con una serie de recomendaciones finales.

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