El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha entregado este jueves a las Cortes Generales el Informe Anual que recoge la gestión de la Institución en 2020, un ejercicio que ha estado marcado por la pandemia mundial de la COVID-19.

En dicho periodo, se tramitaron 29.335 expedientes, entre quejas (28.020), investigaciones de oficio (406) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad y amparo (909). A esta cifra hay que sumar los ciudadanos que fueron atendidos personalmente: 17.026, de los cuales 1.135 fueron presenciales y 15.891 a través de llamadas de teléfono. 

La Institución, por su parte, formuló a las diferentes Administraciones un total de 1.447 resoluciones, de las cuales 536 fueron recomendaciones, 482 sugerencias, 425 recordatorios de deberes legales y 4 advertencias.

Los asuntos relativos a la Administración de Justicia lideraron las preocupaciones ciudadanas (4.439). Le siguieron las quejas relacionadas con el empleo y la Seguridad Social (3.493), las migraciones (2.716), la educación (2.579) y la sanidad (2.183).

Según su procedencia geográfica, el mayor número de quejas vino desde la Comunidad de Madrid (7.362 expedientes), Cataluña (3.138), Andalucía (3.117) y Comunitat Valenciana (2.917), por este orden.

A lo largo del año 2020, una parte significativa estuvo, directa o indirectamente, relacionada con los efectos de la pandemia y las actividades para combatirla desarrolladas por las distintas administraciones.

Para el Defensor del Pueblo, esta crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de valorar el protagonismo del Estado y de los servicios y prestaciones públicas. Las actuaciones de carácter socioeconómico dirigidas a la protección de trabajadores y autónomos y a paliar el crecimiento de la pobreza, el paro, la precariedad y la desigualdad han buscado suavizar el impacto económico del coronavirus, a la vez que las políticas de bienestar se han enfrentado a la pandemia.

Con este esfuerzo de protección de rentas se ha mostrado una notable capacidad de llevar a cabo la recuperación de múltiples sectores y se ha comprobado que las medidas de austeridad como las aplicadas anteriormente en la Unión Europea, fueron poco adecuadas.

Estas fueron las actuaciones más destacadas de la Institución en 2020:

SANIDAD

El Defensor del Pueblo recibió el año pasado el triple de expedientes en materia sanitaria, la gran mayoría relacionadas con la crisis generada por la COVID-19.

La pandemia ha agudizado muchas de las carencias que venía arrastrando el Sistema Nacional de Salud (SNS), que ha vivido su peor crisis desde su creación y cuya capacidad asistencial, conformada por los servicios de salud de las comunidades autónomas, se vio en los peores momentos superada. La Institución lleva años advirtiendo sobre sus debilidades y deficiencias, entre las que destaca la fragilidad de la atención primaria y de los servicios de urgencias hospitalarios, el problema crónico de las listas de espera, y la insuficiente atención pública a la salud mental. 

Son también problemas serios una presión asistencial muy alta, la restricción de algunos servicios, la escasez de profesionales en algunas especialidades y territorios, especialmente en la atención primaria, la desmotivación de los profesionales, el envejecimiento del equipamiento tecnológico y los problemas de mantenimiento de los hospitales, sobre todo los más antiguos.

En opinión del Defensor, esta crisis debe servir para “materializar grandes acuerdos y medidas legislativas y administrativas concretas” que solucionen las debilidades constatadas y a la vez consoliden las fortalezas del sistema y hagan posible su modernización, mediante un incremento inteligente de la inversión en medios materiales y humanos.

Al inicio de la crisis se recibieron quejas que expresaban el temor de muchas personas por su propia salud y la de los suyos y que lamentaban la saturación de los centros hospitalarios y la suspensión de la actividad ordinaria en los centros sanitarios de atención primaria.

Otras quejas denunciaban la escasez de camas, de personal entrenado y de respiradores, así como la falta de material de protección para el personal sanitario. Con el paso de las semanas, y el levantamiento del estado de alarma, las quejas se centraron en el cierre de consultorios locales, las dificultades en la atención primaria, el retraso de citas para consulta, pruebas y operaciones, el acompañamiento de pacientes hospitalizados y los protocolos de realización de pruebas de detección del virus y el retraso en obtener resultados.

Muchos ciudadanos también han manifestado a lo largo de estos meses su opinión sobre las medidas de salud pública. 

La Institución decidió abrir de oficio actuaciones generales con todas las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas para conocer el esfuerzo de reorganización de sus recursos y de dotación de medios para detener la expansión de la epidemia y poder determinar aspectos de mejora. Al Ministerio de Sanidad se le fueron trasladando todas las cuestiones relevantes que reflejaban las quejas y requerían una respuesta regulatoria o coordinada.

El Defensor también inició actuaciones a raíz de quejas concretas y ha seguido actuando en aquellas reclamaciones que planteaban problemas acuciantes al margen de la pandemia como listas de espera, acceso a tratamientos especiales o medicamentos, problemas en el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos, peticiones de acceso a documentos o historiales clínicos.

Asimismo, abrió un expediente con el Ministerio de Sanidad y con todas las comunidades autónomas para conocer los protocolos básicos de referencia para los centros hospitalarios de cada región en cuanto a las visitas y el acompañamiento de pacientes en la situación de emergencia. Además, pidió información sobre los problemas prácticos a la hora de viajar a España desde otros países o sobre el precio de las pruebas PCR en laboratorios privados.

Con toda la información recabada, la Institución elaboró unas conclusiones acerca del impacto que ha tenido y sigue teniendo esta emergencia sanitaria en el SNS, y sobre las necesidades o carencias que han quedado más al descubierto. Estas conclusiones fueron presentadas en las Cortes Generales a finales del mes de noviembre y se enviaron al Ministerio de Sanidad y a todas las consejerías de sanidad autonómicas.

Así, la Institución resalta que es necesario invertir más, sobre todo en atención primaria y en salud pública, y reclama más personal y más medios materiales, así como acabar con la precariedad y la temporalidad de los sanitarios. Para ello, el Defensor cree que hay que asegurar el mantenimiento y refuerzo del SNS y garantizar la cohesión territorial, mediante un acuerdo de Estado estable, similar al existente para la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social.

Urge además, dar un impulso a los servicios de salud pública, de promoción de la salud y de prevención de enfermedades, así como a la investigación sanitaria. También debe abordarse la creación de una agencia estatal de salud pública con altas capacidades de gestión y decisión, especialmente ante situaciones de emergencia.

Asimismo, las comunidades autónomas deben seguir incrementando sus recursos propios de salud pública y de vigilancia epidemiológica.

A juicio del Defensor, el refuerzo de los centros de atención primaria, de sus profesionales y de sus medios técnicos y organizativos no puede demorarse, especialmente en los territorios con más problemas de escasez y falta de personal. Esta crisis debe ser una oportunidad para dar solución a los problemas de infrafinanciación de este nivel asistencial.

Es imprescindible al mismo tiempo afianzar la estructura hospitalaria. Así, las administraciones han de contar ya con planes de refuerzo, frente a las listas de espera, en las especialidades más afectadas, para la recuperación de la atención sin demoras a todos los pacientes, en términos de calidad y seguridad. Se ha de prestar una especial atención al incremento de demanda de asistencia en salud mental.

La precariedad y la temporalidad son probablemente el mayor problema estructural para muchos trabajadores del Sistema Nacional de Salud, y cada vez en un mayor porcentaje. Por ello, es necesario que las administraciones acometan una ampliación del personal fijo acorde con las necesidades estructurales constatadas y una revisión de aquellos aspectos del marco estatutario que más lo precisan, con diálogo social y con los objetivos de racionalización y modernización que resulten imprescindibles.

Por último, esta crisis ha demostrado que es preciso hacer más efectivo el mecanismo de coordinación interterritorial. Es preciso revisar y ampliar el procedimiento de toma de decisiones conjuntas del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, aprovechando la experiencia reciente durante la emergencia sanitaria. Aspectos como la adopción de acuerdos y su fuerza vinculante o la mayor capacidad operativa de los servicios centrales deben ser abordados y mejorados.

Los acuerdos del Consejo cuando ejerce las funciones de coordinación, en determinadas materias no únicamente relacionadas con las emergencias de salud pública, deben poder ser adoptados por mayoría y obligar a todos los territorios. Por otra parte, debe ser preceptivo que esos acuerdos del consejo sean oficialmente publicados para el conocimiento de todos los agentes implicados y la ciudadanía.

ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES

El modelo de atención residencial a las personas mayores presenta problemas estructurales que se han dejado ver con toda su crudeza en la actual crisis sanitaria y respecto a los cuales lleva tiempo alertando el Defensor del Pueblo.

La dramática situación que se vivió en los primeros meses de la pandemia en muchos geriátricos refleja la escasez de medios y de personal y las dificultades para adoptar medidas suficientes de prevención y reacción, al tratarse de un modelo asistencial, que para la atención sanitaria depende de los servicios autonómicos de salud, los cuales se vieron desbordados.

El Defensor envió a finales de abril de 2020 recomendaciones a todas las comunidades autónomas para mejorar en esos momentos la atención sanitaria en los centros de mayores, la información a familiares y la protección de sus derechos.

A la vez, la Institución inició actuaciones de oficio con todas las consejerías de Política Social de las Comunidades Autónomas para conocer la respuesta dada en cada territorio a la situación provocada en las residencias por la pandemia y determinar los aspectos de mejora.

Fruto de estas actuaciones, y tras el estudio y análisis conjunto de quejas, la información oficial recibida, las distintas normas y la evolución de la pandemia, el Defensor elaboró unas conclusiones que fueron remitidas a finales de noviembre a las comunidades autónomas y al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

A juicio del Defensor del Pueblo, el examen de las respuestas, junto con los trabajos y estudios que cada entidad está realizando a partir de las duras experiencias vividas, permitirá abordar las reformas pendientes y necesarias para la plena garantía de los derechos de los mayores en el ámbito residencial.

SEGURIDAD CIUDADANA

La declaración del estado de alarma supuso un fuerte impacto sobre las libertades de los ciudadanos y a ello hay que sumar que la aplicación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana para sancionar a quienes infringiesen las prohibiciones podía suponer el pago de multas exorbitantes.

El Defensor ha sostenido una posición crítica sobre la idoneidad de la Ley de Seguridad Ciudadana para situaciones como un estado de alarma. En este sentido, Fernández Marugán reitera que es necesario reformar algunos aspectos de esta norma para conseguir el adecuado equilibrio entre libertad y seguridad.

La Institución ha tramitado quejas referidas a las restricciones sobre la libertad de circulación, a la disconformidad con las denuncias recibidas y otras que mostraban una discrepancia general con los efectos y limitaciones impuestas a los derechos ciudadanos durante el estado de alarma.

Para proteger a la ciudadanía ante las restricciones de derechos que conlleva el estado de alarma, incrementar la seguridad jurídica y garantizar la igualdad de trato en todo el territorio, el Defensor formuló tres recomendaciones.

Por otra parte, la Institución inició una actuación de oficio para conocer las medidas con las que contaban las dependencias de privación de libertad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para evitar posibles contagios. En el marco de esta actuación se formularon resoluciones a los responsables de estos centros.

Los efectos de la covid-19 también han tenido repercusión en la Administración de Tráfico y Seguridad Vial. El Defensor inició una actuación de oficio solicitando información sobre la reorganización de las pruebas de aptitud para la obtención del permiso de conducción y la forma en que se iban a realizar dichas pruebas, adaptándolas a las directrices de las autoridades sanitarias sobre distancia de seguridad y desinfección.

En 2020 se han celebrado elecciones a dos parlamentos autonómicos que han puesto de manifiesto las dificultades para desarrollar estos procesos electorales en una situación de pandemia como la actual. El Defensor insiste en la necesidad de modernizar la Ley Electoral, “inadecuada para resolver satisfactoriamente el voto desde el extranjero, la utilización de las nuevas tecnologías en los procesos electorales y, ahora, una pandemia mundial con intensa repercusión en España”.

EDUCACIÓN

Fernández Marugán considera que “la educación es el principal instrumento de movilidad social y la mejor ayuda para superar desigualdades económicas y sociales”. A juicio del Defensor la pandemia ha tenido efectos negativos en esta materia, así, “ha mostrado un estancamiento de la función de ascensor social, que la educación venía realizando, poniendo al descubierto el carácter limitador con el que actúa”.

En las primeras semanas, tras la declaración del primer estado de alarma se suspendieron las clases y muchas familias trasladaron al Defensor sus dificultades para acceder a los sistemas de educación a distancia al no tener acceso a la red o no disponer de dispositivos de conexión para poder continuar con la actividad lectiva por medios telemáticos.  

Estas inquietudes fueron trasladadas al Ministerio de Educación y Formación Profesional para que, una vez reanudada la actividad educativa presencial, se promoviese la adopción de las medidas compensatorias y los apoyos específicos que pudiera precisar el alumnado en función de sus circunstancias personales, así como la fijación de criterios de evaluación y promoción teniendo en cuenta los problemas específicos que la crisis sanitaria ha provocado en todas las enseñanzas.

En el mes de junio, la Institución inició una actuación de oficio con todas las administraciones educativas para conocer sus planes y previsiones de cara a la vuelta presencial a las aulas que tuvo lugar en septiembre. Esta actuación se retomó en 2021 para evaluar la idoneidad de los planes y protocolos aplicados en el nuevo curso y conocer la cobertura real de las plazas docentes.

El Defensor del Pueblo es consciente de las inversiones que todas las comunidades autónomas vienen realizando en la formación del profesorado y en la dotación de infraestructuras y equipamientos tecnológicos para el proceso de enseñanza‑aprendizaje del alumnado (dispositivos, redes inalámbricas, conectividad, acceso a plataformas digitales) desde el inicio de la crisis sanitaria. Sin embargo, apunta que “la pandemia ha mostrado que es necesaria una mayor inversión para conseguir la innovación metodológica y la transformación de la organización escolar, que en estos momentos resulta, más que nunca, imprescindible”.

Por otra parte, la Institución también inició una actuación de oficio tras recibir numerosas quejas sobre la atención educativa a alumnos y alumnas vulnerables o convivientes con personas consideradas de riesgo ante el coronavirus para conocer la respuesta educativa para estas familias.

Aunque la pandemia ha marcado la mayor parte de las quejas recibidas en materia de educación no universitaria, en 2020 también se han tramitado asuntos relacionados con deficiencias en instalaciones escolares, dificultades para acceder a un determinado centro, complicaciones para obtener becas y ayudas y problemas relativos a la prestación de servicios complementarios, como el transporte o el comedor.

Además, en este ejercicio han continuado llegando quejas de ciudadanos manifestando que la atención a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo no era la adecuada por la falta de medios personales o materiales necesarios para garantizar la educación inclusiva, tanto en las enseñanzas básicas, como en los niveles de enseñanza no obligatoria.

El Defensor ha continuado insistiendo en la necesidad de establecer medidas normativas y organizativas que permitan profundizar aún más en el desarrollo de la educación inclusiva.

En el ámbito de la educación universitaria, la actuación del Defensor se dirigió esencialmente a servir de enlace con las universidades cerradas por la pandemia a las que los alumnos no lograban acceder para realizar trámites académicos, y también para proporcionarles información actualizada sobre las medidas adoptadas por cada uno de los centros para finalizar el curso.

En este ejercicio también se han recibido numerosas quejas por demoras en la tramitación de expedientes de homologación de títulos universitarios extranjeros. A pesar de los esfuerzos y medidas adoptadas por el Ministerio de Universidades, el Defensor lamenta que durante 2020 haya continuado la situación de colapso, llegándose a acumular más de treinta mil expedientes, situación inaceptable que los órganos implicados continúan atribuyendo a estar desprovistos de los suficientes recursos humanos y materiales para hacer frente a una adecuada gestión de sus funciones.

Para paliar la falta de personal sanitario, el Defensor formuló una recomendación a la Dirección General de Ordenación Profesional y a la Secretaria General de Universidades para que facilitara la incorporación de los profesionales sanitarios que en ese momento permanecían a la espera de finalizar la homologación o reconocimiento de su formación sanitaria. Esta recomendación fue aceptada.

MENORES

El Defensor del Pueblo ha dejado constancia en los últimos años de su preocupación por el elevado número de niños y niñas tutelados por las administraciones públicas y que permanecen en centros residenciales durante periodos prolongados. Con carácter general, se puede afirmar que el deseable cambio hacia un modelo en el que prevalezca el acogimiento familiar frente al residencial no se ha producido. El año pasado, la Institución formuló varias recomendaciones a las comunidades autónomas para la efectiva implantación del acogimiento familiar como medida preferente y mayoritaria de protección de menores.

En lo relativo a los menores extranjeros no acompañados, un año más, se han recibido numerosas quejas relacionadas con los procedimientos de determinación de la edad a extranjeros indocumentados, cuya minoría de edad no puede establecerse con seguridad. Se mantiene la discrepancia con la Fiscalía General del Estado sobre la idoneidad y la suficiencia de las pruebas médicas realizadas.

También se siguen detectando significativas diferencias entre los datos que facilitan las entidades de protección de menores autonómicas y las que facilita el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados.

En 2020, a través de una Instrucción, la Dirección General de Migraciones estableció los requisitos de acceso a una autorización de residencia y trabajo de dos años, renovables por otros dos. El Defensor celebra esta medida que, junto a la aceptación de la recomendación para la modificación del régimen jurídico de las autorizaciones de residencia de los menores extranjeros no acompañados contribuirá a la necesaria mejora de la integración socio laboral de este colectivo.

Por otra parte, se han recibido quejas de organizaciones de defensa de la infancia que solicitan la intervención del Defensor para que se impulsen medidas que erradiquen la proliferación de discursos de odio contra los menores extranjeros no acompañados. En diversas ocasiones, Fernández Marugán ha realizado llamamientos para combatir los mensajes “intolerantes y xenófobos” contra estos niños y niñas.

Un año más, Fernández Marugán ha de mostrar su preocupación con la actuación y la falta de colaboración de la Dirección Provincial de Educación en Melilla que, a pesar de los reiterados requerimientos del Defensor y, de los dictámenes del Comité de Derechos del Niño, continúa sin escolarizar a un grupo de menores que han nacido en Melilla o residen en la ciudad autónoma desde hace años. Durante todo el año 2020 la Institución ha iniciado varias actuaciones y formulado sugerencias a la Dirección General de Planificación y Gestión Educativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional para intentar solucionar esta situación.

VIOLENCIA MACHISTA

La crisis de la COVID-19 ha dado lugar a un mayor riesgo de violencia machista. En España ha descendido el número de víctimas mortales en relación al año anterior pero no la violencia. Fernández Marugán lamenta el asesinato de 45 mujeres y tres menores.

El Defensor ha realizado actuaciones de supervisión en todas las fases del sistema de protección.

A finales de 2019 se formularon recomendaciones al Ministerio de Justicia para que ampliara la protección frente a todas las formas de violencia contra la mujer, introduciendo así la aplicación del concepto de violencia de género que establece el Convenio de Estambul. El Ministerio ha aceptado esta recomendación que está pendiente de desarrollo normativo.

También han continuado las actuaciones relativas al desarrollo de planes personales de intervención para las víctimas. El Ministerio de Igualdad se ha comprometido a redactar un protocolo de referencia que permita la elaboración de estos planes en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad.

Un año más, se han recibido quejas que ilustran los problemas de las víctimas de violencia de género durante los procesos judiciales. El Defensor ha formulado recomendaciones al Ministerio de Justicia para evitar la doble victimización durante la tramitación de los procesos judiciales.

Por otra parte, la Secretaría de Estado de Política Territorial ha aceptado la recomendación formulada por la Institución sobre la situación de empadronamiento de las mujeres víctimas de violencia de género que se encuentran en residencias y pisos tutelados o casas de acogida.

El Defensor también ha llamado la atención sobre la realidad de las niñas y niños que directa o indirectamente son víctimas de violencia de género. Fernández Marugán valora positivamente la aprobación de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia que incorpora recomendaciones de la Institución y confía en que esta nueva norma sirva para conseguir una mayor protección de los menores víctimas de violencia machista.

La especial vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres extranjeras expuestas a violencia de género preocupa especialmente al Defensor que ha vuelto a insistir en la necesidad de reforzar la protección frente a la expulsión de las mujeres en situación irregular que acuden a una comisaría de policía.

El Defensor ha denunciado de nuevo las dificultades para la identificación de las víctimas de trata de seres humanos y ha pedido mejorar los protocolos existentes para la detección de perfiles especialmente vulnerables. Además, ha alertado sobre la necesidad de asegurar que aquellas, pocas, víctimas que entran en contacto con las autoridades, reciban una respuesta ágil y rápida, tomando todas las medidas necesarias para su identificación y protección.

También ha señalado problemas en la identificación de menores víctimas de trata. El informe recoge las carencias detectadas por el Defensor en el caso de dos menores somalíes. Fernández Marugán insiste en la necesidad de una formación especial para las entrevistas de asilo con menores y reclama la identificación de centros adecuados para la atención de este perfil de niñas con unas necesidades específicas.

VIVIENDA

La situación de emergencia sanitaria ha tenido una especial incidencia en la ciudadanía en materia de vivienda. A pesar de las medidas de carácter extraordinario como la paralización de los desahucios, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta o las ayudas convocadas en los arrendamientos de vivienda habitual, la pandemia ha generado un fuerte impacto económico y social que está afectando a los ingresos de muchos ciudadanos que ahora no pueden hacer frente al pago del alquiler o de la hipoteca de sus viviendas.

El impacto de esta crisis ha afectado a determinados colectivos especialmente vulnerables para los que se hace necesaria la readaptación y ajuste de la política social de vivienda. En opinión del Defensor es necesario adoptar alternativas y medidas inmediatas que resulten eficaces para poder atender el incremento de los problemas habitacionales de estas familias. Por ello, en 2020 recomendó ampliar el plazo de solicitud de las ayudas para alquileres de vivienda habitual y también pidió incluir las situaciones de vulnerabilidad residencial derivadas de la COVID-19 en las adjudicaciones de vivienda por emergencia social.

Además, preocupa especialmente al Defensor el elevado número de quejas recibidas sobre unidades familiares compuestas por personas con hijos menores de edad, familias monoparentales o personas especialmente vulnerables, que han sido desahuciadas de viviendas públicas protegidas, sin que la administración u organismo público autonómico o local haya proporcionado una alternativa habitacional.

Los problemas para gestionar las distintas ayudas a la vivienda protagonizaron las quejas en 2020. De entre las ordinarias, destacan las relativas a las ayudas destinadas al alquiler de vivienda habitual y las relacionadas con problemas de solicitudes de reducción de cuota de alquiler, claro síntoma, a juicio de la Institución, de que la situación económica de las familias se encuentra en declive, en particular tras la crisis sanitaria.

Por otra parte, y al igual que en ejercicios anteriores, la Institución continuó recibiendo quejas de personas que, llevadas por la necesidad, han ocupado ilegalmente una vivienda. En muchas ocasiones, se trata de familias con hijos menores de edad y son las mujeres, fundamentalmente con hijos a cargo, el colectivo más vulnerable y castigado y las que con más frecuencia acuden a esta Institución solicitando auxilio.

SERVICIOS Y SUMINISTROS BÁSICOS

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