Considera que la ley implanta un modelo de control administrativo que prioriza la presunción de veracidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado e impone excesivas restricciones a derechos fundamentales como la libertad de expresión

La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa también ha pedido que se revise la ley para adaptarla plenamente a los estándares europeos de derechos humanos 

El Síndic de Greuges de Cataluña ha tenido conocimiento por los medios de comunicación de que el Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña cambiará los criterios en la aplicación de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, conocida como Ley mordaza, avalándose en un informe jurídico interno que contiene la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Constitucional.
 

De la información publicada se desprende que el Departamento de Interior no sancionará a los manifestantes que protesten pacíficamente ni a los periodistas que informen de estas movilizaciones. Y para garantizarlo, los Mossos seguirán levantando acta, cuando lo consideren oportuno, pero el proceso de instrucción dependerá de la Dirección General de Administración de Seguridad, que no forma parte de la estructura interna de la policía catalana. De esta forma, el proceso de denuncia y el de instrucción de los expedientes se separan y tienen una dependencia orgánica diferenciada.

Para conocer mejor estos cambios, el Síndic se ha dirigido a la Dirección General de la Policía y a la Dirección General de Administración de Seguridad. En concreto, les pide que aporten el informe jurídico del Departamento de Interior que da fundamento jurídico a este cambio, que se informe sobre la opinión, en caso de que la haya, de los sindicatos de los Mossos en relación con esta novedad, sobre las implicaciones que tendrá en la estructura de la Dirección General de Administración de Seguridad y cómo se ha previsto adaptar la estructura de este órgano.

El pasado 8 de febrero, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, enviaba una carta al Congreso y al Senado español en la que les pedía que la revisión de la Ley de seguridad ciudadana de 2015 que se está llevando a cabo se aproveche como una oportunidad para adaptarla plenamente a los estándares europeos e internacionales de derechos humanos, en particular en cuanto a las disposiciones que afectan a los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica y al derecho de los refugiados a pedir asilo.

En varias reuniones mantenidas con la comisaria anteriormente, el Síndic ya le trasladó su preocupación por la precariedad democrática en el Estado español durante los últimos años, y especialmente en relación con la aplicación de la Ley de protección de la Seguridad Ciudadana. El Síndic ha denunciado reiteradamente que la Ley de protección de la seguridad ciudadana implanta un modelo de control administrativo que prioriza la presunción de veracidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ante la presunción de inocencia, fundamento de cualquier régimen democrático, cuya redacción vaga e imprecisa permite un excesivo margen de actuación al poder ejecutivo en la restricción de las libertades individuales, incluida la libertad de expresión