El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha reprochado al Ayuntamiento de El Campello la falta de una respuesta clara sobre el estado de la piscina municipal, que lleva más de una década cerrada, y sobre el plazo previsto para su apertura. En su resolución, esta institución insta a la Administración local a dar una contestación completa y debidamente motivada, en la que se detalle la información solicitada por una vecina y se le indiquen las opciones que tiene para reclamar en caso de disconformidad.

De acuerdo con la queja que la interesada presentó ante el defensor del pueblo valenciano, el Ayuntamiento sólo había respondido hasta ahora señalando que el asunto estaba «en manos de los servicios competentes». Para el síndic, esta respuesta vulnera el derecho a una buena administración; es decir, la obligación que tienen las administraciones públicas de atender los asuntos de los ciudadanos de forma concreta, en plazo y con explicaciones suficientes.

La piscina lleva más de una década construida sin que los vecinos de El Campello hayan podido usarla. El Ayuntamiento atribuye el retraso a los problemas derivados de la pandemia, que obligaron a replantear el modelo de gestión del complejo. Los trámites de adjudicación a un operador privado aún no han concluido, y el propio consistorio ha reconocido que, una vez resueltos, harían falta hasta seis meses más para abrir la instalación.

Consulta la resolución del Síndic sobre este asunto. 

Desde 2023, las quejas se han incrementado un 22%

8.922 personas solicitaron la mediación de la Institución el año pasado

794 asuntos fueron resueltos mediante la vía de información con gestiones

Las sugerencias dirigidas a las administraciones ascendieron a 184, con un porcentaje de aceptación del 73%

Accede al informe completo y al resumen divulgativo

La justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha entregado esta mañana a la presidenta de las Cortes, María Navarro, el Informe Anual de 2025 que refleja la actividad de la institución durante el pasado año.

La Institución tramitó en 2025 un total de 2.135 expedientes nuevos, lo que supone un incremento de más del 9% respecto a los datos de 2024 y un 22% desde el año 2023.

Durante el ejercicio, 8.922 personas confiaron en la labor del Justicia de Aragón para mediar ante las administraciones aragonesas. La justicia de Aragón, Concepción Gimeno, dirigió 184 resoluciones a los distintos organismos públicos, con un grado de aceptación del 73%.

Además, en 2025 la Institución contribuyó a resolver conflictos mediante la información con gestiones, una forma de mediación a través del diálogo, que permitió dar respuesta al ciudadano en 794 expedientes, frente a los 506 del año anterior. Esta vía permite al Justiciazgo contribuir a resolver problemas ciudadanos a través de la orientación, la explicación del contexto y el diálogo con la Administración.

Las áreas que concentraron mayor volumen de quejas fueron Sanidad (290), Servicios Sociales (215), Educación (197), Empleo Público (180), Servicios Públicos (172) y Medio Ambiente (125).

Sanidad (290 expedientes) se consolidó como el área de mayor actividad. Las quejas se centraron en el déficit de profesionales, especialmente en el medio rural y hospitales de Barbastro, Teruel, Huesca o Calatayud. Asimismo, se recibieron quejas por listas de espera, sobre todo, en especialidades como Neurocirugía, Traumatología y en salud mental.

En Servicios Sociales (215 expedientes), descendieron las quejas por los retrasos en las valoraciones de la dependencia y siguió habiendo asuntos relacionados con la valoración del grado de discapacidad y para obtener un recurso idóneo a la persona. Esta área también refleja la actividad del Justicia de Aragón en atención a las personas mayores a través del Observatorio Aragonés de la Soledad (OAS) y las visitas a residencias.

En el área de Educación (197 expedientes) descendieron las quejas sobre la dotación de auxiliares de educación especial (ACNEAE), aunque siguió siendo un asunto que preocupa a las familias. La ciudadanía también reclamó mejoras en el servicio de comedor; una mayor inversión y mejora de infraestructuras, en particular en los patios para hacer frente a la meteorología; plazas en transporte escolar en el medio rural, así como limitación del uso de pantallas en el aula, desconexión digital y actuaciones frente al acoso escolar. Además, 2025 estuvo marcado por la organización de las XXXVIII Jornadas de Defensorías del Pueblo, que trataron sobre la vulnerabilidad en las aulas, donde se reivindicó que no existe verdadero derecho a la educación si se desatiende a los alumnos más frágiles.

En Empleo Público (180 expedientes), se recibieron quejas por la falta de personal administrativo en los Servicios Provinciales de Educación, lo que ha causado retrasos en el pago de trienios y sexenios al personal docente. Además, se instó a proteger a quienes sufren brecha digital en los procedimientos de selección de personal.

En el área de Servicios Públicos (172 expedientes), la labor del Justiciazgo se orientó a supervisar la calidad y accesibilidad de los suministros básicos. En materia de movilidad, las personas reclamaron ante el Justicia de Aragón más taxis adaptados en Zaragoza y la posibilidad de acceder al autobús urbano con andadores. Ambas quejas dieron lugar sendas sugerencias aceptadas por el Ayuntamiento de Zaragoza.

Además, el Justicia de Aragón actuó como mediador ante compañías de luz y gas para corregir facturaciones erróneas y ante las telefónicas ante la falta o insuficiencia de cobertura móvil en algunos núcleos rurales.

En Medio Ambiente (125 expedientes), aumentó la preocupación por el ruido urbano y también se recibieron quejas por el impacto en el territorio de las energías renovables, la tala de árboles en entornos urbanos y el bienestar animal.

El área de Justicia (118 expedientes) siguió habiendo quejas, aunque menos que en 2024, por la saturación de los registros civiles y por la denegación del derecho a la asistencia jurídica gratuita, entre otras. Y en Interior, la Institución recibió quejas relacionadas con la seguridad ciudadana en las que se reclamaba mayor presencia policial en determinados pueblos y zonas de la capital aragonesa.

Por su parte, en el área de Economía y Hacienda (102 expedientes), la Administración aceptó una sugerencia para que la cita previa no limite el acceso a los registros públicos de Hacienda. En 2025, también se recordó al Gobierno su obligación de cumplir con el deber estatutario de presentar el Proyecto de Ley de Presupuestos en plazo.

En el área de Urbanismo (99 expedientes) se intervino en relación con el deterioro de edificaciones, sobre todo, en municipios del medio rural, algunas de ellas de indudable valor patrimonial, como Casa Ruba, en Fanlo.

Sobre el acceso a la vivienda en general, la Institución percibió en 2025 la preocupación de la sociedad ante el incremento de precios y la carestía de vivienda pública. En particular, se recibieron quejas de personas vulnerables que dependen de ayudas al alquiler para hacer frente a esta necesidad básica. Y respecto a la vivienda dotacional pública, la Institución ha pedido que no se deje a los barrios infradotados de servicios esenciales, como escuelas o centros de salud.

En otro orden de cosas, 2025 destacó por la conmemoración de los 700 años de la prohibición de la tortura judicial en Aragón, un hito pionero en Europa, y por la recuperación del cuadro La prisión de Lanuza (1858) del pintor aragonés Carlos Larraz y Micheto, depositado en la sede del Justicia de Aragón por el Museo Nacional del Prado. El año pasado, 766 visitantes pudieron recorrer el Palacio de Armijo en visitas guiadas para grupos.

Para desarrollar su labor, en 2025 la Institución tenía una plantilla de 23 empleados y un presupuesto de 2.528.571,31 € con un grado de ejecución del 88,31%.

The Local Government and Social Care Ombudsman has taken the unusual step of issuing a further report against South Kesteven District Council for it refusing to pay a remedy to a man who asked for homelessness support.

The Ombudsman found that the council failed to properly consider whether it had a duty to provide the man with accommodation while it processed his homelessness application in early 2024. Despite the man telling the council he had been admitted to hospital and that medical staff believed his housing situation was affecting his health, the council did not demonstrate that it considered the correct legal tests when deciding whether it should offer him interim accommodation.

The law sets a deliberately low bar for councils to provide accommodation whilst considering whether to provide long term housing to an individual. Councils only need to have reason to believe someone may be homeless, eligible and vulnerable. The Ombudsman found evidence South Kesteven consistently applied a much stricter test and also failed to revisit its decision when it received new information about the man’s health conditions and welfare.

In its original report, published in August 2025, the Ombudsman made a number of recommendations to the council. The council has since complied with only two of them and has refused to: apologise to the man, pay him a combined financial remedy of £1,175 for the distress caused and remind its homelessness staff of the correct legal test for interim accommodation

Amerdeep Clarke, Local Government and Social Care Ombudsman said:

“The duty to provide interim accommodation exists precisely to protect people in situations like the one this man found himself in. The threshold is deliberately low, and councils must apply it correctly.

“The council has told us the correct test was applied but was not recorded properly due to an error in writing rather than consideration. The public have a right to expect public bodies to keep accurate records about them. Accurate record keeping is central to good administrative practice and transparent decision making.

“In this case, not only did South Kesteven District Council leave a vulnerable man sleeping rough when it should have housed him, it has now refused to properly remedy that injustice.

“We do not issue further reports lightly and I would urge the council to reconsider its position and comply with our recommendations.”

La resolución insta a valorar la forma legal de compensar por su labor a la asociación local que se encarga de manera altruista del cuidado de las colonias felinas

La justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha emitido una sugerencia dirigida al Ayuntamiento de Valle de Hecho para que tenga en cuenta las previsiones legales en materia de bienestar animal, tanto en la planificación como en la actuación administrativa.

La sugerencia continúa instando a valorar la forma legal de compensar a la asociación local encargada del cuidado de las colonias felinas, así como el establecimiento de un marco estable de colaboración por su labor.

La resolución se produce tras la recepción de una queja presentada por la mencionada asociación en la que se exponía el supuesto incumplimiento de la legislación en materia de protección animal y sobre el acceso a la información pública. Además, en la queja se explica que la asociación gestiona las colonias felinas del municipio desde 2020 de manera altruista.

En su análisis, la institución recuerda que tanto la normativa autonómica como la estatal establecen obligaciones para las entidades locales en materia de bienestar animal, incluyendo la recogida de animales abandonados, el control de colonias felinas mediante el método CER (captura, esterilización y retorno) y la colaboración con asociaciones.

Asimismo, el Justicia de Aragón subraya el derecho de las asociaciones a acceder a información pública municipal, como los presupuestos, recordando que ya existe una sugerencia previa del Defensor del Pueblo en este sentido.