La comunidad educativa del CEIP Tirant Lo Blanc lleva más de siete años esperando unas instalaciones adecuadas y continuará, por ahora, en prefabricadas

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha advertido de que los retrasos acumulados en la construcción del nuevo CEIP Tirant Lo Blanc de Albalat dels Tarongers han llevado el proyecto a una situación en la que las obras definitivas no cuentan actualmente con un plazo previsible ni cercano para su ejecución. La institución recuerda que la Conselleria de Educación es la titular de la competencia y, por tanto, la responsable última de que la actuación llegue a buen fin, aunque la ejecución de las obras esté delegada en el Ayuntamiento.

La actuación del Síndic se inició a raíz de la queja presentada por un miembro de la Asociación de Familias del Alumnado (AFA). Según exponía, las instalaciones del colegio fueron derribadas en 2021 y las obras del nuevo centro, incluidas en el Plan Edificant, se paralizaron en 2023. Desde entonces, la comunidad educativa ha tenido que recurrir a instalaciones provisionales y aulas prefabricadas, algunas de las cuales habían sufrido inundaciones y problemas de humedad.

Ante esta situación, el Síndic urgió a la Conselleria a responder de forma inmediata y suficientemente justificada a la solicitud presentada por el Ayuntamiento para modificar las condiciones de la delegación de competencias. También le pidió que, si aceptaba esa modificación, supervisara la actuación municipal para que las obras se ejecutaran a la mayor brevedad posible y que, en caso contrario, adoptara las medidas necesarias para cumplir con su competencia y ejecutar las obras definitivas del centro.

La Conselleria ha aceptado esta recomendación, aunque ha explicado que el proyecto debe ahora adaptarse a las necesidades educativas actuales. En concreto, se está estudiando aumentar el número de unidades de Infantil y Primaria y ampliar los espacios complementarios previstos. También será necesario comprobar que la parcela reúne las condiciones urbanísticas necesarias y, si no es así, el Ayuntamiento deberá adquirir o urbanizar terrenos adyacentes antes de poder redactar un proyecto actualizado y continuar con la tramitación de las obras.

El Ayuntamiento solicitó la modificación de delegación de competencias en septiembre de 2024 debido a la paralización de las obras, al retraso acumulado y a la necesidad de convocar una nueva licitación con precios actualizados. La petición planteaba un incremento de financiación de alrededor de 640.000 euros. Dos años después, la solicitud todavía no había recibido una respuesta definitiva.

Para el Síndic, la situación pone de manifiesto una demora compartida entre ambas administraciones. El retraso no solo ha aplazado la construcción del colegio, sino que ha generado nuevas necesidades derivadas del incremento de los precios y de la evolución de las necesidades educativas del centro. La propia Conselleria señala ahora la necesidad de revisar el perfil educativo y el programa de necesidades que sirvieron de base al proyecto inicial.

El Síndic ha considerado parcialmente aceptadas sus recomendaciones y ha recordado a las familias que pueden solicitar tanto a la Conselleria como al Ayuntamiento la información necesaria sobre la evolución del proyecto. Si no reciben respuesta en plazo o consideran que la contestación vulnera sus derechos, podrán volver a dirigirse a la institución.

Consulta la resolución sobre este caso.

El Ararteko Mikel Mancisidor ha mantenido esta semana sendas reuniones con el alcalde de Donostia-San Sebastián, Jon Insausti y con la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria en el marco de la relación institucional entre el Ararteko y los ayuntamientos.

Durante ambos encuentros se han abordado distintas cuestiones de interés relacionadas con la defensa y garantía de los derechos de la ciudadanía y con la prestación de los servicios públicos, así como otros asuntos vinculados a las competencias y ámbitos de actuación de ambas instituciones.

Las reuniones han permitido compartir puntos de vista y poner en común las principales cuestiones que afectan a la ciudadanía en el ámbito municipal. En este contexto, ambas partes han coincidido en la importancia de mantener una comunicación fluida y una relación basada en la colaboración y la mutua lealtad institucional, con el objetivo de contribuir a la protección de los derechos de las personas y al fortalecimiento de los principios de buena administración. 

El ararteko ha subrayado la importancia de mantener una interlocución permanente con las instituciones locales, dada su especial proximidad a la ciudadanía y su papel fundamental en la garantía y efectividad de sus derechos.

Vitoria-Gasteiz, 2 de octubre de 2026

El Defensor del Pueblo de Navarra-Nafarroako Arartekoa, Patxi Vera, presidió este martes en la Sala Polivalente del Parlamento de Navarra un encuentro sobre la Convención Internacional para los Derechos de las Personas Mayores, con un doble objetivo: divulgar el trabajo que se está realizando en Naciones Unidas para aprobar dicha Convención y contribuir desde Navarra a que llegue a ser una realidad.

Previamente, el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, pidió en sus palabras de bienvenida trabajar con la mirada puesta en la Convención Internacional de Derechos de las Personas Mayores que, producto de una resolución histórica de Naciones Unidas (abril de 2025), persigue armonizar los derechos y los anhelos de un sector de población nutrido (20,4 %) y con capacidad de seguir aportando.

"Ya nos lo trasladaron el pasado miércoles, en el acto que celebramos junto a la Confederación navarra de Personas Mayores (T3rcer Tiempo), que envejecer con calidad de vida es un derecho, cumplir años no altera ni los derechos ni la capacidad de decisión", expresó. Por ello, Hualde defendió la necesidad de "cambiar la mirada sobre el envejecimiento". En ese sentido, opinó que las generaciones de personas mayores "son activas y se siguen movilizando, como lo hicieron en su día para reivindicar mejoras sociales y laborales, con el ánimo de mejorar las condiciones de vida de nuestra comunidad".

A partir de ahí, el programa arrancó con la conferencia inaugural "Los derechos de las personas mayores", a cargo de Fernando Flores, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universitat de Valencia. Flores defendió que las personas mayores no forman un grupo homogéneo ni son únicamente personas con necesidades, sino ciudadanas con todos los derechos. "Las personas mayores no solo tienen derechos sociales, es decir, derechos de prestación: tienen todos los derechos de la ciudadanía al mismo nivel. Hay que saber qué obstáculos impiden que los realicen y tomar medidas para garantizarlos", afirmó.

A su juicio, un tratado internacional resulta imprescindible para visibilizar esos obstáculos y atribuir responsabilidades: "Muchas veces lo que sucede es que no se sabe cuáles son los problemas. Cuando tienes una convención con esos problemas recogidos, entonces puedes tomar decisiones".

MESA REDONDA

El encuentro se completó con la mesa redonda "Hacia una Convención Internacional para los Derechos de las Personas Mayores". Moderada por la jefa de Gabinete del Defensor del Pueblo de Navarra-Nafarroako Arartekoa, Amaia Madinabeitia, este foro analizó la importancia de avanzar hacia un tratado internacional jurídicamente vinculante que combata el edadismo y otras formas de discriminación por razón de edad.

Se puso de relieve el proceso actualmente abierto en Naciones Unidas para elaborar un instrumento que responda a los vacíos existentes en la protección internacional de los derechos humanos de las personas mayores. Al hilo de esto, Isabel Martínez, presidenta de la Fundación HelpAge Internacional España, afirmó que "en todos los ámbitos como, por ejemplo, el acceso a la justicia, a la vivienda, a las pensiones, o la protección frente al empleo, existen vulneraciones de derechos flagrantes por motivos de edad, y eso es lo que queremos que la convención pueda solucionar".

El consejero internacional y para Iberoamérica del Instituto de Mayores y Servicios Sociales en España (IMSERSO) detalló el trabajo que su institución viene desarrollando para impulsar el proceso. En concreto, manifestó que "el IMSERSO actúa como punto focal nacional de España en Naciones Unidas y hemos creado un consejo asesor para la convención con miembros de la sociedad civil y expertos académicos, además de desarrollar jornadas, eventos y programas de difusión y sensibilización".

Eduardo Merino, director de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, mostró su satisfacción porque España esté liderando este proceso. "Nuestro país copatrocinó la resolución que puso en marcha la redacción de la convención y creemos en el multilateralismo y en el rol importantísimo de los derechos humanos. Tiene que haber un orden basado en reglas que nos permita a todos convivir", subrayó.

También tomó la palabra en representación de la Confederación T3rcer Tiempo y del Consejo del Mayor en Navarra, Joxean Sesma, quien detalló el trabajo que están llevando a cabo para respaldar el proceso. "Podemos contribuir recogiendo la casuística que pueda haber en todos los colectivos de Navarra como asociaciones, hogares, clubes de jubilados, etc., y aportarla a los grupos de trabajo encargados de sacar adelante esta convención", explicó.

En la clausura del acto, Carmen Maeztu, consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, señaló que hay que pasar de una concepción de las personas mayores como receptoras de cuidados a una concepción de ciudadanas de pleno derecho. "Nada sobre las personas mayores sin las personas mayores", afirmó, reclamando que ese principio esté presente en todo el proceso de elaboración de la convención.

Maeztu recordó que en abril de 2025 el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó por consenso iniciar la elaboración de dicho texto y que en julio se celebró en Ginebra la primera reunión del grupo intergubernamental: "Ya hemos comenzado a caminar", concluyó.

Las administraciones catalanas obtienen una valoración media de 70/100 en transparencia

En el último año han aceptado y cumplido 27.229 recomendaciones de la institución del Síndic de Greuges de Cataluña relacionadas con la publicidad activa y el acceso a la información pública
 

La institución del Síndic de Greuges de Cataluña ha presentado hoy los resultados del índice de transparencia de Cataluña (ITC), que se calcula a partir de dos indicadores: el índice de evaluación del derecho de acceso a la información pública (IADAIP), que evalúa cómo las administraciones garantizan el derecho de las personas a acceder a la información pública, y el índice de publicidad activa (IDPAC), que analiza cómo las administraciones cumplen con su obligación de publicar en sus portales de transparencia ciertos documentos sobre sus actuaciones.

Después de publicar los resultados del IADAIP en mayo, se publican hoy los resultados de publicidad activa (IDPAC) y del índice global de transparencia (ITC). Los valores de los tres indicadores para las administraciones evaluadas se pueden consultar en una web interactiva que permite comparar los datos entre administraciones similares.

De acuerdo con la Ley 19/2014, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la institución del Síndic de Greuges es el órgano competente para evaluar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de las administraciones y entidades públicas de Cataluña.

Principales resultados del ITC

Se han evaluado 1.022 administraciones y entes públicos (Generalitat de Cataluña, administración local, universidades y organismos estatutarios y de control y supervisión) y la puntuación media ha sido de 70 sobre 100.

Los datos muestran una realidad muy diversa. Por un lado, los departamentos de la Generalitat obtienen puntuaciones muy elevadas, en su mayoría por encima de los 98 puntos. Por otro lado, en el ámbito local se observan diferencias muy importantes: algunos ayuntamientos y entes supramunicipales superan los 90 puntos, pero numerosas entidades se sitúan por debajo de los 60 puntos.

Los ayuntamientos han obtenido una puntuación media de 69 y, en función de la población, los municipios de más de 50.000 habitantes son los que han obtenido mejores resultados (83).  A continuación presentamos los ayuntamientos con mejores datos:

Municipios de más de 50.000 habitantes: 82,7

• Ayuntamiento de Sabadell 94,3
• Ayuntamiento de Viladecans  94,0
• Ayuntamiento de Terrassa  93,6
• Ayuntamiento de Manresa  92,5
• Ayuntamiento de Castelldefels 91,1

Municipios de 20.001 a 50.000 habitantes: 75,1

• Ayuntamiento de Manlleu: 94,5
• Ayuntamiento de las Franqueses del Vallès: 91,1
• Ayuntamiento de Sant Just Desvern: 89,8
• Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols: 87,7
• Ayuntamiento de Sitges: 87,2

Municipios de 5.001 a 20.000 habitantes: 66,6

• Ayuntamiento de Palafolls 90,6
• Ayuntamiento de Santa Eulàlia de Ronçana 88,7
• Ayuntamiento de Badia del Vallès 86,4
• Ayuntamiento de Tremp 84,7
• Ayuntamiento de Begues 83,5

Municipios rurales y rurales de atención especial de 501 a 5.000 habitantes*: 70,44

• Ayuntamiento de Palau-saverdera 96,2
• Ayuntamiento del Valle de Bianya 91,0
• Ayuntamiento de Sant Cugat Sesgarrigues 90,9
• Ayuntamiento de Massanes 90,9
• Ayuntamiento de la Nou de Gaià 90,8

Municipios no rurales de 501 a 5.000 habitantes: 65,16

• Ayuntamiento de Vilobí de Onyar 82,7
• Ayuntamiento de Porqueres 82,7
• Ayuntamiento de Montbrió del Camp 82,6
• Ayuntamiento de Hostalric 82,4
• Ayuntamiento de Puig-reig 82,0

Municipios de menos de 500 habitantes 67,5

• Ayuntamiento de Susqueda 91,9
• Ayuntamiento de San Miguel de Campmajor 89,4
• Ayuntamiento de Malla 89,1
• Ayuntamiento de Esponellà 89,1
• Ayuntamiento de Molló 88,8

*Tanto en el ámbito de publicidad activa como de derecho de acceso, se han elaborado dos guías: una para municipios rurales y municipios rurales de especial atención, y otra para municipios no rurales.

Metodología utilizada

El ITC es el resultado de la media entre el IADAIP y el IDPAC. Para el cálculo del IADAIP, desde el año 2021 se utiliza una metodología basada en la técnica del solicitante oculto, que permite evaluar a las administraciones públicas desde que reciben una solicitud real de acceso a la información pública hasta que emiten su resolución.

Para el cálculo del IDPAC, se valoran los contenidos normativos obligatorios publicados (70 %) y la calidad de los sitios web de transparencia (30 %), y se analizan aspectos como la accesibilidad, la estructura de la información, la interoperabilidad y la reutilización de los datos.

En ambos indicadores se apuesta por la mejora continua y, por ello, se permite que las administraciones revisen los resultados provisionales e introduzcan las correcciones y mejoras que consideren convenientes. La finalidad es el impulso de la transparencia y que los datos sean más completos, accesibles y útiles para las personas. Esto se logra mediante informes individualizados que identifican tanto los puntos fuertes como los ámbitos de mejora de cada administración.

Margen de mejora

De acuerdo con la evaluación de 2025, las administraciones han aceptado y cumplido 27.229 recomendaciones trasladadas por la institución durante el período de alegaciones. Pero más allá de las cifras, cada recomendación aceptada e incorporada representa un paso adelante para garantizar una administración más abierta, más accesible y más cercana a las personas. En palabras de la síndica, "la transparencia no es solo una obligación legal, sino una herramienta esencial para generar confianza en las instituciones, reforzar la rendición de cuentas y mejorar la calidad de los servicios públicos”.

La Oficina de Información y Atención Ciudadana (OIAC) del Defensor del Pueblo andaluz se desplaza a la localidad cordobesa de Montilla este martes 6 de octubre para atender presencialmente a la ciudadanía.

El objetivo de esta visita presencial es acercar los servicios de la Institución con el fin de garantizar los derechos de la ciudadanía frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia o transporte público, así como en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, caso de reclamaciones de telefonía, entidades financieras y suministros de luz y agua.

La atención presencial se ofrece en el Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios, ubicado en la calle Altillos número 17. El horario será de 10:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 18:30 horas. Además de la atención a la ciudadanía, la Oficina de Información mantendrá reuniones con las asociaciones más representativas de la zona.

Con el fin de prestar el mejor servicio a las personas o colectivos que se dirigen personalmente a la Oficina, se recomienda cita previa llamando al teléfono 954 21 21 21 o enviando un correo electrónico a visitasdpa@defensor-and.es. También se puede concertar la cita a través de nuestras principales redes sociales: facebook o X.