Inés Ibáñez de Maeztu Izaguirre, hasta ahora adjunta, será ararteko en funciones hasta que el Parlamento Vasco elija un nuevo titular

Manuel Lezertua Rodríguez ha presentado hoy a la Mesa del Parlamento Vasco su renuncia al cargo como ararteko de la Comunidad Autónoma Vasca, después de 10 años de mandato.

Natural de Bilbao, Lezertua es licenciado en Derecho y cursó un máster en leyes por la Universidad de Londres. Inició su carrera profesional como técnico en el Gobierno Vasco y posteriormente se trasladó a Estrasburgo para trabajar como letrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ha sido también letrado del Constitucional. Fue jefe de la división de la lucha contra la criminalidad financiera del Consejo de Europa y asesor jurídico de dicho organismo.

Su propósito al frente de la institución ha sido consolidarla como referente en la defensa de los derechos humanos y las libertades ciudadanas y que, en el ámbito de las administraciones públicas vascas, la normativa se aplique con humanidad, interpretándola de acuerdo con las circunstancias de las personas, especialmente de las más vulnerables. 

Desde que asumiera el cargo, Lezertua realizó una apuesta firme, de corte estratégico, por dotar a la institución de una dimensión europea e internacional y por reforzar la interrelación del Ararteko con otros defensores de derechos y con organizaciones multilaterales europeas e internacionales de defensa de derechos humanos. 

Inés Ibáñez de Maeztu Izaguirre es licenciada en Geografía e Historia y tiene habilitación profesional como educadora social. 

Inició su trayectoria profesional con menores en el año 1985, realizando funciones de intervención pedagógica con menores de reforma tanto en el ámbito social como en centros de menores. Una etapa relevante para el avance legislativo y de las políticas públicas orientadas hacia el reconocimiento de los derechos de los menores en conflicto con la ley, impulsando y afianzando nuevos modelos intervención socioeducativa y diferenciando dos ámbitos: la reforma y la protección.

Como educadora social y mediadora formó parte de los primeros equipos técnicos que se diseñaron e integraron en los juzgados de menores de Euskadi.  Ha sido educadora-mediadora del equipo psicosocial judicial de Bilbao, educadora del equipo técnico del Juzgado de Menores de Vitoria-­Gasteiz y del Centro de Menores de Pontevedra. 

Ha sido directora de Derechos Humanos de Gobierno Vasco (2009-2013). En el año 2011 puso en marcha el Programa de Defensores y Defensoras de DDHH para la CAE, dirigido a personas activistas de los derechos humanos que estaban amenazadas por su activismo en defensa de los Derechos Humanos.

En marzo de 2021, Inés Ibáñez de Maeztu tomó posesión del cargo de adjunta al ararteko a propuesta de Manuel Lezertua. Tras la renuncia de éste, Inés Ibáñez de Maeztu asume el cargo de ararteko en funciones hasta que el Parlamento Vasco elija a un nuevo titular.

El pasado jueves se celebró en el Teatro Colón en la ciudad de A Coruña, la Gala de los Premios Solidarios del Grupo Social ONCE,  a la que acudió Dolores Fernández Galiño, Valedora do Pobo, que entregó uno de los galardones.

Los premios se otorgan, a juicio del jurado, a aquellas personas o entidades que favorecen una mejor y mayor calidad de vida para las personas con discapacidad, consiguiendo un mundo más justo e igualitario.

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha pedido este martes una mayor protección y garantía de los derechos de las personas mayores, sobre todo, de aquellas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

Así se ha manifestado en el diálogo que sobre “El derecho a una longevidad saludable” ha mantenido con María Victoria Zunzunegui, -epidemióloga y experta a nivel internacional de los determinantes sociales que afectan a la salud y que condicionan el envejecimiento-, durante la celebración de la jornada, “Mayores y dependientes: calidad y calidez en sus cuidados”, organizada por la Defensoría, en la Fundación Caja Rural del Sur (Sevilla).

Durante su intervención, el defensor andaluz ha recordado que estamos hablando de un sector de la población que supone el 13,9% de la población andaluza mayor de 65 años; de ellas, 200.000 mayores de 80. Y muchas en situación de vulnerabilidad: personas mayores que viven solas, en riesgo incluso vital, por padecer un deterioro físico y cognitivo que les impide valerse por sí mismas, o por un problema de salud mental, sin tener red familiar de apoyo; otras son personas mayores abusadas o maltratadas en su entorno domiciliario y familiar, etc.

Una realidad que a su juicio justifica no solo la necesidad de esta jornada para hablar de los derechos propios de este colectivo sino, sobre todo, de concienciar a la sociedad en general de cómo miramos y cuidamos a las personas mayores a nivel individual, social e institucional. “No por ser mayor la persona pierde su esencia ni dignidad, ni debe suponer merma en la autoestima, en la consideración social o en la institucional, ni en la exigibilidad de sus derechos”, ha dicho el defensor.

Jesús Maeztu ha destacado algunos de los principales problemas que llegan a la Institución: casos de hijos e hijas que deciden por sus padres, bajo el argumento de hacerlo en su beneficio, y otros más severos, de abuso sobre mayores, físico, psicológico o económico. También sobre la decisión de traslado a una residencia, donde no siempre obedece a una elección real de la persona mayor, a pesar de la apariencia formal; el manejo de su patrimonio por parte de alguno de los hijos; la desatención en sus necesidades físicas; la soledad…

Y nuevamente ha mostrado su preocupación por el funcionamiento del Sistema de la Dependencia, donde el defensor andaluz ha vuelto a recordar, como ya dijo en el Parlamento durante la defensa del Informe Anual 2024 que “más del 90% de las numerosísimas quejas que se presentan ante el Defensor del Pueblo Andaluz en materia de dependencia se refieren no sólo a personas mayores, sino a personas muy mayores (de más de 80 años) y todas ellas están afectadas por demoras. “Tenemos un Sistema que necesita una financiación pública más adecuada a esta realidad, con mejoras en la planificación, gestión y coordinación. El derecho a la dependencia debe determinar el presupuesto que se necesita y no a la inversa”, ha lamentado el defensor.

En cuanto a la gestión de las residencias de mayores, la problemática que llega a la Institución tiene que ver con la atención sanitaria en las residencias; las dificultades para las visitas médicas a demanda presenciales; las condiciones en el traslado a los servicios de urgencias hospitalarios y los cuidados sanitarios o socionsanitarios que se aplican en los propios centros por el personal de las residencias, entre otras.

El defensor ha demandado mayor agilidad y coordinación sociosanitaria entre las distintas administraciones, dada la vulnerable situación de las personas afectadas y también para la atención a las personas mayores ingresadas en centros hospitalarios en los que el alta clínica plantea el dilema de dónde pasar su convalecencia antes de retornar a su domicilio, o directamente el de cómo superar los trámites para obtener una plaza residencial. “En todos estos casos es crucial la intervención del trabajo social, comunitario y sanitario, con la misión de activar la respuesta coordinada de uno o varios instrumentos del sistema de protección social”, ha dicho el defensor.

Por su parte, María Victoria Zunzunegui ha compartido las principales conclusiones de su investigación sobre qué es envejecer bien, resumiendo como conclusión final de los propios protagonistas que es “mantener su autonomía y capacidad cognitiva, y ausencia de dolor crónico”. En este sentido, ha destacado que los determinantes sociales y económicos que nos permiten este envejecimiento de calidad se centran en dos imprescindibles: tener una pensión suficiente -que la cifra entorno al Salario Mínimo Interprofesional- y disponer de un hogar. Además de otras dos referidas a mantener unas pautas saludables y no tener violencia en el hogar.

Aunque reconoce que las residencias son necesarias, sobre todo, para personas mayores que padecen un gran deterioro, ha defendido la permanencia en el hogar, con ayuda sociosanitaria hasta el máximo tiempo posible y reclamado mejoras en el modelo residencial actual: ”las residencias distan mucho de ser viviendas dignas”, ha dicho.

Im Rahmen des Sprechtags der Bürgerbeauftragten am 1. Juli 2025 in Daun wurde einem Bürger ein persönlicher Vorsprachetermin verweigert, da dieser bereits zahlreiche Eingaben gemacht hatte und sich sein Anliegen auf bereits laufende oder abgeschlossene Verfahren bezog. Der Bürger stellte daraufhin einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht Mainz, um den Termin gerichtlich durchzusetzen. Mit Beschluss vom 8. Mai 2025 (Az. 4 L 197/25.MZ) wies das Gericht den Antrag ab und bestätigte die ständige Verwaltungspraxis der Bürgerbeauftragten als rechtmäßig. Diese sieht vor, dass persönliche Termine grundsätzlich nur bei neuen Eingaben gewährt werden, um begrenzte zeitliche Ressourcen effizient zu nutzen. Bei laufenden oder abgeschlossenen Verfahren wird in der Regel auf das schriftliche Verfahren verwiesen. Das Gericht sah die Praxis nicht als Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG an, da sachliche Gründe für die Differenzierung bestünden. Im konkreten Fall hatte der Bürger seit 2011 insgesamt 343 Eingaben eingereicht, von denen 339 bereits abgeschlossen waren.

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The Public Defender of Georgia submitted an alternative report to the Parliament of Georgia relating to the 2024 reports of the Ministry of Justice of Georgia on the execution of decisions delivered by the European Court of Human Rights and UN Committees against Georgia.

The alternative report reviews the general measures taken by the State to execute the judgments of the European Court of Human Rights against Georgia in 2024 in the following cases: “Tsintsabadze Group”, “Identoba Group”, “Merabishvili v. Georgia” and “Thekhelidze Group”.

At the same time, the report reviews the decisions of the UN Committee against Torture, the Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and the Committee on the Rights of the Child regarding Georgia in the cases of J.C. and J.E. v. Georgia, the case of Khanum Jeiranova and the case of Ana Arganashvili v. Georgia.

The document analyzes whether the steps taken by the State to execute the above-mentioned cases are sufficient.

The report addresses issues such as the fight against hate crimes and ill-treatment, freedom of assembly of the LGBT+ community, shortcomings in the administration of justice in cases of violence against women and domestic violence and femicide, etc.