El nombre del documental ganador se ha revelado hoy, en la gala final que ha tenido lugar en el auditorio del CosmoCaixa 

El documental “La porta que resisteix davant els desnonaments” (La puerta que resiste a los desahucios), del grupo Génesis de la escuela IPSI de Barcelona, ​​es el ganador de la muestra 10 min por los Derechos Humanos, organizada por el Síndic de Greuges de Catalunya.

El jurado está formado por dos expertas del mundo del cine (Júlia Betrian, de la Filmoteca de Cataluña, y Jana Montllor, directora de cine), dos representantes de la institución del Síndic (Mónica Arbeláez y Núria Pernas) y una representante del Consejo Asesor Joven (Dèlia Miró), y del documental ganador han valorado especialmente el gran trabajo de documentación e investigación, la pluralidad de las voces que recoge, y la profundidad y sensibilidad con que trata un tema tan recurrente como los desahucios. “Este documental es una inmersión total en el cine. Hacer cine es observar, interpelar la realidad. Y vosotros lo habéis hecho todo”, afirmaba una de las personas del jurado.

El segundo premio ha sido para el documental “Sense fronteres, el dret a estar junts” (Sin fronteras, el derecho a estar juntos) y el tercero, para el documental i el tercer, per al documental “Nosaltres també hem sigut infants” (Nosotros también fuimos niños). Ambos documentales son del instituto Lluís Domènech i Montaner.

El acto, que ha tenido lugar en el auditorio del CosmoCaixa, ha sido presentado por la creadora de contenido Kamala Prió y ha reunido a más de 150 personas, entre miembros de la comunidad educativa de los tres centros finalistas y representantes institucionales.

La adjunta de infancia, Aida C. Rodríguez, en su intervención, ha querido destacar que los 26 documentales participantes merecen un gran reconocimiento, porque se trata de un proyecto ambicioso que requería mucho esfuerzo y dedicación.

La adjunta ha hecho hincapié asimismo en que estos documentales obligan a reflexionar sobre temas muy actuales, como la vivienda, la inmigración o las afectaciones de la inteligencia artificial, y han sido una herramienta para que los jóvenes puedan hacer llegar su opinión sobre la realidad social en la que viven y sobre cómo valoran el estado actual de los derechos humanos. “No puedes transformar el mundo si antes no aprendes a mirarlo”, afirmaba Aida C. Rodríguez, que ha dejado claro que estos documentales transmiten valores y reivindicaciones que la institución comparte plenamente: “la defensa de los derechos humanos es algo compartido, que debemos hacer entre todos”.

Durante el acto también se ha dado la palabra a los autores de los documentales ganadores, alumnos de primero de bachillerato, y al profesorado que los ha acompañado durante el proceso de elaboración.

El proyecto se puso en marcha a principios de septiembre, con el inicio del curso escolar, e iba dirigido a todo el alumnado de 3.º y 4.º de ESO y 1.º y 2.º de bachillerato o ciclos formativos de grado medio de todos los centros educativos de Cataluña. Se recibieron 26 documentales, que se han publicado en la web de la muestra.

For many years, the Commissioner for Human Rights has been actively involved in the issue of transporting students with disabilities to educational institutions. In response to ongoing reports of systemic issues regarding this matter, in 2024, the Commissioner conducted a social study titled: "Implementation of transport for students with disabilities to educational institutions by local government units." Its objective was to illustrate how education law regulations are applied in practice. Specifically, the study aimed to determine whether transport fulfills its intended purpose: facilitating access to education for students with disabilities.

The report reveals, among other things, that:

• Rising Costs: Between 2020 and 2024, there was a significant increase in transport costs for students with disabilities. The average cost per student rose from PLN 8,281 to PLN 13,280, and reimbursement costs for parents quadrupled.
• Systemic Barriers: The main obstacles in fulfilling this duty include insufficient funding, high prices for transport services, an inadequate number of adapted vehicles, and difficulties in optimizing transport routes.
• Staff Qualifications: The study revealed that only a few municipalities organize training for drivers, and caregivers often lack proper qualifications, usually limited only to a first aid course.
• Administrative Hurdles: Administrative procedures for applying for transport or cost reimbursement are often unclear and time-consuming. Information on how to submit applications can be difficult to access, especially for parents who are less tech-savvy.

The "Nearest School" Conflict: There are problems with the uniform interpretation of "the nearest school." For municipalities, the deciding factor is often the cost of transport and thus physical distance. For parents, the key factor is how a given school meets their child's specific needs. This often leads to the refusal of cost reimbursements for transport to facilities better suited for the student.

These issues significantly impact the lives of families with children with disabilities; long hours spent traveling negatively affect the children's education and social integration. The report emphasizes the need to improve funding, simplify administrative procedures, and raise the qualifications of personnel involved in the transport process to ensure real access to education for children with disabilities.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/raport-rpo-dowoz-uczniow-niepelnosprawnosc-samorzady

La resolución se produce tras la supresión del subsidio de excarcelación y su integración en el Ingreso Mínimo Vital, que dificulta el acceso de este colectivo a prestaciones económicas durante el período posterior a la puesta en libertad  

La justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha emitido una sugerencia dirigida al Departamento de Bienestar Social del Gobierno de Aragón para que, una vez estudiadas las necesidades de las personas excarceladas y los recursos existentes, valore la posibilidad de adoptar o impulsar las actuaciones precisas —en coordinación con las instituciones centrales del Estado— con el fin de favorecer su reinserción y evitar situaciones de exclusión social.

La actuación se produce tras la queja presentada por una coordinadora de entidades sociales que trabajan en los centros penitenciarios de Zuera y Daroca, que alertó de las consecuencias derivadas de la supresión del subsidio de excarcelación a raíz de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 2/2024. La sustitución de esta prestación por el Ingreso Mínimo Vital genera un período de carencia económica que puede extenderse de los dos meses habituales hasta doce o incluso dieciocho meses, dado que muchas personas privadas de libertad no pueden cumplir los requisitos exigidos para acceder al IMV —entre otros, la constitución de una unidad de convivencia con seis meses de antelación, la vida laboral mínima, el empadronamiento previo o la tramitación telemática—.

El Departamento de Bienestar Social y Familia informó a la institución de que la gestión del IMV corresponde a la Administración General del Estado y que las personas excarceladas pueden solicitar la Prestación Aragonesa Complementaria si cumplen los requisitos establecidos. Asimismo, señaló que la supresión del subsidio de excarcelación fue una decisión del Gobierno de España y que es este quien debe asumir la responsabilidad de corregir sus consecuencias.

La justicia de Aragón reconoce que las cuestiones relativas a la regulación estatal del IMV son competencia del Defensor del Pueblo, al que ya se remitió la queja en su momento. Sin embargo, en el ejercicio de las competencias autonómicas en materia de acción social, considera oportuno que el Gobierno de Aragón analice la situación de este colectivo y estudie qué actuaciones adicionales podrían adoptarse en coordinación con el Estado para cubrir el período de desprotección económica que atraviesan estas personas a su salida de prisión, con el fin de facilitar su reinserción social y laboral y evitar su caída en circuitos de exclusión social.

Over four years ago, at the start of Russia’s full-scale aggression, while leading an EU agency, I deployed a team to Ukraine’s borders. The extraordinary solidarity shown by the people of Europe’s villages and towns was striking. Host countries provided Ukrainians with the right to stay and access the labour market, education, healthcare and social protection. Europe did itself proud.

However, today, I am increasingly concerned about the growing fatigue and intensifying discussions at EU and national levels about ending emergency arrangements. While the EU has extended temporary protection for Ukrainians under the Temporary Protection Directive (TPD) until March 2027, a slow and fragmented phase-out risks leaving the most vulnerable exposed. In some countries, policy changes have diminished protection and assistance. In addition, I see rising anti-Ukrainian sentiment, sometimes fuelled by populist politics.

The stakes could not be higher: without robust national frameworks and a coordinated European approach, countless Ukrainians may be forced into impossible choices.

Protection remains vital as war rages on

The war is not over: it has escalated. Over the past year, there has been an unprecedented number of civilian casualties. Russian attacks on civilian infrastructure, including homes, hospitals, schools and energy infrastructure, continue to undermine basic living conditions. It is clear that no region of Ukraine is safe.

Any consideration of the future of temporary protection must be anchored in the principle that international protection is withdrawn only when return is safe and durable, conditions which are manifestly not met today.

Some host countries have started phasing out temporary protection by switching to other existing residence statuses. I fear that many people may be left behind because they do not meet the strict criteria linked to work, resources or studies. Countries must avoid what the UN refugee agency describes as a “cliff edge” scenario. They must ensure that the most vulnerable, including children, single mothers, people with disabilities and older people, do not fall through the cracks.

Several countries have reduced assistance, especially regarding housing and social protection benefits. Such reductions, alongside barriers to accessing key services, can create undue pressures to return prematurely, a risk that is especially acute for vulnerable persons.

Certain countries, not bound by the TPD, exclude newly arrived individuals from temporary protection or reject their asylum claims when they come from regions of Ukraine they designate as ‘safe’. Such steps risk violating the principle of non-refoulement.

From emergency to stability

Avoiding a protection gap after March 2027 must be the priority. Long-term solutions are also needed to allow Ukrainians to plan their futures. Millions live in uncertainty which exacerbates trauma.

Host countries need to give Ukrainians the opportunity to rebuild their lives, regardless of whether their futures lie there or back in Ukraine. For many, integration is already a reality; they contribute to the labour market, and their children speak the local language and know no other home. Yet, too many live a life ‘on hold’. I think in particular of those children who are still outside national education systems.

While maintaining access to Ukrainian culture, participation in society can be supported by local language classes, education and reskilling, access to the labour market, secure housing and family reunification.

Now is the time for more solidarity, not less. Every person displaced by the war in Ukraine should be guaranteed a secure legal status and access to rights for as long as protection is needed. The choices made in Europe in the coming months will define the future of millions of Ukrainians. It is time to reengage the welcome and generosity that was so evident in 2022.

- Michael O'Flaherty

The Ombudsman had the pleasure of hosting in an official meeting Mr. Maximiliano Ulivieri, a global activist and one of the most authoritative voices in defense of the rights of persons with disabilities.

Mr. Ulivier was accompanied by activist, Suela Lala from the “Së Bashku” foundation and Elsona Agolli from UNFPA.

At the center of this meeting was addressing the rights of persons with disabilities.

The Ombudsman congratulated Mr. Ulivieri for his courageous and essential work in this regard.

During the conversation, Mr. Shabani reaffirmed the unwavering commitment of the Ombudsman to guarantee that every citizen lives with full dignity and enjoys equal rights.

This meeting serves as a further impetus for the vision of a just and inclusive society.