El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo,  se ha reunido este jueves en Madrid con las defensoras y los defensores autonómicos con el objetivo de estrechar la coordinación y colaboración entre las diferentes defensorías y concretar la organización de las jornadas anuales, así como los talleres técnicos previos de preparación. Todo ello con el objetivo de continuar trabajando, coordinadamente, por la defensa de los derechos ciudadanos y las libertades públicas.

En esta reunión celebrada hoy en la sede del Defensor del Pueblo, los defensores han abordado, además de los asuntos ya citados, expedientes compartidos entre distintas instituciones, para tratar de atender las quejas ciudadanas de la manera más eficaz posible y que las administraciones públicas resuelvan los problemas planteados con solvencia y prontitud.

Ángel Gabilondo mantiene, desde su llegada a la institución en noviembre de 2021, una relación fluida con los defensores autonómicos y valora positivamente estos encuentros que sirven también para explorar nuevas vías de trabajo conjunto. En este sentido, Gabilondo señala que el marco de la cooperación entre el Defensor del Pueblo y los defensores autonómicos es la Ley 36/1985, de 6 de noviembre, por la que se regulan las relaciones entre la institución del Defensor del Pueblo y las figuras similares en las distintas Comunidades Autónomas. Esta apunta en concreto que “a fin de desarrollar y concretar adecuadamente la colaboración y coordinación entre el Defensor del Pueblo y los comisionados parlamentarios autonómicos, se concertarán entre ellos acuerdos sobre los ámbitos de actuación de las administraciones públicas objeto de supervisión, los supuestos de actuación de los comisionados parlamentarios, las facultades que puedan ejercitar, el procedimiento de comunicación entre el Defensor del Pueblo y cada uno de dichos comisionados parlamentarios, y la duración de los propios acuerdos”.

Según el Defensor del Pueblo, “cumplimos con el espíritu de la Ley porque estamos convencidos de que la colaboración entre instituciones es fundamental para prestar un servicio eficaz a la ciudadanía”.

En el encuentro han participado, además del Defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo, la recién nombrada Justicia de Aragón, Concepción Gimeno; el Defensor del Pueblo de Andaluz, Jesús Maeztu; el Diputado del Común de Canarias, Rafael Yanes; el Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana; la Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas; el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna; el Ararteko del País Vasco, Manuel Lezertua; la Valedora do Pobo de Galicia, María Dolores Fernández, y el Defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera.

El jueves 29 de febrero, a las 10:30h, tendrá lugar en la sede de la Valedora do Pobo, el acto de inauguración de la exposición fotográfica “Emergencia Vivienda: Por el derecho la una vivienda digna, adecuada y accesible”, en la que EAPN (Red europea contra la pobreza)-Galicia  intenta mostrar  la realidad más urgente y grave de la problemática de la escasez y encarecimiento de la vivienda así como sus demandas.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, junto a las defensoras y los defensores autonómicos, se han reunido hoy con el Defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo, para impulsar la coordinación y la colaboración entre instituciones.

La reunión ha tratado la coordinación y colaboración entre las diferentes defensorías y la organización de las jornadas anuales, así como los talleres técnicos previos de preparación. Todo ello con el objetivo de continuar trabajando, coordinadamente, por la defensa de los derechos ciudadanos y las libertades públicas.

En esta reunión celebrada hoy en la sede del Defensor del Pueblo, los defensores han abordado, además de los asuntos ya citados, expedientes compartidos entre distintas instituciones, para tratar de atender las quejas ciudadanas de la manera más eficaz posible y que las administraciones públicas resuelvan los problemas planteados con solvencia y prontitud.

Ángel Gabilondo mantiene, desde su llegada a la institución en noviembre de 2021, una relación fluida con los defensores autonómicos y valora positivamente estos encuentros que sirven también para explorar nuevas vías de trabajo conjunto. En este sentido, Gabilondo señala que el marco de la cooperación entre el Defensor del Pueblo y los defensores autonómicos es la Ley 36/1985, de 6 de noviembre, por la que se regulan las relaciones entre la institución del Defensor del Pueblo y las figuras similares en las distintas Comunidades Autónomas. Esta apunta en concreto que “a fin de desarrollar y concretar adecuadamente la colaboración y coordinación entre el Defensor del Pueblo y los comisionados parlamentarios autonómicos, se concertarán entre ellos acuerdos sobre los ámbitos de actuación de las administraciones públicas objeto de supervisión, los supuestos de actuación de los comisionados parlamentarios, las facultades que puedan ejercitar, el procedimiento de comunicación entre el Defensor del Pueblo y cada uno de dichos comisionados parlamentarios, y la duración de los propios acuerdos”.

Según el Defensor del Pueblo, “cumplimos con el espíritu de la Ley porque estamos convencidos de que la colaboración entre instituciones es fundamental para prestar un servicio eficaz a la ciudadanía”.

En el encuentro han participado, además del Defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo, y del Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, la recién nombrada Justicia de Aragón, Concepción Gimeno; el Diputado del Común de Canarias, Rafael Yanes; el Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana; la Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas; el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna; el Ararteko del País Vasco, Manuel Lezertua; la Valedora do Pobo de Galicia, María Dolores Fernández, y el Defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera.

La adjunta de Igualdad de la Diputación del Común se reunió con representantes de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) y de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de Las Palmas (AEAT) para abordar las condiciones de trabajo de las camareras de piso

La adjunta de Igualdad de la Diputación del Común, Beatriz Barrera, se reunió con el presidente, la vicepresidenta y el secretario general de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), José Mª Mañaricua, Águeda Borges y Fernando Mathías, respectivamente, y con el presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de Las Palmas (AEAT), Fernando Estany, para continuar con su proceso de escucha de todas las partes implicadas para adquirir una visión global de la realidad laboral de las camareras de piso.

El presidente de la FEHT, José Mª Mañaricua, manifestó su compromiso con la legalidad y las buenas praxis. “La FEHT tiene uno de los mejores convenios de hostelería de España, y no tenemos constancia de que se produzcan incumplimientos de este entre los federados de la FEHT. En el caso de que ocurriera una infracción, apoyamos que sea investigada y se sancione a los responsables”, afirmó  Mañaricua. Asimismo, expresó su agradecimiento a la Diputación del Común por permitirles participar en el análisis sobre la realidad de las camareras de piso.

De la misma manera, la vicepresidenta de la FEHT, Águeda Borges, expuso la importancia de los equipos de prevención de riesgos laborales. “Si un ingeniero de un servicio de prevención nos dice que debemos cambiar algo, lo hacemos porque así lo establece la ley”, explicó.

Beatriz Barrera mostró su satisfacción por la solicitud de la patronal de Las Palmas al Gobierno de España de la jubilación anticipada para las camareras de piso, de forma que puedan jubilarse a los 58 años, debido al desgaste físico provocado por las exigencias del trabajo. “Es una de las reivindicaciones expresadas por las camareras de piso en la queja presentada ante la Diputación del Común, que será trasladada al Defensor del Pueblo para su tramitación ante el Gobierno de España”, añadió.

El Defensor del Pueblo-Nafarroako Arartekoa, Patxi Vera y su jefa de Gabinete, Susana Galilea acudieron a la sede de Profesionales Solidarios donde fueron recibidos por una delegación de dicha organización encabezada por su presidente, Lorenzo Dionis, y su directora, Cristina Jiménez.

En el encuentro, la asociación explicó el servicio comunitario que prestan a la sociedad y que está enfocado en el colectivo de la tercera edad. A través del voluntariado quieren aliviar la soledad y el aislamiento de las 837 personas que atienden en estos momentos y su canal de información son los servicios sociales y unidades de barrio. Su propósito es consolidar esta línea de actuación. Profesionales Solidarios, que forma parte de la Plataforma Navarra del Tercer Sector, pone especial énfasis en la formación de sus voluntarios.

Durante el encuentro, sus representantes manifestaron la falta de comunicación entre el médico de familia, trabajadoras sociales y las unidades de barrio necesaria para poder trabajar de forma coordinada y detectar las necesidades de las personas vulnerables.

El Ararteko admitió a trámite la queja de un ciudadano que mostraba su disconformidad con la imposición de la cita previa para realizar trámites de manera presencial y, a su juicio, por el trato inadecuado dispensado por el personal de una oficina de Kontsumobide. Según expuso acudió a una oficina de este organismo autónomo sin cita previa para presentar una reclamación en materia de consumo, pero el vigilante de seguridad le impidió la entrada.

El Ararteko considera este hecho preocupante, ya que supone una barrera física y personal para la ciudadanía ser atendida en primera instancia por personal de seguridad privada, uniformado y que, además, señala a las personas físicas si tienen derecho de acceso a las dependencias de la administración o no.

En aquel instante, el reclamante quiso presentar una queja por el impedimento de entrar a las oficinas de la administración, pero le informaron de la obligatoriedad de pedir cita previa. Cuando acudió al día siguiente presentó la reclamación en materia de consumo, pero no pudo presentar la referente a cita previa porque se le indicó que para esa actuación debía reunirse con un coordinador de oficina y, por lo tanto, ello requería una nueva cita.

El Ararteko ha emitido una resolución en la que señala que, además de no existir amparo jurídico que ampare la imposición de la cita previa obligatoria, resulta sumamente llamativo que el reclamante tuviera que pedir cita para quejarse sobre la cita. También destaca la intervención el personal de vigilancia, por cuanto no parece tener atribuida la función de asesoramiento e información a la ciudadanía sobre los derechos y deberes que les corresponden, sino aquellas previstas en la normativa de seguridad privada que concuerden con el objeto del servicio contratado con la administración.

Por ello el Ararteko recomienda a Kontsumobide que elimine la obligatoriedad de la cita previa para efectuar cualquier trámite, y que el servicio de información y asistencia a la ciudadanía prestado en oficinas de atención ciudadana sea prestado por personal empleado público de la administración y no por vigilantes de seguridad.

RESOLUCIÓN