El trabajo es una herramienta imprescindible para la reinserción social
La modalidad de trabajo en el exterior es un modelo de éxito
Los salarios actuales de los internos son insuficientes para contribuir a la economía familiar
La síndica está preocupada por el incremento de las contenciones mecánicas
La síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, y el adjunto general, Jaume Saura, han entregado a presidenta del Parlamento, Anna Erra, el Informe del Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura correspondiente al año 2023.
Este informe, que recoge la actividad llevada a cabo por el Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura (MCPT), es el decimotercero que se entrega al Parlamento.
Durante 2023 se visitaron 29 centros con personas privadas de libertad o institucionalizadas. La mayor parte de las visitas (18) corresponden a comisarías de policía, tanto de Mossos d'Esquadra (6) como, sobre todo, de policías locales (12). También se visitaron 7 centros penitenciarios, varios centros de internamiento de menores y otros centros residenciales y sociosanitarios. Como cada año, el informe contiene las fichas de todas las visitas, donde se recogen las principales observaciones y conclusiones que ha llevado a cabo el Equipo de Trabajo del MCPT para cada centro visitado, así como las recomendaciones realizadas.
El trabajo en los centros penitenciarios
El informe incluye un estudio monográfico sobre el trabajo productivo en el ámbito penitenciario, que es el resultado de las visitas que llevó a cabo el Equipo de Trabajo a los siete centros penitenciarios, de la documentación proporcionada por la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima y de las reuniones mantenidas con representantes del Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE).
La síndica considera que el trabajo es una herramienta fundamental para la reinserción y, en consecuencia, solicita que se impulse. Los datos demuestran que la ocupación está generalizada en todos los centros penitenciarios catalanes y que las condiciones laborales son adecuadas: sobre la población reclusa que está en condiciones de trabajar, lo hacen el 79 % de las mujeres y el 60 % de los hombres. Esto representa solo el 44 % del total de la población masculina y el 40 % de la población femenina del sistema penitenciario catalán. Además, en muchos centros hay lista de espera para acceder a los talleres, porque la oferta de puestos de trabajo no es suficiente. Además, la mayoría de trabajos que se llevan a cabo son poco cualificados, y los trabajadores son fácilmente reemplazables por máquinas. En consecuencia, cada vez resulta más complicado conseguir nuevos contratos.
Ante esto, la síndica defiende que es necesario adaptar el empleo de la población reclusa a las nuevas demandas del mercado laboral. Así, propone complementar la oferta actual con trabajos más calificados y en la modalidad de trabajo en el exterior del centro, en ámbitos donde se necesite mano de obra, como la limpieza de bosques, el trabajo en el campo, etc. Y pone como modelo de éxito el taller exterior de Raïmat, donde los reclusos salen cada día para realizar trabajos industriales.
En cuanto a los salarios, el informe concluye que son bajos y no tienen como referencia el salario mínimo interprofesional (SMI). Se observa, por ejemplo, que la retribución por hora cotizada media es de 3,68 euros, muy por debajo del SMI, que es de 7,88 euros. Y los importes mensuales resultantes son claramente insuficientes para que los internos puedan responsabilizarse de sus cargas familiares, tal y como prevé la Ley orgánica general penitenciaria.
En la misma línea, la síndica pide que se pague siempre por hora y no por producto hecho, tal y como ya hacen los centros penitenciarios de Mujeres y Jóvenes y el taller exterior Raïmat.
En cuanto a los derechos laborales, el informe manifiesta que, dado que los internos no disponen de canales legales para la sindicación laboral, sería conveniente establecer un sistema de representación para que puedan participar en la organización y planificación del trabajo y puedan trasladar sus inquietudes.
Por último, el informe constata que las mujeres tienen menos posibilidades de acceder a los talleres productivos (solo el 15 % trabajan en estos talleres), ya sea por la propia estructura arquitectónica del centro (como en el caso del Centro Penitenciario Mujeres, donde no pueden acceder los camiones), ya sea porque en ocasiones los talleres se ubican dentro de los módulos de hombres, lo que les impide acceder a ellos.
Seguimiento de recomendaciones anteriores
Las contenciones mecánicas
Finalmente, el informe incluye un apartado que recoge las principales recomendaciones que se emiten este año, y también hace un seguimiento de algunas de las recomendaciones formuladas por el MCPT en años anteriores.
A pesar de las recomendaciones reiteradas del Síndic de Greuges de que los medios coercitivos solo deben aplicarse cuando no haya otra medida menos lesiva, en el último año ha habido un incremento importante en el número de contenciones mecánicas respecto al año anterior: han pasado de 586 a 960, el número más elevado de los últimos cuatro años. La mayoría (631) se han llevado a cabo por motivos regimentales, no médicos. Por tanto, no se cumple el objetivo de reducir su aplicación hasta llegar a las cero contenciones mecánicas. En este contexto, la síndica recuerda que los medios coercitivos deben aplicarse solo cuando no haya otra medida menos lesiva.
Otras recomendaciones
También se constata que el perfil de mujeres que ingresan en prisión es de personas que cumplen condenas muy cortas y que presentan un estado de salud muy deteriorado. Ante estos casos, la síndica quiere poner de manifiesto los efectos negativos de estas condenas y la escasa eficacia desde el punto de vista de la reinserción.
En el ámbito del aislamiento, se pone nuevamente de relieve que algunos departamentos especiales de régimen cerrado están al límite de su ocupación y, aunque no hay indicadores de conflictividad, se insiste en que habría que vaciarlos para poder llevar a cabo una gestión óptima de los mismos, entendiendo que es necesario abordar las causas de este incremento y adoptar medidas.
En cuanto a los centros educativos de justicia juvenil, se sigue recordando que es necesario crear centros más reducidos, ya que son más efectivos para asegurar la atención individualizada de adolescentes y jóvenes.
En relación con los niños y adolescentes ingresados en centros residenciales de acción educativa, se constata que hay muchos y que permanecen mucho tiempo en el centro. Por ello, la síndica recuerda el enorme impacto que tiene el paso del tiempo en la vida de los niños, y la necesidad de adoptar medidas para evitar que las estancias se alarguen, con el fin último de garantizar a estos niños un entorno familiar.
En cuanto a la relación de los niños con sus progenitores cuando estos están internos en centros penitenciarios, se constata que, aunque se ha avanzado en el objetivo de generar una atmósfera más acogedora para los niños, todavía es necesario trabajar más e invertir esfuerzos para adecuar los espacios con el fin de reducir el impacto que supone para los niños el encarcelamiento de un familiar.
Por último, la síndica ha querido poner en valor el trabajo del MCPT, como herramienta de supervisión del trato y las condiciones de detención y estancia de las personas privadas de libertad. Por ello, insistió en que la transparencia y el control independiente de la Administración pública forman parte de cualquier sistema que esté basado en los principios de la democracia y el estado de derecho. Por tanto, defiende que cualquier estado preocupado por asegurar que se respeten los derechos humanos debe disponer de un mecanismo de prevención de la tortura.
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