El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo y todo el personal de la institución lamentan profundamente el fallecimiento de Francisco Fernández Marugán, quien ocupó el cargo de Defensor del Pueblo en funciones desde el 20 de julio de 2017 hasta el 17 de noviembre de 2021.

Ángel Gabilondo ha trasladado su más sentido pésame a la familia de Fernández Marugán y ha asegurado que “ha sido un hombre comprometido con la defensa de los derechos, con gran conciencia institucional y con enorme realismo y sentido práctico para afrontar las vicisitudes singulares de cada quién según su situación”.

Durante cinco años ha sido Adjunto Primero del Defensor del Pueblo, en el mandato de Soledad Becerril, y luego desempeñó durante más de cuatro años la función de Defensor del Pueblo en funciones, hasta 2021.

Nacido en Cáceres en 1946, Fernández Marugán se formó como economista y fue miembro del Cuerpo de Técnicos de Administración Civil y del Cuerpo de Inspectores Financieros y Tributarios.

Diputado al Congreso desde 1982 hasta 2011, primero por Sevilla, y desde 1986 por Badajoz, desempeñó allí una importante labor en el ámbito presupuestario y fue ponente de numerosos textos legislativos en materia económica.

En señal de condolencia y de respeto, durante el día de hoy ondeará la bandera nacional de la Institución a media asta en una jornada de luto oficial en el Defensor del Pueblo.

The Ombudsman of the Republic of Bulgaria, Velislava Delcheva, successfully defended the reaccreditation of the national human rights institution with the highest possible "A" status according to the Paris Principles. The decision was taken at the last session of the UN Subcommittee on Accreditation (SCA) for 2025, of which the institution was officially notified by letter from the European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI).

Status "A" means that the ombudsman institution meets the highest international standards for independence, impartiality, pluralism, transparency, and the broadest possible mandate in the protection and promotion of human rights. It certifies the institution's full compliance with the Paris Principles – the fundamental international standard for the functioning of national human rights institutions. At the same time, the UN Subcommittee on Accreditation notes that the new legal provision allowing the Ombudsman or Deputy Ombudsman to assume the functions of caretaker Prime Minister could affect the reputation and  actual independence of the national human rights institution. The UN Subcommittee recommends that the Ombudsman continue to advocate for amendments to Article 99(5) of the Constitution of the Republic of Bulgaria and Article 14(1) of the Ombudsman Act in order to remove the provision under which the Ombudsman and Deputy Ombudsman may be appointed as caretaker Prime Minister.

Accreditation with "A" status allows the national human rights institution to raise issues of national importance before the highest international human rights forums and to participate actively in the formation of international policies and standards in the field of human rights. The Ombudsman can participate fully in the work of the UN human rights committees and the Human Rights Council, express positions, and raise issues related to the rights and freedoms of citizens of the Republic of Bulgaria. Only 20 European Union member states have a national human rights institution with such status.

When it was established in 2005, the Ombudsman Institution was accredited with "B" status following an assessment by the UN Subcommittee on Accreditation. In 2011, the international organization made specific recommendations to strengthen its independence and expand its mandate. As a result of successive legislative changes adopted by the National Assembly in 2018, the Ombudsman was explicitly established as the national human rights institution in Bulgaria, with expanded powers, including with regard to violations committed by private law entities.

After implementing all of the Subcommittee's recommendations, in March 2019, the Bulgarian Ombudsman received the highest "A" status for the first time. In October 2025, this status was successfully defended by Ombudsman Velislava Delcheva after a hearing before a commission in Geneva, confirming the sustainability, independence, and effectiveness of the institution.

In its official letter, ENNHRI highly appreciates the professionalism, consistency, and commitment of the Ombudsman's team and expresses its confidence that the reaccreditation will contribute to even stronger protection and promotion of human rights in Bulgaria. The European Network also declares its readiness to continue supporting the Institution in implementing the Subcommittee's recommendations and in its future international cooperation.

La institución del Ararteko ha recibido en los últimos dos años un número significativo de quejas relacionadas con la demora que registran los expedientes de responsabilidad patrimonial que se tramitan ante el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, por la tardanza de la Inspección Médica en emitir el preceptivo informe en el que debe fundamentarse la resolución, estimatoria o desestimatoria, de la reclamación formulada.

Se trata de reclamaciones presentadas por pacientes o sus familiares, solicitando una indemnización por los daños derivados, entre otros supuestos, de una presunta mala asistencia sanitaria o de un error de diagnóstico, de un tratamiento específico o de una mala praxis en una intervención quirúrgica y que en casos extremos han desembocado en el fallecimiento de la persona paciente.

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha admitido que es una situación que afecta a los tres Territorios Históricos, aunque con mayor incidencia en Bizkaia, y que deriva de la jubilación del personal médico adscrito a la Inspección. Esto conlleva una disminución de los recursos humanos destinados a la tramitación de expedientes de responsabilidad patrimonial y la incorporación de nuevo personal que no tiene o no ha adquirido experiencia suficiente, lo que provoca un retraso importante en la realización de los informes periciales.

Algunos de los expedientes de responsabilidad patrimonial permanecen a la espera de resolución desde hace tres años.

En su resolución, el Ararteko subraya que las administraciones públicas deben garantizar a la ciudadanía el derecho a una buena administración, lo que incluye recibir una respuesta motivada en un plazo razonable. Por ello ha recomendado al Departamento de Salud que adopte las medidas organizativas y de dotación de medios personales y materiales necesarios para desbloquear esta situación.

Quiere conocer los equipamientos puestos a disposición para esta operación y el número de personas atendidas

Ante la previsión de bajas temperaturas de los próximos días en buena parte de Catalunya, la síndica de greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, pide a todas las administraciones locales que activen los recursos necesarios para garantizar que nadie duerma en la calle.

En concreto, solicita que se abran los espacios necesarios para garantizar estancias puntuales, y una atención social y sanitaria para atender a todas aquellas personas que se puedan encontrar en esta situación. Según los datos facilitados por los propios ayuntamientos, en Cataluña, en noviembre, había un mínimo de 6.724 personas en situación de calle.

La síndica también ha pedido a los ayuntamientos que informen a la institución de si han activado o no la operación frío, qué equipamientos han puesto a disposición de esta operación y cuántas personas se han atendido en esta intervención.

La institución recuerda que las administraciones locales, la Generalitat y el tercer sector, durante la cumbre del 11 de diciembre de 2025, asumieron el siguiente compromiso: avanzar hacia un acuerdo de país para gestionar la realidad del sinhogarismo en Cataluña con criterios, esfuerzos y recursos compartidos.