El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha asistido en Zaragoza a la toma de posesión de Concepción Gimeno Gracia como Justicia de Aragón, tras jurar su cargo ante las Cortes de Aragón. Gimeno Gracia estuvo arropada desde la tribuna de invitados por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y por todos los representantes de los defensores autonómicos, además del Lugarteniente que ha ejercido en funciones de Justicia en la última etapa, Javier Hernández, por la baja y jubilación del antecesor de Gimeno, Ángel Dolado.

Ninguna otra mujer ejerció antes en la historia del Justiciazgo. Sus primeras palabras fueron para reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres y el acceso de ellas a todas las esferas de responsabilidad, y defendió que su ejercicio como Justicia de Aragón estará pendiente, sobre todo, de los «más vulnerables». «La primera mujer Justicia de Aragón, en una sociedad –la aragonesa–, que viene transmitiendo su deseo de hacer efectivo el derecho de igualdad de la mujer en el acceso a las responsabilidades públicas», celebró.

Este jueves, en su elección en las Cortes contó con los votos a favor del PP, PSOE, Teruel Existe, Chunta Aragonesista y Partido Aragonés, y las abstenciones de Vox, IU y Podemos.

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha organizado una Jornada bajo el título “La Defensa del Derecho Fundamental a una Buena Administración”, que se ha celebrado hoy en el Museo Arqueológico de Alicante,  en la que expertos en la materia han analizado el cambio de paradigma en las relaciones entre la ciudadanía y la Administración.

El síndic de Greuges, Ángel Luna, y la vicepresidenta segunda del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, han sido los encargados de inaugurar este encuentro al que han asistido cerca de 200 personas.

En su intervención, Luna ha mostrado su preocupación por las quejas que recibe esta institución relacionadas con la falta de respuesta, las demoras en resolver o la petición de documentación que ya tiene la Administración, entre otras cosas. En muchas ocasiones, estas deficiencias en la tramitación de expedientes afectan a las personas más vulnerables.

El síndic ha lamentado que en estas actuaciones recurrentes «muchas veces solo se requiere un esfuerzo mínimo por parte del empleado público». Por ello, ha insistido en la importancia de positivizar, con normas éticas y de conducta, las obligaciones de los empleados públicos, no sólo de los altos cargos y dirigentes políticos. Asimismo, se ha mostrado partidario de aprobar una ley autonómica que garantice el cumplimiento real y efectivo del derecho a una buena administración.

Por su parte, la vicepresidenta segunda ha señalado durante su intervención, que el derecho a una buena administración engloba, entre otros, el derecho a “un tratamiento equitativo e imparcial de los asuntos administrativos y a una respuesta en un plazo razonable, así como a recibir servicios públicos de calidad”. Además, ha puesto en valor la labor del Síndic de Greuges como garante de estos derechos y también su trabajo en la prevención de una mala administración en la Comunitat Valenciana.

La construcción del derecho a una buena administración

La primera ponencia ha corrido a cargo del catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat de Barcelona, Juli Ponce Solé, que ha alertado de «la falta de calidad institucional y del amplio margen de mejora de las Administraciones Públicas». Ponce ha señalado que «la buena gestión pública nos permite tener resultados que se traducen en valor público, en impactos positivos para el bienestar de la sociedad. En definitiva, en la garantía de los derechos y las libertades de la ciudadanía».

La jueza del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, María Lourdes Arastey, ha indicado durante su intervención que la buena administración es un precepto incluido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, calificándolo de derecho subjetivo, «un principio general del Derecho y un valor de la Unión Europea». También ha reclamado el derecho de la ciudadanía a no tener que verse obligada a litigar para poder satisfacer sus derechos.

La última ponencia de la mañana ha corrido a cargo del magistrado del Tribunal Supremo Dimitry Teodoro Berberoff, que ha incidido en que el valor añadido de la buena administración es ser un principio de interpretación y un criterio orientador de las normas jurídicas.

Mesa redonda: ¿Se aplica el derecho a una buena administración?

Durante la sesión vespertina, ha tenido lugar una mesa redonda en la que los ponentes, moderados por el adjunto segundo del Síndic, Carlos Castillo,  han compartido sus experiencias sobre la aplicación del derecho a una buena administración desde sus respectivas organizaciones. En ella han participado: Bárbara Aranda Carles, jefa adjunta en el Servicio Jurídico de la Agencia Tributaria; Álvaro Martínez Ávila, abogado General de la Abogacía de la Generalitat Valenciana; Eva Gutiérrez Casbas, directora del Área de lo Contencioso de la Diputación Provincial de Alicante; e Ignacio Gally, decano del Colegio de Abogados de Alicante.

Finalmente, el síndic, Ángel Luna, se ha encargado de clausurar la jornada y exponer las conclusiones más importantes de todo lo dicho por los expertos.

La adjunta primera del Defensor del Pueblo, Teresa Jiménez-Becerril, se ha reunido este martes con el secretario autonómico de Atención a las Víctimas y Acceso a la Justicia de la Comunidad Valenciana, Javier Carlos Bazán.

Durante el encuentro trataron asuntos relacionados con las quejas recibidas en la institución Defensor del Pueblo sobre atención a las víctimas del delito, sobre la situación de los registros civiles y sobre la administración de justicia en esa Comunidad Autónoma.

En la reunión también ha participado la directora general de Atención a las Víctimas y Acceso a la Justicia de la Comunidad Valenciana, Mª Belén Pulgar. Y, por parte de la institución, la directora de Gabinete de la adjunta primera, Mª José Pastor, y el director del Área de Seguridad y Justicia, Andrés Jiménez.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se ha reunido este jueves con un grupo de 60 alumnos de 4º Curso de la Academia de Oficiales de la Guardia Civil (AOGC), que han visitado la institución como parte de su programa de estudio.

El Defensor saludó y conversó con los futuros oficiales de la Benemérita, que cursan sus estudios en el Centro Universitario que la Guardia Civil tiene en Aranjuez.

Los cadetes acudieron acompañados por la teniente coronel María Soledad Gómez, jefa de estudio de Grado, y por la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III, Laura Baamonde. Tras su encuentro con Ángel Gabilondo, recibieron una sesión informativa sobre las funciones y competencias de la institución Defensor del Pueblo.

El Centro Universitario de la Guardia Civil está adscrito a la Universidad Carlos III de Madrid y contempla, dentro de sus planes de estudio, visitas a instituciones constitucionales. Sus alumnos se gradúan como tenientes y con el título del grado universitario de Ingeniería de la Seguridad.

El Ararteko admitió a trámite la queja de un ciudadano en representación de la Asociación Alianza Contra la Corrupción, en la que mostraba su disconformidad ante el incumplimiento por el Ayuntamiento de Ermua de una resolución de la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública.

Analizada la queja y una vez recabada, también, la opinión del Ayuntamiento de Ermua, el Ararteko le recomendó que cumpliera la resolución de la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública y que respondiera a la solicitud de la entidad reclamante.

Posteriormente, la entidad local informó al Ararteko que la Alcaldía había dictado un decreto como respuesta a la solicitud de acceso a la información presentada por la asociación y en atención a la resolución de la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública.

El Ararteko considera que la actuación del Ayuntamiento de Ermua se ha ajustado a lo recomendado.