El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha comparecido este martes en el Congreso de los Diputados, ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, para presentar el Informe anual de la actividad de la institución en 2024.

Ángel Gabilondo, que ha acudido a la Cámara Baja junto a la adjunta primera, Teresa Jiménez-Becerril, y la adjunta segunda, Patricia Bárcena, ha destacado que los ciudadanos hacen llegar a la institución su preocupación por la lentitud de la Justicia y por las deficiencias en los servicios de salud. “Con sus quejas reclaman a las administraciones mayor celeridad en la Justicia y mejoras en los servicios de salud”.

Más de 34.000 expedientes

En 2024, la institución Defensor del Pueblo tramitó 34.629 expedientes, de los que 34.402 fueron quejas, 185 actuaciones de oficio ante las diferentes administraciones y 42 solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional. Además, la institución atendió personalmente a 35.733 ciudadanos: 34.115 de ellos mediante llamadas telefónicas y 1.618 de manera presencial.  

Asimismo, se formularon 2.501 resoluciones dirigidas a las administraciones estatal, autonómica y local. De ellas, 1.190 fueron recomendaciones, 843 fueron sugerencias, 464 recordatorios de deberes legales y cuatro advertencias.

Los asuntos relacionados con la Administración de la Justicia, la Seguridad Social, la Función Pública, asilo, migraciones, Interior, Educación, Economía o Sanidad, protagonizaron el mayor número de quejas. Un año más, las comunidades desde las que más escritos se recibieron fueron las de Madrid (8.031), Andalucía (4.155), Cataluña (3.441) y Valencia (3.231).

Principales actuaciones en 2024

Durante su intervención, Ángel Gabilondo ha repasado las principales actuaciones de la institución en 2024.

En materia de Sanidad el Defensor del Pueblo se ha referido a la salud mental para adolescentes y jóvenes. En su opinión, “resulta imprescindible incrementar el número de profesionales y recursos terapéuticos especializados para que las familias, ante los primeros síntomas, puedan acudir con prontitud a un especialista sin esperas prolongadas de citas”, problema que se da en la actualidad. 

En lo relativo a la vivienda, Ángel Gabilondo ha insistido en la necesidad de mantener y mejorar los programas de ayudas al pago del alquiler y en que los procedimientos de adjudicación de viviendas públicas deben ser ágiles y transparentes. Y dado el incremento sostenido de los precios del alquiler, las administraciones públicas deberían utilizar las herramientas de la vigente Ley de Viviendas. También ha señalado que las viviendas públicas protegidas deberían estar sujetas a protección permanente.

El Defensor del Pueblo ha mencionado la actuación iniciada con todas las administraciones autonómicas por los problemas de retrasos para la valoración de la discapacidad. La inclusión del alumnado con discapacidad en las actividades y los servicios de ámbito extraescolar, así como el apoyo a las familias de personas con discapacidad en los ámbitos tributarios y social, han sido asuntos a los que ha aludido Ángel Gabilondo en su intervención ante los diputados y senadores.

El Defensor del Pueblo ha subrayado la necesidad de protección específica de las mujeres mayores víctimas de violencia de género, que, en muchas ocasiones, tienen dificultades añadidas para salir de la situación del maltrato y recobrar sus vidas. Y ha recordado que en 2024 la institución publicó el informe Violencia vicaria de género. Las otras víctimas, donde se recogieron líneas de actuación y recomendaciones dirigidas a las administraciones competentes para mejorar los servicios de atención a los menores, así como para prevenir y reparar más eficazmente esta forma de violencia contra la infancia y la adolescencia.

Otro asunto relevante de su exposición en la Comisión ha sido el relativo a las personas desaparecidas en su intento de llegar a las costas españolas. El Defensor del Pueblo ha aseverado que, en materia migratoria, la institución ha solicitado información sobre el estado de los trabajos de elaboración del protocolo de actuación ante la llegada de grandes contingentes de personas migrantes a las costas españolas, y ha tramitado numerosas quejas relacionadas con los recursos del sistema de acogida humanitaria. 

Efectos indeseados e injustos

Sobre las quejas recibidas por reintegro de prestaciones sociales por cobro indebido, Ángel Gabilondo ha explicado las actuaciones iniciadas con las administraciones competentes. El Defensor del Pueblo ha indicado que, teniendo en cuenta la doctrina jurisprudencial más reciente del Tribunal Supremo, considera que ha llegado el momento de revisar la Ley General de la Seguridad Social -artículo 55- para paliar los efectos indeseados e injustos que estos procedimientos de reintegro pueden causar a las personas y familias necesitadas y vulnerables.

Por otra parte, ha recordado la publicación del informe monográfico Retos de la inclusión financiera. Servicios bancarios y personas vulnerables, con 32 recomendaciones a las administraciones competentes.

Los retrasos en la implantación de las zonas de bajas emisiones (ZBE) ha sido objeto de seguimiento por parte de la institución. Ángel Gabilondo ha apuntado que la institución ha formulado recomendaciones a 33 ayuntamientos que pueden hacerse extensibles a todos los municipios obligados por ley a implantar una ZBE.

El Defensor del Pueblo ha destacado en su comparecencia las actuaciones de seguimiento realizadas por la institución para ver la evolución de calidad de los servicios de Cercanías en Madrid y Barcelona, capitales que han concentrado la gran mayoría de las quejas recibidas al respecto.

Cuatro años sin electricidad

Ángel Gabilondo ha hecho mención especial a la situación de extrema vulnerabilidad en la que viven habitantes de la Cañada Real Galiana, que desde hace más de cuatro años no disponen de suministro eléctrico. En este sentido, ha enumerado las actuaciones, recomendaciones, propuestas y las reuniones con distintos colectivos que ha llevado a cabo la institución. Algunas de ellas este mismo año.

El Defensor se ha referido también a la actividad realizada por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP), que en 2024 realizó 26 visitas a lugares de privación de libertad que derivaron en 203 recomendaciones, 300 sugerencias y 11 recordatorios de deberes legales.

Ángel Gabilondo ha recalcado que el Informe anual 2024 recoge una actualización del Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos.  La misma no supone una modificación de las conclusiones y recomendaciones del Informe y habrían de ser, a juicio del Defensor del Pueblo, objeto de deliberación para la adopción de medidas concretas que el Parlamento decida. Las víctimas esperan y demandan una respuesta necesaria.

En su intervención, Ángel Gabilondo ha repasado las acciones de carácter internacional en las que la institución participa como miembro de organizaciones que aglutinan a ombudsman de otras regiones. El Defensor del Pueblo, reacreditado en 2024 como Institución de Derechos Humanos por Naciones Unidas, es además institución referente para las organizaciones multilaterales de derechos humanos.

*El Informe anual 2004 y sus anexos puede consultarse en la web del Defensor del Pueblo www.defensordelpueblo.es

Local authorities across England will today be receiving their annual complaints data from the Local Government and Social Care Ombudsman.

This data is published on the Ombudsman’s updated online map giving details for each authority of the volume of complaints dealt with, complaints upheld, satisfactory remedies already provided, and compliance with Ombudsman recommendations.

This year the Ombudsman has released the data sooner to support councils in providing more comprehensive information on the complaints they receive for people in their area to scrutinise.

The Ombudsman’s data for 2024-25 shifts the emphasis from percentages (in upheld, satisfactory remedies and compliance) to include absolute numbers of complaints. This follows feedback from local authorities about how useful the data can be and helps to provide additional context for those looking at councils’ performance.

Local Government and Social Care Ombudsman, Ms Amerdeep Somal said:

“We are releasing this data today in response to councils’ requests to receive information earlier to help with their own reporting cycles on the complaints they receive.

“We will continue to publish more detailed national and regional data analysis, alongside our annual review of complaints and associated spreadsheets, in July.”

Article date: 21 May 2025

News - Date Friday | 23 May 2025
Case 983/2025/MAS - Opened on Wednesday | 21 May 2025 - Institution concerned European Commission - Country Belgium

• Complaint submitted 18/04/2025

• Analysis of the complaint 22/04/2025

• Inquiry ongoing 21/05/2025

The European Ombudswoman Teresa Anjinho has opened an inquiry concerning how the European Commission prepared a legislative proposal as part of its omnibus package of simplification measures.

The decision to open an inquiry follows a complaint by eight civil society organisations who argue that the Commission breached its Better Regulation Guidelines by failing to justify why it did not carry out a public consultation or impact assessment on the draft legislation.

The complainants also argue that the Commission should have conducted a climate consistency assessment as foreseen by the European Climate Law.

At this stage of the inquiry, the Ombudswoman has asked the Commission a series of questions. They centre on the stakeholder consultations listed by the Commission in the explanatory memorandum accompanying its legislative proposal.

They include a request for more detail about which companies and stakeholders were invited to meetings with the Commission in early February 2025 and using what criteria.

The Commission is also asked to explain its decision not to carry out a public consultation.

This complaint is the third received by the Ombudsman's Office in relation to whether the Commission has followed the necessary rules as it prepares legislative proposals.

Of the two other complaints, one led to an inquiry (ongoing) concerning how the Commission prepared a proposal to amend legislation related to the Common Agricultural Policy and the other is still in the initial assessment stage by the Ombudsman's Office.

Deputy Ombudsman Saša Rajić and advisor Anica Tomšić participated in the meeting of the South East Europe NPM Network (SEE NPM) in Ljubljana on 13 and 14 May 2025.

During these two days, representatives of nine national preventive mechanisms for the prevention of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (NPMs) from the region shared their experiences on the implementation of the European Commission Recommendation 2022 (C(2022) on the procedural rights of pre-trial detainees, and on the second day, a site visit was held to visit the construction site of a new prison in Ljubljana.

At the end of the meeting, conclusions were drawn, emphasizing that pre-trial detention should be used as a measure of last resort, subject to periodic judicial review, and that alternative measures should be systematically considered for minor crimes or when vulnerable groups are involved. The competent authorities should ensure that pre-trial detainees have effective access to a lawyer and a professional interpreter during their deprivation of liberty. NPMs can contribute to better respect for the procedural rights of pre-trial detainees by monitoring and reporting on the situation and conditions where violations of procedural rights may create risks of torture and ill-treatment. During the meeting, NPM representatives also visited the construction site of a new prison in Ljubljana. The meeting was organized by the NPM of Slovenia, which chairs the Network this year. You can find out more about the work of the Ombudsman institution through the NPM mandate here and here (in Croatian).

El Defensor del Pueblo ha iniciado una actuación para reclamar a las administraciones que afronten conjuntamente, y lo antes posible, la situación de las personas vulnerables que pernoctan en el Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid Barajas en condiciones precarias. Así, ha solicitado información al Ayuntamiento de Madrid y ha ampliado una actuación abierta desde el mes de marzo con Aena para que explicaran cómo tienen previsto abordar esta situación de emergencia social.

Asimismo, Ángel Gabilondo propone mantener un encuentro tanto con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, como con el presidente de AENA, Maurici Lucena, con el objetivo prioritario de atender las necesidades de esas personas y garantizar sus derechos fundamentales, en definitiva, para tratar la situación de los cientos de personas que cada noche duermen en las distintas terminales del aeropuerto.

La institución lleva meses preocupada por esta problemática que se da en varios aeropuertos españoles pero que adquiere especial gravedad en las instalaciones aeroportuarias de Barajas.

Ángel Gabilondo visitó, la noche del pasado 15 de mayo, la terminal cuatro de Barajas y tuvo la oportunidad de comprobar in situ la situación de las personas que duermen, algunos desde hace meses, en el aeropuerto. Conversó con algunas de ellas y pudo conocer de primera mano sus casos.

El Defensor de Pueblo se reunió, también, el 16 de mayo, con miembros de la Mesa de la Hospitalidad de la Diócesis de Madrid que le hicieron entrega de un estudio, elaborado por ellos, en el que se analiza la realidad de las personas que pernoctan actualmente en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

La institución Defensor del Pueblo solicita al Ayuntamiento de Madrid concretamente información sobre la intervención que vienen realizando los servicios sociales municipales para atender adecuadamente a las personas sin hogar presentes en las terminales del aeropuerto de Madrid-Barajas, y sobre el resultado de la coordinación establecida con la entidad de gestión aeroportuaria y el resto de las administraciones concernidas.

Por otra parte, Ángel Gabilondo se vuelve a dirigir a AENA, tras haberlo hecho el 13 marzo como consecuencia de trabajos previos iniciados en el mes de febrero, en relación a la situación de las personas que habitan y pernoctan en las instalaciones de los distintos aeropuertos del Estado, fundamentalmente persona sin hogar, y prioritariamente en los aeropuertos del Prat y Barajas Y pregunta por el resultado de sus actuaciones durante estos meses.

Asimismo, en esta ampliación de actuaciones se solicita a AENA información acerca de las medidas anunciadas sobre control reforzado de los accesos de personas a las instalaciones del aeropuerto de Barajas, en horario nocturno. Interesa al Defensor del Pueblo conocer el alcance de la medida anunciada y su fundamento jurídico.