El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha sido entrevistado este miércoles en el programa ‘La Noche en 24 horas’, que dirige y presenta el periodista Xabier Fortes, en RTVE.

Uno de los asuntos que ha protagonizado la entrevista ha sido el “Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos”, Una respuesta necesaria, que fue entregado por el Defensor del Pueblo a la presidenta de las Cortes Generales, Francina Armengol, el pasado 27 de octubre y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 2 de noviembre.        

Ángel Gabilondo destacó que tenemos que reconocer como sociedad que los abusos en la infancia y en el ámbito familiar son “un asunto de gran alcance y de enorme gravedad”, pero incidió en que ello “no quita peso al abuso sexual en el ámbito de la Iglesia”. Así, el Defensor se mostró contundente al afirmar que “hay que aceptar que los abusos en el ámbito de la Iglesia católica han sucedido. Pensar en las víctimas, poner el acento en ellas y trabajar en su reparación”.

En esta línea, afirmó que ahora le corresponde al Parlamento “hacer un debate y tomar decisiones sobre las conclusiones y recomendaciones expuestas” y remarcó que la reparación a las víctimas debe ser económica, a través de un fondo estatal financiado también por la Iglesia, y de un acto público de reconocimiento. Además, señaló que para prevenir que esto no vuelva a ocurrir es necesario profundizar en la formación de las personas que tratan con menores y concluyó que “este no es un debate entre creyentes y no creyentes”.

Sobre las protestas que los agricultores están realizando en toda España, Ángel Gabilondo aseguró que la institución no ha recibido quejas sobre este asunto, pero ha instado a escuchar sus reivindicaciones: “somos mediadores y siempre hay que escuchar al ciudadano, saber qué le pasa. Y pido que se haga.”, enfatizó.

Preguntado acerca de la situación en la Cañada Real, que lleva más de tres años sin suministro eléctrico, el Defensor lamentó “el espectáculo bochornoso y lamentable” de esta situación e instó a “encontrar una solución institucional lo antes posible”.

Sobre la futura Ley de Amnistía, Ángel Gabilondo apuntó que hay que dejar que el Parlamento elabore la Ley. Según aseguró, “el Defensor del Pueblo no puede intervenir ni interferir. El Defensor se pronunciará, si procede, cuando haya Ley”.

Entidades defensoras de los derechos humanos denuncian una cierta relajación en el cumplimiento de esta obligación

La síndica defiende que la identificación es un sistema de garantía para los ciudadanos, pero también para la propia policía
 

Cuatro asociaciones de defensa de los derechos humanos (Amnistia Internacional, Som Defensores, Novact y Irídia) se han dirigido a la institución para exponer su preocupación ante un supuesto relajamiento de las obligaciones de identificación de los agentes de los Mossos d'Esquadra cuando llevan a cabo funciones de orden público.

En concreto, las asociaciones denuncian que, en al menos ocho ocasiones desde septiembre de 2023, en el transcurso de movilizaciones sociales, una parte importante de los agentes no iban correctamente identificados con su correspondiente número de operativo policial (NOP) en la parte posterior del chaleco.

La obligatoriedad de llevar el NOP en la parte posterior está vigente desde 2013, y se han ido haciendo avances significativos: en la actualidad se prevé que el código NOP debe ser visible en 360 grados, es decir, que debe estar situado en la parte delantera, trasera y en el lateral del uniforme.

La identificación visible de los miembros de los cuerpos policiales lleva tiempo defendiéndose desde la institución del Síndic de Greuges, ya que es un sistema de garantía tanto para la ciudadanía como para los agentes. En los casos en los que las funciones de orden público supongan tener que hacer uso de la fuerza, la identificación correcta de los agentes permite poder depurar responsabilidades en caso de mala praxis y no dejar causas impunes por falta de identificación. Asimismo, también puede ser una garantía para los propios agentes ante posibles denuncias falsas.

Para estudiar a fondo las denuncias de estas cuatro entidades, la síndica se ha dirigido a la Dirección General de la Policía y ha pedido información sobre los motivos por los que los agentes no iban correctamente identificados durante las movilizaciones sociales a las que se referían las entidades. También ha recordado la normativa aplicable y ha pedido que se adopten las medidas oportunas para respetarla.

La adjunta de Igualdad de la Diputación del Común se reunió con representantes de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Santa Cruz de Tenerife para abordar la problemática de las camareras de piso

La adjunta de Igualdad de la Diputación del Común, Beatriz Barrera, se reunió con el presidente y el gerente de Ashotel, Jorge Marichal y Juan Pablo González, respectivamente, para continuar con su análisis global de la realidad laboral de las camareras de piso como parte del compromiso adquirido con ‘Las Kellys’.

El presidente de Ashotel, Jorge Marichal, manifestó su agradecimiento a la Diputación del Común por contar con ellos en el debate sobre la situación de las camareras de piso. “Venimos con la mejor disposición para buscar soluciones a cualquier inquietud o necesidad de las personas que trabajan en el sector turístico. Estamos para dar la cara, donde hay una situación injusta o ilegal, somos los primeros en denunciarlo”, afirmó Marichal.

Beatriz Barrera se mostró agradecida por la buena disposición de la patronal de Santa Cruz de Tenerife para colaborar “abordar todas las variables de este conflicto y controlar a aquellos empresarios que incumplan la ley”.

Un ciudadano acudió al Ararteko ante la falta de falta de respuesta de URA/Agencia Vasca del Agua a una solicitud dirigida a determinar el órgano competente en exigir la retirada de unos residuos sólidos urbanos y la vegetación de ribera acumulados en el entorno de una parcela de Asparrena colindante con el cauce del río Zirauntza. 

Relató que, en junio de 2022, denunció tanto ante URA como ante el Ayuntamiento de Asparrena la existencia de una serie de residuos sólidos urbanos y un exceso de vegetación en el cauce de ese río. Expuso que esos residuos estaban obstruyendo el paso del agua del río, con la posibilidad de incrementar el riesgo de desbordamiento. Por ello, solicitó a ambas administraciones su intervención, para garantizar su retirada.

En diciembre, el ayuntamiento le informó de que había instado a los propietarios de las parcelas colindantes, con el fin de que tomaran las medidas correspondientes para su limpieza. Y en el caso de aquellos que no lo hicieran, comunicó que lo notificaría a URA, al considerar que era el organismo competente para su sanción.

Meses más tarde, URA le confirmó la existencia de los residuos urbanos acumulados, y le dio cuenta de las actuaciones seguidas por esa agencia ante el Ayuntamiento de Asparrena para actuar sobre los residuos, así como de las actuaciones municipales para requerir a los propietarios de las parcelas la reposición del terreno.

En mayo de 2023, el interesado volvió a dirigirse a URA reiterando su denuncia. También solicitó información sobre la normativa aplicable y sobre quién era la administración competente para actuar en ese caso.  

Transcurrido más de un mes desde esa solicitud, el reclamante no había recibido una respuesta expresa y acudió al Ararteko.

Tras analizar la queja esta institución recomendó a URA que impulsase las medidas correspondientes para responder a las denuncias presentadas por la acumulación de residuos en el entorno del cauce del río Zirauntza a su paso por Asparrena y que ejerciera las funciones de inspección y policía, para garantizar la eliminación de todos los residuos depositados que degradaran el ecosistema fluvial.

Recientemente, el Ararteko ha recibido un informe de la Agencia Vasca del Agua/URA en la que traslada su respuesta. En él agradece el análisis y estudio jurídico realizado por esta defensoría y reconoce la existencia de errores en la gestión del caso. También comunica que ha emitido un informe jurídico para aclarar las competencias en materia de residuos en el dominio público hidráulico. En conclusión, URA acepta la recomendación del Ararteko y se compromete a actuar para eliminar los residuos y proteger el ecosistema fluvial.

El secretario general de ‘UGT’ asegura que el problema de las camareras de piso no es retributivo, es de carga laboral

La adjunta de Igualdad de la Diputación del Común, Beatriz Barrera, tras el compromiso adquirido con ‘Las Kellys’ continúa su ronda de reuniones con los agentes implicados en el sector para encontrar una solución a las dificultades laborales de las camareras de piso.

En esta ocasión se reunió con el secretario general del sindicato ‘UGT’, Omar Rodríguez, quien es consciente de “la dificultad de establecer parámetros de productividad globales, ya que existen muchas tipologías de establecimientos hoteleros. En este sentido, creo que la patronal debe mejorar plantillas, introducir avances tecnológicos para mejorar el trabajo y diseñar habitaciones en función de criterios de productividad, entre otras medidas”.