Alrededor de 400.000 niños catalanes se encuentran en situación de vulnerabilidad

La síndica propone trece acciones transformadoras para mejorar los déficits de las políticas públicas de infancia
 

La síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, y la adjunta de infancia, Aida C. Rodríguez, han presentado esta mañana el Informe sobre los derechos del niño del 2023 a la presidenta del Parlamento, Anna Erra. 

Este informe da cumplimiento a la previsión establecida en la Ley 14/2010, de 27 de mayo, de los derechos y oportunidades en la infancia y la adolescencia, de elaborar anualmente un informe específico sobre la situación de la infancia en Cataluña­. Este año se proponen trece acciones transformadoras para romper el círculo de la vulnerabilidad e incorporar a la Estrategia de lucha contra la pobreza infantil en Cataluña, que fue aprobada por el Gobierno el pasado mes de octubre.

Alrededor de 400.000 niños se encuentran en situación de vulnerabilidad, con limitaciones en sus oportunidades de desarrollo, lo que les hace merecedores de una atención prioritaria

El informe analiza la evolución de los principales indicadores de vulnerabilidad y se constata su mejora en algunos: se han reducido el abandono escolar prematuro y los problemas de salud mental. Sin embargo, el informe pone el foco en el 30 % de niños que todavía se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, el informe parte de la concepción de que la vulnerabilidad supone una limitación en las oportunidades de desarrollo de niños y adolescentes, más allá de la ausencia de recursos económicos. Esta vulnerabilidad es especialmente elevada en determinados colectivos, como los niños en situación de pobreza, los niños migrantes, los niños en situación de riesgo o desamparo, los niños con discapacidad y los niños con problemas de salud mental, especialmente los adolescentes. La situación de estos niños se ve agravada por las desigualdades sociales, que impactan en cada caso en los ámbitos específicos que les afectan: salud mental, dificultades en el aprendizaje, acceso a la educación y el ocio, abuso de los dispositivos electrónicos...

Así, por ejemplo, los niños entre cero y tres años de nacionalidad extranjera tienen una menor escolarización (14,9 %) que los niños de nacionalidad española (52,4 %). Además, los niños socialmente desfavorecidos tienen un menor rendimiento en las pruebas de competencias (48,2 %) que los niños socialmente favorecidos (10,5 %), tienen más problemas de salud mental (16,2 % frente a 9,7 %), acceden menos al ocio (solo el 26,8 % de los niños socialmente desfavorecidos participan en actividades no deportivas, contra el 54,9 % de los niños socialmente favorecidos) o hacen un uso más abusivo de la tecnología (el 52 % pasan más de dos horas diarias en las pantallas contra el 37% de los niños socialmente favorecidos).

A pesar de la atención prioritaria que requieren, las actuales políticas de infancia tienen dificultades para dar respuesta a esta realidad, por tres motivos principales: déficits de focalización, déficits de cobertura y déficits de consistencia.

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El Diputado del Común se reunió con madres afectadas por la interrupción del servicio de cuidado y apoyo escolar a menores que proporcionaba esta asociación de forma gratuita

El Diputado del Común, Rafael Yanes, se reunió con dos madres beneficiarias de un servicio de acogida, desayuno, merienda y apoyo escolar a menores de 0 a 10 años que presta la ‘Asociación Más Familia’, Patricia Burguete y Ainara Fuentes, quienes denuncian que se ha interrumpido dejándolas sin alternativa.

La asociación presta este servicio en dos centros ubicados en Tenerife, otro en Gran Canaria y un cuarto en Lanzarote, con un centenar de familias beneficiarias que emprendieron un proceso de recogida de firmas para pedir la continuación del proyecto.

Ainara Fuentes manifestó que lamenta el perjuicio que la finalización del proyecto supone para los menores. “Les estamos cambiando el contexto al que están adaptados, privándoles del vínculo con cuidadoras y compañeros, rompiendo sus rutinas”.

Este servicio se ha ofrecido de forma intermitente durante varios años con una duración, esta vez, de mes y medio, lo que ha supuesto un problema de conciliación para las familias, que no pueden asumir el pago de un centro infantil privado.

El Diputado del Común, Rafael Yanes, afirmó que es necesario desarrollar en su integridad la ‘Ley de Servicios Sociales’ aprobada en 2019, que prevé la posibilidad de que este tipo de proyectos tengan carácter plurianual para garantizar su continuidad. Asimismo, señaló la importancia de este tipo de servicios para facilitar la conciliación de las familias en un momento en el que la natalidad tiene una tendencia descendente.

La compañía Endesa ha presentado al Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, la plataforma digital Confía, destinada a agilizar los plazos de respuesta y ayuda en la tramitación de cortes del suministro eléctrico por impago.

La plataforma permite trasladar a los servicios sociales de los ayuntamientos adheridos al programa una alerta sobre los clientes que han incurrido en impagos, con el fin de proporcionar asistencia social de la manera más ágil posible. Para ello, el cliente debe autorizar el acceso a sus datos de manera previa. Este sistema ya está accesible en Andalucía con la experiencia pionera del Ayuntamiento de Málaga.

Rafael Sánchez Durán, director general de Endesa para Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, ha solicitado colaboración al Defensor del Pueblo andaluz para promocionar esta herramienta destinada a evitar cortes de luz en personas que puedan requerir ayuda por su vulnerabilidad.

La información está disponible en el siguiente enlace.

El Ararteko le pide que analice el cobro del canon a personas distintas de las usuarias de la vía A-636 producido por la vinculación automática de matrículas y tarjetas bancarias, para evitar cobros indebidos. También le pide que modifique la norma reguladora del canon, con el fin de aportar seguridad jurídica y licitud al tratamiento de datos personales

El Ararteko admitió a trámite la queja de un ciudadano en la que mostraba su disconformidad por los cobros del canon efectuados por Bidegi en el tramo entre Beasain-Bergara de la autovía A-636. El Departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Gipuzkoa implantó un sistema de peaje y de pago exclusivamente electrónico del canon en la citada vía, cuya gestión, explotación y exacción se encuentra atribuida a la sociedad foral Bidegi.

Una de las formas de pago habilitadas consiste en que, si un usuario transita por el peaje de Zarautz o Bergara sur y paga con tarjeta bancaria, existe un sistema de captura masiva de matrículas que vincula la tarjeta bancaria a ese vehículo y almacena los datos temporalmente. Así, si posteriormente se circula entre Beasain y Bergara, el cargo se imputará a esa tarjeta, porque el arco electrónico de la vía A-636 contrasta matrículas y medios de pago. La Diputación acude a la fórmula de pago descrita si el sistema no detecta un dispositivo ViaT o matrícula y tarjeta dada de alta en la web de Bidegi.

El reclamante pagó un peaje con su tarjeta bancaria, pero iba como pasajero en un vehículo que no era suyo. De este modo, ese vehículo siguió circulando después entre Beasain y Bergara y se le imputaron los cargos a su tarjeta, cuando realmente no fue usuario de la vía. Los cobros indebidos fueron reclamados a Bidegi, si bien la entidad foral indicó que era un problema entre particulares. El Ararteko considera que el tratamiento y vinculación automática de datos personales de matrículas y tarjetas lo realiza la Administración.

Se trata de un supuesto no regulado en la normativa foral, por lo que el Ararteko estima oportuno recomendar que se analice previamente este método, con el fin de evitar cobros indebidos. Además, se requiere regular la captación de datos personales así realizada por la Administración, con objeto de proporcionar licitud a la misma con base en el interés público perseguido.

Por otro lado, durante las actuaciones practicadas no se detectó un registro de actividades de tratamiento de datos del Departamento de Infraestructuras Viarias. Por ello, se recomienda la publicación del registro, para facilitar la consulta de los concretos datos captados, fines y licitud aplicables al supuesto.

En definitiva, el Ararteko recomienda que la Administración analice el cobro del canon a personas distintas de las usuarias de la vía A-636 producido por la vinculación automática de matrículas y tarjetas bancarias, y que modifique la norma reguladora del canon, con el fin de aportar seguridad jurídica y licitud al tratamiento de datos personales.

RESOLUCIÓN

Vitoria-Gasteiz, 31 de enero de 2024

Con motivo de la celebración del Día Europeo de la Mediación, La Universidad de León organizó una Jornada en la que se celebraron varias Mesas Redondas, una de las cuales, sobre ¨Una mirada al futuro con la mediación como sistema de resolución de conflictos¨, fue moderada por el Procurador del Común de Castilla y León.