En 2025 la institución ha registrado más de 25.000 actuaciones, una cifra récord
Destaca el crecimiento de las quejas en materia social
El informe publica cifras que evidencian que la Administración está tensionada, es lenta, no da respuesta a las necesidades de los ciudadanos y ha perdido la capacidad de llevar a cabo transformaciones profundas
La institución del Síndic de Greuges de Cataluña ha presentado hoy el informe anual correspondiente a 2025, el documento que recoge toda la actividad de supervisión de las administraciones públicas y el estado de los derechos de la ciudadanía.
El informe concluye que la Administración pública actual se encuentra en un final de ciclo y que, por tanto, es imprescindible repensar el modelo para adaptarlo a los nuevos retos sociales, demográficos y tecnológicos de la Cataluña actual: "No se trata de adoptar medidas aisladas. Estamos hablando de una transición profunda –estructural, cultural y de largo alcance– para que la Administración recupere su razón de ser: servir a la ciudadanía", ha manifestado la síndica.
Una señal inequívoca de que la Administración actual no responde a las necesidades actuales es que la institución ha recibido más quejas que nunca. Durante 2025, se han registrado más de 25.000 actuaciones, el mayor volumen de la historia de la institución, con 13.646 quejas, 11.428 consultas y 213 actuaciones de oficio.
Este crecimiento es muy significativo en derechos sociales (por primera vez concentran más de la mitad de las quejas, un 50,1 %):
- Servicios sociales, con un aumento de las quejas del 61,6 %
- Vivienda, del 52,4 %
- Salud, del 43 %
- Infancia y adolescencia, del 40,1 %
- Educación, del 19,1 %
Conviene destacar también el incremento registrado en transporte y movilidad (51,6 %), especialmente por las quejas relacionadas con el funcionamiento de Cercanías (578 quejas, un 136 % més que en 2024). En cuanto a la finalización, se detectan irregularidades en el 43,3 % de las quejas, y la Administración ha aceptado, total o parcialmente, el 92,3 % de las recomendaciones y sugerencias.
Un sistema tensionado frente a necesidades sociales más complejas
El informe pone de manifiesto diversas paradojas en el funcionamiento actual de la Administración. Para empezar, pese al aumento de los recursos destinados a políticas sociales, ha aumentado la presión asistencial y la sensación de desbordamiento de los profesionales de los servicios públicos básicos (servicios sociales, atención primaria de salud y centros educativos, entre otros).
En muchos casos, los procedimientos administrativos siguen siendo complejos y lentos, lo que se traduce en retrasos en el acceso a derechos y prestaciones. Además, en algunos ámbitos, las listas de espera han aumentado y se ha incrementado el tiempo de espera respecto a 2024. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, el número de pacientes en lista de espera para una intervención quirúrgica ha aumentado un 4 % (con un tiempo de espera de 148 días) y el de pacientes a la espera de pruebas diagnósticas, un 8 %. En cuanto a las personas mayores y las personas con discapacidad, las listas de espera también han aumentado: un 7 % en las residencias para personas mayores (583 días de espera) y un 6 % en los servicios residenciales para personas con discapacidad (1.991 días de espera). El tiempo de tramitación de la renta garantizada de ciudadanía ha pasado de 76 a 122 días.
También se denuncia que los controles administrativos, que se han ido multiplicando, constituyen una garantía de la legalidad, pero en algunos casos han llegado a convertirse en obstáculos para una eficacia real. Estos controles pueden llegar a ser una carga insoportable para los ciudadanos y los trabajadores públicos, que dedican un 30 % de su jornada a tareas burocráticas, lo que va en detrimento de la atención a las personas.
El informe también alerta de que muchas prestaciones sociales no llegan a todas las personas que las necesitan. Cerca del 60 % de las personas en situación de privación material extrema no perciben ni el ingreso mínimo vital ni la renta garantizada de ciudadanía.
Otra muestra de que la Administración actual ha llegado al final de su ciclo es la lentitud con la que avanzan las grandes transformaciones. Un ejemplo de ello es que la ventanilla única en el ámbito de los servicios sociales todavía no es una realidad, a pesar de que estaba prevista para 2025. En materia de medio ambiente, también falta un impulso decidido para desplegar las energías renovables. Y en materia de vivienda, no se ha promovido lo suficiente la creación de un parque de vivienda social estable (hay 40.000 viviendas sociales, pero cerca de 120.000 personas inscritas en el Registro de solicitantes) ni un parque de viviendas para atender las situaciones de emergencia residencial (el número de familias pendientes de asignación de una vivienda ha aumentado un 23,4 %).
Otro elemento que merece ser mencionado es que, en la Administración actual, los elementos organizativos a menudo prevalecen sobre el interés general. Un ejemplo de ello es que los procesos de estabilización y los concursos de traslados han dejado a muchos equipos sin suficientes efectivos o sin personal con formación especializada, lo que ha tenido consecuencias directas para los ciudadanos. Así, los equipos directivos de muchos centros educativos de elevada complejidad y servicios de protección a la infancia se han visto descapitalizados. La gestión de la renta garantizada de ciudadanía también se ha visto afectada, lo que se ha traducido en más demoras.
Otro síntoma de esta Administración obsoleta es que se han consolidado situaciones que, a criterio de la institución, no pueden normalizarse: cerca de 300 niños tutelados menores de seis años viven en centros residenciales; cerca de 5.000 personas con discapacidad y más de 2.000 personas con enfermedad mental están en lista de espera para acceder a un servicio residencial, con una espera de más de cinco y tres años, respectivamente; más de una de cada diez personas ocupadas se encuentra en situación de riesgo de pobreza...
El fenómeno del sinhogarismo también está cada vez más presente en nuestras ciudades (más de 6.700 personas viven en la calle o en asentamientos en Cataluña). Ante esta situación, a finales de 2025, la institución puso en marcha la Mesa Institucional para el Abordaje del Sinhogarismo, con el objetivo de incentivar que todos los agentes actúen de forma coordinada para encontrar soluciones efectivas a esta problemática.
Como dato positivo, destaca que la criminalidad se ha reducido un 2,7 %. Además, somos un país seguro en lo que se refiere a los delitos más graves, como los homicidios, lo que nos sitúa en la cola de los países europeos. La mayor parte de los delitos corresponden a hurtos y robos, aunque también se han reducido, un 4,5 %. Sin embargo, la síndica se muestra preocupada por la cifra de feminicidios registrada en 2025.
Una nueva transición administrativa
Ante este escenario, el informe plantea la necesidad de llevar a cabo una nueva transición para que la Administración pública recupere su misión. Esta profunda transformación debe basarse en la simplificación de los procedimientos, la atención personalizada, la proximidad con la ciudadanía y el uso ético y eficiente de la tecnología.
La síndica concluye que esta transformación solo podrá llevarse a cabo mediante un gran acuerdo de país: un consenso entre actores políticos, institucionales y sociales para construir una administración pública del siglo XXI, capaz de garantizar de manera efectiva los derechos de la ciudadanía del siglo XXI.
Igual que el año anterior, se puede consultar el web explicativo del informe con acceso a los datos abiertos de la institución.