El Ararteko ha aprobado una nueva Carta de Servicios, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco el 31 de diciembre de 2025 y en vigor desde el pasado día 1 de enero.

La Carta de Servicios es el documento que recoge los servicios que la institución del Ararteko presta a la ciudadanía, así como los compromisos de calidad que asume en la atención, orientación y tramitación de quejas y otras actuaciones.

La nueva Carta actualiza la anterior y refuerza la transparencia y la rendición de cuentas, incorporando, entre otras novedades:

•    La definición de tres niveles de atención: atención inicial, orientación técnica y asesoramiento especializado.
•    Compromisos claros y medibles, tanto en plazos como en satisfacción ciudadana.
•    Una relación detallada de los derechos y obligaciones de las personas usuarias.
•    Un sistema anual de seguimiento y mejora continua, cuyos resultados se publicarán en la web del Ararteko y se integrarán en su Informe Anual al Parlamento Vasco.

Con esta actualización, la institución del Ararteko reafirma su compromiso de ofrecer un servicio público cercano, transparente y de calidad, al servicio de los derechos de la ciudadanía y de la buena administración.

Consulta la Carta de Servicios vigente en: https://ararteko.eus/es/carta-de-servicios

Vitoria-Gasteiz, 14 de enero de 2026

El informe anual de transparencia constata que en los últimos diez años se han producido avances significativos, pero alerta de que la falta de recursos humanos y materiales, así como el desequilibrio territorial, limitan su efectividad

El informe presenta diez propuestas para modificar la normativa y conseguir una Administración más transparente y orientada a generar impactos positivos en la ciudadanía
 

Hoy se ha publicado el noveno Informe anual sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, correspondiente a 2024, que evalúa el cumplimiento de la Ley 19/2014.

Diez años después de la entrada en vigor de la Ley, el balance es claro: el modelo catalán de transparencia ha avanzado, pero todavía presenta carencias estructurales que limitan su eficacia. En este contexto, la síndica pone de manifiesto que es el momento de hacer balance, de ir más allá del cumplimiento estrictamente normativo y de revisar el modelo de gobernanza de la transparencia para adaptarlo y mejorarlo. Además, destaca que la eficacia de la transparencia requiere la implicación real de todos los agentes económicos y sociales, tanto del sector público como del privado.

Este año, el 88,6% de las 1.007 administraciones y entes receptores de fondos públicos a los que se les ha solicitado información la han proporcionado, el segundo porcentaje más alto de la serie histórica.

Pocos recursos para una exigencia creciente

Una de las principales alertas del informe es la insuficiente dotación de recursos humanos y económicos. El 64 % de las administraciones catalanas no cuenta con ninguna persona destinada a jornada completa a las tareas de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Además, solo el 17,4 % ha creado una unidad de información específica, tal y como establece el Decreto 8/2021, de 9 de febrero, sobre la transparencia y el derecho de acceso a la información pública.

Esta escasez de recursos se produce en un contexto de incremento sostenido de las solicitudes de acceso a la información pública, que aumentan a un ritmo superior al 30 % anual y suponen una mayor carga especialmente para las organizaciones con menor capacidad.

Municipios rurales: la doble velocidad de la transparencia

El informe vuelve a poner de manifiesto la doble velocidad territorial en el cumplimiento de la normativa en materia de transparencia. Los municipios rurales, especialmente los más pequeños, son los que tienen mayores dificultades para cumplir con las obligaciones legales, debido tanto a la falta de recursos como a las limitaciones de su estructura organizativa.

Resultados de la evaluación de los principales ámbitos

Transparencia: publicidad activa y acceso a la información pública

Los portales de transparencia de la mayoría de administraciones territoriales incluyen el contenido mínimo establecido por la normativa. Sin embargo, el grado de cumplimiento es menor en las administraciones municipales con menos habitantes y en los organismos dependientes. Aunque se ha avanzado significativamente en publicidad activa, la síndica insiste en la necesidad de dar un paso más y mejorar tanto el contenido como la accesibilidad de esta información. Así, por ejemplo, todavía existe margen de mejora en aspectos como la accesibilidad, la actualización y la capacidad de reutilización de la información publicada.

En lo que respecta a los portales de transparencia de los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales, estos presentan más carencias, sobre todo en lo referente a la información económica y de contratación.

Respecto a las solicitudes de acceso a la información pública, el informe destaca un incremento del 28 % respecto al año anterior. El aumento más significativo se ha producido en los municipios pequeños, que tienen menos recursos para atender las solicitudes. Tanto la Generalitat como el Consorcio Administración Abierta de Cataluña están haciendo esfuerzos para cumplir con los requerimientos que la institución del Síndic de Greuges ha hecho en años anteriores, por lo que ha disminuido el número de administraciones que exigen incluir una motivación al presentar una solicitud, que actualmente se sitúa en un 3,2 %.

Buen gobierno

El buen gobierno es el conjunto de principios y prácticas orientados a garantizar una Administración pública íntegra, responsable y eficaz, enfocada a satisfacer las necesidades y derechos de la ciudadanía.

Los datos muestran que solo el 44 % de las administraciones han aprobado un código de conducta para los altos cargos. De las que lo tienen, la mayoría no publican el seguimiento de su aplicación ni de las medidas antifraude previstas.

Además, la cultura de la evaluación sigue siendo una asignatura pendiente para las administraciones públicas: solo el 6,4 % dispone de indicadores de evaluación y el 13 %, de cartas de servicio. Respecto a las cartas, se constata que, principalmente, están pensadas para informar sobre los servicios que ofrece la administración, pero no incluyen los compromisos ni los resultados de la evaluación de estos servicios.

En cuanto a la calidad normativa, solo el 12 % de las administraciones elabora un plan con las iniciativas normativas que deberían aprobarse el próximo año. La evaluación normativa tampoco forma parte de las dinámicas de trabajo de la gran mayoría de las administraciones.

Gobierno abierto

Durante 2024, las administraciones recibieron un 24 % más de propuestas, sugerencias y opiniones de la ciudadanía, las empresas y el tercer sector. A pesar de este incremento, todavía hay mucho margen de mejora para fomentar la participación ciudadana en la definición, aplicación y evaluación de las políticas públicas.

Registro de grupos de interés

El informe alerta de un retroceso significativo, del 24 %, en el número de reuniones registradas con los grupos de interés y concluye que este es el ámbito en el que menos se ha implementado la Ley 19/2014.

Revisar el modelo para ganar impacto

Tras una década de aplicación de la Ley 19/2014, la síndica concluye que es necesario revisar el modelo normativo y de gobernanza de la transparencia para adaptarlo a la realidad organizativa y territorial de Cataluña. En este sentido, entre las líneas de actuación prioritarias, destaca las siguientes:

• Adoptar una concepción integral del buen gobierno que incluya a todo el personal de las administraciones, no solo a los altos cargos, con el objetivo de prevenir las malas prácticas y favorecer una buena administración en beneficio de la ciudadanía.
• Introducir mejoras efectivas en la publicación de información sobre contratación y sobre la concesión de subvenciones y ayudas por parte de los entes públicos.
• Garantizar una aplicación efectiva del principio de equidad vertical, adaptando las obligaciones en materia de transparencia a la capacidad organizativa de cada ente.
• Establecer una regulación más sistemática de la participación ciudadana, con una definición clara de los derechos y límites de esta.
• Incorporar mecanismos de evaluación y seguimiento de las medidas de transparencia que tengan un impacto real en la mejora de la gestión pública.
• Mejorar el sistema sancionador incorporando mecanismos efectivos de reparación y justicia restaurativa en el ámbito de la gestión administrativa de la transparencia.

El Defensor del Pueblo Andaluz ejerce de anfitrión en Málaga de la reunión de funcionarios y funcionarias de enlace de la Red Europea de Defensores del Pueblo (European Network of Ombudsmen, ENO), que se celebra los días 12 y 13 de enero en el Centro Pompidou de la capital malagueña.

El encuentro reúne a representantes del Defensor del Pueblo de España, de defensorías autonómicas —Andalucía, Aragón, Canarias, País Vasco, Cataluña y Navarra—, de la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo y de delegaciones de 15 países europeos: Austria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Lituania, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia y Suecia, entre otros.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha subrayado que “las defensorías son una garantía democrática esencial en la protección de los derechos humanos y en la mejora de la actuación administrativa”, especialmente en un contexto europeo que exige más cooperación y respuestas coordinadas ante desafíos compartidos. "Europa se construye tambien en estos espacios", ha señalado Maeztu, que ha resaltado la importancia, en un mundo globalizado, de la existencia de estas defensorías.

El Defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo, ha asegurado durante su intervención que esta reunión “es un acierto en un momento decisivo para la Unión Europea y para quienes tenemos la responsabilidad de proteger los derechos fundamentales”. En su opinión, este encuentro “no es solo un foro de intercambio institucional de buenas prácticas y cooperación, es hoy más que nunca una oportunidad para analizar con lucidez el complejo contexto en el que trabajamos”.

El Defensor del Pueblo ha querido, además, remarcar que esta reunión revela “un modo de trabajo, el respeto a los acuerdos y a los consensos, la fuerza del diálogo y la necesidad de participación”. Ángel Gabilondo ha destacado que “hoy más que nunca tienen sentido estas reuniones de defensores de distintos países europeos, convencidos de que solo mediante una pluralidad de voces puede conformarse una palabra compartida que no excluya a los demás”.

La Defensora del Pueblo Europeo, Teresa Anjinho, ha agradecido la oportunidad de demostrar "el compromiso de la Defensoría en la defensa de los derechos de la ciudadanía, la justicia y los valores europeos". Anjinho ha señalado que las reuniones bianuales de esta red permiten "convertir las conclusiones en decisiones prácticas y aportar soluciones comunes a los problemas comunes" en defensa de los derechos que demanda la ciudadanía europea en asuntos como transparencia, participación democrática, empleo público y otras situaciones administrativas, en definitiva, sobre el derecho a una buena administración.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha dado la bienvenida a los participantes y ha subrayado el deber de colaboración de las administraciones con estas defensorías -clave según su experiencia de más de 25 años como alcalde- para que los gobiernos sean "mejores, transparentes y, sobre todo, honestos", al tiempo que ha destacado la necesidad de invertir en políticas educativas.

El programa a debate entre los funcionarios desplazados se centra en cómo reforzar la defensa de los derechos en la aplicación del Derecho de la Unión Europea, con una ponencia inaugural de la profesora Mariolina Eliantonio (Universidad de Maastricht) sobre procedimientos compuestos de la UE y recursos frente a vulneraciones de derechos fundamentales, y una segunda ponencia de la profesora Joana Mendes (Universidad de Luxemburgo) titulada El Derecho de la UE como conocimiento local.

Durante las sesiones de trabajo se abordan propuestas de investigaciones ENO —horizontales y verticales— en ámbitos como seguridad social de ciudadanía móvil, asilo y mecanismos de supervisión de derechos en procedimientos fronterizos, discapacidad y vida independiente, derecho medioambiental, protección ante riesgos alimentarios, derecho a una buena administración, así como cuestiones relacionadas con intercambio de datos en sistemas europeos. La agenda incluye además el seguimiento de herramientas comunes y los proyectos del 30 aniversario de la ENO en este 2026.

Die Beauftragte für die Landespolizei Rheinland-Pfalz, Barbara Schleicher-Rothmund, hat ihren Tätigkeitsbericht 2024/2025 vorgestellt und zieht damit Bilanz aus acht Jahren unabhängiger Begleitung der Polizei. Seit 2017 unterstützt sie die Polizei Rheinland-Pfalz in Fragen der Transparenz, der Führungskultur, der Rechtsstaatlichkeit und der Bürgernähe. Ziel ihrer Arbeit ist es, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in eine moderne und rechtsstaatlich handelnde Polizei nachhaltig zu stärken. „Eine rechtsstaatlich arbeitende Polizei braucht Vertrauen – und Vertrauen entsteht durch Transparenz, Dialog und die Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen“, erklärt Schleicher-Rothmund.

In den vergangenen zehn Jahren gingen insgesamt 1.656 Bürgereingaben und 291 unabhängige Eingaben aus der Polizei ein. Im aktuellen Berichtszeitraum 2024/2025 wurden 262 Neueingaben an die Beauftragte für die Landespolizei herangetragen. Diese teilten sich in 172 zulässige Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern und 16 Eingaben von Polizisten auf. 74 Eingaben wurden anderweitig behandelt. Viele dieser Hinweise führten zu konkreten Verbesserungen in internen Abläufen, Verfahren und Führungsstrukturen.

Die Einrichtung des Amtes hat gezeigt, wie parlamentarische Kontrolle, Transparenz und Bürgerbeteiligung erfolgreich miteinander verzahnt werden können. Ein Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Förderung einer Kultur der kritischen Selbstreflexion, einer offenen Fehlerkultur sowie einer Führungsverantwortung, die Lernen aus Fehlern ernst nimmt.

„Eine moderne Polizei braucht Führungskräfte, die Verantwortung übernehmen und Veränderung vorleben“, so die Beauftragte.

Das Amt versteht sich als Brücke zwischen Bürgerinnen und Bürgern, Polizei und Parlament. Durch die unabhängige Begleitung werden Herausforderungen frühzeitig erkennbar, Lösungsprozesse unterstützt und ein offener Dialog zwischen den beteiligten Akteuren gefördert. Zugleich betont Schleicher-Rothmund die unverzichtbare Rolle der Polizei Rheinland-Pfalz für Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit im Land.

Wir laden alle Interessierten ein, diesen Bericht aufmerksam zu lesen und sich ein Bild von der engagierten Arbeit der Beauftragten für die Landespolizei zu machen. Gemeinsam können wir dazu beitragen, die Sicherheit und das Wohlbefinden in unserem Land zu fördern.

Für weitere Informationen und Interviewanfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

An investigation by England’s Health Ombudsman following the death of a 67-year-old woman has triggered a systemic review of cancer treatment and diagnosis wait times at Mid and South Essex NHS Foundation Trust.

The Parliamentary and Health Service Ombudsman (PHSO) recently investigated the care of Mrs S who was treated at Broomfield Hospital, run by the Trust, in 2023.

The retired history teacher and mother-of-two from Chelmsford, had terminal ovarian cancer and died in April that year. Her son, who was 29 when his mother died, raised concerns about her care. PHSO’s subsequent investigation found there had been a delay in diagnosing and treating his mother’s cancer.

Mrs S’s diagnosis took 49 days and her treatment did not start for 81 days after the referral. NHS England targets at the time were for cancer to be diagnosed within 28 days of referral and treatment to begin within 62 days. After her son complained about his mother’s treatment, the Trust said that it had improved its performance on cancer wait times. However, PHSO’s investigation found the Trust’s performance against its treatment targets had declined.

In 2023, at the time Mrs S was being treated, the Trust failed to meet all of the NHS England cancer wait time targets. Only 47.6% of patients were treated within 62 days, compared to the national target of 85%. By July 2025, that had dropped to 46.1%. Trust figures show that at the end of August, 664 patients were waiting longer than 62 days to confirm a cancer diagnosis, or rule it out, and begin treatment.

Following its investigation, PHSO took the unusual step of asking the Trust to systemically review its performance against national cancer wait time targets, and develop a robust plan to help it meet treatment targets. 

The action plan has been received and the Trust has committed to look at how it can better allocate resources and increase capacity to reduce wait times. The Trust will use new technology to improve efficiency by standardising and digitising processes, and specialist software to analyse cancer pathways and identify delays.

The Trust will also hold weekly meetings to track progress and ensure the longest waiting patients are prioritised and implement a one-stop menopausal bleeding clinic which will offers scans and a consultant review at the first appointment to help with timely diagnosis.

Paula Sussex, Parliamentary and Health Service Ombudsman, said, 

Every day, hundreds of people receive a diagnosis of cancer. It is vital that they can trust in the system to deliver the quality treatment they need for their survival, recovery, or, in terminal conditions, to allow them to spend precious time with loved ones.

 

“Learning from past failings and continually improving services should be the lifeblood of the NHS. I am aware that the Trust has faced organisational challenges that exacerbated pressures brought by the pandemic, and they have worked to find an effective operating model, including leadership changes and a new programme to better listen to frontline voices. 

 

“In this case, we recommended that the Trust should investigate its performance against national targets and make a robust plan for how it will improve. The Trust has committed to carrying out this work and will be rolling out new technology to help it allocate resources more efficiently and increase capacity for cancer appointments. 

 

“While this will sadly not change what happened in this case, it highlights how one complaint can make a difference. Because of this investigation, other patients and families should experience wait times that are in line with national guidance.”

Mrs S visited her GP in January 2023 as she had uncomfortable abdominal bloating. After receiving concerning blood test results, the GP referred her to the Trust. 

A CT scan on 16 February showed the presence of cancer but clinicians could not identify the type of cancer until a biopsy on 15 March. Mrs S was diagnosed with ovarian cancer on 21 March. She was told that while it was not survivable, chemotherapy may extend her life.

Chemotherapy was scheduled for 21 April but due to the delays in diagnosis and treatment, Mrs S was no longer fit for the treatment. This meant she lost the opportunity to engage in chemotherapy, and her family will never know whether or not this could have improved her quality of life or extended her life to give her more time with her family. This is a serious injustice to them.

PHSO found that had the Trust met the national cancer standard for referral to treatment, Mrs S’s palliative care should have begun on or before 3 April. At that point, her medical records indicate that she would have been fit for treatment. 

When the Trust told her that her cancer was not survivable, it should have considered starting a palliative care pathway. There is no evidence this happened and there was no coordination of her palliative care between the hospital and the hospice, delaying her access to this care.

The Ombudsman found further failings in care including delays draining her ascites (fluid build up in the abdomen) which caused avoidable distress. 

The Trust also unsafely discharged Mrs S from hospital on 18 April. She was readmitted three days later in a serious condition. She died the next day.

PHSO found the failings by the Trust caused distress to Mrs S and her family. The Trust had not acknowledged the extent of its failings or taken appropriate action to address them.

Along with the cancer wait times review, PHSO recommended the Trust create an action plan detailing how it will improve its discharge planning, palliative care planning, and communication between staff and patients approaching the end of their life. The Trust was also told to apologise to her family. The Trust has complied.

Mrs S’s son described his mother as someone who was heavily involved in the local community. She sang in two local choirs, played tennis twice a week and volunteered teaching English to female refugees in Chelmsford.

Her son, a 31-year-old chartered surveyor, said, 

I had trust in the NHS, so whenever they told us things, like scans, would happen we believed them. But it was just delay after delay. My mother and I kept asking questions and for updates but never got anywhere and the whole situation was just confusing and frustrating.

 

“There was clearly something wrong with my mum and we had a feeling it could be cancer, but we needed a diagnosis and this took too long to get. After we finally had the diagnosis, we were almost relieved and we expected treatment to start straight away. But again, it took too long to confirm the chemotherapy date. 

 

“Then there were issues with my mum being unsafely discharged from hospital. I was basically just handed a bag of medication with no instructions, advice or support. My mum was incredibly weak during that time and I feel like that week where she came home and I was trying to look after her with no support took 10 years off my life. I still have nightmares about it.

 

“There was nothing that could be done for my mum because her cancer was terminal. But if she had received the care she should have had, then her quality of life would have improved and we may have had more time together.

 

"I’m grateful the Ombudsman provided the answers I couldn’t get from the Trust, I just want the Trust to be held to account. I don’t want another family to go through something like this.

 

"The service failures the Ombudsman has identified should be another driver for the Government to address substantial reforms required in the NHS. Time and time again, we hear politicians go on about reducing wait times but nothing seems to be improving on the ground. I cannot fault the frontline staff but there seems a general consensus around the country that without a substantial shake-up by policymakers, the quality of NHS care will continue to decline.”

Dawn Scrafield, Chief Executive of Mid and South Essex NHS Foundation Trust, said:

We know that waiting for cancer diagnosis and treatment is a worrying time and we offer sincere apologies to Mrs S’s family for the delay in her treatment. Demand has increased, and we are reviewing how we manage the need for more diagnostic services. We have begun an integrated improvement plan, working with our health and care system partners to speed up treatment times and get patients to the right place at the right time.

 

“We have invested in new technologies to help us treat cancer faster and have recently opened new a Community Diagnostic Centre in Thurrock, which is improving access to scans and diagnostic tests.

 

 “Cancer care is one of our key priorities, and we can already see our wait times reducing in some cancers as we deliver extra clinics and theatre scheduling.”