Concepción Gimeno subraya que estas visitas, realizadas de forma sistemática cada año a todos los centros de la Comunidad, constituyen una actividad esencial de la institución en defensa de los derechos de la infancia

La justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha entregado hoy a la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, el Informe anual sobre Infancia y Adolescencia 2025, un trabajo que recoge una aproximación a la realidad de los niños, niñas y adolescentes aragoneses y que forma parte del mandato legal del Justicia como defensor de sus derechos.

Demografía: descenso de la natalidad y envejecimiento poblacional
El análisis demográfico del informe confirma una tendencia consolidada en los últimos años: la población menor de edad en Aragón sigue descendiendo.
En 2025, vivían en la Comunidad Autónoma 217.821 menores, el 16 % de la población total (1.364.621). Este descenso progresivo del peso de la infancia se produce en paralelo a la caída de la natalidad: la tasa bruta se sitúa en 6,33 nacimientos por cada mil habitantes, por debajo de la del año anterior (6,44) y de la media española (6,49).
El número de nacimientos en Aragón continúa descendiendo. En el año 2025, nacieron 8.645 niños, un 32 % menos que en 2007, en el que hubo 12.858 nacimientos.
El informe vincula este descenso con el envejecimiento y sobreenvejecimiento de la población aragonesa, superiores a la media nacional: el 22,6 % de la población aragonesa tiene 65 años o más (20,7 % en España) y el índice de sobre envejecimiento —el peso de la población de 85 años o más sobre el total de mayores de 65— alcanza el 17,4 %, frente al 15,4 % del conjunto del país.

La distribución territorial de la población menor de edad sigue siendo profundamente desigual: Zaragoza concentra el 72,1 % de esta población, frente al 17,5 % de Huesca y el 10,4 % de Teruel. Por comarcas, el desequilibrio es aún más acusado: mientras la Comarca Central agrupa a 129.236 menores (16,4 % de su población), comarcas como Campo de Belchite (7,8 %), Campo de Daroca (9,3 %) o Aranda (9,7 %) presentan los porcentajes más bajos de toda la Comunidad, frente a comarcas como Valdejalón o Bajo Aragón-Caspe, que superan el 17,9 %.

Esta desigualdad territorial podría condicionar la prestación de servicios públicos básicos —sanitarios, educativos y sociales—, especialmente en el medio rural.
El informe recoge asimismo que la población extranjera menor de edad crece y representa ya el 16,9 % del total de menores en Aragón, un porcentaje proporcionalmente mayor que el de la población extranjera en general (14,8 %). Por provincias, Teruel concentra el mayor porcentaje de menores extranjeros (18,3 %), por delante de Huesca (17,8 %) y Zaragoza (16,6 %).

Pobreza infantil: mejoran los indicadores, aunque persiste la preocupación
El informe constata una disminución de la pobreza infantil en Aragón conforme a los tres índices que viene empleando en años anteriores.
La tasa de pobreza relativa entre menores baja del 25,08 % al 19,48 %; la tasa AROPE —que combina ingresos bajos, privación de material y baja intensidad laboral en el hogar— desciende del 20,77 % al 19,20 %; y el índice Objetivo Europa 2030 pasa del 21 % al 19,10 %.

Pese a esta mejora, el informe advierte de que en Aragón siguen existiendo en torno a 43.000 menores en riesgo de pobreza o exclusión social —uno de cada cinco—, y de que las tasas de pobreza continúan siendo mayores en los hogares con menores dependientes.

El porcentaje de menores que viven en hogares que no pueden afrontar un gasto imprevisto también desciende, del 39,1 % al 36,3 %, aunque sigue representando a más de un tercio de los niños, niñas y adolescentes aragoneses.

Expedientes tramitados por el Justicia de Aragón
Durante 2025, el Justicia de Aragón inició 83 expedientes específicamente clasificados en el área de menores, frente a los 77 de 2024 y los 82 de 2023. A esta cifra hay que sumar los cientos de expedientes tramitados en otras áreas —Educación, Sanidad, Vivienda, etc. — además de Servicios Sociales que, sin estar clasificados como expedientes de menores, afectan de forma directa o indirecta a niños, niñas y adolescentes. En el conjunto de la institución, el número total de expedientes tramitados en 2025 ascendió a 2.135, frente a los 1.955 de 2024 y los 1.745 de 2023.

Algunas de las quejas trasladadas por la ciudadanía se refieren al reconocimiento de la familia monoparental y a la custodia compartida —tras la entrada en vigor, en mayo de 2025, de la reforma del Código del Derecho Foral de Aragón que la establece como régimen preferente—; la falta de plazas en recursos residenciales adaptados para menores con discapacidad; la obligatoriedad de adquirir dispositivos electrónicos en Educación Primaria, sobre la que el Justicia ha sugerido al Departamento de Educación, Cultura y Deporte que estudie su impacto y valore su regulación; las dificultades para tramitar cambios de centro en casos de acoso escolar; y, un año más, el déficit de pediatras, con especial incidencia en Teruel, así como las quejas relativas al acompañamiento familiar en intervenciones quirúrgicas.

Visitas a los 27 centros de protección y reforma
Un año más, los asesores del área de Servicios Sociales del Justicia de Aragón han visitado los 27 recursos residenciales de protección y reforma de menores existentes en la Comunidad Autónoma, con un triple objetivo: velar por los derechos de niños, niñas y adolescentes, evaluar el entorno, los cuidados y la gestión de cada recurso, y garantizar su escucha activa.

Concepción Gimeno ha remarcado que esta labor, enmarcada en la Ley de Infancia y la Adolescencia en Aragón, es una actividad esencial para el Justicia de Aragón que tiene como objetivo “analizar cómo se está desarrollando la importantísima labor de protección que asume la Administración”.
Según los datos facilitados por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), el número total de niños, niñas y adolescentes atendidos por el sistema de protección de Aragón fue de 1.679.

De esta cifra, 848 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en programas de transición a la vida independiente fueron atendidos en los servicios de acogimiento residencial de Aragón durante 2025, entre los que se incluyen 267 menores migrantes sin referentes familiares.

En conjunto, los 27 recursos residenciales visitados suman 363 plazas comunicadas en el momento de la visita, con una ocupación habitual estimada en torno a las 308 —cerca del 85 % de su capacidad—. En los cuatro centros cuya ficha de visita no recoge una cifra concreta de ocupación habitual, sino una valoración como «alta» o «sobreocupación», se ha tomado como referencia el número de menores residentes el día de la visita. En todo caso, la cifra no incluye las plazas en pisos tutelados de los Programas de Transición a la Vida Independiente.

La evaluación general de las visitas es positiva en aspectos como la escolarización, el acceso a la atención sanitaria, la habitabilidad de las instalaciones o el trabajo de los equipos para fomentar la autonomía y la integración social de los menores. Al mismo tiempo concluye que existen carencias en la atención a la salud mental y, en menor medida, oftalmológica y bucodental.

El informe destaca la dificultad estructural para mantener equipos educativos estables, especialmente entre los educadores sociales, cuya escasez se agrava en el medio rural y en los periodos vacacionales. Esta situación se relaciona con las condiciones laborales del sector y con la ausencia de una oferta formativa específica en Educación Social en la Universidad de Zaragoza.

A ello se suma un déficit en la atención de salud mental señalado tanto por los profesionales de los centros como por los propios menores. La gran mayoría de los recursos piden equipos más especializados atendiendo a que el perfil de los menores ha ido y va cambiando.

El informe recoge también episodios puntuales de sobreocupación en algunos recursos a lo largo de 2025 así como problemas con la documentación de los menores migrantes que aumentan la burocracia de los centros y pueden retrasar la escolarización, entre otras gestiones.

Sugerencias a la Administración autonómica
A partir de estas conclusiones de las visitas a los centros, el Justicia de Aragón ha sugerido a la Administración reforzar la dotación y estabilidad de los educadores sociales, mejorar sus condiciones laborales y posibilidades de formación, incorporar otros perfiles profesionales para atender a menores con necesidades derivadas de problemas de salud mental, consumo de tóxicos y barreras idiomáticas e impulsar los recursos de emancipación y transición a la vida adulta de los jóvenes extutelados, entre otras.
Con carácter general, en el informe se recogen otras sugerencias, como la elaboración de un nuevo Plan de Infancia y Adolescencia en Aragón —el vigente hasta ahora databa del periodo 2010-2014—, la revisión y actualización de la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la Infancia y la Adolescencia en Aragón, medidas específicas orientadas a revertir la evolución demográfica y a reducir y, en su caso, erradicar la pobreza infantil en Aragón.

(El informe completo se puede consultar en la web del Justicia de Aragón: www.eljusticiadearagon.es)

15 July 2026

The Ombudsman Reports To The Parliament: Cadastre Is The Most Problematic Institution, It Rejects Our Recommendations, The Tirana Municipality Is Not Cooperative

The Ombudsman, Endrit Shabani, reported today in the Assembly, before the Committee on Civic Initiatives, Cooperation and Institutional Oversight.
He underlined that a considerable part of public institutions do not cooperate with the Ombudsman, neither to provide information and responses, nor to accept recommendations.

“The implementation of the Ombudsman’s recommendations is almost 21%, a low figure for which I am not satisfied and I ask for the help of this Committee and the Assembly to change this. The most problematic institution that refuses to implement our recommendations is the State Cadastre Agency. Meanwhile, from the local government, the Përrenjas and Tirana municipalities are the least cooperative”, said, among others, Mr. Shabani.

Asked by MPs about his role in the protests of recent days, the Ombudsman specified that he cannot take sides in relation to the political demands of the protesters, but guaranteed that the institution monitors the behavior of the police in every protest to guarantee freedom of assembly.

“The request of political actors for the Ombudsman to come out and protest seems to me to be a request that seeks to make the Ombudsman a party. The role of the Ombudsman is not this, but to guarantee the constitutional right to protest. I have been to the police station several times myself and have met with the protesters, while our staff is investigating 10 cases of excessive use of force by the police,” said Mr. Shabani.

The Ombudsman requested the Parliament to approve the new law on the institution as soon as possible, in order to expand the possibilities for active and concrete action in protecting the rights of citizens, not only in the public sector, but also in the private sector.

In May 2026, the Parliamentary Ombudsman started an investigation following media coverage of Lolland Municipality having cancelled subscriptions to Lolland-Falster’s Folketidende after an article in the newspaper.

An authority has fairly wide margins in relation to its administration in this kind of field. However, besides observing general considerations of finance and allocation of funds, the authority must also in this connection engage in its activities in accordance with general principles on objectivity and equality, among other things. Therefore, the authority’s decision to for example cancel subscriptions must not be used as pressure or ‘retributive action’ towards the media.

This is the message in the statement that the Parliamentary Ombudsman has now sent to Lolland Municipality.

Lolland Municipality has informed the Ombudsman that the cancelled subscriptions belonged to the mayor and two municipal councillors and that the cancellations happened upon request from the persons in question and, in the municipality’s opinion, not with the intent to punish the local newspaper.

However, some statements from the relevant local politicians can in the Ombudsman’s opinion leave another impression. Therefore, the Ombudsman has informed Lolland Municipality that he assumes that the municipality will consider whether the statements change the basis for the municipality’s understanding of the intention of the cancellations.

The Ombudsman has asked the municipality to keep him informed about the results of the considerations.

‘Of course, an authority can choose to cancel a newspaper subscription, but it has to be based on objective grounds. It is not objective if it is done in order to punish or put pressure on certain journalists or media based on their news coverage in for example a critical article’, says Parliamentary Ombudsman Christian Britten Lundblad. ‘In this case, statements have been made which can leave the impression that exactly this has been the intention. It is important that the municipality is aware of this and takes a position on this.’

Read the Ombudsman’s letter to Lolland Municipality (in Danish).

Director of International Relations Klavs Kinnerup Hede, kkh@ombudsmanden.dk

Facts

On 29 April 2026 in the article ‘Borgmester opsiger lokalavis efter kritisk artikel (Mayor cancels local newspaper subscription after critical article), journalisten.dk (a Danish online media) wrote, among other things, that Lolland Municipality had cancelled its subscription to Folketidende for the mayor who was angry about a critical article in the newspaper. In addition, the mayor was quoted for writing on social media that the criticism must be fair, open and responsible in order not to lose its legitimacy and that she was considering further measures.

One of the municipal councillors whose subscription was cancelled wrote, among other things, on Facebook that the worst thing was that some of the newspaper’s journalists put the rules of good craftmanship aside. He did not want to pay for this anymore, and his subscription was cancelled as of that date.

The other municipal councillor wrote, among other things, in an internal e-mail that the final journalistic quality was the straw that broke the camel’s back.

In the discharge of their duties, public authorities are subject to general principles of administrative law on objectivity and equality, among other things. This includes a ban on the authorities pursuing unlawful purposes through the use of discretionary powers. These principles also apply in the authorities’ conduct with the media.

Thus, an authority’s reaction towards a media must not be able to be perceived as pressure, and ‘retributive actions’ towards the media must not be used. Nor must statements be made which can be seen as threats of such actions, for example by stopping collaboration with the media or certain journalists or (for that reason) cancelling or limiting subscriptions or advertising in the media. Subject to this, the authorities must not impose sanctions on any possible violations of journalistic ethics.