El defensor denuncia que 2025 marca un punto crítico con reformas que debilitan la posición del Síndic y amenazan la autonomía de las instituciones estatutarias.

El Informe anual de 2025, con más de 5.000 quejas y 23.100 consultas ciudadanas, confirma el crecimiento sostenido de la actividad de la institución.

En casi el 80% de las quejas recibidas se ha vulnerado el derecho a una buena Administración, por falta de respuesta a las solicitudes o reclamaciones de la ciudadanía.

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, acompañado de la adjunta primera, Concha Bru, y del segundo, Carlos Castillo, ha presentado hoy en Les Corts su Informe anual 2025 en el que alerta del grave deterioro de la relación entre ambas instituciones, así como del riesgo que suponen las reformas llevadas a cabo por el parlamento autonómico para las instituciones estatutarias.

Este es el último Informe anual que Luna presenta dentro del periodo ordinario de su mandato, que concluye en diciembre de este año 2026. Por ello, el defensor ha incorporado al documento un balance de la deriva de la relación institucional con Les Corts durante los siete años que lleva en el cargo, y de la evolución de los principales problemas de la ciudadanía en este mismo periodo de tiempo.

Pérdida de presencia en sede parlamentaria

Desde que asumió el cargo en 2019, Ángel Luna ofreció diálogo y cooperación a Les Corts para fortalecer la defensa de los derechos de la ciudadanía, pero esa disposición nunca obtuvo respuesta. Esa desafección prolongada se ha agravado notablemente a partir del ejercicio de 2025, por la falta de interlocución, la pérdida de presencia en sede parlamentaria y la aprobación de reformas que “reducen la visibilidad y el papel del Síndic como defensor de los derechos y las libertades de la ciudadanía valenciana.” El defensor también ha señalado que estos cambios abren la puerta a intervenir los presupuestos de las instituciones estatutarias, poniendo en cuestión el marco de garantías previsto en el Estatut para estos organismos.

Resulta especialmente relevante que en 2025 el Síndic no pudiera informar a Les Corts sobre las quejas y preocupaciones de la ciudadanía, como le exige el Estatut, porque la Cámara no lo convocó y el defensor necesita una cita para poder comparecer. Esto demuestra una evidente falta de interés institucional de la Cámara por conocer los problemas que los habitantes de nuestra Comunitat trasladaron al defensor. «Cerrar la puerta a la presencia del Síndic en les Corts supone desairar a los ciudadanos», afirma Luna.

Además, el síndic sostiene que otro de los hechos más significativos de 2025 ha sido la modificación del Reglamento de Les Corts, “que carga de interrogantes el futuro de las instituciones estatutarias con el parlamento valenciano”, ha declarado Luna.

En lo que respecta al Síndic de Greuges, llama la atención que el nuevo Reglamento de Les Corts no se acomode a lo dispuesto por la Ley del Síndic sobre la exposición de contenidos del Informe anual. La ley distingue entre la presentación formal del informe y su exposición pública, que es la que garantiza que el pleno de la Cámara conozca de forma directa los problemas que la ciudadanía traslada al Síndic. Suprimir la comparecencia ante el pleno, advierte Luna, supondría una evidente reducción del papel institucional del Síndic. “A nadie se le escapa que la comparecencia del Síndic ante el pleno dota el contenido de su informe de mayor trascendencia y repercusión pública, que si lo hiciese ante una comisión”, ha sostenido el síndic.

Riesgo de presión política en los organismos estatutarios

La reforma incorpora, además, una disposición que abre la puerta a intervenir las partidas presupuestarias de las instituciones estatutarias durante la tramitación de los Presupuestos de la Generalitat. Aunque la redacción es ambigua, el Síndic señala que este cambio introduce un riesgo de presión política contrario a la autonomía e independencia que el Estatut protege mediante mayorías cualificadas.

En su informe, el Síndic también da cuenta del episodio que afectó en 2025 a la Acadèmia Valenciana de la Llengua, cuyo presupuesto fue modificado durante la tramitación parlamentaria hasta comprometer su funcionamiento y anular en la práctica su autonomía orgánica y presupuestaria. Tras la solicitud de la presidenta de la institución, el Síndic pidió al Defensor del Pueblo la interposición de un recurso de inconstitucionalidad. Aunque este no llegó a materializarse, sí se emitió una recomendación al Consell para corregir la situación y salvaguardar la independencia de la entidad lingüística.

Para el Síndic, este episodio constituye una señal de alarma, especialmente cuando coincide con una reforma reglamentaria que permite precisamente intervenir los presupuestos de las instituciones estatutarias. El defensor advierte de que decisiones de este tipo vulneran el equilibrio institucional previsto en el Estatut, que exige mayorías reforzadas para proteger la autonomía de los organismos que garantizan derechos y libertades.

Luna reivindica el papel del Síndic como defensor independiente y recuerda que “la salud democrática de la Comunitat Valenciana depende, en buena medida, del respeto y la estabilidad de sus instituciones estatutarias”.

Una institución más activa que nunca

 El Informe anual 2025 recoge un incremento muy significativo de la actividad del Síndic, con más de 28.100 actuaciones entre consultas y quejas. La oficina de atención ciudadana del Síndic atendió 23.137 consultas, lo que supone un aumento de casi el 25% respecto al año anterior. Además, se tramitaron 5.006 quejas de la ciudadanía, un 5% más que en 2024, y se iniciaron 12 investigaciones de oficio.

Cabe destacar que tres de las quejas de oficio se abrieron para supervisar las actuaciones de las administraciones públicas posteriores a la DANA 2024 en materia de Servicios Sociales, Educación y Vivienda. Estas investigaciones se unieron en un único expediente que ha derivado en un Informe Especial, que ofrece una visión global del impacto de la DANA 2024, analiza la respuesta de los distintos sistemas públicos y formula recomendaciones para mejorar la preparación y capacidad de reacción ante futuras catástrofes. En el Informe anual se incluye un resumen de este Informe Especial DANA.

Nula colaboración entre Gobierno central y Consell en la reconstrucción

 El problema de la falta de coordinación entre administraciones a la hora de atender a la ciudadanía afectada por la DANA fue una constante durante 2025, sobre todo entre la central y la autonómica. Esa ausencia de colaboración entre el Gobierno central y la Generalitat dificultó el avance de los trabajos de reconstrucción, perjudicando a cientos de miles de personas damnificadas. “Si algo ha venido a demostrar de forma palmaria el trágico episodio de la DANA es que, en situaciones de crisis, y sobre todo en contextos de polarización extrema como los actuales, fallan los mecanismos de cooperación entre los diferentes niveles de las administraciones. No ha existido ni una mínima interlocución, en clave colaborativa, entre la Administración estatal y la Generalitat”, ha subrayado Luna.

Consciente de la gravedad de esta situación, el síndic, Ángel Luna, convocó en la sede del Síndic una reunión de trabajo con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. Ese encuentro concluyó con la decisión de abrir una queja de oficio por parte del Defensor del Pueblo, dirigida tanto al Gobierno central como al Consell, para instarles a poner en marcha la Comisión Mixta de reconstrucción y recuperación, así como a impulsar esa imprescindible cooperación institucional. Finalmente, la Comisión Mixta se creó el 4 de febrero de 2026.

Atasco irresoluble de los Servicios Sociales

 Al igual que en años anteriores, los asuntos relacionados con el área de Servicios Sociales fueron, con enorme diferencia, los más numerosos y alcanzaron un total de 1.900 quejas. De ellas, la mayoría estaban relacionadas con el reconocimiento y las ayudas de la dependencia y las demoras en la valoración de la discapacidad.

A pesar de que durante 2025 las quejas sobre la dependencia experimentaron un ligero descenso siguen siendo el principal foco de reclamaciones del Síndic y representan cerca del 65% del total de las presentadas en esta materia y algo más del 30% de la totalidad de las admitidas a trámite en la institución.

El actual equipo del Síndic de Greuges ha venido advirtiendo desde su primer Informe anual en 2020 de los problemas derivados del diseño del funcionamiento de los servicios sociales en la Comunitat, que obligan a una doble valoración por parte de los equipos sociales municipales y de los de la Conselleria. Luna ha lamentado que “no se ha hecho nada relevante para simplificar los procedimientos que están atascando los servicios sociales de forma irresoluble”.

Asimismo, durante 2025 el Síndic volvió a comprobar la problemática que se genera cada vez que llegan a su fin los contratos programa suscritos, ahora por periodos cuatrienales, entre la Conselleria competente en Servicios Sociales y los ayuntamientos que participan en la gestión de algunos servicios y programas. Esto sucede porque las administraciones locales no pueden contar con plantillas estables ya que la contratación de personal está sujeta a que reciban la subvención.

Ni transparencia ni buena administración 

Las quejas por falta de transparencia y acceso a la información pública se consolidan como las segundas más numerosas presentadas por la ciudadanía ante el Síndic, a pesar de que en 2025 registraron un ligero descenso, pasando de 432 a 412; pero la gravedad de la situación persiste.

El Síndic recuerda que, con los medios de los que disponen hoy las administraciones, la falta de transparencia no puede atribuirse a problemas técnicos ni a limitaciones derivadas de la protección de datos, sino que responde a una falta de voluntad política que compromete la calidad democrática.

Los efectos de la falta de transparencia son evidentes: se deteriora la rendición de cuentas, se dificulta la participación política y crece la desafección ciudadana al percibirse que los responsables públicos priorizan el enfrentamiento partidista frente a la solución de los problemas reales. En este contexto, el Síndic alerta de que, sin mecanismos claros de transparencia y control, las administraciones corren el riesgo de actuar al servicio de intereses particulares, alejándose del interés general y favoreciendo un uso privilegiado de los recursos públicos.

Además, Luna insiste en que sin transparencia no puede haber buena administración y la vulneración del derecho a una buena administración continúa siendo el principal motivo de queja de los ciudadanos. El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha hecho de la defensa del derecho a una buena administración uno de los ejes de su actuación. Recogido por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de España, permite denunciar comportamientos inapropiados de las administraciones, cuando estos se amparan en la opacidad o la falta de respuesta.

De hecho, el 90% de las quejas que la ciudadanía presenta ante el Síndic denuncia, en primer lugar, la falta de respuesta a sus solicitudes y reclamaciones. Esta es una práctica habitual, incompatible con una administración que debe situar a las personas en el centro de su actuación. Esta falta de información no solo genera indefensión, sino que abre la puerta a la arbitrariedad, los errores y los abusos de poder.

Ayudas a la vivienda eliminadas en los presupuestos de la Generalitat

 Por último, es preciso mencionar la gravedad del creciente problema social de la vivienda que, aunque no en números absolutos, en porcentaje de quejas se ha duplicado con creces en los últimos cinco años. Si antes de la DANA de 2024 la situación de la vivienda ya era precaria, “ahora, las administraciones públicas tendrán que realizar enormes esfuerzos para, más allá de recomponer, mejorar una situación dramática”, ha manifestado el síndic.

Tal y como ha reiterado el Síndic en muchas resoluciones, la vivienda constituye un elemento básico en la vida de las personas, y si se carece de ella es imposible acceder a otros derechos fundamentales.

Por ello, este Informe anual 2025 hace referencia a la desagradable sorpresa que supuso advertir que la Ley de Presupuestos de la Generalitat correspondiente a 2025 eliminó el procedimiento para conceder ayudas ante la inexistencia de viviendas disponibles para adjudicar. Este procedimiento estuvo vigente durante los ejercicios 2023 y 2024 y se eliminó de forma incomprensible.

Esta institución ha trasladado a la Conselleria de Vivienda que esa medida es un grave paso atrás y limita seriamente las posibilidades de acceso a una vivienda para determinados colectivos.

ALGUNOS DATOS ESTADÍSTICOS DEL INFORME ANUAL 2025

Tabla 2.            Quejas de la ciudadanía iniciadas en 2025

Tabla 6.            Lugar de residencia de las personas que presentaron quejas en 2025

Se utilizan las siguientes abreviaturas: Hab. (Habitantes), Nº (Número de quejas), % (Porcentaje de quejas), Q/100 k hab. (Quejas por 100.000 habitantes)

Los datos de población son los que proporciona el INE para los años 2024 y 2025.

El dato de quejas por 100.000 habitantes solo se ofrece para la Comunitat Valenciana y las provincias que la integran, pues carece de sentido para otros orígenes.

Großer Andrang herrscht heute beim Sprechtag des Bürgerbeauftragten in Schleiz. Frau Dr. Debus, die bis zur Wahl eines/einer neuen Bürgerbeauftragten die Geschäfte der Dienststelle führt, bietet regelmäßig Sprechstunden in Erfurt sowie in den Landkreisen und kreisfreien Städten an. Zum heutigen Sprechtag im Landratsamt des Saale-Orla-Kreises in Schleiz gibt es zahlreiche Anmeldungen von Bürgerinnen und Bürgern, deren Anliegen ein breites Spektrum an Themen widerspiegeln. So wurden von den Bürgern Anliegen u.a. zu den Themen Grundsteuer, Pflegegeld, Forstangelegenheiten und Härtefallfonds angekündigt.   

Das Angebot der Dienststelle des Thüringer Bürgerbeauftragten, Bürgerinnen und Bürger in Fragen und bei Problemen im Zusammenhang mit der Arbeit Thüringer Behörden zu beraten und zu unterstützen, wird intensiv genutzt. Die hohe Inanspruchnahme zeigt, wie wichtig eine unabhängige Anlaufstelle hier ist. 

Die erhebliche Anzahl der seit Jahresbeginn eingegangenen Anliegen verdeutlicht auch das große Vertrauen der Bevölkerung in diese Institution. Viele Bürgerinnen und Bürger schätzen insbesondere die Möglichkeit, ihre Anliegen unbürokratisch und direkt, sei es bei einem der angebotenen Sprechtage, aber auch per Telefon, über die Webseite oder per Post vorzutragen. 

Trotz der dauerhaft hohen Nachfrage arbeitet die Dienststelle effizient und zuverlässig. Hervorzuheben ist, dass die Arbeitsfähigkeit auch ohne eine/-n amtierende/-n Bürgerbeauftragte/-n in vollem Umfang gewährleistet ist. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen mit großem Engagement dafür, dass alle Anfragen weiterhin zeitnah geprüft und bearbeitet werden. 

Die Dienststelle bleibt somit eine verlässliche Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger und trägt weiterhin maßgeblich zur Stärkung des Vertrauens in den demokratischen Rechtsstaat bei. 

Berlin: (hib/HAU) Der Petitionsausschuss begrüßt mehrheitlich das Prüfvorhaben der Bundesregierung, wie die Verfahren und Vergütungen bei der Lizenzvergabe der Verwertungsgesellschaften wie der GEMA unter Wahrung der berechtigten Urheberinteressen „praxisgerecht an die Belange von Veranstaltern angepasst werden können“. Das geht aus der Beschlussempfehlung an den Bundestag zu einer öffentlichen Petition (ID 172858) hervor, in der eine umfassende Reform der Tarifstruktur und Vertragspraxis der GEMA sowie eine verbesserte Kontrolle durch das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) gefordert wird. Laut Beschlussempfehlung soll die Eingabe des Geschäftsführers der Tanzschule Traumtänzer in Berlin, Miron Jakubczyk, die mehr als 57.000-mal auf der Petitionsplattform des Bundestages mitgezeichnet und daher auch am 15. September 2025 in öffentlicher Sitzung beraten wurde, dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz „als Material“ überwiesen und den Fraktionen des Bundestages zur Kenntnis gegeben werden.

Der Petent beklagt, die GEMA missbrauche ihre Monopolstellung gegenüber den auf die Musiknutzung zu angemessenen Bedingungen angewiesenen Verbänden. Zudem komme die vom Gesetzgeber eingesetzte Aufsichtsbehörde beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) ihrer Aufgabe nicht nach. Die GEMA habe die jahrelang praktizierte, vertrauensvolle Zusammenarbeit verlassen und versuche nun, den Nutzern ihre Bedingungen unter Androhung gerichtlicher Schritte zu diktieren, heißt es in der Petition. Sie umgehe die Nutzervereinigungen und rechne mit Endnutzern einzeln nach ihren Konditionen ab, wobei die bisherigen Pauschalverträge wegfielen.

Die Forderungen des Petenten zielen unter anderem auf eine Begrenzung der Tarifhoheit durch Mitwirkung der Nutzervereinigungen bei der Tarifaufstellung ab, auf die Verpflichtung der GEMA zum Abschluss von Gesamt- und Pauschalverträgen, auf die Abschaffung des Tarifs VR-Ö und der GEMA-Vermutung sowie die Möglichkeit zur Lizenzierung über andere europäische Verwertungsgesellschaften (VG).

Der Petitionsausschuss macht in seiner Beschlussempfehlung deutlich, dass er die aktuelle Rechtslage als „im Kern sowie in den Strukturen für sachgerecht und unter Berücksichtigung von Nutzerbelangen auch angemessen“ einschätzt. Man sei sich bewusst, dass die Tanzschulen ebenso wie viele Veranstalter und Teile des Fachhandels infolge steigender GEMA-Vergütungen teilweise erheblichen Herausforderungen begegneten, die mitunter zur Absage von öffentlich zugänglichen Veranstaltungen oder Festen führten. Andererseits sei auch das ureigene Recht der Schöpfer anzuerkennen, die Aufführung ihrer musikalischen Werke durch Dritte nach Maßgabe des ihnen jeweils zugemessenen Marktwerts zu monetarisieren. „Mithin dürfte der Möglichkeit, die Vergütung von Aufführungsrechten einer staatlichen Ex-ante-Regulierung zu unterwerfen, nach Dafürhalten des Ausschusses sehr enge Grenzen gesetzt sein“, heißt es in der Vorlage. Dennoch gibt es aus Sicht der Abgeordneten die Notwendigkeit, „das Verwertungsrecht einer eingehenden Überprüfung zu unterziehen, die auch eine Auswertung der ausländischen Praxis einbezieht“.

Die Petition im Petitionsportal des Bundestages: https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2024/_09/_24/Petition_172858.nc.html

Die HiB-Meldung zur öffentlichen Sitzung: https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-1109884

In der ORF Sendung „Bürgeranwalt“ vom 21.3.2026 wurden zwei Fälle von Lichtverschmutzung diskutiert. Volksanwältin Gaby Schwarz spricht sich für bundesweit einheitliche Regelungen aus und appelliert, Anrainer vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Leuchtreklamen zu schützen.

Im 19. Wiener Gemeindebezirk werden Anrainer rund um die Uhr von der blauen Leuchtreklame einer Firmengruppe auf einem neuen Hochhaus bestrahlt. Herr R. wandte sich an die Volksanwaltschaft. Entgegen der Vorschriften leuchtet das Neonlicht nicht nur zu den Geschäftszeiten, sondern auch die ganze Nacht in seine Wohnung, was bei Bewohnerinnen und Bewohnern des Hauses bereits zu Schlafstörungen führt. Von der Wiener Baupolizei MA 37 wurde mittlerweile eine Prüfung eingeleitet, ob diese Werbeanlage vorschriftsmäßig betrieben wird. Volksanwältin Gaby Schwarz hält fest: „Dieser Fall geht an die Gesundheit! Sobald uns alle Bewilligungen vorliegen, werden wir prüfen, ob vonseiten der Behörden alle Faktoren berücksichtigt wurden.“ Zudem spricht sich die Volksanwältin für bundeseinheitliche Vorgaben aus: „Wir erhalten immer mehr Beschwerden über Lichtverschmutzung. Jedes Bundesland regelt das anders.“

Lichtbeschwerden in Gössendorf

In der steirischen Marktgemeinde Gössendorf sorgt eine neue LED-Werbetafel bei Anrainerinnen für Kritik. Frau K. wandte sich an die Volksanwaltschaft, da die Leuchtreklame 17 Stunden täglich ihr Bauernhaus bestrahlt (ausgenommen 22:00-05:00 Uhr) und damit eine massive Beeinträchtigung auf die Schlaf- und Lebensqualität hat. Auch Experten attestieren, dass diese LED-Werbetafel nicht ortsüblich ist. Der Bürgermeister verweist auf Gutachten und eine rechtskräftige Bewilligung. Volksanwältin Gaby Schwarz: „Auch zu diesem Fall liegen uns die entsprechenden Bewilligungen und Gutachten noch nicht vor. Es wird zu prüfen sein, ob die Behörde die gesundheitsgefährdenden Auswirkungen ausreichend berücksichtigt hat. Ich appelliere an den Bürgermeister, gemeinsam mit dem Betreiber der LED Wand und den Anrainerinnen das Gespräch zu suchen und eine tragbare Lösung zu finden.“

"Wir erhalten immer mehr Beschwerden über Lichtverschmutzung", Volksanwältin Gaby Schwarz.

Hier gehts zur ganzen Sendung

• ORF Bürgeranwalt vom 21.3.2026

El ararteko Mikel Mancisidor se ha reunido esta mañana con el defensor del pueblo Ángel Gabilondo. Se trata del primer encuentro institucional entre ambos defensores, tras la toma de posesión del cargo de ararteko el pasado 5 de febrero.

Esta reunión se enmarca en el ámbito de las relaciones establecidas entre ambas defensorías en los artículos 36 y 37 de la Ley 3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula la institución del Ararteko.

Así, en este encuentro, ambas partes han abordado cuestiones de interés común en el ámbito de la defensa de los derechos de la ciudadanía, el fortalecimiento de la colaboración entre instituciones y la necesidad de mantener un contacto fluido y periódico.

A la reunión, celebrada en la sede de la Defensoría del Pueblo en Madrid, han acudido también por parte de la Defensoría estatal, la adjunta primera, Teresa Jiménez-Becerril; la adjunta segunda, Patricia Bárcena; el secretario general, José Manuel Sánchez Saudinós; y la directora de gabinete, Isabel Aymerich.