Luna propone habilitar locales municipales, reforzar la colaboración con entidades sociales y aumentar las ayudas económicas

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, urge al Ayuntamiento de Alicante a adoptar medidas concretas que garanticen que el reparto de alimentos a personas en situación de vulnerabilidad se realice en condiciones dignas, seguras y coordinadas, tras constatar que la falta de recursos y de planificación municipal obliga a decenas de personas a depender de la solidaridad ciudadana en plena vía pública.

La actuación de oficio del Síndic —iniciada a raíz de la comunicación de la Red de Entidades para la Atención de Personas Sin Hogar de Alicante (REPASHA)— pone de manifiesto que el reparto de alimentos en la calle responde a una necesidad social no cubierta por la administración. El informe destaca que, ante la desaparición progresiva de comedores sociales y la insuficiencia de los recursos municipales, son las entidades sociales quienes atienden cada día a entre 150 y 200 personas que no pueden costearse su alimentación básica.

El defensor advierte que la ausencia de espacios adecuados y la falta de coordinación entre el Ayuntamiento y las organizaciones sociales genera riesgos sanitarios, problemas de seguridad y molestias vecinales. Por ello, recomienda al consistorio habilitar locales municipales y ofrecer soporte logístico —como carpas, vallas o recursos materiales— para que el voluntariado pueda desempeñar su labor en condiciones óptimas y respetuosas con la dignidad de los beneficiarios.

Asimismo, Luna insta al Ayuntamiento a reforzar la colaboración con REPASHA, convocando reuniones para coordinar días, horas y lugares de reparto, y a valorar un incremento de las ayudas económicas individualizadas a familias vulnerables, como alternativa al reparto en la vía pública.

El informe de conclusiones del Síndic subraya que la intervención policial en el incidente ocurrido en enero —que concluyó con la disolución de una concentración y una sanción a la organizadora posteriormente revocada por la Delegación del Gobierno— fue un episodio puntual. Más allá de ese acontecimiento concreto, el defensor considera necesario que el Ayuntamiento disponga de ubicaciones idóneas y permanentes para este tipo de acciones solidarias. Además, insiste en que el reparto de alimentos debería realizarse, preferentemente, en espacios cerrados y acotados, que ofrezcan mayores garantías de seguridad y salubridad.

Luna concluye que el reparto de comida en la calle es el reflejo de un sistema de protección social insuficiente, y llama al Ayuntamiento de Alicante a transformar esta realidad mediante una respuesta coordinada, digna y segura, en colaboración con el tercer sector.

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El Defensor del Pueblo  de Navarra-Nafarroako Arartekoa Patxi Vera se reunió el 15 de octubre con representantes de la Asociación de Víctimas de Pederastia en Instituciones Religiosas  (AVIPIREN) que representa a personas que han sufrido abusos graves por parte de miembros de instituciones eclesiásticas.

Desde AVIPIREN trasladaron al Defensor las consecuencias a nivel psicológico y moral que sufren las víctimas cuya vida y desarrollo personal se han visto afectadas por los abusos en la infancia. Desde su punto de vista la atención sicológica ofrece herramientas de recuperación y acompañamiento pero el impacto del abuso deja secuelas que requieren de un reconocimiento y reparación oficiales.

Al menos una orden religiosa ha comenzado ya el proceso de indemnización a dos víctimas en Navarra. Según relataron representantes de la asociación estas compensaciones tributan como renta ordinaria en el IRPF, lo que supone a su juicio, una carga injusta sobre quienes han sufrido daños irreparables.

Por ello, solicitaron al Defensor del Pueblo que impulse una modificación legislativa o instrucción foral para eximir del IRPF a las indemnizaciones económicas otorgadas a víctimas de abusos por parte de instituciones religiosas en Navarra. Reclamaron también que se establezca un procedimiento claro y accesible para acreditar a través de un certificado oficial del Gobierno de Navarra la condición de víctima y que se garantice un trato equivalente al que se reconoce a otros colectivos de víctimas de daños graves, en cumplimiento del principio de igualdad ante la ley y el derecho de reparación integral del daño.

En la reunión estuvieron presentes por parte de AVIPIREN su presidente Marcos Leyún junto a Julián Machiñena y Ana Luisa Anaut y por parte del Defensor del Pueblo, el defensor Patxi Vera y su jefa de gabinete Amaia Madinabeitia

El pasado sábado se celebró en el Palacio de Congresos de Santiago de Compostela, y organizada por la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER), la jornada titulada “43 Años de avances de las Mujeres Rurales: Compromiso, liderazgo y empoderamiento”.

Maria Dolores Fernández Galiño, Valedora do Pobo, participó en la primera mesa moderada por Lola Rico, coordinadora de AFAMMER-Ourense, con la ponencia “Mujeres rurales: entre la norma y la realidad”, analizando las barreras legales y sociales que aún enfrentan las mujeres rurales y el papel de las instituciones en su protección.

Los vecinos no pueden disfrutar de este espacio verde por las obras y por su mal estado de conservación
 

El Síndic de Greuges de Cataluña ha recibido varias quejas sobre el estado de ocupación y conservación del parque Joan Miró, en el distrito del Eixample de Barcelona.

Los vecinos muestran su malestar por la pérdida de espacios verdes, por la falta de mantenimiento general del parque y por la ocupación prolongada de una parte del espacio, con las instalaciones del cuartel de bomberos, las obras de la línea L8 de Ferrocarrils de la Generalitat y las actuaciones sobre la red de agua freática. Además, hay personas sin hogar que viven en el parque en condiciones inadecuadas.

Ante esto, la síndica se ha dirigido al Ayuntamiento de Barcelona para conocer las previsiones para que este espacio público vuelva a cumplir con su función social y ambiental, en condiciones de dignidad y seguridad para todos.

La institución recuerda que en 2012 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declaró ilegal el cuartel provisional de bomberos y pidió que se restituyera el espacio del parque. La síndica quiere conocer la previsión para hacerlo efectivo. 

También quiere saber cuándo tendrá lugar el desmantelamiento de la zona logística de la tuneladora de la línea L8 y la finalización de las obras de ampliación de la red de agua freática.

Por último, ha pedido información al Ayuntamiento sobre las actuaciones previstas con las personas sin hogar instaladas en el parque, y sobre las medidas inmediatas para garantizar la seguridad, la salubridad y la higiene de la zona.

Como primera Diputada del Común de Canarias quiero expresar mi más sincera enhorabuena a Beatriz Barrera por su elección como primera presidenta del Real Casino de Tenerife, un hecho histórico que marca un antes y un después en la vida social y cultural de nuestra isla. Su designación no solo simboliza un avance hacia la igualdad real entre mujeres y hombres, sino también el reconocimiento a una trayectoria marcada por el compromiso, la profesionalidad y el liderazgo.

Su labor al frente de la primera Adjunta de Igualdad de la Diputación del Común de Canarias fue ya un ejemplo de convicción y de apertura de caminos. Hoy, vuelve a romper techos de cristal, abriendo paso a nuevas generaciones de mujeres que, gracias a referentes como ella, saben que no hay espacios vedados ni límites para el talento y la capacidad.

Este nombramiento honra al Casino de Tenerife y nos honra a todas y todos quienes creemos en una sociedad más justa, inclusiva y representativa.

Mi más afectuosa felicitación y mis mejores deseos de éxito en esta nueva etapa.

Con admiración y respeto,

Lola Padrón Rodríguez

Diputada del Común