• Las consultas han ascendido a más de 30.000 y las quejas recibidas aumentaron en un 8%, con respecto a 2023, situándose en más de 3.000
• Lola Padrón ha mostrado su preocupación por el aumento de las quejas en el área de discapacidad que sufre sobre todo los retrasos en el reconocimiento de grado
• La pobreza invisible que atañe a menores, vivienda, educación y la sanidad, son algunas de las áreas más vulnerables que alejan a la ciudadanía de la equidad social

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de abril de 2025.- La Diputada del Común, Lola Padrón, presentó este lunes el informe anual de la Diputación del Común de Canarias correspondiente al año 2024 en el Salón de Pasos Perdidos del Parlamento canario. Tras ser recibida por la presidenta de la Cámara legislativa, Astrid Pérez, la Diputada del Común intervino en la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia. Padrón recordó que se trata de un informe de transición entre dos titulares, “pero gracias al equipo de personal, asesores y asesoras, hemos logrado seguir con el ritmo marcado inicialmente, tener a punto el trabajo y marcar nuevas líneas estratégicas de actuación. Por tanto, mi más absoluto agradecimiento al personal asesor y administrativo”.
La Diputada del Común describió el número de actuaciones realizadas en este periodo que supera las 30.000, “ debe aclararse que no todas las consultas que se realizan por parte de la ciudadanía, acaban en un expediente de queja”. De este desglose, se puede observar que el 91 por ciento de las consultas se realizaron por teléfono o internet, se realizaron 1688 de forma personal, 8906 telefónicamente, 18564 a través de email/web, 60 postal y 947 ORVE. “Por el contrario, no sucede así cuando se decide presentar queja”, resaltó Padrón. Respecto a la forma de presentación, cuando se trata de oficializar la queja se realiza mayoritariamente de forma presencial (brecha digital) que aumenta no significativamente, pero si frente a la disminución de los envíos postales. La tendencia a la utilización de los medios telemáticos es clara, y se prefiere la web frente al correo electrónico, en contraposición a las consultas. “Cuestión que nos da pie a mejorarla”.
Respecto al número total de quejas registradas, aumentan de 2940, a 3199 (aumentan en un 8%), 3671 fue el año que más se registraron por COVID, no se ha llegado aún a ese número. La cercanía de la Institución al Parlamento hace que la Isla de Tenerife sea la que recibe más quejas, es destacable la poca penetración de la Institución en islas como Lanzarote y Fuerteventura, lo que desde la institución se ha analizado por desconocimiento de este recurso. “Esto como la inadmisión de determinadas quejas por desconocimiento del procedimiento y de las competencias de la Diputación nos refuerza en la idea de Escuela de Ciudadanía a la que dedicamos ya un capitulo especial en esta memoria”.
Las administraciones que más quejas reciben son la autonómica con un 69% pero muy alejada de ella, los ayuntamientos con un 23,3%, no siendo muy significativo las recibidas por los cabildos insulares.

Áreas de crecimiento

Las áreas que más han crecido en quejas han sido las relacionadas con la discapacidad, con un incremento del 94,52% de quejas nuevas, con respecto al año anterior (310 en 2023 a 603 en 2024), de las cuales el 90% se motivan en la demora de la resolución del grado de discapacidad o revisión del grado otorgado, es reflejo de la desesperación de la ciudadanía de Canarias afectada por la demora.
Durante el año 2024, se registraron 471 quejas nuevas en el área de Dependencia de la Diputación del Común. Esto es, 103 quejas más que en 2023, que ascendieron a 368.
En el área de Servicios Sociales se presentaron en 2024, 283 quejas, frente a las 247 del año anterior, esto es 36 quejas más, estando relacionadas, la gran mayoría, como en el pasado ejercicio, con la excesiva demora de la Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración en resolver la Renta Canaria de Ciudadanía, y se cerraron 149 quejas (54 del año 2023 y 95 del años 2024)
Los menores se convierten en un eje vertebrador que va desde la discapacidad, a la educación, la falta de vivienda, las atenciones sociales, los menores migrantes no acompañados… “Nos preocupan los menores, pero el aumento de quejas entre los menores de cero a 16 años es alarmante”, señala la Diputada del Común.
En las quejas recibidas a lo largo del año 2024, se ha detectado, una vez más, que, para lograr el cumplimiento de los objetivos del sistema educativo canario, definidos en el artículo 5.2 de la Ley Canaria de Educación no Universitaria, es preciso incrementar la inversión educativa. ( Cinco por ciento)
En el caso de la escolarización del alumnado con discapacidad, para que se produzca una inclusión que responda a la diversidad del alumnado, se requiere de un aumento de recursos, que permita proporcionar a este alumnado una educación de calidad, conforme a sus características y necesidades.
“Pero si hay un problema que está generando mayores índices de pobreza y exclusión es el área de vivienda, destacamos un aumento considerable, respecto al año 2023”, indica. Con respecto a la dificultad en el acceso a vivienda protegida un 32,77%, en los procesos de desahucios un 29,94%, en ausencias de recursos de emergencia habitacional un 11,86% . “Es importante informar y gestionar de forma coordinada y prioritaria el acceso a la vivienda de forma global, pero de manera especial a las personas víctimas de violencia de género, víctimas de trata con fines de explotación sexual, víctimas de violencia sexual, y a las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, a las personas sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables, considerándose que la perspectiva interseccional de las violencias sufridas por las mujeres debe estar presente en la actuación de las Administraciones Públicas en aplicación de la ley y en las políticas y gestión pública”, sostiene la Diputada del Común, teniendo en cuenta que menores y mujeres son las personas más vulnerables de la sociedad.
En materia de política territorial, se han registrado un total de 125 quejas en el año 2024; además en el año 2024 se trabajó también con -58- quejas.
En materia sanitaria, se está recabando información, con la finalidad de hacer un diagnóstico de la situación real del número de reclamaciones presentadas durante el año 2024 ante la Oficina de defensa de los Derechos y Usuarios Sanitarios y el motivo de las mismas, para con ello, poder estudiar y valorar dictar una recomendación, a través de una resolución de esta Institución, para la adopción de medidas que contribuyan a mejorar la prestación de la asistencia sanitaria en los Servicios de Urgencia de nuestra Comunidad Autónoma.

Conclusiones

Dada la cantidad de áreas en las que se reciben las quejas, la Diputada del Común, Lola Padrón, insiste en que” la buena administración requiere de la revisión y de un plan estratégico de modernización y refuerzo de la administración pública, ya que esta es el soporte del estado del bienestar que entre todos/as nos hemos dado”. Recordó que en la atención a los colectivos vulnerables es decisiva la actuación de las Organizaciones no gubernamentales que articulan todo un entramado de protección, a la hora de diseñar recursos para la atención individualizada que precisan sobre todo menores, que aún no cuentan del grado de discapacidad. Y otros que precisan de otros recursos. (Ley del Tercer Sector).
“La falta de respuesta, el silencio negativo y el retraso en los tiempos de respuesta a los problemas de los ciudadanos, generada entre otras cuestiones por la falta de reorganización de servicios y falta de remplazo en la función pública, así como la adecuación a los nuevos perfiles profesionales. hacen que la ciudadanía, por un lado, se autoorganice para resolver sus propios problemas y en muchos casos supla esta labor con apoyo colaborativo y sobreesfuerzo, esta es la mejor respuesta, aunque no la mas justa. pero, por otro lado, pierda la confianza en el sistema con el peligro de que la democracia se resienta y el sistema del bienestar caiga”.

La Diputada del Común finalizó su presentación además recordando el decálogo de buena Administración suscrito por todas las defensorías del pueblo españolas.