La institución advierte de que las administraciones no pueden permanecer inactivas ante posibles episodios continuados de contaminación por olores

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha instado al Ayuntamiento de El Campello a actuar ante las denuncias por los malos olores del complejo de tratamiento de residuos Les Canyades. En su resolución, le recuerda que debe ejercer sus competencias de vigilancia, inspección y control para prevenir o corregir las molestias derivadas de actividades potencialmente contaminantes.

La actuación del Síndic tiene su origen en la queja de una persona que había denunciado ante el Ayuntamiento, en noviembre de 2025, la persistencia de fuertes olores procedentes de este vertedero. En su escrito pedía que se investigara su origen, se comprobara el cumplimiento de la autorización ambiental, se adoptaran medidas correctoras y se realizaran mediciones objetivas de la calidad del aire en las zonas residenciales afectadas. Meses después, seguía sin recibir respuesta.

No se trata, además, de un problema nuevo. El Síndic ya había intervenido anteriormente por los olores de Les Canyades y había constatado la existencia de reiteradas quejas vecinales y municipales por estas molestias, así como la realización de inspecciones ambientales por parte de la Administración autonómica.

Ante esta situación, el Síndic advierte de que «las Administraciones Públicas no pueden permanecer inactivas frente a denuncias que ponen de manifiesto posibles episodios continuados de contaminación odorífera», especialmente cuando pueden afectar a la calidad de vida y al bienestar de la población.

En este caso, el Ayuntamiento no solo dejó sin respuesta la denuncia ciudadana, sino que tampoco contestó a la petición de información del Síndic durante la investigación. Al no poder contrastar los hechos ni conocer las actuaciones realizadas, la institución ha declarado la falta de colaboración del consistorio.

Por todo ello, el Síndic recomienda al Ayuntamiento que responda a la denuncia e informe sobre las actuaciones realizadas, las conclusiones alcanzadas y, en su caso, las medidas adoptadas o previstas para prevenir y corregir las molestias. Asimismo, le recuerda su obligación de actuar ante las denuncias ciudadanas que alertan de posibles problemas ambientales.

Consulta la resolución del Síndic sobre este asunto.

La institución considera que esta medida favorecería la conciliación familiar y contribuiría al equilibrio territorial y a la fijación de población en el medio rural

La justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha emitido una sugerencia dirigida al Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón para que valore la procedencia de abrir un aula de 2 años en la localidad oscense de Santa Cilia, correspondiente al último curso del primer ciclo de Educación Infantil.

La actuación se produce tras varias quejas presentadas por familias del municipio, apoyadas también por el Ayuntamiento de Santa Cilia, en las que se solicitaba la implantación de este servicio educativo para el próximo curso escolar. Las familias exponían que el aula permitiría mejorar la conciliación familiar, facilitaría la escolarización de los menores en su propio municipio y contribuiría a reforzar la oferta de servicios en el medio rural. Además, señalaban que las instalaciones del CRA Río Aragón ya reúnen las condiciones necesarias para acoger el aula sin necesidad de realizar obras adicionales.

En la información remitida a la institución, el Departamento de Educación explicó que la implantación de nuevas aulas de escolarización anticipada requiere una planificación previa que tenga en cuenta factores como las necesidades demográficas, los informes técnicos y de inspección educativa, así como la disponibilidad de medios personales y materiales. Asimismo, indicó que, una vez aprobada y publicada la oferta de plazas para un curso escolar, no resulta posible incorporar nuevas aulas para ese mismo periodo.

La justicia de Aragón recuerda, no obstante, que la legislación educativa y la normativa autonómica sobre dinamización del medio rural contemplan la necesidad de promover servicios educativos que favorezcan el arraigo de población y la igualdad de oportunidades en los municipios rurales. En particular, la Ley de dinamización del medio rural de Aragón establece que, allí donde no sea posible abrir escuelas infantiles, debe impulsarse la escolarización anticipada a partir de los 2 años.

La institución destaca también que la petición cuenta con el respaldo de varias familias y del Ayuntamiento de Santa Cilia, así como con la existencia de experiencias similares en otros municipios del CRA Río Aragón. Por ello, considera que la apertura de esta aula podría contribuir tanto a facilitar la conciliación familiar como a reforzar el equilibrio territorial y la permanencia de población en el medio rural aragonés.

By the decree of July 30, 2026, the Constitutional Court of Georgia accepted Constitutional Complaint No. 1936 of the Public Defender of Georgia for consideration on its merits.

The Constitutional Court will review the prohibitions imposed on the participants in assemblies or demonstrations by the Law of Georgia on Assemblies and Demonstrations, such as: a blanket prohibition on covering the face with a mask or any other means; as well as the prohibition on participating in an assembly or demonstration terminated at the request of the Ministry of Internal Affairs of Georgia.

The creation of intentional obstacles to the movement of people or transport[1] and the artificial blocking of the roadway or sidewalk, if this is not required by the number of participants in the assembly or demonstration,[2] and the constitutionality of the prohibition on the arrangement of temporary structures, will also be reviewed on the merits.[3]

The court will consider the aforementioned substantive prohibitions in relation to the freedom of expression and assembly guaranteed by the Constitution of Georgia.[4]

The Constitutional Court will also review imprisonment without alternative[5] provided for by the Code of Administrative Offences of Georgia and the exceptional fine provided for by the same Code on their merits.[6]

The Court will also review deprivation of liberty[7] provided for by the Criminal Code of Georgia for violation of the rules for holding an assembly or demonstration. The constitutionality of the form of liability and sanction established by legislation will be considered in relation to both the right to freedom of expression and assembly, as well as the principle of proportionality of punishment guaranteed by the Constitution of Georgia.

[1] Subparagraph “a2” of paragraph 2 of Article 11 of the Law of Georgia on Assemblies and Demonstrations;

[2] Subparagraph “e” of paragraph 2 of Article 11 of the Law of Georgia on Assemblies and Demonstrations;

[3] Subparagraph 4 of Article 11¹ of the Law of Georgia on Assemblies and Demonstrations;

[4] Subparagraph “f” of paragraph 2 of Article 11 of the Law of Georgia on Assemblies and Demonstrations;

[5] Paragraph 1 of Article 17 and paragraph 1 of Article 21 of the Constitution of Georgia;

[6] Part 9 of Article 174¹ of the Administrative Offences Code of Georgia; Article 174¹, part 10 of the Administrative Offences Code of Georgia;

[7] Article 347, parts 1, 2, 3 and 4 of the Criminal Code of Georgia;

[8] Article 9, paragraph 2, Constitution of Georgia;