Die Bundesagentur für Sprunginnovationen SPRIND und das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung (BDSM) rufen ab sofort zum Bürger-Hackathon auf.

Denn Deutschland kann mehr – aber zu oft verlieren wir Zeit und Energie an unnötig komplizierte Prozesse. Der Bürger-Hackathon setzt genau hier an: bei den echten Problemen der Menschen. Er übersetzt Frust in Fokus – und Fokus in konkrete Lösungen, die tatsächlich entwickelt und umgesetzt werden. Der Hackathon beginnt dort, wo es wirklich weh tut – im Alltag der Menschen und Unternehmen. Damit die Zukunft wieder groß gedacht werden kann.

Auch die Bürgerbeauftragte findet dies eine tolle Möglichkeit sich aktiv einzubringen und möchte Menschen dazu auffordern sich am Bürger-Hackathon zu beteiligen. "Nur wenn wir unseren Beitrag leisten und auf Fehler oder schlechte Prozesse hinweisen kann sich etwas verändern." so Böhlen. 

Hier kommen Sie zum Bürger-Hackathon.

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha reprochado a la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad la demora injustificada en resolver y abonar una ayuda al alquiler correspondiente a la convocatoria de 2021, pese a que la propia administración reconoció errores en la tramitación y aseguró que procedería al pago.

La resolución parte de la queja presentada por una ciudadana que, casi cuatro años después de solicitar la ayuda, seguía sin ver finalizada la tramitación del expediente ni percibir cantidad alguna, pese a que la propia administración había reconocido errores en la tramitación y había estimado el recurso presentado por la interesada.

Luna recuerda que ya había intervenido en este mismo asunto a raíz de una queja anterior y que la Conselleria aceptó entonces sus recomendaciones, comunicando que había estimado el recurso de la interesada y ordenado retrotraer el expediente para corregir el error detectado en la tramitación. Sin embargo, la afectada volvió a acudir al Síndic al comprobar que, pese a ese reconocimiento expreso, la ayuda seguía sin pagarse.

El Síndic subraya que las ayudas al alquiler cumplen una función esencial para prevenir situaciones de vulnerabilidad y exclusión social: los gastos asociados a la vivienda pueden empujar a la pobreza incluso a familias con ingresos regulares, un fenómeno conocido como “pobreza inducida por la vivienda”. En este contexto, el Síndic insiste en que estas ayudas deben llegar a quienes más las necesitan, y que tramitarlas y abonarlas con prontitud es una obligación irrenunciable de la administración.

Por ello, el Síndic recomienda a la Conselleria que resuelva inmediatamente el expediente, abone sin más demora las cantidades reconocidas e investigue las disfunciones internas que han provocado este retraso, adoptando medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

Consulta la resolución del Síndic sobre este asunto.

Support for human rights systems and defenders

The European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) will move to its new climate-friendly headquarters on 1 June 2026. FRA's new premises are located at Rennweg 12 in Vienna, in a building shared with the European Patent Office (EPO).

FRA’s new building meets the highest standards of sustainability, resource conservation, and energy efficiency. It holds three awards for its sustainable renovation concluded in June 2025. The building is also fully accessible for people with disabilities.

From 1 June 2026, FRA's address for visits and postal correspondence is:

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) 
Rennweg 12 
1030 Vienna 
Austria

For general enquiries, FRA remains reachable via the online contact form. Information for visitors, including directions for how to reach the building, is available in the FRA visitors' guides at www.fra.europa.eu/contact.

The move underlines FRA’s commitment to future-oriented and climate‑responsible operations. We look forward to welcoming stakeholders and partners to our new headquarters.

Este índice formará parte del índice de transparencia en Cataluña que se presentará a finales de año

La institución del Síndic de Greuges de Cataluña ha presentado hoy el índice de evaluación del derecho de acceso a la información pública (IADAIP), una herramienta que analiza cómo responden las administraciones cuando la ciudadanía solicita información pública. Esta iniciativa se enmarca en la Semana del Gobierno Abierto, que pone el foco en la transparencia, participación y rendición de cuentas.

La evaluación continua de los servicios públicos es clave para mejorar el funcionamiento de las administraciones y garantizar los derechos de las personas. En este sentido, el Síndic aplica desde 2021 una metodología basada en la técnica del solicitante oculto con el objetivo de evaluar a las administraciones públicas desde que reciben una solicitud real de acceso a información pública hasta que emiten su resolución.

Principales resultados

Durante 2025 se evaluó en este sentido a 1.070 administraciones públicas, que han obtenido una puntuación media de 73 sobre 100. Como novedad, se ha creado una web interactiva que permite ver los resultados diferenciados por Administración y establecer comparaciones con entes de características similares.

Por categorías, las máximas puntuaciones las ha obtenido la Generalitat de Cataluña (100 puntos para los departamentos y 97,5 para los entes dependientes). En cuanto a los organismos de control y supervisión, también han tenido muy buenos resultados, con un 92,2 de media. Por el contrario, en general, las universidades todavía tienen margen de mejora (76,9), si bien cabe destacar el caso de la Universidad Politécnica de Cataluña, con un 93,8.

En los ayuntamientos, la puntuación media ha sido de 71,6 y, en función de la población, los que han obtenido mejores resultados son los de más de 50.000 habitantes (83,1). Presentamos, a continuación, los consistorios con mejores datos:

Municipios de más de 50.000 habitantes (puntación mediana 83,68)

• Ayuntamiento de Manresa: 100
• Ayuntamiento de Viladecans: 100
• Ayuntamiento de Castelldefels: 100
• Ayuntamiento de Mataró: 97,20
• Ayuntamiento de Rubí: 97,20

Municipios 20.001 - 50.000 habitantes ( 73,23)

• Ayuntamiento de Les Franqueses del Vallès: 100
• Ayuntamiento de Sant Just Desvern: 99,98
• Ayuntamiento de Manlleu: 97,97
• Ayuntamiento de El Masnou: 95,67
• Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols: 92,27
• Ayuntamiento de Sitges: 92,27

Municipios 5.001 - 20.000 habitantes (65,04)
 

• Ayuntamiento de Santa Eulalia de Ronçana: 100
• Ayuntamiento de Palafolls: 100
• Ayuntamiento de Badia del Vallès: 97,05
• Ayuntamiento de Tremp: 94,29
• Ayuntamiento de Cervelló: 90,17

Municipios 501 - 5.000 habitantes (72,23)

• Ayuntamiento de Albesa: 100
• Ayuntamiento de Belianes: 100
• Ayuntamiento de Bellcaire d’Empordà: 100
• Ayuntamiento de Bolvir: 100
• Ayuntamiento de Campins: 100
• Ayuntamiento de Corbera d’Ebre: 100
• Ayuntamiento de Corçà: 100
• Ayuntamiento de Garriguella: 100
• Ayuntamiento de La Granja d’Escarp: 100
• Ayuntamiento de La Secuita: 100
• Ayuntamiento de La Armentera: 100
• Ayuntamiento de Llambilles: 100
• Ayuntamiento de Massalcoreig: 100
• Ayuntamiento de Montesquiu: 100
• Ayuntamiento de Mont-ras: 100
• Ayuntamiento de Palau-saverdera: 100
• Ayuntamiento de Sant Cugat Sesgarrigues: 100
• Ayuntamiento de Sant Mateu de Bages: 100
• Ayuntamiento de Seròs: 100

Municipios de menos de 500 habitantes (72,80)

• Ayuntamiento de Beuda: 100
• Ayuntamiento de Castellfollit del Riu: 100
• Ayuntamiento de Maià de Montcal: 100
• Ayuntamiento de Malla: 100
• Ayuntamiento de Molló: 100
• Ayuntamiento de Montornés de Segarra: 100
• Ayuntamiento de Penelles: 100
• Ayuntamiento de Sant Agustí de Lluçanès: 100
• Ayuntamiento de Sant Andreu Salou: 100
• Ayuntamiento de Sant Miquel de Campmajor: 100
• Ayuntamiento de Ivars de Noguera: 100
• Ayuntamiento de Ultramort: 100
• Ayuntamiento de Urús: 100

 Más solicitudes y mejoras del sistema

Las solicitudes de acceso a la información pública presentan un aumento constante (+30 % anual) y solo en 2024 se registraron 30.315 solicitudes. Esto significa que el acceso a información pública es un derecho que cada vez se conoce más y por eso los ciudadanos lo aplican.

El incremento del número de solicitudes ha ido acompañado asimismo de mejoras concretas en el funcionamiento del sistema, y la evaluación individualizada elaborada por el Síndic se ha traducido en avances significativos: 

• Simplificación de los formularios de solicitud
• Reconocimiento del derecho a no dar explicaciones sobre la razón de la petición
• Mejora de la información sobre las vías de recurso
• Posibilidad de recibir la información en el formato elegido por la persona

Estas mejoras contribuyen a que la solicitud de acceso a la información pública –un derecho esencial para la transparencia y el control democrático– sea más accesible y efectiva.

Además, hay que destacar como novedad que, este año, el Síndic ha elaborado dos guías metodológicas diferenciadas teniendo en cuenta la realidad del territorio: una para los municipios rurales y otra para los municipios no rurales. Este enfoque permite adaptar las recomendaciones a las capacidades y características de cada administración pública.

Margen de mejora

A pesar de los avances, ciertamente todavía es necesario reforzar algunos aspectos, como la información sobre los recursos de las resoluciones o la transparencia sobre el funcionamiento de los servicios (indicadores y satisfacción de la ciudadanía).

En cualquier caso, en la evaluación de 2025, las administraciones han aceptado y cumplido 1.587 recomendaciones del Síndic durante el período de alegaciones, lo cual significa que se van a producir cambios reales en el funcionamiento de los procedimientos de las administraciones.

Hacia un sistema integral de transparencia

El IADAIP formará parte de un futuro índice de transparencia en Cataluña, junto con otras herramientas de análisis. Este sistema global, que en principio se publicará a finales de año, permitirá tener una visión más completa de cómo se garantiza el derecho a la información y la publicidad activa en las administraciones catalanas.

El Síndic de Greuges reafirma así su compromiso con la defensa de los derechos de las personas y con la mejora continua de las instituciones públicas.

• Nota de prensa íntegra