From Office of the Ombudsman 

Published on 6 January 2025

Last updated on 21 January 2025

Staff from the Ombudsman met with a number of ambassadors, heads of mission and other representatives from over 45 different countries in Dublin in December. The Ombudsman addressed the invitees, explaining the role of the office and how citizens from any nation who are adversely affected by a decision of an Irish public body can bring their complaint to the Ombudsman. There was networking before and after the address, and feedback from the event was very positive.

Ayer la valedora do pobo, Dolores Fernández Galiño, y Mar Barcón, asesora de la institución, impartieron una charla en el IES Xograr Afonso Gómez de Sarria, dentro del programa EduReferentes que la asociación Executivas de Galicia realiza como parte fundamental del proyecto Referentes Galegas, a través del cual se realizan encuentros de mujeres referentes de Galicia con estudiantes de ESO, FP y 1º de Bachillerato de la comunidad gallega, visitando centros educativos y compartiendo experiencias profesionales.

El Defensor del Pueblo de Navarra-Nafarroako Arartekoa, Patxi Vera, ha sugerido al Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias “que revise y flexibilice los requisitos exigidos para el acceso de viviendas en la bolsa de alquiler”. Así se recoge en su actuación de oficio O24/17, a la que se puede acceder a través de este enlace.

La actuación de oficio del Defensor del Pueblo de Navarra surgió a partir de varios encuentros celebrados con entidades sociales que atienden a personas sin hogar o con graves dificultades para acceder a una vivienda. En el marco de dichas reuniones, las citadas entidades manifestaron que, bajo su punto de vista, “se aplican algunos requisitos que podrían considerarse desproporcionados o muy estrictos”. Así, llamaron la atención sobre el hecho de que no se aceptan viviendas para la bolsa de alquiler por el hecho de no disponer de ascensor, contar con un sistema de calefacción eléctrico, suelos de moqueta, alicatados en cocina y baño que no lleguen hasta el techo, persianas que no sean de aluminio o pvc, etc. “Todo ello a pesar de que se trataría de viviendas habitables”, se añadía. 

La institución estima que, efectivamente, una parte de los requisitos que figuran en la página web del servicio o que se estarían exigiendo en la práctica “excedería lo legalmente previsto”.

LA RESPUESTA DEL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA

Ante el escenario antes descrito, la institución solicitó del Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias que informara, efectivamente, sobre las condiciones o requisitos técnicos que se exigen para aceptar la cesión de viviendas a la bolsa de alquiler. También se le pidió que diera cuenta de si está prevista la adopción de medidas para propiciar una mayor disponibilidad.

En su respuesta, el Departamento de Vivienda afirmó que los requisitos exigidos se hallan justificados fundamentalmente por un “principio de cautela”.

Sin embargo, el Defensor del Pueblo de Navarra entiende que su aplicación estricta “podría llevar a excluir del programa a un número relevante de viviendas que estarían en condiciones de poder ser alquiladas”.

Por todo ello, la institución defensora de los derechos de la ciudadanía decidió sugerir al Departamento que “revise y flexibilice los requisitos exigidos para el acceso de viviendas a la bolsa de alquiler, con vistas a poder disponer de un mayor número de viviendas aptas para satisfacer la demanda de alquiler a precio asequible”.

El Departamento ha aceptado la sugerencia, comunicando la intención de “revisar las condiciones actuales exigidas para incorporar viviendas al programa Bolsa de Alquiler, y valorar la posibilidad de que las mismas sean menos restrictivas”.

ATENCIÓN PRESENCIAL EN OFICINAS NASUVINSA

Por otro lado, el Defensor del Pueblo de Navarra ha sugerido también al Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias “que adopte las medidas necesarias para asegurar que la ciudadanía pueda conseguir cita para ser atendida de forma presencial en las oficinas de Nasuvinsa”. Así se recoge en la resolución Q24/1078, emitida por esta institución y a la que se puede acceder a través de este enlace.

El origen de esta sugerencia hay que situarlo en la queja que una ciudadana trasladó al Defensor del Pueblo de Navarra en la que exponía que le estaba resultando “imposible” conseguir una cita para actualizar su inscripción en el Censo de Solicitantes de Vivienda Protegida, así como para entregar la documentación requerida.

Una vez conocida esta problemática, la institución se dirigió al Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, que respondió que “la atención presencial en Nasuvinsa requiere de una cita previa” que se puede obtener por teléfono o vía telemática “todos los miércoles a las 08:00 horas”.

En dicho documento, el Departamento reconocía, además, que “en ciertos momentos, la alta demanda ha generado saturación en el sistema” y que, por ello, “desde Nasuvinsa se ofrece la posibilidad de acudir a sus oficinas, en horario de atención al público y sin necesidad de recabar cita previa, para que el personal de Atención al Cliente le guíe en los pasos a seguir”. Se añadía que “se está estudiando la posibilidad de implementar medidas que permitan mitigar la situación de saturación actual”.

El Defensor del Pueblo de Navarra-Nafarroako Arartekoa considera que la cuestión planteada en la queja de la ciudadana “no es novedosa, pues ha sido planteada en reiteradas ocasiones ante esta institución” y sugiere al Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias “que adopte las medidas necesarias para asegurar que la ciudadanía pueda conseguir cita para ser atendida de forma presencial en las oficinas de Nasuvinsa”.

Concepción Gimeno ha resaltado la importancia del enfoque integral de la terapia que realizan y el objetivo de favorecer la autonomía de las personas que la reciben

La justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha mantenido una reunión con la presidenta del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Aragón (COPTOA), Marta Martín Berges, quien le ha explicado que esta profesión busca capacitar a las personas con alguna restricción en la participación dentro de su entorno para que puedan desarrollar actividades de la vida cotidiana de forma independiente y autónoma.

La presidenta de COPTOA ha señalado que a pesar del carácter pionero de la profesión en Aragón, ya que fue en Zaragoza donde se abrieron la primera facultad universitaria y el primer colegio profesional de España, “en la actualidad, otras comunidades nos han adelantado por la izquierda a la hora de incluir estos profesionales en las carteras de servicios de la sanidad y de la educación pública”.

En este sentido, Marta Marín ha señalado que actualmente hay 34 terapeutas ocupacionales desempeñando su labor en el ámbito público, una cifra que ha calificado de “insuficiente”, al tiempo que ha destacado la importancia de sus funciones en colegios, tanto en el aula como en el comedor y los recreos, en hospitales y en Atención Primaria. Además, ha indicado que el 70% de las terapeutas trabajan en el ámbito privado o concertado.

La justicia de Aragón ha señalado la importancia de que la sociedad conozca qué trabajo realizan los terapeutas ocupacionales “para evitar confusión con otras profesiones” y ha valorado especialmente el enfoque integral del servicio que prestan y el objetivo último de favorecer la autonomía e intendencia de las personas.

Marta Marín ha mostrado a la justicia de Aragón algunas de las adaptaciones de utensilios de la vida cotidiana que realizan, como puede ser una cuchara, una pajita o una pinza de tender, para facilitar su uso a personas con dificultades, de manera que puedan seguir desempeñando las tareas cotidianas.

La presidenta del COPTOA se ha comprometido a enviar a la institución un documento con las principales reivindicaciones del colegio con el fin de iniciar la tramitación del correspondiente expediente.

A Trafford child has missed months of education despite the council identifying a suitable tutor within a fortnight of them leaving mainstream school, a Local Government and Social Care Ombudsman report has revealed.

The child has an Education, Health and Care (EHC) Plan because of their special educational needs. They were no longer able to attend their mainstream school in September 2023. The school found a tutor within two weeks and within two months Trafford council found two special schools with places immediately available.

But instead of putting arrangements in place as soon as it could, the council delayed looking at the child’s case at funding panel meetings for months. And when it did tackle the case, it only looked at funding for the tutor, despite the school placement being available immediately.

The council waited another month to look at the placement option but then decided to investigate more local options, including a special class at a mainstream school which had already been unsuccessful.

The child eventually started at the special school in April 2024.

Local Government and Social Care Ombudsman, Ms Amerdeep Somal said:

“We regularly make findings of service failure in cases about EHC plans, to acknowledge where matters outside a council's control have largely prevented it from meeting its statutory duty. The national shortage of educational psychologists, for example, causes delays to EHC needs assessments.

“But in this case the system could have worked as designed. The child should have missed, at most, two weeks of education after the emergency review. Instead, the council's internal bureaucracy added months of avoidable delay.

“The council has told me it is already taking steps to improve the timeliness of its decision making for children who are unable to attend school, and I welcome this proactive response.

“I hope the further recommendations I have made will ensure other children’s cases are dealt with as swiftly as possible.”

The Local Government and Social Care Ombudsman remedies injustice and shares learning from investigations to help improve public, and adult social care, services. In this case the council has agreed to apologise to the mother and child and pay them £3,600 for the missed education, and a further £750 for the significant and avoidable distress the mother suffered.

The Ombudsman has the power to make recommendations to improve processes for the wider public. In this case the council has agreed to review current arrangements for making decisions about EHC assessments and plans, to ensure it can make decisions within the statutory timescales. It will also ensure it records sufficient detail to demonstrate its decision making in individual cases.

Article date: 23 January 2025