In seduta legislativa, la prima Commissione Bilancio, presieduta da Roberto Ravello, ha approvato all’unanimità il disegno di legge 103, intitolato “Ulteriori modifiche alla Legge Regionale 30 Novembre 1987, n. 58 (Norme in materia di Polizia Locale)”, che quindi è legge.

Il provvedimento, come spiegato dall’assessore Enrico Bussalino, consta di tre articoli e ha l’obiettivo di “dare copertura per il potenziamento delle attrezzature e del vestiario della Polizia locale. Con l’approvazione di questa legge sarà possibile procedere con i relativi bandi”.

Nel testo del disegno di legge è stato accolto il suggerimento di Gianna Pentenero (PD), estendendo a tutte le forme associative di gestione della Polizia locale la priorità nell’accesso ai finanziamenti.

Fino ad oggi, la Regione poteva sovvenzionare soltanto la formazione dei vigili. La norma finanziaria del Ddl prevede uno stanziamento complessivo di 890.000 euro per l’anno 2025, 1.000.000 euro per il 2026, 1.000.000 euro per il 2027.

Pentenero si è detta favorevole e, sottolineando come le osservazioni avanzate fossero già state recepite dalla Giunta, ha ritirato i suoi emendamenti.

Silvio Magliano (Lista Cirio) ha ringraziato per l’iniziativa, evidenziando il ruolo cruciale della Polizia locale sul territorio. Ravello ha espresso un plauso sia per il merito della legge sia per il metodo collaborativo con cui è stato portato avanti il lavoro.

E' stato quindi approvato l'emendamento sostitutivo al primo articolo, che stabilisce come prioritario l’esercizio associato delle funzioni di Polizia locale, rafforzando ulteriormente la cooperazione tra piccoli comuni. Il testo aveva ottenuto parere favorevole in settima Commissione Enti locali e al Cal. 

In seduta ordinaria, la Commissione ha anche espresso parere favorevole a maggioranza alla proposta di deliberazione 128, relativa all’“Aggiornamento del Piano di rientro pluriennale del disavanzo regionale al 1° gennaio 2025, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 19 febbraio 2025, n. 67-4395, in attuazione della Legge regionale 6 agosto 2025, n. 15 ‘Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2024. Proposta al Consiglio’”.

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha emitido una resolución en la que recomienda al Ayuntamiento de Oliva adoptar con rapidez y determinación todas las medidas necesarias para verificar y erradicar las molestias acústicas derivadas del funcionamiento de diversos locales de ocio en la playa de esta localidad.

La actuación del Síndic se originó tras la queja de una vecina que desde 2022 denuncia ruidos, música a alto volumen y alteraciones del descanso vecinal, así como botellones y comportamientos incívicos en las inmediaciones de su vivienda. Entre las fuentes de molestia señaladas, la afectada menciona un chiringuito instalado cerca de su domicilio —que considera ubicado en una zona de protección dunar—, además de un pub y una zona con música en vivo y foodtrucks. Según explica, había presentado numerosas quejas ante el Ayuntamiento, aportando fotografías y vídeos que acreditan las molestias.

El Ayuntamiento de Oliva informó al Síndic de que había desarrollado operativos conjuntos de la Policía Local y la Guardia Civil para controlar los horarios, el ruido y las aglomeraciones en la zona. No obstante, la persona interesada considera que las medidas no han resultado efectivas y que las molestias continúan.

El Síndic recuerda que la Ley de Protección contra la Contaminación Acústica prohíbe que los locales transmitan al exterior niveles sonoros superiores a los permitidos y que la legislación faculta a los ayuntamientos para ordenar la suspensión o clausura de aquellos establecimientos que incumplan la normativa. Asimismo, advierte que los ruidos excesivos pueden afectar gravemente a la salud y vulnerar derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, la protección de la salud, el derecho a un medio ambiente adecuado y el derecho a una vivienda digna, según ha reconocido el Tribunal Constitucional.

En su resolución, el Síndic subraya que los vecinos que viven junto a estos locales de ocio están soportando unas molestias que no tienen por qué tolerar. A pesar de haber recurrido reiteradamente al Ayuntamiento por las vías legales disponibles, no han obtenido una solución efectiva, pese a que la propia administración no niega la existencia del problema. Los vecinos, señala el defensor, ven pasar el tiempo sin una respuesta satisfactoria, lo que constituye un caso de mala administración y afecta a su derecho a una buena administración, así como a la protección de su salud y entorno.

Por todo ello, el Síndic recomienda al Ayuntamiento de Oliva emitir una respuesta expresa, motivada y congruente a todas las peticiones formuladas por la persona afectada desde 2022; ejercer sus competencias inspectoras para determinar la realidad de las molestias por contaminación acústica; y adoptar las medidas correctoras necesarias para eliminar dichas molestias y garantizar el pleno respeto de los derechos de los vecinos afectados.

El Síndic recuerda que las administraciones públicas deben actuar con diligencia, empatía y eficacia ante los problemas que sufren las personas.

La resolución completa puede consultarse en el siguiente enlace.

El Defensor del Pueblo de Navarra-Nafarroako Arartekoa Patxi Vera visitó el siete de octubre la sede de la Asociación Apoyo Mutuo Elkarri-Laguntza situada en el barrio pamplonés de la Rotxapea donde se atiende a personas sin hogar a las que se proporcionan recursos básicos como alimentos y ropa, asesoramiento en materia de salud, formación y acceso a la vivienda además de apoyo para la realización de trámites con el fin de regularizar su situación en favor de una vida digna.

El Defensor del Pueblo, que estuvo acompañado por la jefa de gabinete Amaia Madinabeitia, compartió sesión de trabajo con la coordinadora de la asociación Tere González con quien coincidió en la necesidad de agilizar los procesos de empadronamiento de las personas que viven en la calle. También, el mantenimiento de los plazos para la concesión de la renta garantizada así como la importancia de adecuar la oferta formativa a los jóvenes migrantes para poder acceder a puestos de trabajo en Navarra.

El Defensor del Pueblo y la Asociación Apoyo Mutuo mostraron, igualmente, su preocupación por las personas en situación de exclusión y sinhogarismo en Pamplona. En ese sentido, incidieron en la necesidad de impulsar el realojo, acogimiento y control sanitario de jóvenes que viven en edificios abandonados y que, por ello, se encuentran en un contexto más propicio para sufrir agresiones, peleas y otro tipo de incidentes violentos.

Pie de Foto. De izquierda a derecha: Patxi Vera, Defensor del Pueblo de Navarra-Nafarroako Arartekoa; Tere González, coordinadora de la asociación Apoyo Mutuo Elkarri-Laguntza y Amaia Madinabeitia, jefa de gabinete del Defensor del Pueblo

Concepción Gimeno ha podido conocer el Colegio de Educación Especial, el Centro de Día, el Centro Ocupacional y el Centro de Empleo y, por último, el servicio residencial ‘Hogares CEDES’

La justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha visitado este jueves las instalaciones de la Fundación CEDES, una entidad de carácter social y sin ánimo de lucro donde desde hace más de veinticinco años atienden a niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual y con trastornos del espectro autista. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional, proporcionando los apoyos necesarios para que tengan una vida rica y plena.

Concepción Gimeno ha sido recibida por la presidenta, Teresa Muntadas; la gerente, Elena Ferrández; la subgerente, Lucila López, y varios miembros del patronato. Actualmente, la fundación cuenta con un equipo de 120 profesionales especializados, el apoyo de 30 voluntarios y una amplia red de colaboradores que atienden a cerca de 200 personas con necesidades de apoyo especiales.

En primer lugar, la justicia ha podido conocer el Colegio de Educación Especial, donde estaban celebrando las Fiestas del Pilar. En sus aulas, los alumnos reciben el itinerario de la Educación Básica Obligatoria (EBO), una atención especializada hasta los 18 años, a los que sigue el programa de Tránsito a la Vida Adulta.

A continuación, Concepción Gimeno se ha trasladado hasta el edificio de talleres, donde están ubicados los servicios sociales dirigidos a mayores de 21 años: Centro de Día, con usuarios que necesitan mayor apoyo y un entorno tranquilo, Centro Ocupacional y Centro de Empleo, donde los usuarios desarrollan trabajos creativos para la firma Mos de regalos y complementos que gestiona la propia fundación y cuyos beneficios revierten en el mantenimiento de estas actividades ocupacionales.

Por último, la justicia ha visitado el servicio residencial ‘Hogares CEDES’ y han visualizado un vídeo para conocer los pisos tutelados de los que disponen en Parque Goya y que suponen una oportunidad para que las personas con discapacidad intelectual sigan creciendo con una vida independiente del entorno familiar.

La justicia de Aragón se ha mostrado emocionada con el trabajo realizado en CEDES y se ha comprometido a ser altavoz de sus necesidades.

Un contrôle externe dans une logique d’accompagnement

Cette rencontre a permis au Médiateur de rappeler la nature de sa mission : exercer un contrôle externe indépendant, mais inscrit dans une logique de dialogue et d’accompagnement.
Son rôle prend tout son sens lorsqu’apparaissent des dysfonctionnements, analysés au regard des principes de la bonne administration.
Au-delà du traitement des réclamations, Nicolas Lagasse entend valoriser les bonnes pratiques administratives, à travers ses rapports annuels ou ses échanges directs avec les administrations.
Son ambition : être un relais, apporter de la clarté et contribuer à rapprocher l’administration des citoyens.

Des défis partagés pour une meilleure gouvernance

Simon Dethier a salué la qualité de la collaboration avec le Médiateur et souligné sa volonté d’être un partenaire à l’écoute des citoyens.
Parmi les défis à relever pour son administration : stimuler toujours davantage la synergies entre les trois départements du SPW I AS — Action sociale, Finances locales et Politiques publiques locales — afin de renforcer les missions de conseil, d’audit et d’accompagnement.
Une réflexion est en cours pour structurer ces démarches de manière plus systématique, tout en tenant compte des ressources disponibles.

Peu de réclamations, mais une relation constante

Le Médiateur a noté que peu de dossiers concernent directement la DG I AS.
Certains thèmes spécifiques, comme le Fonds des calamités, génèrent toutefois quelques réclamations.
Le rôle du Médiateur est alors souvent d’expliquer les décisions administratives, un travail de clarification souvent apprécié des citoyens.
Autre sujet de discussion : la mention du recours au Médiateur dans les communications administratives. Ce point sera prochainement inscrit à l’ordre du jour du Comité directeur (CODI).

Réflexion sur la réforme du chômage

Le Médiateur a également interrogé le Directeur général sur l’impact de la réforme de sortie du chômage.
Simon Dethier a indiqué que la réflexion se poursuit, la réforme prenant progressivement forme.
Si l’impact financier reste difficile à estimer, la DG I AS entend jouer un rôle d’information et de soutien, notamment aux trajets de retour vers l’emploi, dans le respect de l’autonomie communale.
Certaines disparités locales pourraient émerger, mais l’administration veille à maintenir une communication fluide entre ses services et les communes.

Soutenir la médiation au niveau local

Enfin, le Médiateur et le Directeur général ont évoqué le développement de la médiation locale (communes, CPAS, intercommunales).
Simon Dethier s’est dit prêt à soutenir activement cette démarche et à encourager la signature de conventions entre les communes et le Médiateur wallon.
Aujourd’hui, 48 communes et un CPAS sont déjà partenaires. L’objectif : étendre progressivement ce dispositif à l’ensemble des communes wallonnes.