El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha asistido este miércoles a la entrega del Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política en La Galería de las Colecciones Reales.

Pablo Oñate, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Valencia, ha recibido este galardón de manos del Rey Felipe VI. El politólogo, Fernando Vallespín ha sido el encargado de pronunciar la laudatio.

Este premio se otorga en reconocimiento a su relevante labor científica, tanto nacional como internacional, en el campo de la Sociología y de la Ciencia Política.

Le Conseil d’Administration du Réseau belge des ombudsmans, Ombudsman.be, a désigné le médiateur fédéral David Baele comme nouveau président du réseau. Il succède à Marc Bertrand. Catherine De Bruecker, la médiatrice bruxelloise, le remplacera également au sein du conseil d’administration.

 Le réseau met en lumière les institutions d’ombudsmans, améliore l’accessibilité de leurs services et favorise la coopération et l’échange de bonnes pratiques entre les différents ombudsmans. “ Nous continuerons de mettre l’accent sur ces objectifs,” explique David Baele, “Nous voulons collaborer encore plus efficacement avec le réseau et informer encore mieux et de manière plus accessible les citoyens et les entreprises. Il n’est pas toujours facile de savoir vers qui s’adresser en cas de problème. Notre prochain projet sera le renouvellement du site web portail d’Ombudsman.be, afin que les citoyens et les entreprises puissent rapidement trouver l’ombudsman auquel ils peuvent s’adresser en cas de problème avec un service public ou une entreprise.”

 Ombudsman.be est le réseau belge qui rassemble près de 30 ombudsmans, issus de différents niveaux de pouvoir : fédéral, régional, communautés, villes et communes, mais aussi d'entreprises publiques (comme la SNCB et Bpost) et du secteur privé. Les citoyens peuvent s'adresser à eux lorsqu'ils ont un problème avec un service public ou une entreprise et qu'ils ne parviennent pas à le résoudre avec le service ou l'entreprise en question. Ils travaillent tous de manière indépendante et les citoyens peuvent faire appel à eux gratuitement.  

 David Baele est le médiateur fédéral néerlandophone depuis juillet 2020. Il dirige le Médiateur fédéral avec son collègue médiateur francophone Jérôme Aass. Il a étudié les sciences administratives et la gestion publique et a travaillé pour plusieurs administrations fédérales. Avant de devenir médiateur fédéral, il a été chef de projet au sein de l'Agence pour la Simplification administrative durant quatre ans. Il a également travaillé pendant sept ans au Conseil supérieur de la Justice.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha mantenido este miércoles una reunión en la sede de la institución con una delegación del Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES), encabezada por su presidenta, Lourdes Menacho.

Este encuentro, al que también ha asistido Mª Victoria Rodríguez, presidenta del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Extremadura, se produce tras el fallecimiento de la profesional Belén Cortés, asesinada en Badajoz, el pasado 9 de marzo, presuntamente por tres menores que se encontraban en un piso tutelado bajo su cuidado en cumplimiento de medidas judiciales. 

Durante la reunión, el Defensor del Pueblo ha explicado las actuaciones de oficio que la institución ha iniciado ante la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y con la Fiscalía General del Estado, acerca de este caso que se saldó con la vida de Belén Cortés. Asimismo, en el encuentro se han abordado las condiciones en las que trabajan las educadoras y los educadores sociales, y la normativa -autonómica y estatal- vigente en materia de protección social, de derechos laborales y de seguridad, así como papel de las administraciones al respecto. “Es imprescindible que se mejoren las condiciones en las que trabajan las educadoras y los educadores sociales”, ha señalado Ángel Gabilondo.

El Defensor del Pueblo ha apuntado en el transcurso de la reunión que “la labor de inspección de los centros y lugares de privación de libertad implica tener en cuenta muy especialmente la situación en las que se encuentran las personas internadas, el trato que reciben y las condiciones materiales en las que viven”. Al mismo tiempo, ha incidido en que “hay que valorar las circunstancias en que deben desempeñar su trabajo aquellas personas que tienen encomendada la seguridad de estos centros y pisos tutelados, en actividades de custodia, así como el personal sanitario, educadores y demás profesionales. En muchos casos se detectan problemas estructurales de organización y de plantillas de personal”.

El Defensor del Pueblo y la presidenta del CGCEE han acordado seguir manteniendo contacto y para valorar si las respuestas de las administraciones, tras las gestiones del Defensor del Pueblo y del propio CGCEE, permiten a las educadoras y los educadores sociales desarrollar su trabajo en mejores condiciones laborales y en entornos seguros.

Ángel Gabilondo: “Los ciudadanos reclaman una Administración más ágil y eficaz”

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha registrado este martes en las Cortes Generales el Informe anual de la actividad de la institución en 2024, y ha hecho entrega del mismo a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. El Informe será entregado esta misma tarde al presidente del Senado, Pedro Rollán, en el Palacio del Senado.

Para Ángel Gabilondo, este Informe “obedece a la necesaria rendición de cuentas de la labor realizada en 2024, desde la voluntad de la máxima transparencia” y de “propiciar el acceso de los ciudadanos a lo que esta institución señala al respecto de las cuestiones y los problemas planteados”.

Según ha explicado el Defensor del Pueblo durante su comparecencia ante los medios de comunicación en la presentación del Informe anual 2024 en el Congreso de los Diputados, “los ciudadanos reclaman una Administración más ágil y eficaz. A través de los escritos, de las quejas que nos hacen llegar, se identifican las dificultades que han de afrontar y que tienen que ver con condiciones de vida difíciles. Merecen singular consideración la preocupación social, por distintas razones, por los problemas relativos a la vivienda y su repercusión, sobre todo, en jóvenes y sectores vulnerables; medio ambiente; asuntos relativos a menores -niños, niñas y adolescentes- y a su educación; migración, la insuficiente atención sanitaria, etc. La institución, en su tarea de supervisar a las administraciones públicas y en su propósito de favorecer la resolución de los problemas, reclama respuestas a las diferentes administraciones en el cumplimiento de sus responsabilidades para con la ciudadanía, a la largo de sus vidas, mediante la gestión eficaz y eficiente de los servicios públicos”.

En 2024, la institución Defensor del Pueblo tramitó 34.629 expedientes, tras recibir 34.402 quejas, 42 solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional e iniciar 185 actuaciones de oficio ante las diferentes administraciones. Además, desde la institución se atendió personalmente a 35.733 ciudadanos: 34.115 de ellos mediante llamadas telefónicas y 1.618 de manera presencial.  

Los expedientes tramitados dieron lugar a la formulación de 2.501 resoluciones dirigidas a las administraciones estatal, autonómica y local. De ellas, 1.190 fueron recomendaciones, 843 fueron sugerencias, 464 fueron recordatorios de deberes legales y 4 fueron advertencias.

Los asuntos que protagonizaron más quejas ciudadanas ante el Defensor del Pueblo en 2024 estuvieron relacionados, principalmente, con la Administración de la Justicia, la Seguridad Social, la Función Pública, asilo, migraciones, asuntos de Interior, Educación, Economía o Sanidad.

El mayor número de quejas volvió a llegar de las comunidades más pobladas, entre ellas, de las comunidades de Madrid (8.031), Andalucía (4.155), Cataluña (3.441) y Valencia (3.231).

Además de los datos estadísticos, el Informe anual incorpora una selección de los asuntos destacados sobre los que ha trabajado la institución en 2024. Estos son, entre otros, la falta de recursos específicos de salud mental para adolescentes y jóvenes; el apoyo a las familias de personas con discapacidad en los ámbitos tributario y social; la protección de las mujeres mayores víctimas de violencia de género; los problemas relacionados con la usurpación de identidad, o los procedimientos de reintegro de prestaciones a beneficiarios en situación de vulnerabilidad. 

El Informe recoge también la actividad realizada por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP). En 2024 el MNP llevó a cabo 26 visitas a lugares de privación de libertad que dieron lugar a 203 recomendaciones, 300 sugerencias y 11 recordatorios de deberes legales.

Se hace referencia, asimismo, a la actualización del Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos. El Informe fue debatido en 2024 tanto en Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo como en el Pleno del Congreso de los Diputados. Según el Defensor del Pueblo, “el Informe habrá de ser objeto de deliberación en el Congreso de los Diputados para la adopción de medidas concretas que, en el modo que considere el Parlamento, vengan a ser específicamente la repuesta necesaria que las víctimas esperan y demandan”.

Ver resumen del Informe 2024

Ver Informe anual 2024 y sus anexos

Ver vídeo de la entrega del Informe en el Congreso 

Dr Ivan Mifsud, Dean of the Faculty of Laws at the University of Malta, presented to the Parliamentary Ombudsman, Judge Joseph Zammit McKeon, his latest publication entitled: The “Duty of Care” in Maltese Court Judgment – Adding Value or Just a Cliché?

This important work explores how the doctrine of "duty of care" has increasingly featured in Maltese court judgments across civil, criminal and commercial law cases. Dr Mifsud examines the legal basis of the principle and questions whether it has been fully embraced in Maltese legal doctrine and whether it has added real value in the sources of interpretation of Maltese Law.

In his foreword, Judge Professor David Joseph Attard, Chancellor of the University of Malta, describes the work as a comprehensive and authoritative treatise. He commends Dr Mifsud for his meticulous research and ability to trace how the courts in Malta adopted and applied the principle of “duty of care”. He highlights the author’s valuable comparative review of the developments of the doctrine in English, French, German, and Italian jurisprudence.  He lays emphasis on the manner how the European experience influenced Malta’s hybrid legal tradition. Judge Attard further referred to the author’s distinction between the “duty of care” and the “duty to care”, remarking the relevance of the distinction in areas of law of particular interest to the community, particularly environmental law.

In his meeting with the Ombudsman, Dr Mifsud explained that his latest work was inspired by a desire to answer three central questions: What is this "duty of care" which the Maltese courts have adopted? Was it incorporated using traditional sources of Maltese legal interpretation? And has the duty added genuine value to the legal system or brought about fundamental changes in how Maltese law is interpreted by the courts?

On his part, the Ombudsman welcomed the work of Dr Mifsud as a significant contribution to legal scholarship and observed that the changing nature of the State in Malta, from a monolithic structure to one increasingly managed on commercial lines including where essential services are concerned, invites renewed reflection on how the duty of care has evolved as a principle of social responsibility. In such a context, the question of how this duty is applied becomes more crucial and pertinent than ever.

The book was published by the Malta University Press.