Last year, the Chancellor of Justice was approached with a concern that at the Magdaleena unit of ITK, even patients using designated parking spaces for vehicles serving people with disabilities were required to pay parking fees.

The ITK parking lots are located on private property, which gives the owner the right to set parking fees at their discretion. Nevertheless, the Chancellor of Justice proposed to the hospital’s management that parking fees should not be charged to owners of parking cards intended for persons with disabilities.

The Chancellor of Justice reminded the hospital management that, according to Article 9(1) of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, access to public buildings and services must be ensured for persons with disabilities on an equal basis with others. Additionally, Article 28 of the Estonian Constitution states that persons with disabilities are under the special care of the state.

The Chancellor emphasized that persons with disabilities face a significantly higher risk of poverty compared to the general population. For instance, in 2023, the relative poverty rate among persons with disabilities was 41.1% (compared to 20.2% among the general population). In the previous year, 13.4% of people aged 16 and older rated their health as poor or very poor, while the figure was as high as 53.8% among persons with disabilities. This indicates that persons with disabilities are more likely to use healthcare services than others. For this reason, the Chancellor urged the hospital management to consider whether it is reasonable to charge parking fees to persons with disabilities, who likely need to visit healthcare facilities more frequently, even when using a parking card for vehicles serving individuals with mobility disabilities or visual impairments.

The CEO of AS Ida-Tallinna Keskhaigla informed the Chancellor of Justice at the end of last year that the hospital had updated its parking regulations, taking into account the Chancellor's proposal, and introduced a change allowing owners of parking cards for vehicles serving individuals with mobility disabilities or visual impairments to park free of charge.

Read the Chancellor’s proposal in Estonian

Las provincias de León y Valladolid acumulan dentro de la Comunidad el  mayor número de quejas.

Administración local, Fomento y Empleo Público son las materias en las que se han recibido un mayor número de quejas.

Han sido presentadas 8 quejas múltiples que han dado lugar a la tramitación de 219 expedientes.   

Con el fin de ofrecer una información lo más completa y transparente posible acerca de la actividad de la Institución, ya el año 2021 el Procurador del Común de Castilla y León modificó la metodología a la hora de plasmar los datos relativos a su actividad anual, metodología que se ha seguido también en el último ejercicio. Así, también en este ese año, las quejas denominadas “múltiples”, es decir aquellas que se presentan por diferentes personas sobre un mismo asunto, ya sea porque tienen un contenido sustancialmente idéntico o bien porque se incorporan a un formulario en el que se refleja la queja y al que se adhieren varios ciudadanos, se han considerado a efectos estadísticos como una sola queja. Por esta razón, el conjunto de las quejas computadas a efectos estadísticos han dado lugar, como se indicará seguidamente, a un número de expedientes superior al número de quejas contabilizadas.

Teniendo en cuenta los criterios de cómputo señalados, en 2024 la Defensoría tramitó 2.273 expedientes, correspondientes a 1.918 quejas promovidas a instancia de parte, cada una de ellas sobre un asunto diferente, y a 144 actuaciones de oficio promovidas por el Procurador del Común.

Por provincias, la provincia de León vuelve a liderar el número de quejas presentadas con 398, seguida de la provincia de Valladolid con 323, de Burgos con 227, de Salamanca con 143, de Palencia 135, de Segovia con 113, de Zamora 109, de Ávila con 89 y de Soria con 80. Completan los datos relativos a su procedencia, 156 quejas de personas de otras provincias de fuera de la Comunidad; 1 presentada por firmantes de varias provincias; 4 procedentes de otros países y otras 140 que no reflejan el domicilio ni la provincia de procedencia, por lo que se desconoce la procedencia de sus autores, aunque, como es exigible, están plenamente identificados. 

En cuanto a las áreas temáticas sobre las que versan las 1.918 quejas recibidas, áreas que determinan la organización del trabajo en la Institución, destacan, un año más, las referidas a la Administración Local, es decir, sobre la organización y funcionamiento, así como sobre los servicios públicos que prestan los entes locales, que acaparan el 25,08% de las reclamaciones; a la que siguen el área de Fomento, que incluye materias como, entre otras, obras públicas, transportes y sociedad de la información y del conocimiento, el 11,63%; la de Empleo Público el 10,74%; Medio Ambiente el 9,85%; el área de Familia e Igualdad de Oportunidades el 8,76%; Sanidad y Consumo el 8,45%; Hacienda el 5,79%; Interior el 5,11%; Educación, el 4,64%; Industria, Comercio, Empleo, Seguridad Social y Prestaciones el 4,43 %; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural el 2,19%; Cultura, Turismo y Deportes el 1,88% y Justicia 1,46%. 

QUEJAS MÚLTIPLES

Como consecuencia de la presentación de 8 quejas múltiples, es decir, sobre 8 asuntos diferentes pero presentadas por una pluralidad de personas cada una de ellas, durante 2024 se abrieron 219 expedientes. Concretamente, en materia de Empleo Público se presentó una queja por 13 personas sobre el concurso de traslados del Cuerpo Facultativo Sanitario (veterinarios) y  tres reclamaciones promovidas por 11 personas cada una de ellas, en relación a dos complementos salariales y al grupo profesional del personal que presta servicios como telefonista de la Administración de Castilla y León. En el área de Fomento se han tramitado 30 expedientes correspondientes a una queja sobre las deficiencias en la prestación de servicios de Telecomunicaciones en Villamayor del Condado (León). En materia de Educación, se tramitaron 22 expedientes a partir de una queja formulada sobre la elección de los miembros de la comisión de selección de Director del Conservatorio Profesional de Música en Segovia. En el área de Interior fueron 101 los expedientes tramitados como una única queja sobre las medidas de reducción de la velocidad de la antigua N-611 Palencia-Santander. Por último, en materia de Hacienda se tramitaron 20 expedientes a raíz de una queja en materia tributaria relativa a inmuebles en suelo urbano no consolidado sin desarrollo urbanístico.

ACTUACIONES DE OFICIO

Completa la estadística correspondiente al año 2024 la tramitación de 144 actuaciones de oficio, 47 más que el pasado año, promovidas por el Procurador del Común y dirigidas, según los casos, a la Administración autonómica, a las Diputaciones provinciales y a diferentes municipios; siempre sobre temas considerados de interés para el ejercicio de derechos por la ciudadanía.

Así, como ejemplo, cabe destacar la especial atención sobre el abastecimiento de agua potable en muchas poblaciones de Castilla y León, incidiendo en el control efectivo del consumo, la turbidez, la contaminación por nitratos del agua suministrada, incluso sobre la calidad del agua de las fuentes naturales. También se ha actuado de oficio en relación con las personas con discapacidad; en particular, para el acceso al empleo público; para promover la existencia de plazas de aparcamiento para vehículos utilizados por personas con movilidad reducida; para la previsión de tarifas especiales de acceso a las piscinas municipales para personas con discapacidad, así como para la eliminación de las barreras en establecimientos hosteleros de la Comunidad. Se ha reparado, igualmente, a través de las correspondientes actuaciones de oficio, en las medidas de control en la venta y consumo de bebidas alcohólicas a menores; en los problemas de tráfico y seguridad vial en los accesos a los centros escolares en horario de entrada y salida a los mismos; en las medidas de seguridad de los vehículos destinados al transporte escolar; en los apoyos para el alumnado con discapacidad auditiva; en las medidas frente al acoso escolar en Castilla y León. En materia de sanidad, se ha tratado la cuestión relativa a las diferencias existentes en cuanto a plazos de espera para la realización de pruebas diagnósticas entre hospitales de diferentes provincias; sobre los reconocimientos médicos para deportistas en edad escolar o las cuestiones que suscita el tratamiento de hormona del crecimiento. Relacionado con el sector primario, también han sido objeto de las correspondientes actuaciones de oficio la adquisición mediante contrato público de productos frescos de proximidad para ser consumidos en los hospitales; la demora en la resolución de los expedientes de mejora e incorporación de personas al sector agrario; las plaga de topillos en fincas de cultivo agrícola; la conservación y posibles usos de los silos de cereales, hoy en desuso. Las medidas dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda a las personas jóvenes. Además, de otras actuaciones sobre problemas de los que tuvimos conocimiento que se estaban produciendo, como las demoras en la atención por la unidad del dolor de Zamora; las deficiencias en el funcionamiento en la prestación del servicio de Oncología del Hospital de El Bierzo, o en el funcionamiento de la Residencia de personas mayores de Flores del Sil (León), entre otras actuaciones promovidas de oficio.    

Faced with the persistence of complaints related to delays and difficulties in accessing fundamental support products for people with disabilities or temporary incapacity, the Ombudsman’s Office carried out a study that comprehensively examines SAPA – the System for the Allocation of Support Products.

The conclusions of this study, now published in this Thematic Report (link), show that in order to obtain support products such as wheelchairs and prostheses, people face an extremely bureaucratic, fragmented, confusing and time-consuming system, which often requires several face-to-face trips to the services, which can jeopardise their clinical recovery, autonomy and well-being, as well as conditioning their ability to work and integrate into society.

The report concludes that SAPA’s organisation is too focused on the administrative entities that make it up, neglecting the needs of users, which takes the system away from the purpose for which it was created: to ensure universal and free access to essential support products for people with disabilities or temporary incapacity.

Created in 2009, SAPA operates on the basis of an excessively complex model involving entities spread across four funding areas – health, education, social security and labour and vocational training – and a managing body, the National Institute for Rehabilitation. The lack of articulation between these entities leads to confusion, errors and recurring delays in the process of allocating support products. The lack of an integrated platform means that not all products are funded, while at the same time creating the risk of the same product being funded by more than one organisation.

There is therefore an urgent need for a structural overhaul of SAPA, which puts the user at the centre of the whole system, in order to guarantee easier and faster access to support products, responding to the real needs of this population and ensuring that people with disabilities can have better prospects of recovery, and live with dignity and autonomy.

Several cases brought to the Ombudsman’s attention illustrate the seriousness of the concrete impacts of SAPA’s dysfunction, such as people unable to work or forced to remain bedridden while waiting for the support products they need.

In this context, the Report presents two dozen Recommendations, including the definition of a single interlocutor for SAPA users, the updating of the list of fundable products and the creation of public banks for the re-utilisation of funded products.

To read the Executive Summary, click here [in Portuguese only].
To read the full Thematic Report, click here [in Portuguese only].

2024-12-27

El Ararteko ha recomendado al Ayuntamiento de Bilbao que permita a los usuarios de las zonas de carga y descarga obtener las autorizaciones necesarias mediante métodos alternativos a la aplicación móvil actualmente impuesta. Esta resolución se ha emitido tras una queja de un ciudadano que mostró su disconformidad con la obligación de utilizar una aplicación de móvil para vehículos dedicados a la distribución urbana de mercancías. 

El Ararteko solicitó información al Ayuntamiento de Bilbao y el consistorio argumentó que la obligatoriedad de la aplicación se debe a la facilidad de uso que representa para profesionales familiarizados con tecnologías móviles. 

El Ararteko cuestiona la claridad de las obligaciones establecidas para la ciudadanía en la ordenanza de estacionamiento, señalando que la normativa municipal no especifica de forma explícita la obligatoriedad de la aplicación móvil como único medio para obtener el permiso de estacionamiento en estas áreas. Esta carencia puede generar inseguridad jurídica y perjudicar el derecho de la ciudadanía a conocer claramente sus derechos y obligaciones. 

Además, esta institución ha instado al consistorio a revisar los criterios técnicos y jurídicos que sustentan esta imposición tecnológica, sugiriendo que estos deben estar orientados al beneficio de la ciudadanía y no exclusivamente a la gestión administrativa. El Ararteko enfatiza que la buena administración exige que los servicios se adapten a las necesidades de los usuarios, no a las preferencias operativas de la administración. 

Por otro lado, la resolución también se centra en la protección de datos personales, ya que la aplicación requiere la geolocalización del dispositivo móvil de los usuarios, lo cual implica un tratamiento de datos personales sensible. El Ararteko subraya que esta recogida de datos debe ser analizada a la luz del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y que el Ayuntamiento debe revisar si la información recogida es adecuada, pertinente y no excesiva. También señala que la aplicación debería cumplir con los requisitos legales en materia de administración electrónica. 

Por todo ello, el Ararteko recomienda al Ayuntamiento de Bilbao que informe a la ciudadanía de forma clara y accesible sobre sus derechos y obligaciones respecto al uso de la aplicación y que valore el establecimiento de alternativas no electrónicas para aquellos usuarios que no deseen o no puedan emplear la aplicación móvil. Asimismo, aconseja al consistorio que revise la normativa de protección de datos de la aplicación y realice los ajustes necesarios para garantizar su cumplimiento.