El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha instado al Ayuntamiento de Castellón a adoptar las medidas necesarias para que la entidad prestadora del servicio de transporte adaptado en ese municipio  reanude el funcionamiento del mismo, para así garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad de la residencia APNAC que cursan estudios en el Centro de Educación Especial El Cau.

La intervención del defensor valenciano se inició tras recibir una queja por las incidencias de varios usuarios de este servicio de transporte que estaban viendo vulnerado sus derechos, y así se había comunicado al Ayuntamiento de Castellón. En uno de los casos, se trata de una persona con autismo, curatelada por el IVASS, que  se ha visto privada de transporte desde mayo de 2023 para acudir al centro donde se encuentra escolarizada. En otros, se referían a los horarios del transporte adaptado, que no se adecuaban al horario escolar. Lo que ocasionaba a las personas afectadas una merma considerable en las horas lectivas durante todo el año.

En relación con el usuario curatelado por el IVASS, la propia Conselleria confirmó al Síndic la falta de transporte desde mayo de 2023, e informó que el IVASS había solicitado en dos ocasiones al ayuntamiento que reanudase ese servicio. Ante la falta de respuesta del ayuntamiento, y como medida alternativa, el IVASS junto con la dirección de la residencia APNAC comenzaron a realizar un ingreso extraordinario de 50 euros mensuales, desde la cuenta del curatelado a la citada entidad, para contribuir al gasto de transporte que voluntariamente se viene realizando para que el interesado pueda seguir con sus estudios.

Por su parte, el Ayuntamiento de Castellón no respondió a la petición de información solicitada por el Síndic. Esa falta de respuesta ha impedido que Luna pueda examinar el contrato de servicio de trasporte adaptado con la entidad prestadora del mismo, así como la causa de las incidencias denunciadas en la queja.

No obstante, en su resolución el defensor se basa en el propio reglamento de transporte adaptado del Ayuntamiento de Castellón, un servicio dirigido a personas que padecen alguna discapacidad física, psíquica o dificultades de movilidad que impida el uso del transporte público colectivo, cuyo objetivo es facilitar la movilidad de estos usuarios, fomentar la igualdad de oportunidades, posibilitar el traslado a centros de formación, así como potenciar su participación en la vida social.

Por todo ello, esta institución reprocha al Ayuntamiento de Castellón que no haya reanudado el transporte hasta el punto de que, para paliar los perjuicios que ello ocasiona al interesado, el IVASS y la propia Residencia hayan tenido que adoptar una solución alternativa transportándolo voluntariamente hasta el centro de educación especial.

En este enlace puedes consultar nuestra resolución sobre este asunto.

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On January 12-13, 2025, Public Defender's representatives additionally visited 16 detainees in Tbilisi, Ozurgeti, Lanchkhuti and Poti. Four of them indicate alleged use of excessive force and ill-treatment by the police.

In each case, the Public Defender's Office applied to the Special Investigation Service for further legal response. The Public Defender will monitor the investigation.

A number of detainees indicate that they were detained without grounds and that they were not informed of their rights guaranteed by legislation. They also indicate verbal abuse by the police. One of the detainees went on a hunger strike to protest the groundless detention.

It should also be noted that, unfortunately, during the night, there was a case when the Public Defender's representative was not allowed to enter one of the buildings of the Ministry of Internal Affairs and to immediately visit the detainees. Accordingly, we call on the Ministry of Internal Affairs to ensure that the Public Defender's representatives do not encounter obstacles in the process of visiting the detainees.

Una persona, en representación de varias comunidades de vecinos residentes en la Gran Vía de Bilbao, acudió al Ararteko ante la falta de intervención municipal para controlar el ruido que padecen como consecuencia de las actividades lúdicas y manifestaciones que transcurren en esa zona.

En julio de 2023, los afectados solicitaron la intervención del Ayuntamiento de Bilbao, para que diera respuesta a las molestias que padecen como consecuencia del ruido. Indicaron que los espectáculos musicales en esa zona incumplen sistemáticamente las ordenanzas municipales en cuanto al límite temporal de 45 minutos y al uso de amplificadores, y que ello implica que sus domicilios padezcan unos niveles de ruido superiores a los máximos permitidos por la legislación en materia de ruido. También denunciaron el nivel de ruido que generan las concentraciones y manifestaciones en el entorno del Palacio de la Diputación Foral de Bizkaia, en la medida en que las personas participantes utilizan silbatos, bocinas y megafonía.

Las comunidades de vecinos trasladaron al Ayuntamiento de Bilbao una serie de propuestas concretas de modificación de la Ordenanza del Espacio Público, así como de los criterios de actuación de la Policía Municipal y del propio Ayuntamiento para hacer cumplir la normativa de ruido.

Tras solicitar la colaboración del Ayuntamiento, éste remitió al Ararteko un informe recordando que, en el caso de percibir un incumplimiento de la normativa sobre la actividad de los espectáculos musicales, la ciudadanía tiene la opción de presentar una denuncia ante la Policía Municipal. En cuanto al ruido que generan las manifestaciones y concentraciones, considera que queda excluido de la ordenanza municipal y que el establecimiento de las condiciones en las que han de desarrollarse las manifestaciones corresponde al Gobierno Vasco.

Una vez analizado el contenido de la queja, el Ararteko recomienda al Ayuntamiento de Bilbao que, en aplicación de la Ordenanza municipal del Espacio Público, establezca los medios de control de las actuaciones musicales en la calle, con objeto de garantizar que el uso de la vía pública por las personas artistas no exceda de la duración máxima establecida y no incumpla los valores límite de ruido.

Con objeto de reducir el impacto acústico que generan las manifestaciones y concentraciones, también le pide que establezca los oportunos mecanismos de cooperación interinstitucional, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa municipal en materia de ruido durante el desarrollo de esos actos.

RESOLUCIÓN

Vitoria-Gasteiz, 13 de enero de 2025

Der Bürgerbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, Wolfgang Fackler, MdL, erinnert in der aktuellen Debatte um ein mögliches Böllerverbot daran, dass es bereits vom 2. Januar bis 30. Dezember ein generelles und striktes Böllerverbot in Deutschland gibt. „Dennoch ist klar, dass Exzesse, wie sie zum Jahreswechsel in Berlin zu erleben waren, untragbar sind. Wir sollten aber trotzdem einen Schritt zurücktreten und die Diskussion nicht in aufgeheizter Stimmung führen. Denn es ist nicht zielführend, immer gleich vom einen Extrem ins andere zu springen, sondern Maß und Mitte würden unserer Gesellschaft guttun!“

Der Beauftragte teilt mit: „Von einem pauschalen Verbot von privaten Feuerwerkskörpern aller Art halte ich nichts. Es ist wie so oft: Weil ein paar Unbelehrbare sich nicht an die Regeln halten, ist der erste Reflex der Ruf nach Verboten und härteren Strafen. Allerdings gelten für Körperverletzung und Sachbeschädigung auch heute schon die Regeln des Strafrechts. Es ist die Aufgabe des Staates, Recht und Gesetz entschieden und resolut durchzusetzen. Deswegen aber allen, die friedlich miteinander feiern und das neue Jahr mit einer beliebten Tradition willkommen heißen wollen, das Feuerwerk zu verbieten, halte ich für überzogen! Schließlich erfährt man von keinen derartigen Exzessen aus denjenigen Ländern, aus denen die