Se constata una gestión deficitaria de los recursos y una falta de herramientas adecuadas para fiscalizar las ayudas otorgadas

La afectación de los derechos de los jóvenes llevó a la institución a pedir la condonación de su deuda y la Administración lo ha aceptado

El Síndic de Greuges de Cataluña ha hecho público hoy un informe que analiza el funcionamiento de los programas de apoyo a la emancipación de los jóvenes extutelados. Tiene su origen en las quejas que ha recibido la institución y en las actuaciones de oficio que ha abierto durante los años 2024 y 2025, y se enmarca en el contexto del Plan de transformación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, impulsado por el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat.

El informe constata algunas disfunciones e irregularidades en la gestión de las prestaciones económicas y de vivienda dirigidas a las personas extuteladas. Esto afecta a los derechos y oportunidades de estos jóvenes, especialmente en términos de riesgo de exclusión social, acceso a la vivienda, formación postobligatoria o inserción en el mercado laboral, sin olvidar las afectaciones fiscales de esta gestión administrativa.

Contexto

El aumento del número de niños y adolescentes en situación de desamparo y la llegada de adolescentes migrantes solos han hecho que haya más jóvenes extutelados atendidos por las medidas de apoyo a la emancipación, lo que ha incrementado la presión asistencial sobre el Área de Apoyo a Jóvenes Tutelados y Extutelados (ASJTET) de la Generalitat.

Principales conclusiones

La cobertura de los programas de emancipación es insuficiente: los programas de emancipación cubren tan solo a la mitad de estos jóvenes cuando cumplen los dieciocho años y, entre los que se quedan fuera, hay perfiles vulnerables.

La prevalencia de denegación de prestaciones es elevada: entre 2021 y 2023 se ha denegado más de una tercera parte de las solicitudes presentadas, aunque esta cifra ha ido mejorando en estos años. El informe pone de manifiesto que estas denegaciones mayoritariamente tienen que ver con burocracia excesiva y barreras administrativas, atendiendo al perfil de estos jóvenes. 

Los retrasos en la tramitación de prestaciones económicas son excesivos: el tiempo medio supera los 10 meses (si tomamos como referencia las solicitudes de prestación económica de los expedientes activos a 31 de diciembre de 2024). También se advierte de que el proceso de extinción de la prestación es lento: para los expedientes extinguidos en 2024, pasan 18,1 meses desde que se propone su extinción hasta su resolución. En cambio, el acceso a la vivienda es bastante ágil: el 63,8 % de los jóvenes accede a una vivienda en los tres meses posteriores a su mayoría de edad.

Se constatan pagos indebidos: el Departamento ha informado recientemente al Parlamento de que, de los expedientes analizados del año 2021 –cerca de un millar–, solo se descartan pagos indebidos en un 20 %.

Las quejas recibidas muestran que los importes de los posibles pagos oscilan entre los 6.800 y los 36.400 euros, y la mayoría de los jóvenes no tienen capacidad económica para hacer frente a esas cantidades. Así nos lo han hecho saber los jóvenes que han acudido a nuestra institución, tanto a título individual como colectivo, en la reunión mantenida con la plataforma de jóvenes extutelados autoorganizados que representa al conjunto de afectados. También se evidencia que la Administración no siempre ha actuado con celeridad al detectar cambios que generan incompatibilidades.

De hecho, el informe que acabamos de publicar destaca casos anómalos o irregulares detectados a partir de la revisión de expedientes y datos suministrados por la Generalitat. Por ejemplo, jóvenes que tenían alguna actividad laboral incompatible con el cobro de la prestación o que, a pesar de residir fuera de Cataluña, seguían recibiendo la prestación; derivaciones accesorias entre servicios que dilataban la extinción de la prestación; plazas residenciales ocupadas pero con un uso mínimo o esporádico; falta de correspondencia entre la documentación del expediente y la realidad, o casos en los que no se ha hecho copago al servicio de vivienda, aunque correspondería, atendiendo al nivel de ingresos. 

Además, es importante destacar que la síndica ha constatado que en numerosos casos los jóvenes ya habían alertado a la Administración de que no les correspondía percibir esas prestaciones. En definitiva, pues, la institución concluye que en los últimos años ha habido una gestión deficitaria de los recursos públicos. Faltan herramientas adecuadas para fiscalizar los expedientes y para comprobar el cumplimiento de criterios, y falta un mayor control de la labor de las entidades gestoras del seguimiento educativo, en un contexto de alta externalización.

Ante todo esto, el pasado julio, la síndica pidió al Departamento de Derechos Sociales e Inclusión que valorara condonar la deuda existente en este caso, desde la perspectiva del principio de proporcionalidad y por su impacto en las personas, teniendo en cuenta las circunstancias de los afectados. Finalmente, a mediados de septiembre, el Departamento ha hecho público que aceptaba condonar las deudas de estos jóvenes, como ya se había hecho con los cobros indebidos de la renta garantizada.

En este marco, la síndica quiere poner en valor que el Departamento está desplegando medidas para mejorar la gestión de las prestaciones y evitar que se repitan situaciones de este tipo.

El informe cierra con una serie de recomendaciones orientadas a mejorar las garantías de los derechos de este colectivo. Destacan la necesidad de reducir los plazos de tramitación o de condonar las deudas derivadas de errores administrativos y también subrayan la importancia de proteger a los profesionales que alertan de disfunciones en el sistema.

Principales recomendaciones:

• Reducción urgente de los tiempos de tramitación
• Condonación de deudas originadas por disfunciones administrativas
• Simplificación de los requisitos y circuitos de gestión
• Integración de las prestaciones en el sistema de la renta garantizada de ciudadanía
• Garantía de un seguimiento socioeducativo efectivo
• Protección legal y acompañamiento para los profesionales que alerten sobre irregularidades

Leeds City Council has been criticised for significant delays in making decisions about support for children with special educational needs. An investigation by the Local Government and Social Care Ombudsman found delays by the Council in nearly eight out of 10 Education, Health and Care (EHC) Plans even after specialist advice had been obtained.

The Ombudsman was asked to investigate a father’s complaint after the council took 72 weeks to produce his child’s EHC Plan – the document which sets out in law what additional support children must receive. Statutory guidance says it should take no more than 20 weeks.

During the period investigated by the Ombudsman, the council revealed it had issued 791 EHC Plans. The majority of those (614 or 78%) were issued more than 30 weeks after an educational psychologist’s advice was provided.

Julie Odams, Local Government and Social Care Ombudsman Chief Executive, said:

“We have previously raised the issue of how a national shortage of educational psychologists is adding to the delays many families face when councils are creating EHC Plans for their children and young adults.

“However, in Leeds we have found significant delays after this specialist advice has been received – with EHC Plans routinely taking a further seven months to finalise.

“These significant delays are clearly having a major impact on hundreds of families across the city.

“I hope the action plan the council has now agreed to put in place will allow it to get a firm grip on its systems for supporting children, young people and their families.”

The Local Government and Social Care Ombudsman remedies injustice and shares learning from investigations to help improve local government and adult social care services. In this case the council has agreed to apologise to the father who brought the complaint to the Ombudsman. It will also pay him £1,000 to reflect the frustration and uncertainty caused by the delay.

The Ombudsman has the power to make recommendations to improve processes for the wider public. In this case the council has agreed to highlight current timescales on relevant webpages, so parents and carers are aware of potential delays.

It will also provide an action plan showing how it will improve its timeliness in issuing EHC Plans and improve its communication with families who are waiting for their plans.

The Special Social Welfare Institution (SVZ) Hrastovec held a ceremony to open new secure units on Wednesday, 24 September. Forty-eight residents from the castle building will move into the modernly furnished living facilities by the end of the year. Deputy Ombudsman Ivan Šelih, who is also the interim head of the Ombudsman institution and the head of the NPM, pointed out at the ceremony that the residents' relocation is a long-awaited and welcome move towards respecting the rights of the residents of the SVZ Hrastovec.

The Ombudsman, in his role as the National Preventive Mechanism (NPM), regularly visits psychiatric hospitals and social welfare institutions, including Hrastovec. "In the past, the NPM found that the employees of the institution in the secure wards of the castle building, through hard work, managed to create conditions in which the residents were happy, despite the unsuitable, medieval building. However, since the castle building was never intended for residential purposes, the move to the renovated premises was necessary and therefore the Ombudsman supports it," said Šelih. He also stressed that the move also follows the requirements of the Mental Health Act (ZDZdr), which states that every person has the right to protection in a social and residential environment that is as least restrictive as possible, taking into account their health status and the safety of others.

Deputy Ombudsman Šelih also announced that the Ombudsman will continue to monitor the conditions in the new wards in accordance with his mission and legal obligation, with the aim of ensuring that the living conditions and care for residents are as good as possible and to avoid any inappropriate behaviour.

The renovation project, supported by the Ministry for Solidarity-Based Future, involved the renovation of a space of more than 1,600 m². A great deal construction and technical work was carried out, including laying new flooring, updating the lighting, sanitary equipment, and emergency call system, installing video surveillance, arranging a secure courtyard, and more. In total, the institution acquired four secure units with 12 beds each, which means 48 new places. In addition, the unit in Lenart provides 40 beds for people with cognitive decline, so that SVZ Hrastovec now has a total of 88 beds in secure units.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha participado este jueves en el acto de entrega de condecoraciones de la Administración Penitenciaria, que se ha celebrado en la prisión de Segovia, con motivo de la festividad de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias.

La ceremonia ha estado presidida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y también ha contado con la presencia, entre otros, del secretario de general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz; del director general de Ejecución Penal y Reinserción Social de Instituciones Penitenciarias, Miguel Ángel Vicente; de la subdelegada del Gobierno en Segovia, María Ángeles Rueda, y de la directora del centro penitenciario, Esther García.

Durante el acto se han entregado las medallas que reconocen el trabajo de los profesionales y de las personas externas que contribuyen al buen funcionamiento de la Administración penitenciaria.

En esta edición, se han entregado 21 condecoraciones: tres menciones honoríficas por 25 años de servicio; cuatro menciones honoríficas; una medalla de Bronce Penitenciario; dos medallas de Bronce al Mérito Penitenciario; cinco medallas de Plata Penitenciaria; tres medallas de Plata al Mérito Social Penitenciario; tres medallas de Oro Penitenciaria, y una medalla de Oro al Mérito Social Penitenciario.

Am morgigen Mittwoch (24. September 2025) wird der Petitionsausschuss eine öffentliche Beratung zum Tod der Kegelrobben an der Ostküste Rügens durchführen. 

Der BUND hatte im Dezember 2024 eine Petition überreicht, um zu erreichen, dass der Tod der im Oktober bei Mönchsgut aufgefundenen 38 toten Kegelrobben aufgeklärt wird und flächendeckende Schutzmaßnahmen ergriffen werden. 

An der Beratung nehmen die Petenten sowie das Landwirtschaftsministerium, das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei und der Landesverband der Binnenfischer e.V. teil. 

Die Sitzung beginnt um 9 Uhr im Demmler-Saal des Schlosses Schwerin. Da die Petition öffentlich beraten wird, besteht die Möglichkeit, die Beratung vor Ort zu verfolgen. Interessenten melden sich am Besuchereingang am Stadtportal des Schlosses. Für den Besuch ist ein gültiger Personalausweis erforderlich.