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Una representación del Consejo de Menores de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía ha participado en la primera jornada del Foro ENYA, espacio participativo de niños, niñas y adolescentes de la Red Europera de Defensorías para la Infancia (ENOC)

Los participantes tuvieron la oportunidad de conocer a los diferentes equipos que se han implicado en el proyecto de este año, que les invitaba a reflexionar sobre los derechos de la infancia y la adolescencia en el ámbito de la salud física. Duante el encuentro, los jóvenes asesores y asesoras han revisado las 48 recomendaciones aportadas en total por los equipos participantes, agrupadas en torno a cinco bloques temáticos o grandes recomendaciones orientadas a garantizar:

• Acceso universal a comida saludable, equilibrada, sostenible y suficiente
• El control del consumo de bebidas energéticas, vapers y drogas
• El derecho de los niños, niñas y jóvenes a expresar su opinión, ser escuchados y participar en las decisiones relacionadas con su salud
• El derecho de los niños, niñas y jóvenes a acceder a los servicios de salud en condiciones de equidad
• El derecho de niños, niñas y adolescentes a disfrutar de tiempo, condiciones y espacios adecuados para el efectivo ejercicio de su derecho al juego, al descanso y a realizar actividad física.

Estas recomendaciones u objetivos se desglosan a su vez en recomendaciones más concretas sobre acciones necesarias para alcanzar los retos fijados. Cada participante ha podido seleccionar 8 recomendaciones prioritarias sobre el total de 48 y de ellas saldrán las recomendaciones que los jóvenes consejeros trasladarán a los miembros de ENOC en la Conferencia anual que tendrá lugar en Bucarest los días 17 y 18 de septiembre.

“I am following with concern recent developments in Georgia, which represent a significant escalation in the pressure being applied to civil society” said Michael O’Flaherty, Council of Europe Commissioner for Human Rights.

Two weeks ago, at least eight non-governmental organisations (NGOs) working in the field of human rights and democracy – many of them longstanding partners of the Council of Europe and the Commissioner – received court orders, issued by the Tbilisi City Court. These orders compel them to provide a wide range of information, including sensitive personal data, to the Anti-Corruption Bureau (ACB), as part of an inquiry into possible violations of the Foreign Agents Registration Act (GEOFARA), the Law on Grants and other legislation. Specifically, the court orders require the NGOs to hand over grant agreements, financial and activity records, and personal data of beneficiaries, covering the period from 1 January 2024 to 10 June 2025. Reportedly, the requested information is to be submitted within three working days under threat of criminal liability. Following an appeal by the NGOs in question, the Tbilisi Court of Appeals has upheld the court orders without holding a hearing.

“The actions of the Georgian authorities raise a range of serious human rights concerns,” said the Commissioner. “The scope and urgency of these requests are troubling. Requiring organisations to hand over vast amounts of internal documentation, including personal data (names, addresses, ID numbers), puts pressure not only on the organisations, some of which are service providers, but also on their beneficiaries and close partners. It raises compatibility issues with Article 8 of the European Convention on Human Rights (ECHR), which protects the right to respect for private life, including data protection. Any interference with this right must be clearly justified, necessary, proportionate and non-discriminatory.”

The court orders, and the ACB requests on which they are based, follow the recent entry into force of GEOFARA and amendments to the Law on Grants. These laws require organisations acting on behalf of a foreign principal to register as ‘agents of a foreign principal,’ prohibit NGOs from receiving foreign grants without official approval, and give the ACB broad inspection powers. “When placed within the broader context of attacks and smear campaigns against NGOs and human rights defenders, as noted in the memorandum following my visit to Georgia, the use of these laws further stigmatises and silences human rights defenders and civil society,” the Commissioner stated. “As set out in Article 11 of the ECHR, restrictions on freedom of association must be necessary in a democratic society and proportionate to their legitimate aim. The inability of NGOs to secure a remedy from Georgian courts against the actions of the ACB also raises concerns under Article 13 of the ECHR,” he added.

“Civil society is a cornerstone of any democratic society,” the Commissioner said. “I urge the Georgian authorities to respect their obligations under the ECHR and other human rights instruments, to guarantee the rights to freedom of expression and freedom of association, and to put an end to all forms of harassment and intimidation of human rights defenders and civil society actors.”

El Defensor del Pueblo ha iniciado 30 actuaciones de oficio con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, todas las comunidades autónomas, las dos ciudades autónomas y con los diez ayuntamientos más poblados de España con el objetivo de conocer las políticas públicas que están llevando a cabo para garantizar a la ciudadanía el acceso a una vivienda digna y adecuada.

La institución ha solicitado -al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, comunidades autónomas, Ceuta y Melilla y a los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Alicante y Las Palmas de Gran Canaria-, información sobre las medidas y/o planes que hayan adoptado, o tengan previsto adoptar, para hacer efectivo el derecho de acceso a la vivienda protegida y asequible incentivada, así como para incrementar el parque público de vivienda.

Asimismo, se les ha requerido información concreta sobre el número de viviendas protegidas y asequibles incentivadas que existen en su territorio; el número de personas en espera de adjudicación de una vivienda sujeta a un régimen de protección pública o asequible incentivada; las medidas dirigidas a incrementar el parque de vivienda sujeta a algún régimen de protección pública y de vivienda asequible incentivada; si existen áreas de mercado residencial tensionado y si se van a aplicar las medidas previstas al respecto en la Ley por el Derecho a la Vivienda; las  medidas previstas para regular y en su caso limitar las viviendas destinadas a alquiler turístico, y las medidas dirigidas a ayudar al pago de los alquileres.

El Defensor del Pueblo ha preguntado también al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana sobre el contenido del próximo plan estatal en materia de vivienda; los avances relativos a la constitución de la empresa pública de vivienda anunciada, y el grado de ejecución de los planes y programas de construcción de vivienda anunciados; así como sobre cualesquiera otros instrumentos que haya puesto en marcha o vaya a adoptar con el fin de hacer efectivo el derecho de acceso a la vivienda protegida y asequible incentivada.

El acceso a una vivienda en condiciones asequibles constituye, además de una necesidad básica de las personas, un derecho reconocido en el artículo 47 de la Constitución que los poderes públicos deben hacer realidad, promoviendo las condiciones necesarias y estableciendo las normas pertinentes para hacerlo efectivo.

Las dificultades para acceder a la vivienda llevan tiempo siendo objeto de especial consideración para el Defensor del Pueblo, y así lo ha ido reflejando en sus últimos informes anuales. “El acceso a la vivienda en España es un problema grave debido a los altos precios. Se observan retrasos considerables en la gestión de ayudas, como el bono de alquiler joven, y largas esperas en la adjudicación de vivienda de protección pública. Parece preciso aumentar significativamente la oferta de vivienda, especialmente las de carácter protegido, que deben sujetarse a un régimen de protección permanente, y gestionar las ayudas al alquiler de manera ágil”.

Se necesitan más viviendas protegidas

Se da la circunstancia de que España destaca negativamente en el entorno europeo por su escaso parque de vivienda social, que solo representaba el 3,3% respecto del conjunto de los hogares o viviendas principales, según los datos de 2024 del Observatorio de Vivienda y Suelo, elaborados a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE). En Países Bajos representa el 30% y en Francia 17%. La media europea es del 10%.

La situación de dificultad de acceso a la vivienda se reproduce en prácticamente todas las comunidades autónomas y ciudades medias y grandes, pero es más intensa en aquellos territorios con más población y receptora de más turismo, y afecta en especial a los jóvenes y a las personas con menos ingresos, aunque también a los trabajadores desplazados, y a las personas y unidades familiares con ingresos medios. Esto ahonda en la desigualdad entre los ciudadanos y condiciona su bienestar, su desarrollo personal y el disfrute del resto de los derechos, a juicio de la institución.