El actual sistema de bloques electorales hace que el electorado reciba más información sobre las fuerzas políticas mayoritarias

Defiende que en los debates electorales deberían poder participar todas las candidaturas válidamente constituidas
 

A raíz de las próximas elecciones al Parlamento de Catalunya, que tendrán lugar el 12 de mayo, el Síndic de Greuges ha emitido una nueva resolución en la que pide incluir otras fórmulas más flexibles que los bloques electorales.

El sistema de bloques electorales determina cómo se reparten los espacios informativos durante los períodos electorales, ordenándolos y delimitándolos en el tiempo en función de la representatividad obtenida por cada fuerza política en las elecciones precedentes.

De acuerdo con la normativa vigente, sin embargo, los órganos de dirección de los medios públicos pueden decidir sobre la programación informativa en este período, aplicando criterios profesionales y más flexibles que los bloques electorales, siempre que se garantice el pluralismo político y social, la igualdad, la proporcionalidad y la neutralidad informativa.

Ante este hecho, la síndica invita a las candidaturas que concurren a las elecciones del 12 mayo a rubricar un acuerdo para superar los bloques electorales y pide a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) ya los demás medios de comunicación catalanes de titularidad pública que adopten medidas más flexibles, diferentes o complementarias a los bloques electorales, con el fin de que la ciudadanía pueda recibir información de todas las candidaturas.

Por otra parte, la síndica pone de manifiesto que los debates electorales son una de las principales herramientas de información que utilizan los ciudadanos para poder tomar una decisión en relación con su voto. Por tanto, la institución considera que en estos debates deberían poder participar todas las fuerzas políticas: las que tienen representación parlamentaria, las que se consideran grupos políticos significativos y las que, pese a no cumplir con ninguno de estos dos requisitos, han sido válidamente constituidas. De acuerdo con ello, ha sugerido a la CCMA que todas las candidaturas puedan participar en al menos uno de los debates electorales televisados y radiofónicos que se ofrezcan durante el período electoral. En este contexto, la institución recuerda que la normativa vigente no excluye ese escenario.

Un ciudadano, inquilino de una vivienda asimilada a la de protección pública en régimen de arrendamiento, solicitó la intervención del Ararteko con motivo de su desacuerdo con la decisión de la sociedad pública Alokabide de retener y no devolver la totalidad de la fianza depositada tras una reubicación. 

En concreto, en abril de 2023, la sociedad pública remitió una comunicación al reclamante en la que se le informaba de que la fianza no le iba a ser devuelta, debido a que había una serie de desperfectos genéricos en la vivienda. 

Disconforme con la comunicación recibida y ante la ausencia de un informe técnico que avalara dicha decisión, en junio de 2023 el promotor de la queja interpuso una reclamación. Sostuvo que muchos de los desperfectos enumerados de forma genérica ya existían en el momento en el que accedió al inmueble y fueron debidamente comunicados a Alokabide. 

Por ello, solicitó mayor concreción de los desperfectos indicados, con el fin de analizar su imputación y poder así defender sus derechos como parte arrendataria. 

Sin embargo, a fecha de presentación de su escrito de queja en el Ararteko en febrero de 2024, Alokabide no había dado respuesta alguna ni había aportado ningún informe técnico que justificara la imputación de las reparaciones y la decisión de no devolver la fianza.

El Ararteko considera que corresponde a la parte arrendadora probar la existencia de desperfectos. Para ello, es necesario que la imputación de una reparación cuente con el debido aval técnico y que éste se remita a la parte arrendataria en el momento en el que la sociedad pública decida no devolver la fianza. En caso contrario, se estaría privando a la parte arrendataria de la información necesaria que le permitiera oponerse a la decisión adoptada por la parte arrendadora. 

Tras solicitar información al Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco éste ha remitido al Ararteko un informe elaborado por el director del Área Técnica de Alokabide, que, en síntesis, resuelve revisar el expediente y devolver la totalidad de la fianza, tras comprobar que las reparaciones solicitadas no le resultaban imputables. 

En relación con la falta de respuesta a la reclamación, la sociedad pública lamenta no haber contestado y señala que ha remitido sus disculpas. El Ararteko valora de forma muy positiva el trabajo realizado por Alokabide y agradece tanto al Departamento como a la propia sociedad pública la colaboración prestada en este expediente de queja.

RESOLUCIÓN

El Defensor del Pueblo de Navarra ha aprobado la convocatoria de una beca de formación, de duración anual y con requisito de conocimiento de euskera, para personas con grado en Derecho.

El Defensor del Pueblo de Navarra ha aprobado la convocatoria de una beca de formación, de duración anual y requisito de conocimiento de euskera (nivel B2 o equivalente), para personas con grado en Derecho, con destino en la institución del Defensor del Pueblo de Navarra.

Las bases que rigen la convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de Navarra.

La beca tendrá una duración de doce meses. La ejecución de la beca requerirá la presencia de las personas beneficiarias en la sede del Defensor del Pueblo de Navarra durante 30 horas semanales.

Las personas interesadas deberán presentar, en el plazo de 20 días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación en el BON, la instancia y la documentación requerida en el registro del Defensor del Pueblo de Navarra, situado en la calle Emilio Arrieta 12 bajo, 31002, Pamplona-Iruña, o por correo electrónico, en la dirección info@defensornavarra.es.

Con motivo de la celebración del Día internacional de concienciación sobre el ruido, el ararteko Manuel Lezertua ha participado en Bilbao en una mesa-debate organizada por la Plataforma 7 Ordu Lo titulada “Una ciudad viva, ¿tiene que ser ruidosa?”

En su intervención, el ararteko ha dicho que un exceso del ruido ambiente puede vulnerar derechos fundamentales como el derecho a la inviolabilidad del domicilio, a la vida familiar y a la salud. Por ello, el Ararteko promueve la búsqueda de un nuevo modelo de ocio que favorezca las actividades humanas más sostenibles y compatibles con el derecho al descanso.

El Ararteko viene reivindicando un plan de acción de los poderes públicos para luchar para luchar contra la “lacra” que implica la contaminación acústica y hace una serie de recomendaciones para tratar de ir minimizando el impacto de la injerencia sonora en el disfrute de los derechos de las personas.

Lezertua considera que ciertos mecanismos de participación, como pueden ser los foros entre ciudadanos y administración, mesas de seguimiento de conflictos generados por el ruido o, incluso, círculos de justicia restaurativa, pueden constituirse como herramientas positivas para conocer de primera mano cuáles son las preocupaciones ambientales de la población residente en el entorno de actividades molestas y para tratar de repararlas.

INTERVENCIÓN DEL ARARTEKO