El Defensor del Pueblo de Navarra-Nafarroako Arartekoa, Patxi Vera, compareció este martes ante la Comisión de Régimen Foral del Parlamento de Navarra para presentar el ‘Informe Anual 2023’ elaborado por su institución. Una intervención en la que Vera advirtió a los representantes de las distintas formaciones políticas presentes en la Cámara Foral de que “la brecha de la desigualdad social va a más, está creciendo y se nos está quedando gente por el camino”.

Informó que su intención en la comparecencia era “traer la voz de las personas que no se sienten bien tratadas por las administraciones, que no ven reconocidos sus derechos o que piden una mayor igualdad”. En ese sentido, Vera reiteró su predisposición a colaborar con el tercer sector afirmando que “quiero ayudar a quieres ayudan”.

Consideró, igualmente, que no se está avanzando lo suficiente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las metas marcadas en la Agenda 2030. “Si queremos cumplir con el compromiso que hemos adquirido de no dejar a nadie atrás, debemos hacer más esfuerzos”, insistió.

El resto de la exposición de Patxi Vera se centró en enumerar y detallar las 3.583 actuaciones recogidas en el documento motivo de su comparecencia y que fueron realizadas por el Defensor del Pueblo-Nafarroako Arartekoa el año pasado, atendiendo a 5.038 personas. De esta forma, se refirió a las 1.869 consultas de la ciudadanía y las 1.436 quejas gestionadas, además de 28 actuaciones de oficio, 19 expedientes de mediación y 8 propuestas de mejora, entre otras actuaciones.

De los 754 casos en los que, a juicio de la institución, era viable una solución total o parcial al problema planteado en la queja, el grado de aceptación de las resoluciones y soluciones durante la tramitación se elevó hasta un 83,3%, con un total de 628 quejas que finalizaron favorablemente para la ciudadanía.

COLECTIVOS VULNERABLES

De entre todos esos grandes números, quiso detenerse, sobre todo, en los 34 encuentros mantenidos “con asociaciones, fundaciones y entidades que atienden a los colectivos vulnerables de Navarra”. “He podido constatar, una vez más, el formidable entramado con el que cuenta la Comunidad Foral y que da asistencia, apoyo y acompañamiento a quienes más lo necesitan”, añadió, “a quienes se encuentran en situación de pobreza, vulnerabilidad, dependencia, discapacidad o riesgo de exclusión social”.

Por ello, tras visitar las sedes, oficinas y locales de las organizaciones a las que acuden pudo conocer “de primera mano” las problemáticas que deben afrontar en su día a día. Entre estas últimas destacó cuestiones como las vinculadas al empadronamiento, la escasez de vivienda, el solapamiento de las múltiples brechas de desigualdad, la atención a los menores, la discapacidad, así como la desatención de los mayores, “cuestiones que nos llegan a diario y sobre las que estamos actuando”. En esa misma línea, Vera mencionó las barreras de comunicación con las administraciones o la necesidad de una mejor coordinación entre ellas.

Por eso no debe extrañar que la materia con mayor número de quejas haya sido Bienestar social, ya que el Defensor del Pueblo viene realizando, desde hace dos años, un trabajo proactivo con más de sesenta entidades sociales y del Tercer Sector.

Vera calificó como “cuando menos paradójica” la situación en la que se encuentra Navarra, ya que un año más ha vuelto a ser “la comunidad con mayor calidad de vida de todo el Estado, pero, al mismo tiempo, es en la que más se incrementa el riesgo de pobreza y exclusión”. De ahí su demanda de “hacer más esfuerzos” para intentar reducir la brecha de la desigualdad social.

OTRAS ÁREAS DE TRABAJO

En el ranking de las materias con mayor número de quejas, se situó en segunda posición la de Sanidad (117), destacando las listas de espera, si bien el Departamento de Salud está dando respuesta a las reclamaciones que se le hacen llegar. En tercer lugar, Educación (98), con especial atención del Defensor a los casos relacionados con el ‘bullying’, “porque pueden ser la punta del iceberg de lo que puede estar ocurriendo en las aulas y su entorno”, demandando “un trabajo más integral que agrupe no solo a familias y docentes sino también a otros ámbitos que tienen contacto y relación con los menores” que contemple las tres fases de trabajo: la detección y prevención; el cese de la situación; y la reparación y recuperación.

En cuanto a la materia de Vivienda, Vera destacó la gran demanda de vivienda protegida de alquiler y casos “desoladores de familias monomarentales hacinadas en una sola habitación o, incluso, sin vivienda” o personas en “situación de calle” y sin empadronar, mientras paralelamente existen miles de viviendas deshabitadas.

En relación a las administraciones, lamentó “la insensibilidad de determinadas áreas administrativas que no llegan a ser empáticas con la dificultad que algunos colectivos encuentran en la digitalización como única vía de comunicación” y abogó por el fin de la cita previa. “Aquí nuestro posicionamiento ha sido y será mantenido con determinación en defensa del derecho de las personas a una buena administración”, sentenció Vera. En las oficinas del Defensor del Pueblo se pretende dar ejemplo y por ello “no exigimos cita previa y ofrecemos una atención presencial y personalizada”.

En el informe del Defensor del Pueblo se clasifican también las actuaciones en función de los 17 ODS de la Agenda 2030 de la ONU, además de tener en cuenta la “interseccionalidad” por el solapamiento de determinadas brechas económicas y sociales.

MATERIAL A DISPOSICIÓN DE LA CIUDADANÍA

Las personas interesadas en acceder a una copia de la presentación realizada por el Defensor del Pueblo de Navarra-Nafarroako Arartekoa, Patxi Vera, en la Comisión de Régimen Foral la tienen a su disposición en este enlace (versión castellano y versión euskera).

Igualmente, haciendo clic AQUÍ está disponible la grabación completa de la sesión celebrada en el Parlamento de Navarra. 

Les 18 et 19 avril 2024, le Défenseur des droits était à Valence avec 32 autorités européennes de protection des lanceurs d’alerte et de lutte contre la corruption pour la 9e Assemblée du réseau NEIWA (Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities).

À l’issue de ces 2 jours de travaux, les membres du réseau ont approuvé une déclaration commune. La Déclaration de Valence souligne la nécessité de protéger les lanceurs d’alerte afin de prévenir les violations des droits européen et nationaux dans nombre de domaines d’intérêt public, notamment celui de la lutte anti-corruption et condamne toute forme de limitation à l’indépendance ou l’efficacité des autorités compétentes nationales ou régionales.

Les membres de NEIWA ont souligné l'importance de promouvoir le travail et la coordination de tous les acteurs impliqués dans le domaine de la dénonciation et de la lutte contre la corruption. La contribution de la police, du système judiciaire et de la société civile est essentielle à l'instauration d'une culture de l'intégrité.

Outre la Déclaration de Valence, les résultats de plusieurs groupes de travail mis en place au sein du Réseau ont été présentés lors de cette 9ème Assemblée, tels que le groupe dédié à l'analyse des plaintes reçues, ou le groupe chargé d'étudier, d'analyser et de proposer des mesures de soutien financier ou psychologique aux lanceurs d'alerte. Sur ce dernier sujet, les membres du Réseau regrettent, comme le Défenseur des droits, la faiblesse des moyens octroyés aux institutions chargées de protéger les lanceurs d’alerte. Le GRECO a repris sur ce point les constats du Défenseur des droits dans son 2eme rapport de conformité de la France.

Le directeur général de la justice de la Commission européenne, Paul Hafellner, a été invité à cette session et a fait une présentation de l'état de la transposition de la directive européenne (UE) 2019/1937 du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

Les membres du réseau ont également approuvé une modification des statuts et des règles de procédure et d'organisation du réseau afin d'en améliorer le fonctionnement, ainsi que l'intégration de nouveaux membres tels que l'Institut fédéral des droits de l'homme (Belgique), l'Office de lutte contre la corruption de Géorgie, l'Office de protection des lanceurs d'alerte (Luxembourg) et l'Ombudsman de Wallonie (Belgique).

Le réseau NEIWA

Le réseau NEIWA a été créé en 2019 suite à l'adoption par l'Union européenne de la directive (UE) 2019/1937 sur la protection des lanceurs d'alerte ; il constitue une plateforme de coopération et d'échange de connaissances et d'expériences dans le domaine de l'intégrité et de la protection des lanceurs d'alerte.

Le Défenseur des droits est co-fondateur du réseau NEIWA qui regroupe 32 autorités issues de 24 pays européens.

Un collègue de notre Centre Intégrité a participé à la rencontre annuelle du réseau Européen NEIWA, qui a eu lieu à Valence. Le réseau rassemble 33 organisations de 24 pays différents qui s’engagent pour l’amélioration de l’intégrité et la protection des lanceurs d’alerte et se positionnent contre la corruption. 

Au cours de plusieurs ateliers, les participants ont échangé leurs connaissances et leurs expériences. Le résultat de la réunion est la "Déclaration de Valence", dans laquelle ils ont souligné l'importance de lancer l’alerte. 

« Lancer l’alerte est un des meilleurs instruments pour lutter contre la corruption », affirment les membres du réseau dans leur déclaration. Dans cette déclaration, ils condamnent également toute forme de suppression ou limitation de l’indépendance, de l’efficacité et de l’intégrité des institutions qui protègent les lanceurs d’alerte. Ils soulignent l’importance de collaborer entre toutes les instances de lutte contre la corruption, telles que la police et la justice mais aussi la société civile, ce qui est crucial pour développer une véritable « culture de la parole ». 

Un gros dossier pour le réseau est la Directive européenne sur les lanceurs d’alerte, qui a depuis été mise en œuvre dans plusieurs pays européens, dont la Belgique. Paul Hafellner, collaborateur au sein de la DG Justice de la Commission européenne, a fait le point sur la mise en œuvre de la directive dans différents pays européens lors de la réunion. 

Finalement, le réseau a décidé d’admettre de nouveaux membres, dont le Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles et l’Institut fédéral des Droits Humains. 

Two surveys of the Public Defender of Rights assessed the accessibility of public buildings in terms of construction law as well as in practice with the help of people with various disabilities. It turned out that construction authorities of municipalities with extended competence approve the vast majority of applications for exemptions from the decree on barrier-free use. This can hinder the accessibility of buildings for people with disabilities. Testers in the field have found that the level of accessibility and the number of barriers in public institutions differ depending on the type of disability. Buildings are most easily accessible for people with physical disabilities, while people with hearing impairments face the greatest barriers.

As part of the research, testers with various disabilities visited six public institutions in regional capitals, and in Prague and Příbram. In each institution, they were tasked with getting to a designated place independently. The testers also evaluated the institution’s website, the entrance to the building including the reception, movement around the building, elevators and toilets.

Testers’ tasks

Post office: get to the counter where you can send a registered letter and ask for a filing slip

Municipality (city hall): get to the office or counter where applications for identity cards are submitted

Hospital: get to an ENT, orthopaedic or eye clinic (depending on the type of disability)

Social security administration: get to the office or counter where you apply for disability pension

Court: get to the courtroom where a public hearing will be held

Labour office: det to the office or counter where application for allowance for a special aid can be submitted

 “Each site tested received a score according to the proportion of the criteria met. This allowed us to compare accessibility across the country. For example, we learned that the institutions with the best scores varied depending on the type of disability. Hospitals were the most accessible for people with physical disabilities, while courts scored the highest for people with visual impairments,” said the Deputy Defender, Vít Alexander Schorm, summarising the results of the survey and adding that city halls were the best equipped for visitors with hearing impairments, although overall they met less than a third of the criteria evaluated. The post offices run by the Czech Post attained the lowest score among the institutions assessed.

According to the survey, many institutions are ready for visitors in wheelchairs and are equipped to facilitate their independent movement throughout the building. However, they are not completely barrier-free. A tester in Ústí nad Labem described her difficulties moving around the local city hall: “The biggest obstacle are the stairs in the corridors. It’s always only three or four steps with a ramp attached, but it’s just too steep for me to drive up.”

Testers with hearing impairments found that the vast majority of institutions did not provide any information about the possibility to ask in advance for interpretation into Czech sign language or simultaneous transcription on their websites. It is difficult for people with hearing impairments to find their way around the building and make contact with staff when they arrive. Communication usually took place in writing.

According to the survey results, the institutions assume that people with visual and hearing impairments will visit them accompanied by someone who can help them navigate the building and deal with their matters.

The Deputy Defender is now working with people with disabilities and their advocacy organisations to prepare recommendations on how to address possible systemic deficiencies in barrier-free use of buildings. He will also address such recommendations to the individual institutions tested, as many of the problems described can, in fact, be eliminated immediately.

At the same time, the Defender is trying to push for an accessibility decree that would reflect both the needs of people with disabilities and the requirements of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities to the maximum extent possible. The Convention strives for a “universal design”, i.e. the products, services and environments to be usable by all people, to the greatest extent possible, regardless of their specific needs.

“Recently, everyone had the opportunity to contribute to improving accessibility. In April, people could comment online on the technical CSN standard concerning accessibility and barrier-free use of buildings,” said the Defender, Stanislav Křeček, referring to the instructions he issued together with the Ministry of Regional Development.

• Survey: Accessibility of public buildings and services to people with disabilities
• Survey: Barrier-free access in construction law

Ce vendredi 12 avril 2024, au Bureau d’Ombudsman a eu lieu un événement pour KWIBUKA30, Génocide perpétrait contre les Tutsis en 1994.

C’est un événement qui explique l’histoire du Génocide commis contre les Tutsis avant et après celui-ci, des témoignages et des paroles réconfortantes notamment pour les survivants du Génocide contre les Tutsi. Une lumière d’espoir a été allumée, montrant que là où il y avait l’obscurité, il y a maintenant la lumière.

Dans le témoignage de MUTABAZI Godefroid qui a survécu dans le secteur de Kimihurura dans le district de Gasabo où se trouve le Bureau d’Ombudsman, il raconte être retourné sur la route principale qu’il a parcouru pendant le Génocide, où il a déclaré avoir été abattu et s’être senti mort par ceux qui l’ont tué. Je l’ai tué et j’ai pensé qu’il était mort mais il est revenu respirer encore. Dans ce témoignage, il fait l’éloge des forces de l’RPA/Inkotanyi qui ont sauvé les Tutsis pendant le génocide et maintenant il apprécie qque le Rwanda soit en sécurité. Mutabazi Godefroid était accompagné de ses 2 filles.

Lors de cet événement, le commissaire de la communauté IBUKA, NDAGIJIMANA Laurent, dans son interview est revenu sur l’histoire du premier génocide contre les Tutsis. Il rappelle que le monde regarde et dit que cela ne se reproduira plus, mais ensuite il y a eu un génocide contre les Juifs avant celui-là. A partir de cette histoire, il montre qu’il y a encore une responsabilité très importante à continuer d’expliquer la vérité à ceux qui soutiennent encore l’idéologie du Génocide, à ceux qui la méprisent où la nient.

Commissaire auprès de la communauté IBUKA, NDAGIJIMANA Laurent donne une présentation de l’histoire du Génocide perpétré contre les Tutsi en 1994.

L’honorable NIRERE Madeleine, l’Ombudsman en chef qui était également l’invitée d’honneur de cette commémoration du Génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, affirme dans son message que le Bureau qu’elle dirige a une grande responsabilité dans la lutte contre l’injustice et la corruption afin qu’elle ne se reproduise pas. En effet, cela se reproduira parce qu’il n’y a pas de plus grande injustice que le génocide contre les Tutsi.

Elle a déclaré : « En 1994, lorsque le génocide a été commis contre les Tutsis au Rwanda, le Bureau d’Ombudsman n’existait pas, mais maintenant nous avons la chance qu’il existe, et d’autres institutions qui ont la responsabilité de prévenir et de combattre l’injustice. En ces temps où nous commémorons le 30ème fois, Génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, prenons un moment pour nous examiner et voir ensemble comment chacun, dans son devoir, s’implique pour protéger le respect des valeurs humaines, prévenir et combattre tout ce qui viole les droits de l’homme, en particulier le génocide et son idéologie ».

Hon. NIRERE Madeleine, l’Ombudsman en chef s’adresse aux participants de la 30^ème fois de commémoration du Génocide contre les Tutsis en 1994.

L’Ombudsman en chef demande également dans ce discours que chaque Rwandais, qu’il soit jeune ou vieux, jeune, enfant, femme ou homme, participe et s’efforce de prévenir et combattre le Génocide et tout ce qui s’y rapporte.

Depuis le 04/07/204, la Nation du Rwanda et les amis du Rwanda participent aux 100 jours de commémoration annuelle du 30ème fois, Génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Le thème de cette année est : « Se souvenir, bâtir ensemble.».

Munyanshoza Dieudonné a également adressé un message de réconfort aux survivants du Génocide contre les Tutsis à travers l’art de chansons.

29/04 Traduction non officielle. Lien vers l’article originel