These days, Geneva has become the center of the global debate on human dignity. The People’s Advocate of Albania, Mr. Endrit Shabani, together with Commissioner Vilma Shurdha, are participating in the GANHRI Annual Conference, in what is considered the largest global gathering of human rights defenders under the auspices of the United Nations.

A highlight of this visit was the meeting of the European Network (ENNHRI), where a decision of strategic importance for the integrity of justice in Europe was taken. Through a joint statement, national institutions called on the Council of Europe states to respect the independence of the Strasbourg Court.

This stance comes as a response to political attempts to weaken the Convention system in the name of migration management. For Mr. Shabani and his European colleagues, the message was clear: Human rights are universal and no political agenda can dictate how the Court should interpret the law.

"Our participation and vote in favour of this declaration reconfirms the unwavering commitment of the Albanian Ombudsman to uphold European standards. At a time when migration challenges are growing, it is vital that political responses do not sacrifice the integrity of the Convention system, which has served as a shield for individual freedoms for over 75 years," said Shabani.

In addition to the migration crisis, the Albanian delegation is contributing to discussions on topics that are reshaping modern society:

Artificial Intelligence - The need to protect privacy in the digital space.

Environment - Treating a healthy environment as a fundamental human right.

Protection of the vulnerable - Special focus on children's rights and the fight against xenophobia.

During his stay in Geneva, the Ombudsman held a series of meetings with UN officials, including the Committee for the Prevention of Torture and representatives of the Sustainable Development Goals (SDGs).

This visit reaffirms the Ombudsman’s commitment to being a strong and independent voice, bringing international best practices to the protection of Albanian citizens.

El pleno del Observatorio Aragonés de la Soledad se ha reunido en sesión ordinaria con la presencia de la justicia de Aragón y de la consejera de Bienestar Social y Familia

El pleno del Observatorio Aragonés de la Soledad (OAS) se ha reunido este miércoles en la Sala Goya del Palacio de la Aljafería bajo la presidencia de la justicia de Aragón, Concepción Gimeno; la vicepresidencia de la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, y la asistencia de los vocales que lo integran, en representación de entidades sociales e instituciones de toda la Comunidad Autónoma para informar de la actividad realizada en 2025.

Esta actividad se ha llevado a cabo a través de dos grupos de trabajo coordinados por técnicos del Justicia de Aragón y la Dirección General de Mayores y ha dado como resultado la guía “Mirando la soledad” para detectar la soledad no deseada en personas mayores en Aragón y el “Catálogo de iniciativas y recursos contra la soledad no deseada”.

El Catálogo, coordinado por el Justicia de Aragón, recoge 62 actividades que ofrecen distintas entidades en todo Aragón para hacer frente a la soledad no deseada, clasificadas en siete ejes para dar respuesta a las necesidades detectadas en este colectivo como acompañamiento, cultura y ocio, encuentros intergeneracionales o tecnología y brecha digital.

Como ha explicado la justicia de Aragón, el Catálogo “es una publicación útil, de manejo cotidiano para los profesionales que tienen relación con personas mayores y para estas directamente, que reúne en un soporte único iniciativas para hacer frente a la soledad no deseada”.

La publicación se puede consultar tanto en formato impreso como a través del apartado del OAS de la web del Justicia lo que permite su actualización permanente, de manera que irá sumando iniciativas conforme se vayan presentado y sean analizadas por la Comisión de Valoración.

Respecto a la guía “Mirando la soledad”, un proyecto liderado por la Dirección General de Mayores, la consejera Carmen Susín ha subrayado que estas herramientas son la materialización de la Estrategia para afrontar la Soledad No Deseada impulsada por el Ejecutivo autonómico. “El objetivo siempre ha sido dotar a la Comunidad Autónoma de herramientas prácticas y eficaces para combatir esta pandemia silenciosa de la soledad no elegida”, ha afirmado Susín, quien ha recordado que en Aragón el 30% de los hogares son unipersonales y unos 20.000 mayores manifiestan haberse sentido solos en algún momento.

Para 2026, el pleno del OAS ha aprobado desplegar su actividad en el seguimiento de ambas herramientas y en su evaluación con el fin de medir el impacto real entre los usuarios y obtener conclusiones que permitan mejorar ambas iniciativas y ampliar su alcance para llegar al mayor número de personas posible.

OAS

El Observatorio Aragonés de la Soledad (OAS) es un espacio de estudio y acción creado en 2020 por el Justicia de Aragón y el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón para abordar la soledad no deseada en personas mayores. Su misión es prevenir el aislamiento y la exclusión social, promoviendo su bienestar y seguridad.

Actualmente cuenta con cincuenta vocales, entre miembros natos y representantes de 33 entidades adheridas.

The Parliamentary Ombudsman, Judge Joseph Zammit McKeon, and the Commissioner for Education, Chief Justice Emeritus Vincent De Gaetano, met with the Principal of MCAST, Mr Stephen Vella, at the MCAST campus.

The meeting, requested by MCAST, aimed to continue and strengthen the constructive engagement between the Office of the Ombudsman and MCAST at senior management level.

In welcoming the Ombudsman and the Commissioner, Mr Vella noted that the meeting provided an opportunity for MCAST to present its assessment of the work carried out with the Ombudsman’s Office to date. This included progress made in addressing issues raised and implementing recommendations over the past year.

Mr Vella also outlined the growth of the institution, which today serves more than 10,000 students and employs around 1,500 academic and administrative staff. He referred to ongoing developments at the Corradino Campus and presented MCAST’s plans for future expansion and its academic vision.

The Parliamentary Ombudsman observed that, over the past two years, MCAST has shown a collaborative approach in the handling of complaints. He noted that, in many instances, issues were resolved during the investigation process and that recommendations made by the Office were, in most cases, implemented.

The Commissioner concurred with the views expressed by the Ombudsman.  He noted that when there is cooperation between public institutions and the Office of the Ombudsman during an investigation, and when information is provided within a reasonable time, this benefits both the complainant and good administration.

The meeting also served as a structured follow up to previous discussions, with a focus on identifying practical ways to further improve cooperation, ensure effective implementation of recommendations, and promote good administration within the institution.

The discussion was forward looking in nature and reflected a shared commitment to maintaining dialogue, reinforcing accountability and consolidating the progress achieved.

The meeting was also attended by Dr Caroline Demarco, Director in the Office of the Principal and MCAST Liaison Officer with the Office of the Ombudsman, Dr Thea Lyn Cesare, Head of Legal at MCAST, and Mr Jurgen Cassar, Head of Communications and Research at the Office of the Ombudsman.

· Jesús Maeztu ofrece un Decálogo para afrontar la crisis habitacional y medidas para que las ayudas y la atención pública lleguen a tiempo

· Llamamiento a reforzar la buena administración y la cultura democrática: planificar, simplificar y cumplir para que los derechos sean efectivo

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha presentado el Informe Anual correspondiente a 2025 poniendo el foco en las cuestiones que más preocupan a la ciudadanía en su relación cotidiana con las administraciones públicas: el acceso a una vivienda digna; las demoras en sanidad o dependencia; las dificultades para obtener información clara y una respuesta en plazo, y la sensación de desigualdad territorial cuando el derecho depende del lugar en el que se vive o del canal por el que se intenta acceder.

El informe presentado al presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, confirma que, cuando la Administración no responde con tiempos razonables y procedimientos comprensibles, el derecho se debilita y se instala una desconfianza que afecta al conjunto del sistema democrático.

Jesús Maeztu ha puesto en valor las más de 37.000 personas que han confiado en la Institución para defender sus derechos en su relación con las administraciones públicas y que ha supuesto un incremento inédito de un 30% en la presentación de quejas nuevas, con un total de más de 13.000 iniciadas. Las materias con mayor incidencia fueron Dependencia, Salud, Educación, Consumo, Vivienda, Personal del sector público y Discapacidad. A estas quejas se sumaron más de 3.000 expedientes procedentes de los últimos meses de los ejercicios anteriores, 53 actuaciones de oficio y 17.494 consultas atendidas, cifra récord que supera incluso la registrada durante la pandemia. En conjunto, la Institución desarrolló más de 34.000 actuaciones: una media de 95 al día, con impacto directo en miles de personas y sus familias.

La vivienda se consolida como el principal termómetro social. El Defensor ha advertido de que la falta de oferta asequible, el parque público insuficiente, la presión del mercado en zonas tensionadas y los retrasos en ayudas al alquiler convierten el acceso a un hogar en una carrera de obstáculos para miles de familias. Para revertir esta situación, el Informe incorpora un Decálogo de medidas que prioriza la ampliación y protección del parque público, la movilización de recursos residenciales, la coordinación efectiva con los servicios sociales para prevenir pérdidas de vivienda y la mejora de la gestión de ayudas para que cumplan su finalidad cuando más se necesitan. También reclama ordenar el impacto de la vivienda turística donde reduce el alquiler residencial y agrava procesos de sustitución social, además de impulsar una respuesta integral al sinhogarismo, con soluciones estables y cooperación con el Tercer Sector.

Junto a la vivienda, el Informe subraya la persistencia de las demoras en servicios esenciales, especialmente en sanidad y dependencia, y ha enfatizado que los retrasos no son solo burocracia, “son desprotección”. La ciudadanía traslada dificultades de acceso, esperas prolongadas, discontinuidad y falta de orientación, con un impacto especialmente duro en personas mayores, familias cuidadoras y quienes tienen menos recursos por su vulnerabilidad o sufren brecha digital. Estas situaciones se trasladan además a otros recursos públicos como rentas de subsistencia, valoración de la discapacidad, ayuda al alquiler, alumnado con necesidades especiales, y otro tipo de subvenciones. El Defensor del Pueblo andaluz ha insistido en que la modernización de la Administración debe medirse por su eficacia real: atención accesible, información comprensible, coordinación entre niveles y respuestas motivadas.

El Informe incorpora además un mensaje de fondo sobre valores democráticos y garantías institucionales: frente al avance de discursos de odio y la polarización, es imprescindible sostener la igualdad y la no discriminación; reforzar los derechos sociales y laborales; garantizar la convivencia democrática y la sostenibilidad ambiental como condición de seguridad; y proteger instituciones de garantías como el Defensor del Pueblo Andaluz.

La conclusión se resume en una llamada a la acción: planificar con recursos y objetivos verificables, simplificar trámites y canales para que nadie quede fuera, y cumplir plazos y compromisos, “porque los derechos no se defienden solo proclamándolos, sino haciéndolos efectivos”, ha señalado Jesús Maeztu.