La institución denuncia la falta de plazas municipales y exige medidas urgentes y coordinadas para garantizar el derecho a un techo digno

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, reprocha al Ayuntamiento de València su falta de respuesta ante la crisis del sinhogarismo en la ciudad y reclama al Ayuntamiento que adopte medidas urgentes para garantizar el derecho a un alojamiento digno a las personas sintecho. La investigación revela una grave carencia de plazas en albergues municipales, una situación agravada por el cierre de varios centros, la falta de alternativas habitacionales y de planificación efectiva para atender a un colectivo en creciente vulnerabilidad.

Esta institución abrió una queja de oficio al tener conocimiento de que las listas de espera para acceder a una plaza en los albergues municipales superaban los cuatro meses. La situación se ha visto agravada por el cierre de centros clave como el Casal d’Esplai de Rocafort, el albergue del barrio de El Carmen y el CAUS de la calle Santa Cruz de Tenerife, este último sólo operativo en episodios de emergencia climática.

Tras recibir respuesta a los informes requeridos, el Síndic ha constatado que Valencia no dispone de suficientes plazas ni de una red de atención adecuada para abordar el sinhogarismo, considerado la forma más extrema de exclusión social. Además, el defensor critica que el consistorio no haya ofrecido información clara sobre las alternativas para quienes se ven obligados a vivir en la calle o en asentamientos informales.

Entre las recomendaciones dirigidas al consistorio, el Síndic exige habilitar de forma urgente recursos suficientes y adecuados, fortalecer la red de atención con participación de todas las entidades implicadas, iniciar un nuevo procedimiento de contratación para ampliar plazas de alojamiento de urgencia, realizar un censo actualizado de personas sin hogar y garantizar refugios ante inclemencias climáticas. También insiste en que la atención debe contemplar la creciente presencia de mujeres y familias en situación de calle, incorporando una perspectiva de género.

Asimismo, el defensor autonómico recuerda que el servicio de atención a personas sin hogar es un derecho garantizado por ley, y que no debe condicionarse al empadronamiento.

La resolución subraya que la buena administración no se limita al cumplimiento formal de las normas, sino que exige empatía, diligencia y sensibilidad social por parte de las instituciones. En este sentido, el Síndic reclama al Ayuntamiento de Valencia una respuesta inmediata y efectiva que priorice la dignidad y los derechos de las personas más vulnerables.

Consulta la resolución del Síndic sobre este expediente.

También le pide que habilite la cita previa de manera opcional, informe debidamente de su funcionamiento vía electrónica y presencial y de aquellos supuestos en los que no es necesario utilizarla

El Ararteko ha recomendado al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que revise el sistema de atención a la ciudadanía en las comisarías de la Policía Local, para garantizar que cualquier persona pueda presentar una denuncia de forma presencial sin obstáculos derivados de la exigencia de cita previa. Esta recomendación surge tras una investigación realizada a raíz de la queja de una ciudadana que no pudo denunciar un robo en una comisaría al no tener cita concertada y optó por presentarla ante la Ertzaintza.

En su resolución, el Ararteko señala que el actual modelo de atención prioritaria mediante cita previa puede generar situaciones de indefensión, especialmente en contextos urgentes o para colectivos vulnerables. Además, lamenta la confusión generada por la información publicada en la web municipal, donde no se aclara suficientemente si la cita es obligatoria o en qué supuestos puede prescindirse de ella. 

Esta institución considera que el derecho a presentar una denuncia, especialmente cuando puede haber indicios de delito, no puede estar condicionado a trámites administrativos previos, como una cita digital o telefónica. Recuerda que la denuncia es una vía esencial para activar la protección de los derechos de las víctimas y para garantizar la tutela judicial efectiva. Insiste, también, en que la cita previa debe ser una opción útil para quienes deseen planificar su atención, pero nunca un requisito excluyente. Además, propone que se refuerce la información disponible, tanto en internet como en las propias comisarías, para que la ciudadanía sepa claramente cuándo y cómo puede denunciar, sin barreras innecesarias.

Por último, el Ararteko subraya que las órdenes internas dirigidas al personal policial no pueden sustituir una regulación pública y accesible que respalde el ejercicio de derechos fundamentales. Por ello, insta al consistorio a adoptar medidas organizativas proporcionales y respetuosas con el principio de proximidad, mejorando la atención a la ciudadanía y asegurando que ninguna persona quede desprotegida por no tener cita previa.

RESOLUCIÓN

Vitoria-Gasteiz, 13 de junio de 2025

La ONCE se une a la celebración del 25 aniversario de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, que dio origen al Defensor del Pueblo de Navarra- Nafarroako Arartekoa dedicando su cupón del martes 17 de junio a esta institución que, desde hace un cuarto de siglo, vela por los derechos de todas las personas en la Comunidad Foral.

Con motivo de esta colaboración, el Defensor del Pueblo, Patxi Vera, ha recibido en su sede a Valentín Fortún, delegado de la ONCE en Navarra, y a Pilar Herrero, presidenta del consejo territorial. El encuentro ha sido una muestra del buen entendimiento y de los valores compartidos entre ambas entidades, centrados en la defensa de los derechos, la inclusión y el bienestar social.

Patxi Vera ha agradecido a la ONCE este gesto, que se “recibe con especial cercanía y agradecimiento por parte de esta institución comprometida con quienes más lo necesitan, como las personas con discapacidad”. Ha destacado también la buena sintonía y el trabajo compartido con la ONCE en algunas de las iniciativas que buscan hacer de Navarra una sociedad más justa e igualitaria.

El cupón conmemorativo, que se distribuirá en cinco millones de ejemplares en todo el Estado, es un símbolo del respeto mutuo y de la cooperación entre dos instituciones que, desde diferentes ámbitos, trabajan con un mismo propósito: garantizar los derechos de todas las personas.

Dolores Fernández Galiño se reunió esta mañana en A Coruña con representantes del Colegio de Abogados quienes le trasladaron sus inquietudes en cuanto a la centralización de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y su repercusión en la accesibilidad a las mujeres víctimas, especialmente por cuestiones de distancia.

Sexta jornada anual de seguimiento del Pacto contra la segregación escolar en el mundo local
 

Esta mañana ha tenido lugar la sexta jornada anual para analizar el despliegue del Pacto contra la segregación escolar en el mundo local, organizada por el Síndic de Greuges de Catalunya, el Departamento de Educación y Formación Profesional, y la Diputación de Barcelona.

El encuentro, que ha tenido lugar en el auditorio del campus de la Ciutadella de la Universidad Pompeu Fabra, ha servido para identificar dificultades para alcanzar algunos objetivos del Pacto, pero también para compartir buenas prácticas, como los pactos locales y otros instrumentos para promover la corresponsabilización y transversalización de las políticas en este ámbito.

Durante la inauguración, Esther Giménez-Salinas, síndica de greuges, ha querido poner en valor el papel clave de los municipios en la lucha contra la segregación escolar. Con las mesas mixtas de planificación o las áreas de zonificación escolar, tienen una importante participación para combatir la segregación. En palabras de la síndica: "Actualmente más del 75 % de los municipios con más de un centro escolar son signatarios del Pacto y es imprescindible contar con su complicidad para seguir avanzando hacia una escolarización equilibrada".

Durante el acto, la directora general de centros públicos, Montserrat Duran, y el asesor de infancia del Síndic, Bernat Albaigés, han hecho balance de los siete años transcurridos desde la firma del Pacto. Albaigés ha presentado el informe Veinte prioridades de actuación para combatir la segregación escolar en Cataluña, que constata que el Pacto es una buena herramienta –ha permitido reducir la segregación escolar del alumnado extranjero más de un 25 % entre los cursos 2018/2019 y 2024/2025–, pero tiene instrumentos a los que se les podría sacar más partido para mejorar aún más.

Durante la jornada anual de seguimiento de 2024, se identificaron dos dificultades claras: la segregación residencial y la segregación dentro de los centros educativos y, tomando este relevo, este año se han presentado dos documentos de trabajo que abordan estas problemáticas. Aida C. Rodríguez, adjunta de infancia de la sindicatura, Ismael Blanco (UAB) y Zenia Hellgren (UPF) han presentado estos trabajos para que los agentes que actúan desde el territorio puedan debatirlos y asumirlos.

Según estos documentos, en materia de segregación residencial resulta imprescindible ampliar la perspectiva más allá de la escuela e incorporar políticas públicas en ámbitos como vivienda, urbanismo, temas laborales, etc. En cuanto a la segregación dentro de los centros, es necesario que existan medidas de acompañamiento a la acogida y medidas de inclusión de esta diversidad social y cultural en el contexto de cada comunidad educativa.

La voz de los agentes locales se ha hecho oír con la intervención de Marta Comas, del Consorcio de Educación de Barcelona. Comas ha explicado el plan de choque para luchar contra la segregación escolar en la ciudad de Barcelona y, finalmente, Marcel·lina Bosch, coordinadora del área de Educación de la Diputación de Barcelona, ​​ha puesto en valor los Pactos locales contra la segregación. Estos pactos se han convertido en una pieza clave para avanzar en la escolaridad equilibrada y la educación inclusiva y equitativa en los municipios. En este sentido, cuatro municipios han querido participar en el acto explicando su experiencia: Premià de Mar, Manresa, Sant Cugat del Vallès y Mataró.