The Ombudsman of the Republic of Bulgaria, Velislava Delcheva, successfully defended the reaccreditation of the national human rights institution with the highest possible "A" status according to the Paris Principles. The decision was taken at the last session of the UN Subcommittee on Accreditation (SCA) for 2025, of which the institution was officially notified by letter from the European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI).

Status "A" means that the ombudsman institution meets the highest international standards for independence, impartiality, pluralism, transparency, and the broadest possible mandate in the protection and promotion of human rights. It certifies the institution's full compliance with the Paris Principles – the fundamental international standard for the functioning of national human rights institutions. At the same time, the UN Subcommittee on Accreditation notes that the new legal provision allowing the Ombudsman or Deputy Ombudsman to assume the functions of caretaker Prime Minister could affect the reputation and  actual independence of the national human rights institution. The UN Subcommittee recommends that the Ombudsman continue to advocate for amendments to Article 99(5) of the Constitution of the Republic of Bulgaria and Article 14(1) of the Ombudsman Act in order to remove the provision under which the Ombudsman and Deputy Ombudsman may be appointed as caretaker Prime Minister.

Accreditation with "A" status allows the national human rights institution to raise issues of national importance before the highest international human rights forums and to participate actively in the formation of international policies and standards in the field of human rights. The Ombudsman can participate fully in the work of the UN human rights committees and the Human Rights Council, express positions, and raise issues related to the rights and freedoms of citizens of the Republic of Bulgaria. Only 20 European Union member states have a national human rights institution with such status.

When it was established in 2005, the Ombudsman Institution was accredited with "B" status following an assessment by the UN Subcommittee on Accreditation. In 2011, the international organization made specific recommendations to strengthen its independence and expand its mandate. As a result of successive legislative changes adopted by the National Assembly in 2018, the Ombudsman was explicitly established as the national human rights institution in Bulgaria, with expanded powers, including with regard to violations committed by private law entities.

After implementing all of the Subcommittee's recommendations, in March 2019, the Bulgarian Ombudsman received the highest "A" status for the first time. In October 2025, this status was successfully defended by Ombudsman Velislava Delcheva after a hearing before a commission in Geneva, confirming the sustainability, independence, and effectiveness of the institution.

In its official letter, ENNHRI highly appreciates the professionalism, consistency, and commitment of the Ombudsman's team and expresses its confidence that the reaccreditation will contribute to even stronger protection and promotion of human rights in Bulgaria. The European Network also declares its readiness to continue supporting the Institution in implementing the Subcommittee's recommendations and in its future international cooperation.

La institución del Ararteko ha recibido en los últimos dos años un número significativo de quejas relacionadas con la demora que registran los expedientes de responsabilidad patrimonial que se tramitan ante el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, por la tardanza de la Inspección Médica en emitir el preceptivo informe en el que debe fundamentarse la resolución, estimatoria o desestimatoria, de la reclamación formulada.

Se trata de reclamaciones presentadas por pacientes o sus familiares, solicitando una indemnización por los daños derivados, entre otros supuestos, de una presunta mala asistencia sanitaria o de un error de diagnóstico, de un tratamiento específico o de una mala praxis en una intervención quirúrgica y que en casos extremos han desembocado en el fallecimiento de la persona paciente.

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha admitido que es una situación que afecta a los tres Territorios Históricos, aunque con mayor incidencia en Bizkaia, y que deriva de la jubilación del personal médico adscrito a la Inspección. Esto conlleva una disminución de los recursos humanos destinados a la tramitación de expedientes de responsabilidad patrimonial y la incorporación de nuevo personal que no tiene o no ha adquirido experiencia suficiente, lo que provoca un retraso importante en la realización de los informes periciales.

Algunos de los expedientes de responsabilidad patrimonial permanecen a la espera de resolución desde hace tres años.

En su resolución, el Ararteko subraya que las administraciones públicas deben garantizar a la ciudadanía el derecho a una buena administración, lo que incluye recibir una respuesta motivada en un plazo razonable. Por ello ha recomendado al Departamento de Salud que adopte las medidas organizativas y de dotación de medios personales y materiales necesarios para desbloquear esta situación.

Quiere conocer los equipamientos puestos a disposición para esta operación y el número de personas atendidas

Ante la previsión de bajas temperaturas de los próximos días en buena parte de Catalunya, la síndica de greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, pide a todas las administraciones locales que activen los recursos necesarios para garantizar que nadie duerma en la calle.

En concreto, solicita que se abran los espacios necesarios para garantizar estancias puntuales, y una atención social y sanitaria para atender a todas aquellas personas que se puedan encontrar en esta situación. Según los datos facilitados por los propios ayuntamientos, en Cataluña, en noviembre, había un mínimo de 6.724 personas en situación de calle.

La síndica también ha pedido a los ayuntamientos que informen a la institución de si han activado o no la operación frío, qué equipamientos han puesto a disposición de esta operación y cuántas personas se han atendido en esta intervención.

La institución recuerda que las administraciones locales, la Generalitat y el tercer sector, durante la cumbre del 11 de diciembre de 2025, asumieron el siguiente compromiso: avanzar hacia un acuerdo de país para gestionar la realidad del sinhogarismo en Cataluña con criterios, esfuerzos y recursos compartidos.

León y Valladolid vuelven a ser las provincias de la Comunidad que acumulan un mayor número de quejas.

Administración local, Fomento, Empleo Público y Sanidad son las materias que acaparan el mayor número de quejas presentadas.

Se han recibido 17 quejas múltiples que han dado lugar a la tramitación de 4.078 expedientes.   

Con el fin de ofrecer una información lo más completa y transparente posible acerca de la actividad de la Institución desde hace cinco años el Procurador del Común de Castilla y León modificó la metodología a la hora de plasmar los datos relativos a su actividad anual, metodología que se ha seguido también en 2025. Así, también en este último año, las quejas denominadas “múltiples”, es decir aquellas que se presentan por diferentes personas sobre un mismo asunto, se han considerado como una sola queja a efectos estadísticos. Por esta razón, el conjunto de las quejas computadas a efectos estadísticos han dado lugar, como se indicará seguidamente, a un número de expedientes superior al de las quejas contabilizadas.

Teniendo en cuenta el criterio de cómputo señalado, en 2025 la Defensoría tramitó 6.410 expedientes, correspondientes a 2.206 quejas promovidas a instancia de parte, cada una de ellas sobre un asunto diferente, y a 143 actuaciones de oficio promovidas por el Procurador del Común.

Por provincias, León vuelve a liderar el número de quejas con 524, seguida de Valladolid con 339, Burgos con 219, Palencia 164, Ávila con 143, Salamanca con 139,  Segovia con 114, Zamora 110, y Soria con 77. Completan los datos relativos a su procedencia, 112 quejas de personas de otras provincias de fuera de la Comunidad; 3 presentada por firmantes procedentes de varias provincias; 2 del extranjero y otras 260 que no reflejan el domicilio ni la provincia de procedencia, quejas que mayoritariamente se tramitan electrónicamente, y de cuyo autor se desconoce la procedencia, aunque, como es exigible, se halla plenamente identificado.

En cuanto a las áreas temáticas sobre las que versan las 2.206 quejas, destacan, un año más, las referidas a la Administración Local, que acaparan el 22,85% de las reclamaciones, seguido del área de Fomento 13,42%; Empleo Público el 10,79%; Sanidad alcanza el 10,43%; seguido Medio Ambiente con un 10,02%; Interior y Justicia con un 7,39%; Familia, Igualdad de Oportunidades el 6,71%; Educación el 5,67%; Hacienda el 4,62 %; Industria, Comercio, Empleo, Seguridad Social y Prestaciones el 4,26 %; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural el 2,22% y por último, Cultura, Turismo y Deportes el 1,63%. 

QUEJAS MÚLTIPLES

Como consecuencia de la presentación de 17 quejas múltiples, es decir, sobre 17 asuntos diferentes pero presentadas por una pluralidad de personas, durante 2025 se abrieron 4078 expedientes. Concretamente, en materia de empleo público 260; 173 sobre la reclasificación profesional del personal laboral en las categorías de Ayudante Técnico Educativo, técnico superior en Educación Infantil, técnicos de Laboratorio y Fisioterapeutas. 52 sobre las condiciones laborales y retributivas de los supervisores de Enfermería y 35 sobre la integración en la condición de personal estatutario de trabajadores del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. En relación con la protección del medio ambiente, se abrieron 2.962 expedientes sobres el proyecto de instalación de la planta de biogás en La Lastra (León), y 12 sobre la disconformidad de la gestión municipal durante el incendio forestal el Castrocalbón (León). En materia de sanidad, se han iniciado 476 expedientes sobre la reducción de consultas de Pediatría en el Centro de Salud de Cistierna (León) y en materia educativa 39 expedientes sobre la solicitud de transporte escolar en el IES Merindades de Castilla en Villarcayo (Burgos). Sobre la actividad de fomento, 248 expedientes relacionado con la limpieza de fincas y solares por riesgo de incendios en Marugán (Segovia) y otros 12 de la misma temática en Castrocalbón (León). En el área de Administración local e Interior, la disconformidad con la publicación de las cuentas municipales, la información pública y las deficiencias del sistema de protección de incendios y la ausencia de Plan de Emergencias contra los incendios en la localidad de Castrocalbón (León) sumaron 48 expedientes.  Por último, en materia de familia se promovieron 21 expedientes relativos al sistema de protección de menores.

ACTUACIONES DE OFICIO

 Completa la estadística correspondiente al año 2025 la tramitación de 143 actuaciones de oficio promovidas por el Procurador del Común y dirigidas, según los casos, a la Administración autonómica, a las Diputaciones provinciales y a diferentes municipios, generalmente los de mayor población; siempre sobre temas que se han considerado de interés para el ejercicio de derechos de la ciudadanía.

Así, por citar algunos ejemplos, cabe destacar la especial atención sobre el abastecimiento de agua potable en numerosas pequeñas poblaciones de Castilla y León, incidiendo en el control efectivo del consumo, la turbidez, la contaminación por nitratos o el control de las fuentes naturales. También se ha actuado tras graves incendios sufridos el pasado mes de agosto, promovido actuaciones de oficio sobre la posible utilización del ganado como medio de prevención de incendios y sobre el mantenimiento de hidrantes, bocas de riego y otros medios de utilizados en caso de incendios en el entorno urbano. Así mismo en lo relativo a familia, igualdad de oportunidades y juventud, se ha actuado en relación con las condiciones térmicas en las Escuelas de Educación Infantil de León, la conflictividad  y comportamientos violentos hacia el personal de centros de menores de Castilla y León, la reserva de plazas de aparcamiento para vehículos con personas con movilidad reducida en lugares próximos a los puestos de trabajo que desempeñen, las condiciones de accesibilidad de los vehículos del transporte público por carretera de Castilla y León, los procedimientos de expedición y renovación del título de familia numerosa, así como a causa de posibles deficiencias en el funcionamiento de algunas residencias. En materia sanitaria, se han abierto actuaciones de oficio sobre los siguientes temas: la detección precoz de las enfermedades raras mediante cribado neonatal, la determinación de criterios de prioridad en la especialidad de Traumatología, la financiación por las Diputaciones provinciales de la dosificación personalizada de medicamentos en municipios rurales. En materia educativa, se han promovido actuaciones sobre la determinación del horario escolar en el mes de septiembre, los requisitos económicos para participar en el programa Releo Plus y en la conversión de las calificaciones obtenidas por alumnos de las Universidades públicas de Castilla y León en centros extranjeros en el marco de los programas de movilidad. En relación con los correspondientes municipios se ha actuado, entre otros asuntos, sobre las deficiencias apreciadas en zonas infantiles de juego en varias localidades. También nos hemos ocupado de las deficiencias que presentaban varias carreteras autonómicas o provinciales, así como numerosos inmuebles en mal estado o en riesgo de ruina, y sobre el deber de conservación de los locales comerciales, cuestiones todas ellas que han sido también objeto de diferentes actuaciones de oficio. En lo relativo al medio ambiente se ha prestado atención al tratamiento de las placas solares en desuso, para evitar su abandono y, en lo referente a agricultura han sido objeto de consideración los retrasos habidos en la renovación de los carnets para el manejo y utilización de productos fitosanitarios. Por último, en materia empleo público se ha actuado de oficio sobre la prestación del servicio en régimen de teletrabajo y sobre la adaptación de la jornada de trabajo. 

Vor fünfzig Jahren wurde in Rheinland-Pfalz Geschichte geschrieben, als der erste Bürgerbeauftragte Deutschlands ernannt wurde. Seitdem setzt sich die Institution unermüdlich für die Belange der Bürgerinnen und Bürger ein und bietet eine wichtige Anlaufstelle für Beschwerden und Anliegen.

Der Bürgerbeauftragte in Rheinland-Pfalz war nicht nur die erste Einrichtung dieser Art in Deutschland, sondern hat auch maßgeblich dazu beigetragen, das Konzept der Ombudsstelle zu etablieren. Durch die Arbeit wurde ein bedeutender Beitrag zur Stärkung der Bürgerbeteiligung und zur Verbesserung der Verwaltungspraxis geleistet.

Das fünfzigjährige Jubiläum ist nicht nur ein Anlass zum Feiern, sondern auch eine Gelegenheit, auf die Erfolge der vergangenen Jahrzehnte zurückzublicken und einen Ausblick auf die zukünftigen Herausforderungen zu werfen. Im Rahmen einer Feier werden Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft zusammenkommen, um die Bedeutung der Bürgerbeteiligung zu würdigen und über zukünftige Entwicklungen zu diskutieren.

Für weitere Informationen und Interviewanfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.