El Defensor del Pueblo y el Síndic de Greuges piden a las administraciones colaboración y coordinación entre ellas en la reconstrucción tras la DANA

Date of article: 02/04/2025

Daily News of: 04/04/2025

Country:  Spain - Valencia

Author: National Ombudsman of Spain

Article language: es

Gabilondo, acompañado de Luna, anuncia una actuación de oficio para saber si se prevé una Comisión de Coordinación, tal y como establece la normativa

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha mantenido hoy una reunión de trabajo con Ángel Gabilondo, defensor del Pueblo. El encuentro se ha centrado en la colaboración y coordinación de ambas instituciones en la supervisión de las actuaciones de la Administración central y autonómica en el proceso de reconstrucción de la dana y en la defensa de los derechos de la ciudadanía afectada.

Durante la reunión, celebrada en el Síndic de Greuges en Alicante, Ángel Gabilondo ha destacado la colaboración y coordinación que mantienen las dos instituciones y ha apelado a las administraciones estatal y autonómica, a que trabajen también coordinadamente “en toda su dimensión”. “En el Estado de las Autonomías es muy importante que la Administración General del Estado, el Gobierno de España, y la CCAA, la Generalitat Valenciana, impulsen todos los mecanismos de coordinación y cooperación que son necesarios y que ello sea percibido por la sociedad”, ha afirmado.

Asimismo, Gabilondo ha señalado que “nuestra supervisión de la recuperación empieza en primer lugar por decir que hay que cumplir todos los mecanismos y todos los procesos señalados por la ley”. Por ello, ha anunciado que la institución que preside va a iniciar una actuación de oficio “para preguntar a las administraciones estatal y autonómica si hay alguna iniciativa en torno a la creación de una Comisión de Coordinación, tal y como establece la normativa aprobada al respecto”.

Por su parte, Ángel Luna ha compartido con el defensor las tres quejas de oficio que abrió sobre la dana a principios de enero en materia de servicios sociales, educación y vivienda.

 

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El Defensor del Pueblo de Navarra aumentó en 2024 sus actuaciones en un 14,3 % hasta un total de 4.725

Date of article: 02/04/2025

Daily News of: 04/04/2025

Country:  Spain - Navarra

Author: Regional Ombudsman of Navarra

Article language: es

El Defensor del Pueblo de Navarra-Nafarroako Arartekoa, Patxi Vera, ha entregado este miércoles a Unai Hualde, Presidente del Parlamento de Navarra, el Informe Anual de su Institución correspondiente al ejercicio 2024. En dicho documento se recogen las 4.725 actuaciones que gestionó el año pasado, que incluyen un incremento del 18,8 % en cuanto al número de quejas presentadas por la ciudadanía.

Entre dichas actuaciones se contabilizan 2.751 consultas ciudadanas, 1.663 quejas gestionadas, 30 actuaciones de oficio, 22 expedientes de mediación, 178 encuentros y 35 visitas a entidades sociales, entre otras. Todas las cifras superan las registradas en 2023, lo que refleja un crecimiento notable de la actividad institucional. En total, 8.708 personas acudieron a la institución a lo largo del pasado año. De ellas, el 58,5 % fueron mujeres y el 41,5 % hombres.

Asimismo, el informe destaca que un total de 600 quejas concluyeron con resultado favorable para la ciudadanía, ya sea mediante resoluciones aceptadas por las Administraciones (323) o porque fueron solucionadas durante la investigación (277), lo que da una idea de la ayuda prestada a la ciudadanía.

Principales ámbitos de queja

El documento también recoge otros aspectos destacados como las materias que más quejas motivaron. Sanidad y Bienestar Social encabezaron esta clasificación con 201 y 185 respectivamente, seguidas de Educación (124), Función Pública (91), Vivienda (88) y Hacienda (82). Cierran este listado Acceso a un empleo público (71), Medio Ambiente (64), Extranjería (63) y Tráfico (57).

Respecto a las administraciones o entidades públicas destinatarias de las quejas, el 55,6 % fueron presentadas contra la administración foral; el 22 % contra administraciones locales; el 12,2 % contra la administración estatal; el 5,2 % contra foral y local conjuntamente; y el 5,1 % contra otras entidades.

También se detalla una relación de las quejas en función de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 20230. Entre los que obtuvieron más de 50 expedientes, el ODS 11 (ciudades y comunidades sostenibles) concentró el mayor número. En segundo lugar aparece el ODS 10 (reducción de las desigualdades), mientras que el tercero fue para el ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico). Por detrás de estos se sitúan el ODS 3 (salud y bienestar); el ODS 4 (educación de calidad); el ODS 16 (paz, justicia e instituciones sólidas); y el ODS 1 (fin de la pobreza).

Transversalidad y transparencia

Finalmente, con lo que respecta a un criterio de transversalidad referida a “la interseccionalidad” de los temas que se tratan, la que obtuvo mayor número de quejas fue la de “Infancia y adolescencia” (323), “Discapacidad y dependencia” (152); “Mayores” (140), “Género” (36); y “Racismo y xenofobia” (11).

El informe incluye, además, con el propósito de aportar la mayor transparencia, toda la agenda institucional de 2024. En ella se detalla, día a día y en orden cronológico, las actividades desarrolladas por el titular y su equipo; así como un anexo con la liquidación del presupuesto.

Valoraciones

El Defensor del Pueblo de Navarra-Nafarroako Arartekoa, Patxi Vera, ha expresado su confianza que este Informe “pueda servir al Parlamento de Navarra, para un mejor y más completo conocimiento de la realidad y de los problemas que aquejan a las ciudadanas y a los ciudadanos, de cara a una mejor y más acertada labor política y legislativa, y también a las personas que viven en Navarra, para que puedan comprobar en qué medida el Defensor del Pueblo les puede ayudar en defensa de sus derechos, en especial de los más vulnerables”.

Unai Hualde, por su parte, ha manifestado que “las memorias anuales de actividad del Defensor del Pueblo vienen confirmando año a año la confianza que la ciudadanía deposita en esta institución para intentar resolver sus problemas con la Administración, tal y como lo demuestra el incremento de sus actuaciones”. Del mismo modo, ha subrayado la importante labor propositiva que está llevando a cabo en diferentes materias y la intensificación de la relación con los agentes y colectivos sociales de nuestra Comunidad”.

Tras su entrada en el Parlamento, el informe anual del Defensor del Pueblo de Navarra-Nafarroako Arartekoa correspondiente a 2024, que cuenta con 924 páginas, será presentado por Patxi Vera en una próxima sesión de la Comisión de Régimen Foral.

Dicho acto informativo está regulado por el artículo 36.1 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, que dispone que el Defensor del Pueblo de Navarra-Nafarroako Arartekoa “dará cuenta anualmente al Parlamento de Navarra de la gestión realizada en un informe que presentará al mismo en el período ordinario de sesiones”.

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Avanzamos en la defensa de los derechos de la comunidad universitaria

Date of article: 02/04/2025

Daily News of: 04/04/2025

Country:  Spain - Catalonia

Author: Regional Ombudsman of Catalonia

Article language: es

Hoy se ha firmado el Protocolo de colaboración entre el Síndic de Greuges de Cataluña y los síndicos universitarios
 

Esta mañana ha tenido lugar el acto de firma del Protocolo de colaboración entre el Síndic de Greuges de Cataluña y los síndicos de doce universidades catalanas: Universidad Autónoma de Barcelona, ​​Universidad Abat Oliva, Universidad de Barcelona, ​​Universidad de Girona, Universidad de Lleida, Universidad Internacional de Cataluña, Universidad Oberta de Cataluña, Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad Pompeu Fabra, Universidad Ramon Llull, Universidad Rovira i Virgili i Universidad de Vic - Universidad Central de Cataluña.

Desde 2006 se trabaja en estrecha colaboración con los síndicos universitarios, pero el crecimiento del número de universidades catalanas y los cambios en el régimen jurídico del sector público han hecho necesario actualizar el convenio anterior.

Con la firma de este documento, las partes se comprometen a trabajar para mejorar el conocimiento de las problemáticas comunes mediante reuniones periódicas e impulsar acciones coordinadas en ámbitos de interés mutuo. El Protocolo también recoge el compromiso de reunirse una vez al año para evaluar su aplicación y valorar posibles mejoras.

Durante el acto, la síndica ha querido destacar el papel de los síndicos universitarios como parte fundamental de la red de defensa de los derechos de las personas: "Es imprescindible trabajar mancomunadamente para mejorar la atención a la comunidad universitaria y la garantía de sus derechos."

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Report on Visit to Bediani Assisted Living Facility for Persons with Disabilities

Date of article: 03/04/2025

Daily News of: 04/04/2025

Country:  Georgia

Author: Public Defender (Ombudsman) of Georgia

Article language: en

On December 9 and 10, 2024, the Public Defender's Special Preventive Group conducted a preventive visit to the Bediani assisted living facility for persons with disabilities. The purpose of the preventive visit was to assess whether beneficiaries are protected from ill-treatment, whether they have access to legal remedies, health care and other services, and whether their living conditions comply with international and national standards.

For years, the Public Defender has been recommending that patients who no longer require inpatient psychiatric care and have nowhere else to go be offered housing in the community. The Bediani Psychiatric Hospital was first transformed into a shelter, and then into a residential service, although nothing has changed in essence and in terms of service delivery. The facility is actually an institution where beneficiaries are isolated from the outside world and where there is no environment conducive to their mental, emotional or physical development.

Within the framework of the preventive mandate, this report thematically presents the current situation in the Bediani Psychiatric Hospital and relevant recommendations, the implementation of which will significantly improve the protection of the rights of beneficiaries in the hospital.

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Annual Report on Situation of Human Rights and Freedoms in Georgia – 2024

Date of article: 02/04/2025

Daily News of: 04/04/2025

Country:  Georgia

Author: Public Defender (Ombudsman) of Georgia

Article language: en

The 2024 Report of the Public Defender of Georgia on the Situation of Human Rights and Freedoms reviews the challenges and progress relating to the protection of human rights guaranteed by the Constitution, as well as significant trends that require an appropriate and timely response from the authorities.

The first chapter of the report emphasizes that representatives of the occupation regimes directly involved in the murders of Tamaz Ginturi, Davit Basharuli, Giga Otkhozoria, Archil Tatunashvili and Irakli Kvaratskhelia remain unpunished to this day, for which the Russian Federation bears responsibility. The rights of residents of the occupied territories and those living near the occupation line, illegal detentions across the occupation line and cases of illegal imprisonment, restrictions on movement, education in the native language, health and social protection, illegal so-called borderization and violation of the right to property, as well as the issue of resettlement of IDPs, are discussed in the document.

In 2024, violations of rights during the protests took a particularly severe form. In addition to the beatings and violence against citizens by law enforcement officers, there was persecution and violence against civil activists, journalists and public figures by unknown persons; there were also organized telephone threats and violent intolerance expressed in various forms.

From April 15, 2024 to March 1, 2025, the Public Defender and his representatives visited 624 people detained and injured during the protests. Of these, 360 people (57.7%) indicated ill-treatment.

It is noteworthy that to date, no law enforcement officer has been held accountable for committing ill-treatment.

The situation of media and freedom of expression has been negatively affected by restrictive legislative changes, insecure environment in the country, and outdated legislation regulating access to information; as well as negative rhetoric of high-ranking officials and politicians.

With regard to the inviolability of private life, the rules for conducting covert investigative actions need to be refined.

Poverty remains one of the main challenges in the country. The scale of child poverty is particularly alarming. The number of children under the age of 18 registered in the Unified Database of Socially Vulnerable Families is 369,924, of which 270,712 children receive social assistance.

Poverty also negatively affects the realization of the rights of older persons. The share of the population aged 65 and older in the total population has increased from 15.6% to 16.2% last year. Along with the increase in their number, the percentage of socially vulnerable and those living below the poverty line is also increasing. The shortcomings in the detection, assessment and response to violence against older persons are also noteworthy.

No national accessibility plan has yet been approved to protect the rights of persons with disabilities. There are no standards for access to information or communication for persons with disabilities. Challenges include gaps in the provision of education, detection and prevention of violence, access to justice, and the lack and quality of rehabilitation services for persons with mental health problems.

The process of deinstitutionalization of large-scale psychiatric hospitals and institutions for persons with disabilities has remained an unresolved problem for years.

To achieve full civic integration of representatives of national minorities, more attention should be paid to issues of the official language and bilingual education, as well as access to information on employment and various services.

Overcrowding and individual cases of informal governance, identification and documentation of ill-treatment, adequate medical care for prisoners, and the physical environment of the institutions remain serious challenges in the penitentiary institutions. The mechanism for the early release of prisoners needs to be refined. The Public Defender's proposal to reduce the deadline for life-sentenced prisoners to apply to the court for early release by several years remains unfulfilled.

Some of the detainees continued to speak about the use of excessive force and physical and psychological violence by law enforcement officers in the system of the Ministry of Internal Affairs. Timely access to a lawyer and provision of information to the family remain problematic. The absence of an obligation to use body cameras, to produce audio and video recordings, and to fully equip police premises with video surveillance systems remain problematic.

In the direction of the right to equality and fight against discrimination, the risk of discrimination on political grounds has significantly increased during the pre-election period. As in previous years, the equality of various vulnerable groups has remained a challenge.

The increasing rate of child dropout of recent years has slightly decreased in 2024, however, the statistics are still high. In order to eliminate the harmful practice of child abuse and child marriage, it is necessary to develop child-friendly approaches and effective legislative regulations. Another challenge is effective implementation of the right to reproductive health and access to services.

Unfortunately, prevention of gender-motivated murders of women - fimicide, and the effective implementation of justice in such cases still remain problematic. Of the 25 murders and 17 attempted murders of women that occurred in 2024, the Prosecutor's Office identified femicide in 16 cases, and attempted femicide in 13 cases.

The report discusses the guarantees necessary for the effective functioning of institutions responsible for the protection of human rights; legislative and institutional changes that need to be adopted to ensure a fair trial; measures to be taken to protect the right to health, the right to work and the right to decent remuneration, as well as shortcomings related to the realization of the right to property. It is noted that despite some improvements, there is no unified vision in the country to prevent homelessness.

The report extensively reviews the situation of freedom of belief and religion, issues of human rights education and protection of cultural heritage, as well as the rights of asylum seekers and eco-migrants.

In the reporting period, 3,780 applications were received by the Public Defender of Georgia relating human rights violations. Out of them, 2390 applications were declared admissible and the Office began to consider the merits of the cases. The hotline, which operates 24 hours a day, received 14295 calls.

The Public Defender’s Office issued 82 recommendations and proposals to the state agencies relating to the elimination of violations of rights; prepared 16 special reports, 1 alternative report for international bodies, 2 constitutional complaints, 11 opinions of the friend of the court and 4 communications for the Committee of Ministers of the Council of Europe. It carried out a number of visits to various institutions. A detailed overview of the activities can be found in the Activity Report.

The full 2024 Parliamentary Report on the Situation of Human Rights and Freedoms in Georgia can be found on the official website of the Public Defender of Georgia.

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