El pasado jueves se celebró en el Teatro Colón en la ciudad de A Coruña, la Gala de los Premios Solidarios del Grupo Social ONCE,  a la que acudió Dolores Fernández Galiño, Valedora do Pobo, que entregó uno de los galardones.

Los premios se otorgan, a juicio del jurado, a aquellas personas o entidades que favorecen una mejor y mayor calidad de vida para las personas con discapacidad, consiguiendo un mundo más justo e igualitario.

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha pedido este martes una mayor protección y garantía de los derechos de las personas mayores, sobre todo, de aquellas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

Así se ha manifestado en el diálogo que sobre “El derecho a una longevidad saludable” ha mantenido con María Victoria Zunzunegui, -epidemióloga y experta a nivel internacional de los determinantes sociales que afectan a la salud y que condicionan el envejecimiento-, durante la celebración de la jornada, “Mayores y dependientes: calidad y calidez en sus cuidados”, organizada por la Defensoría, en la Fundación Caja Rural del Sur (Sevilla).

Durante su intervención, el defensor andaluz ha recordado que estamos hablando de un sector de la población que supone el 13,9% de la población andaluza mayor de 65 años; de ellas, 200.000 mayores de 80. Y muchas en situación de vulnerabilidad: personas mayores que viven solas, en riesgo incluso vital, por padecer un deterioro físico y cognitivo que les impide valerse por sí mismas, o por un problema de salud mental, sin tener red familiar de apoyo; otras son personas mayores abusadas o maltratadas en su entorno domiciliario y familiar, etc.

Una realidad que a su juicio justifica no solo la necesidad de esta jornada para hablar de los derechos propios de este colectivo sino, sobre todo, de concienciar a la sociedad en general de cómo miramos y cuidamos a las personas mayores a nivel individual, social e institucional. “No por ser mayor la persona pierde su esencia ni dignidad, ni debe suponer merma en la autoestima, en la consideración social o en la institucional, ni en la exigibilidad de sus derechos”, ha dicho el defensor.

Jesús Maeztu ha destacado algunos de los principales problemas que llegan a la Institución: casos de hijos e hijas que deciden por sus padres, bajo el argumento de hacerlo en su beneficio, y otros más severos, de abuso sobre mayores, físico, psicológico o económico. También sobre la decisión de traslado a una residencia, donde no siempre obedece a una elección real de la persona mayor, a pesar de la apariencia formal; el manejo de su patrimonio por parte de alguno de los hijos; la desatención en sus necesidades físicas; la soledad…

Y nuevamente ha mostrado su preocupación por el funcionamiento del Sistema de la Dependencia, donde el defensor andaluz ha vuelto a recordar, como ya dijo en el Parlamento durante la defensa del Informe Anual 2024 que “más del 90% de las numerosísimas quejas que se presentan ante el Defensor del Pueblo Andaluz en materia de dependencia se refieren no sólo a personas mayores, sino a personas muy mayores (de más de 80 años) y todas ellas están afectadas por demoras. “Tenemos un Sistema que necesita una financiación pública más adecuada a esta realidad, con mejoras en la planificación, gestión y coordinación. El derecho a la dependencia debe determinar el presupuesto que se necesita y no a la inversa”, ha lamentado el defensor.

En cuanto a la gestión de las residencias de mayores, la problemática que llega a la Institución tiene que ver con la atención sanitaria en las residencias; las dificultades para las visitas médicas a demanda presenciales; las condiciones en el traslado a los servicios de urgencias hospitalarios y los cuidados sanitarios o socionsanitarios que se aplican en los propios centros por el personal de las residencias, entre otras.

El defensor ha demandado mayor agilidad y coordinación sociosanitaria entre las distintas administraciones, dada la vulnerable situación de las personas afectadas y también para la atención a las personas mayores ingresadas en centros hospitalarios en los que el alta clínica plantea el dilema de dónde pasar su convalecencia antes de retornar a su domicilio, o directamente el de cómo superar los trámites para obtener una plaza residencial. “En todos estos casos es crucial la intervención del trabajo social, comunitario y sanitario, con la misión de activar la respuesta coordinada de uno o varios instrumentos del sistema de protección social”, ha dicho el defensor.

Por su parte, María Victoria Zunzunegui ha compartido las principales conclusiones de su investigación sobre qué es envejecer bien, resumiendo como conclusión final de los propios protagonistas que es “mantener su autonomía y capacidad cognitiva, y ausencia de dolor crónico”. En este sentido, ha destacado que los determinantes sociales y económicos que nos permiten este envejecimiento de calidad se centran en dos imprescindibles: tener una pensión suficiente -que la cifra entorno al Salario Mínimo Interprofesional- y disponer de un hogar. Además de otras dos referidas a mantener unas pautas saludables y no tener violencia en el hogar.

Aunque reconoce que las residencias son necesarias, sobre todo, para personas mayores que padecen un gran deterioro, ha defendido la permanencia en el hogar, con ayuda sociosanitaria hasta el máximo tiempo posible y reclamado mejoras en el modelo residencial actual: ”las residencias distan mucho de ser viviendas dignas”, ha dicho.

Im Rahmen des Sprechtags der Bürgerbeauftragten am 1. Juli 2025 in Daun wurde einem Bürger ein persönlicher Vorsprachetermin verweigert, da dieser bereits zahlreiche Eingaben gemacht hatte und sich sein Anliegen auf bereits laufende oder abgeschlossene Verfahren bezog. Der Bürger stellte daraufhin einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht Mainz, um den Termin gerichtlich durchzusetzen. Mit Beschluss vom 8. Mai 2025 (Az. 4 L 197/25.MZ) wies das Gericht den Antrag ab und bestätigte die ständige Verwaltungspraxis der Bürgerbeauftragten als rechtmäßig. Diese sieht vor, dass persönliche Termine grundsätzlich nur bei neuen Eingaben gewährt werden, um begrenzte zeitliche Ressourcen effizient zu nutzen. Bei laufenden oder abgeschlossenen Verfahren wird in der Regel auf das schriftliche Verfahren verwiesen. Das Gericht sah die Praxis nicht als Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG an, da sachliche Gründe für die Differenzierung bestünden. Im konkreten Fall hatte der Bürger seit 2011 insgesamt 343 Eingaben eingereicht, von denen 339 bereits abgeschlossen waren.

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The Public Defender of Georgia submitted an alternative report to the Parliament of Georgia relating to the 2024 reports of the Ministry of Justice of Georgia on the execution of decisions delivered by the European Court of Human Rights and UN Committees against Georgia.

The alternative report reviews the general measures taken by the State to execute the judgments of the European Court of Human Rights against Georgia in 2024 in the following cases: “Tsintsabadze Group”, “Identoba Group”, “Merabishvili v. Georgia” and “Thekhelidze Group”.

At the same time, the report reviews the decisions of the UN Committee against Torture, the Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and the Committee on the Rights of the Child regarding Georgia in the cases of J.C. and J.E. v. Georgia, the case of Khanum Jeiranova and the case of Ana Arganashvili v. Georgia.

The document analyzes whether the steps taken by the State to execute the above-mentioned cases are sufficient.

The report addresses issues such as the fight against hate crimes and ill-treatment, freedom of assembly of the LGBT+ community, shortcomings in the administration of justice in cases of violence against women and domestic violence and femicide, etc.

Public Defender Levan Ioseliani presented the main findings of the 2024 Report on the Situation of Human Rights and Freedoms in Georgia at the session of the Human Rights and Civil Integration Committee of the Parliament of Georgia.

The Public Defender reviewed the rights situation of people living in the occupied territories and along the occupation line and the problems of resettlement of displaced persons.

He spoke in detail about the rights violations identified during the protests in 2024; emphasized the shortcomings of the Administrative Offences Code, the legislative amendments restricting freedom of the media and expression.

He also discussed the problems identified in penitentiary institutions and the Ministry of Internal Affairs system; spoke about the protracted process of deinstitutionalization of large-scale institutions for persons with disabilities and mental health problems.

He focused on the rights of persons with disabilities, older persons, children and women, as well as the prevention of gender-motivated killings of women.

He separately highlighted the issue of the realization of the right to water, the changes to be implemented to ensure the rights to health, labour and decent remuneration; as well as the shortcomings related to the realization of the right to property.

The Public Defender spoke about the measures to be implemented for the civil integration of representatives of national minorities; elimination of discrimination against various vulnerable groups and protection of equality. He briefly reviewed the situation in terms of freedom of belief and religion.

After the Public Defender's speech, representatives of government agencies presented reports on the progress of implementation of the recommendations reflected in the Public Defender's report.

The full 2024 Parliamentary Report on the Situation of Human Rights and Freedoms in Georgia is available on the official website of the Public Defender of Georgia.