Viele Menschen mit Behinderungen sind auf ihre Assistenzhunde angewiesen. Sie brauchen ihren Blindenführhund, Service- oder Signalhund auch, wenn sie zum Beispiel auf Kur oder auf Reha sind. „Aber immer wieder beschweren sie sich bei der Volksanwaltschaft, weil sie von Kur- oder Reha-Einrichtungen nicht mit dem Assistenzhund aufgenommen werden“, sagt Volksanwalt Bernhard Achitz: „Das Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetz (KAKuG) stellt aber seit 2016 klar, dass der Hund mitdarf. Daran haben sich alle Einrichtungen zu halten, ohne fadenscheinige Ausreden wie etwa eine Hausordnung, die sie selbst geschrieben haben.“ Ausnahmen sind natürlich für bestimmte Bereiche möglich, etwa Operationssäle oder Küchen.

Chiara erkennt Notfälle im Voraus, bringt Medikamente oder das Telefon 

Jasmin P. ist wegen eines Gendefekts teilweise gelähmt und hatte im Jahr 2018 auch einen Unfall, bei dem sie schwer verletzt wurde. Als Paraclimberin hat sie aber fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Sie ist Vize-Weltmeisterin, Europameisterin und Österreichische Staatsmeisterin. Assistenzhund Chiara ist so gut wie immer an ihrer Seite. 

Chiara ist ein staatlich geprüfter Assistenzhund und in den Behindertenausweis eingetragen. „Sie ist eine wichtige Hilfe zur Selbsthilfe und unterstützt mich bei vielen Dingen“, sagt P. in der ORF-Sendung „Bürgeranwalt“. Die Hündin kann heruntergefallene Dinge aufheben, kleine Einkäufe nachhause tragen oder auch Türen öffnen. Noch wichtiger: „Chiara bringt mir aber auch in Notfällen ein Medikament oder das Telefon. Und sie kann mich frühzeitig warnen, bevor meine Spastik überschießt.“ Ein Mensch könnte das nicht. 

„Chiara ist kein Haustier, sondern ein Hilfsmittel“

Ein Rollstuhl ermöglicht Jasmin P. fast uneingeschränkte Mobilität. Im November 2023 war für sie ein stationärer Aufenthalt in der Reha-Einrichtung der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) in Bad Häring geplant. Dort wollte sie Orthesen probieren, mit denen sie wieder auf eigenen Beinen gehen könnte. Kurz vor der Aufnahme habe sie nachgefragt, ob sie wegen Chiara irgendetwas beachten müsse. Jasmin P.: „Der Primar hat mir gesagt, ich darf gerne kommen, aber ohne Hund.“ Im Ablehnungsschreiben der AUVA steht, „dass eine Aufnahme zur Testung zusammen mit Ihrem Assistenzhund in unserer Einrichtung nicht möglich ist. Wir berufen uns auf die Rücksprache mit unserer Rechtsabteilung und unsere Hausordnung.“

Das kam für Jasmin P. nicht infrage: „Chiara ist kein Haustier, sondern ein Hilfsmittel. Ich brauch sie einfach!“ Sie hat sich die Orthesen dann ohne Reha-Aufenthalt erkämpft. Trotzdem ist es für sie nicht nachvollziehbar, wieso es ihr nicht möglich gewesen sei, den Assistenzhund in die Rehabilitationseinrichtung mitzunehmen, und hat sich an die Volksanwaltschaft gewandt. 

Die PVA hat ihre Richtlinien bereits geändert, jetzt ist die AUVA an der Reihe 

Volksanwalt Achitz: „Es ist nicht zulässig , die Mitnahme von Assistenzhunden in Krankenanstalten generell zu untersagen. Ausnahmen sind nur aus hygienischen Gründen möglich, etwa für Operationssäle. Die Volksanwaltschaft ist schon in etlichen ähnlichen Fällen eingeschritten - und hat Fortschritte erreich, etwa bei der PVA.“ Sie hat ihre Richtlinien geändert, nun dürfen Assistenzhunde mit in alle Räumlichkeiten der PVA-Rehazentren, zu denen auch Patientinnen und Patienten Zutritt haben. Die Zutrittsverbote beschränken sich auf Bereiche wie etwa die Küche. „Diese Einsicht erwarte ich mir auch von der AUVA und allen Vertragseinrichtungen. Österreich hat sich zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet, und die gilt auch für die AUVA.“

Ziel der UN-Behindertenrechtskonvention ist es, dass Menschen mit Behinderung selbstbestimmt über die Gestaltung ihres eigenen Lebens entscheiden können und volle Teilhabe in allen Lebensbereichen haben. Art. 9 UN-BRK garantiert den gleichberechtigten und barrierefreien Zugang zur physischen Umwelt, insbesondere auch zu medizinischen Einrichtungen und Diensten. Art. 20 UN-BRK normiert das Recht auf persönliche Mobilität in größtmöglicher Unabhängigkeit, insbesondere auch mit technologischer, menschlicher und tierischer Hilfe.

SERVICE: Die Volksanwaltschaft ist unter post@volksanwaltschaft.gv.at sowie unter der kostenlosen Servicenummer 0800 223 223 erreichbar.

• La situación afecta tanto a la ciudadanía como al personal sanitario

por lo que es preciso “poner en marcha el Plan y establecer

protocolos”

• Según Alarcó es importante “investigar y esclarecer la situación que

afecta a tantos ciudadanos y ciudadanas”

• Se han recibido más de 200 quejas de diferente índole relacionadas con la sanidad en lo que va de año

La Diputación del Común ha decidido abrir una investigación de oficio sobre las urgencias hospitalarias dada la situación actual de los hospitales canarios, sobre todo el Hospital Universitario de Canarias y el Negrín. Según la Asociación el Defensor del Paciente, es precisamente el HUC el que más reclamaciones acumula y barajan la cifra de que los cuatro grandes hospitales del Archipiélago atienden a más de 1.000 pacientes al día.

“La situación de la sanidad en las islas es muy preocupante, no podemos permitir el continuo deterioro que pone en peligro a las personas y sobre todo a las más vulnerables», señala Lola Padrón, Diputada del Común. Por su parte, el adjunto primero, y responsable de Sanidad, Antonio Alarcó, ha explicado que el Hospital Universitario de Canarias «es el que menos sanitarios tiene por cama y el 64% de los casos son sociosanitarios”

. Alarcó además añade que «hay menos personal que nunca con una misma cantidad de servicios. Hay tres médicos de guardia máximo por turno, y por ejemplo, el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria tiene 10, cosa que me alegra, pero es una gran diferencia» concluye.

En la Diputación del Común se han recibido más de doscientas quejas de diversa índole sanitaria en lo que va de año, el responsable del área sanitaria insistió en «la avalancha de quejas y la necesidad de abrir la actuación de oficio para tratar de investigar y esclarecer la situación que afecta a tantos ciudadanos y ciudadanas».

La Diputada del Común recordó que esta es una realidad que se está viviendo a «nivel global como el envejecimiento poblacional que multiplica las necesidades de atención, os hacinamientos en las urgencias de los hospitales, las listas de espera para atención especializada o retrasos en las intervenciones quirúrgicas, la atención primaria, la falta de personal que se reclaman desde los dos sindicatos, la falta de recursos en salud mental y una lista interminable, que marcan el deterioro de nuestra sanidad.

No debemos olvidar que las políticas de servicios sociales son las que nos hacen avanzar hacia un futuro más justo, equitativo y solidario» El número personas registradas que acuden a los servicios de urgencias sufre determinados picos según la época del año y en los últimos días se ha incrementado hasta el punto de que los tiempos de espera para atención se han prolongado varias horas y algunas personas incluso se han quedado para ser atendidas al día siguiente. Existe además un porcentaje de personas que se marchan sin ser atendidas, esto implica en algunos casos que vuelvan a intentarlo, más el retorno de aquellas que no han visto mejoría. Desde la Diputación del Común, están convencidos de que la parte visible en las quejas, no representa más que una pequeña porción del total. Se observa un incremento progresivo, destacando entre ellas, demora en la prestación de la asistencia que supera al resto de las reclamaciones, insatisfacción en la asistencia prestada, en ocasiones un trato personal inadecuado por parte de los profesionales, “a quienes no podemos poner en duda su profesionalidad, están saturados, y en muchos casos reciben insultos e incluso algún acto de violencia. Por tanto, esta situación tiene un doble efecto, entre la ciudadanía y el personal sanitario, de ahí la necesidad de investigar y tener información lo más fidedigna posible para intermediar con la administración y que se establezcan protocolos que se acerquen a los usados en otras partes de Europa y que mejoren la calidad asistencial”, indicó Lola Padrón.

La semana pasada el adjunto primero de la Diputación del Común, Antonio Alarcó, se reunió con la consejera de Sanidad, Esther Monzón, para tratar todos aquellos temas que preocupan a la ciudadanía en materia sanitaria. La cita celebrada en la sede de la Consejería de Sanidad en Santa Cruz de Tenerife, forma parte de la ronda de encuentros que la Diputación del Común realiza para intensificar la colaboración con la Administración, así como con las diferentes entidades del sector sanitario, tanto colegios oficiales de profesionales, como asociaciones de pacientes, sociedades científicas o sindicatos, con el objetivo de continuar reforzando la coordinación y el diálogo entre todas las partes y defender los derechos humanos de la sociedad.

Para Alarcó este ha sido un encuentro muy positivo donde se han puesto sobre la mesa varias inquietudes y observaciones derivadas de las quejas recibidas en la Diputación del Común, “ es un área en la que tenemos mucho trabajo por delante, y mucho en lo que avanzar puesto que nuestro cometido es velar por los derechos de la ciudadanía”. El adjunto primero insistió dado que como profesional sanitario conoce muy bien la situación, que hay que trabajar varias direcciones “que además permitirán solucionar el grave problema que tenemos”. Planteó a la consejera actualizar los protocolos “sobre todo con los centros concertados e incrementar los desplazamientos de intervenciones quirúrgicas”, poner en marcha el Plan de Urgencias Canario, aumentar la la plantilla de personal “con criterios técnicos porque además sufre las consecuencias con riesgo para su propia salud”, y el tema de las ambulancias, “sería conveniente liberar el servicio de ambulancias y contratar vehículos de servicio público para todo aquello que no sean urgencias médicas”. resaltó.

"Establishing an independent monitoring mechanism, consistent with the requirements of the Paragraph 2 of Article 33 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, is not only a legal obligation, but also an opportunity to strengthen the human rights of persons with disabilities in Slovenia," said Human Rights Ombudsman Peter Svetina today, 30 January 2025, at a professional event at the House of the European Union in Ljubljana, after he warned that Slovenia still does not have a monitoring mechanism in place and reiterated the readiness of the Ombudsman institution to take on this task.

At an expert event organised by the Ombudsman's Center for Human Rights, representatives of the United Nations Committee on the Rights of Persons with Disabilities presented key international standards and good practices for the establishment of independent monitoring mechanisms for the implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).

Since 2019, the Ombudsman has expressed his readiness to take on this responsible task as the only national institution for human rights in Slovenia with the highest A status according to the Paris Principles – a standard that should also be met by independent monitoring mechanisms according to the Convention.

Two recent international resolutions also encourage countries to establish such mechanisms. The UN Human Rights Council Resolution of October 2024 encourages countries to include national human rights institutions as part of independent mechanisms to monitor the implementation of the CRPD, consistent with the Paris Principles. The resolution of the UN General Assembly from January 2025 calls on countries to strictly comply with these standards when granting mandates to national monitoring mechanisms.

"At the Ombudsman, as part of our general mandate as a national institution for human rights, we already carry out many tasks in the field of promoting, protecting, and monitoring the rights of people with disabilities. We also regularly report on these activities in our quarterly work reviews, which are available to the public. We also wanted to contribute to the improvement of the situation with today's event," said the Ombudsman.

The event was intended for representatives of decision-makers, disability organisations, human rights experts, and other stakeholders. "The aim of the event is to deepen the understanding of CRPD standards and the Paris Principles and to strengthen cooperation between key actors in establishing an independent monitoring mechanism in Slovenia, and to contribute to the establishment of an effective control mechanism with standards as soon as possible, which will be in line with the requirements of CRPD," said Dr Simona Drenik Bavdek, assistant to the head of the Center for Human Rights at the Ombudsman, who moderated the event.

The Ministry of Justice is preparing amendments to the Human Rights Ombudsman Act, according to which these tasks could be assigned to the institution of the Ombudsman, so the purpose of the event was also to shed light on the questions of what an independent monitoring mechanism should be in order to meet international standards, effectively contribute to protection, promotion, and monitoring the rights of persons with disabilities, and ensure the active participation of persons with disabilities and their representative organisations.

Markus Schefer, a member of the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities, presented in detail the national obligations from Article 33 of the CRPD. He emphasised the importance of the independence of independent supervisory mechanisms, as defined by the Paris Principles, highlighting the need for institutional autonomy, sufficient financial resources, and professionally qualified personnel. He particularly drew attention to the necessity of broad involvement of persons with all types of disabilities in monitoring the implementation of the Convention.

Catherinne Pedreros, representative of the Secretariat of the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities, shed light on the role of monitoring mechanisms in monitoring the implementation of the Convention. She also spoke about their cooperation with the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities.

Jerneja Turin, adviser – analyst at the Center for Human Rights and president of the working group on the rights of the persons with disabilities at the European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI), presented a prepared analysis of how independent monitoring mechanisms are organised in other European national human rights institutions. "It follows from the analysis that it is necessary to provide financial and personnel reinforcements when the mandate is determined. It is also necessary to establish good and effective cooperation of this mechanism with disability organisations in accordance with the concept of disability according to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, preferably at the legal level," stressed Turin.

The participants of the event agreed that it is necessary to establish an independent monitoring mechanism as soon as possible, which will fully meet international standards, effectively contribute to the protection, promotion and monitoring of the rights of persons with disabilities, and adequately ensure the cooperation of persons with disabilities and their representative organisations.

El Ararteko continúa con las visitas a los servicios sociales municipales y a los recursos sociales que atienden a las personas sin hogar, comedores, albergues, centros de día, a consecuencia de su preocupación por el incremento del número de personas en situación de exclusión residencial y el aumento el número de mujeres que residen en la calle.

El aumento del número de personas - hombres y mujeres -que viven en la calle está siendo constatado en los recuentos nocturnos de personas sin hogar. Aunque los ayuntamientos y las diputaciones forales han incrementado el número de plazas en los recursos sociales que gestionan, se trata de un problema social que presenta numerosas vertientes, lo que exige una colaboración multiagente y una perspectiva integral. 

Cada año, personal del Ararteko realiza visitas a los servicios sociales municipales de urgencias sociales para conocer la atención que se está ofreciendo en los albergues nocturnos, centros de día y comedores sociales previstos para responder a las necesidades de las personas sin hogar que viven en nuestra comunidad autónoma. 

Estas visitas ayudan a conocer la atención que están prestando los servicios sociales municipales ante un incremento del número de personas sin vivienda o alojamiento seguro y adecuado, situaciones que se agravan con las condiciones climatológicas del invierno. 

Además, nos permiten observar el cumplimiento de la  II Estrategia Vasca contra la Exclusión Residencial Grave 2024-2028, así como de la Recomendación general del Ararteko "Las administraciones públicas vascas deben dar continuidad a los esfuerzos realizados hasta el momento en la atención a las personas que viven en la calle, cumpliendo las directrices de la Estrategia Vasca para Personas Sin Hogar" y de su posterior resolución de seguimiento.

El Ararteko quiere conocer de cerca la situación de los servicios existentes, realizando estas visitas a los recursos sociales y manteniendo reuniones con organizaciones sociales, con el fin de dar respuesta al incremento del número de quejas que se han presentado, en las que se denuncia la ausencia de un alojamiento y de cobertura a sus necesidades básicas.

Vitoria-Gasteiz, 4 de febrero de 2025

As is known to the public, the Parliament of Georgia began to discuss amendments to several legislative acts in an expedited manner this week. In particular, the amendments are planned to be made to: the Law of Georgia on Assemblies and Demonstrations; the Administrative Offences Code of Georgia, the Criminal Code of Georgia, and the Law of Georgia on Police.

The proposed legislative amendments concern important issues, such as establishing various prohibitions for participants in assemblies and demonstrations, including relating to the location of the assembly, the attributes and forms of the assembly; granting the Ministry of Internal Affairs a number of powers when prohibiting or terminating assemblies.

The amendments to the Administrative Offences Code will increase liabilities for a number of violations. They will also change the rules for conducting administrative cases, as well as procedural guarantees during consideration of cases in the court. Along with increasing sanctions, liability for committing insulting acts against representatives of the state authorities will be added to both criminal and administratively punishable actions.

According to the Public Defender, the aforementioned legislative amendments concern the realization of the fundamental rights to assembly, expression and a fair trial and create threats of disproportionate restrictions on these rights.

For years, the Public Defender has been speaking about the shortcomings of the norms regulating both freedom of assembly and expression, as well as administrative offences, and the need to carry out appropriate changes. However, the accelerated consideration of the amendments does not allow all stakeholders to participate in the legislative process. Amending important public issues without appropriate analysis and thorough discussions harms both the legislative process itself and creates risks of restricting constitutional rights.

The Public Defender of Georgia calls on the Parliament not to consider the aforementioned legislative amendments in an accelerated manner and to consider them in accordance with the general procedure established by the Rules of Procedure.