11.406 personas solicitaron la mediación de la institución entre quejas individuales y colectivas y la Oficina de Atención al Ciudadano ubicada en la sede del Justicia ha atendido presencialmente a 843 personas

Las áreas con mayor número de quejas fueron Sanidad y Servicios Sociales, seguidas de Empleo Público, Servicios Públicos y Educación

Las resoluciones del Justicia de Aragón dirigidas a las administraciones ascendieron a 156, con un porcentaje de aceptación del 65%. Además, los asuntos resueltos mediante información a la persona tras realizar gestiones con la administración ascendieron a 506

Las actuaciones de oficio sumaron 39 expedientes, la mayoría resultado de las visitas a centros de menores tutelados

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El Justicia de Aragón tramitó en 2024 un total de 1.955 expedientes nuevos, un 12% más que el año anterior, y dirigió a las distintas administraciones 156 resoluciones con un porcentaje de aceptación del 65% a fecha de cierre del informe.

Si tenemos en cuenta las quejas de carácter colectivo, alguna de ellas acompañada de más de 4.000 firmas, el pasado año, 11.406 personas confiaron en la labor de mediación del Justicia de Aragón ante las administraciones aragonesas.

El área de actividad con mayor número de quejas fue Sanidad (251) seguida de Servicios Sociales (232), Empleo Público (197), Servicios Públicos y Transportes (184) y Educación (182).

La mayor parte de las quejas del área de Sanidad hacen referencia, directa o indirectamente, a la falta de médicos en Aragón para atender las necesidades de la población, especialmente en el medio rural, tanto en los centros de salud como en los hospitales comarcales y de referencia en las ciudades de Huesca y de Teruel. Sirvan de ejemplo los quince expedientes tramitados por falta de pediatras en determinadas zonas de salud de salud de Teruel, las 896 firmas apoyando la queja relativa al funcionamiento del Centro de Salud de Sobradiel o las 599 firmas que avalaron la queja por falta de médicos en el Centro de Atención Primaria de Mallén.

En atención especializada, como en años anteriores, persisten las quejas por las listas de espera en Neurología y Traumatología, tanto para pruebas diagnósticas como intervenciones quirúrgicas, y las sugerencias dictadas en estos temas han incidido en la necesidad de estudiar las causas de estas demoras con el fin de agilizar en lo posible las intervenciones.

Respecto al área de Servicios Sociales, la mayor parte de las quejas están relacionadas con la gestión de prestaciones para personas en situación de vulnerabilidad, sobre todo, retrasos en la tramitación de las ayudas que agravan la situación de las personas afectadas, ya sea la Prestación Aragonesa Complementaria al Ingreso Mínimo Vital, las ayudas al alquiler o la ayuda a domicilio. Las quejas referidas a los retrasos en la concesión del Ingreso Mínimo Vital, que gestiona el Estado, y que pueden superar el año de espera, con graves consecuencias para las personas necesitadas, así como las derivadas de reclamaciones de ingresos indebidos, se remiten al Defensor del Pueblo, previa atención al ciudadano ofreciéndole la información requerida y para evitar perjuicios derivados del transcurso de plazos, en colaboración con los trabajadores sociales.

Igualmente, se ha intervenido en casos de retrasos en la valoración de la dependencia, así como en la falta de recursos para personas sin hogar. En las sugerencias, se ha puesto el énfasis en la necesidad de agilizar la tramitación de valoraciones y resoluciones en estas materias.

Por otro lado, además de la atención a las personas que acuden a la institución para plantear su queja, destaca la actividad de supervisión del Justicia de Aragón para garantizar el ejercicio de los derechos de los menores, con la visita a los 28 centros de menores tutelados. Igualmente, también se han visitado 19 residencias de mayores en las que viven 1.900 personas.

Relacionados con el Empleo Público, en 2024 la institución tramitó casi 197 expedientes, en su mayor parte sobre acceso al empleo público, procesos de estabilización y provisión de puestos de trabajo. La Administración ha aceptado 11 de las 12 sugerencias formuladas en esta área.

Sobre Servicios Públicos, destacan las quejas relacionadas el abastecimiento de agua y también con el transporte urbano e interurbano. Entre ellas, mención especial merecen las presentadas tras la reestructuración de las líneas de autobús que atienden el área metropolitana de Zaragoza, en concreto la referida al servicio público de autobús entre la capital y la Puebla de Alfindén, acompañada de 4.039 firmas, y las referidas a barreras arquitectónicas y accesibilidad.

Dentro de esta área, y de la de Industria, se tramitan las quejas derivadas de la prestación de servicios esenciales, como la luz, el gas y la telefonía, por compañías privadas en las que, mayoritariamente, la persona afectada expone las dificultades para hacer frente al precio de estos suministros. A pesar de que el Justicia de Aragón carece de competencias para supervisar la actividad de estas compañías, existe una fluida relación de colaboración que permite la gestión de estas quejas.

A diferencia de años anteriores, en el área de Educación, apenas se han recibido quejas sobre el proceso de escolarización en Zaragoza, modificado en 2024 para establecer la zona única. Sí continúan recibiéndose quejas relacionadas con el apoyo en el aula para alumnos con necesidades educativas especiales, aunque menos que en 2023, lo que ha llevado al Justicia de Aragón a insistir en la necesidad de reforzar la contratación de auxiliares de educación especial. Entre otras sugerencias formuladas, la institución ha pedido a la Administración que incluya a los estudiantes de ciclos formativos de grado superior como beneficiarios de la ayuda de transporte escolar.

En 2024, también fue significativo el número de quejas agrupadas en Economía y Hacienda (132, un 23% más que en 2023) de casuística y carácter muy variado, en sintonía con la diversidad de tributos autonómicos y locales, entre ellos, el IMAR, el IBI, la “plusvalía”, el Impuesto sobre Vehículos y las tasas municipales sobre agua y basuras. Persisten, como en años anteriores, las quejas sobre diferencia de trato entre vecinos empadronados y no empadronados en el pago de tasas municipales y otros beneficios fiscales y aquellas que exponen falta de resolución expresa en el plazo legal de solicitudes, reclamaciones o recursos, afectando con ello al principio de buena administración.

Igualmente reseñables el pasado año son las quejas relacionadas con la seguridad vial y ciudadana, englobadas en el área de Interior, con 104 expedientes en total. De las sugerencias formuladas, cabe destacar la que instaba al Ayuntamiento a regular el uso de remolques y semirremolques arrastrados por bicicletas y que fue aceptada.

Son numerosas las quejas sobre el ejercicio de derechos civiles y políticos (91), entre otros, el derecho a la participación política de representantes electos en corporaciones locales y el derecho de acceso a la información pública de las administraciones

Medio Ambiente, con 74 expedientes de queja, refleja la preocupación de los vecinos por el ruido y las molestias que ocasionan bares y establecimientos de ocio y espectáculos en entornos urbanos y, en el medio rural, por el impacto al medio ambiente de proyectos turísticos e industriales, como la instalación de parques de energías renovables. Al respecto, la justicia de Aragón ha instado al Gobierno autonómico a aprobar el Plan Energético de Aragón con el fin de planificar los proyectos y evitar impactos perjudiciales en el territorio.

Las quejas del área de Vivienda (66), fundamentalmente, reflejan la preocupación de las personas por la falta de viviendas de alquiler social en Zaragoza y la consiguiente lista de espera para obtener una de ellas, a pesar de tenerla concedida. Ante esta situación, la institución del Justicia de Aragón insiste en la necesidad de hacer un estudio pormenorizado de cada caso con el fin de priorizar las situaciones de mayor vulnerabilidad. También se han recibido quejas sobre retrasos en la devolución de las fianzas del alquiler, sobre todo de inmuebles ubicados en Zaragoza. Al respecto, la Administración ha informado de la implantación de un nuevo programa informático y un aumento de la plantilla para agilizar el trámite.

En el área de Urbanismo, en la que el año pasado se recibieron 56 quejas, se repiten las relacionadas con la conservación de los bienes inmuebles ante el riesgo de ruina y, entre las sugerencias formuladas, destaca la dirigida al Ayuntamiento de Teruel sobre la conservación de los inmuebles ubicados en la calle San Francisco y su entorno.

Las quejas del área de Obras Públicas no destacan por su cantidad (14) pero sí por el número de personas que las suscriben en dos expedientes concretos: el referido al mal estado de la carretera de Tardienta, acompañado de 101 firmas, y el tramitado por la disconformidad de 562 personas ante el proyecto de construcción del Ayuntamiento de Sallent de Gállego de un aparcamiento subterráneo en la plaza Valle de Tena.

La actividad de oficio del Justicia de Aragón en 2024, con la apertura de un total de 39 expedientes, refleja el compromiso de la institución con la defensa de intereses colectivos. Sirva como ejemplo, el relativo al Real Monasterio de Santa María de Sijena, en el que la institución recalca la importancia de exhibir al público las piezas restauradas y facilitar las visitas coordinadas al Real Monasterio y a la zona expositiva.

No obstante, casi el 70% de estos expedientes de oficio corresponden a las visitas realizadas a todos los centros de protección de menores de la Comunidad Autónoma, de lo que se dará cumplida cuenta en el Informe Especial sobre Infancia y Adolescencia 2024, que próximamente se entregará a las Cortes de Aragón.

Finalmente, la justicia de Aragón asistió a 143 eventos, entre actos y visita a entidades sociales, y recibió en la institución a 33 asociaciones.

Respecto a la organización y funcionamiento del Justicia de Aragón, el presupuesto en 2024 fue de 1.848.104,18 con un porcentaje de ejecución del 81,28%.

On March 12, 2025, Tamar Gvaramadze, First Deputy Public Defender of Georgia, participated in the annual conference of the Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI) held in Geneva.

The event discussed the challenges and priorities in the direction of protection of the rights of women and girls, the role of national human rights institutions in legislative and policy reform, education, combating stereotypes, eliminating violence against women, and access to justice. They also discussed issues of ensuring pluralism and gender inclusion in national human rights institutions.

Welcoming remarks were delivered at the opening ceremony by UN High Commissioner for Human Rights Volker Türk and President of the Human Rights Council Jürg Lauber.

In her speech, the First Deputy Public Defender of Georgia, Tamar Gvaramadze, spoke about the importance of raising awareness of women’s rights and empowering women and girls through education; she highlighted the special needs of women and girls living in rural areas, internally displaced persons and ethnic minorities. She also reviewed the activities of the Public Defender’s Office aimed at promoting the protection of women’s rights and advocating for policy reforms focused on the protection of women’s rights.

On 10 and 12 March, Deputy Ombudsman Miha Horvat and Jerneja Turin, advisor-analyst of the Human Rights Centre, as representatives of the Human Rights Ombudsman of the Republic of Slovenia (Ombudsman), were in Geneva, Switzerland to attend the annual meeting of the General Assembly of the Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI), which has around 118 members from all over the world. The Ombudsman was previously a member of it, but 2020 was historic because it was then that the (final) key actions of the approximately three-year-long efforts to obtain A status under the so-called Paris Principles on the Status of National Human Rights Institutions (NHRIs) took place. After a successful oral defence before the GANHRI accreditation subcommittee on 10 December 2020, which was conducted by the aforementioned Deputy Ombudsman, the Ombudsman managed to obtain A status for the first time at the beginning of 2021, making the country the first (and still only) national institution to be so accredited. The Ombudsman has thus also gained full rights in international associations such as GANHRI and ENNHRI (European Association of National Human Rights Institutions) and greater opportunities for cooperation within the framework of the United Nations and at the regional level. 
 

During the reporting and discussions at this year's GANHRI annual meeting, it was repeatedly highlighted that the role of NHRIs is also critical in the current changes on the global stage, but at the same time they are themselves subject to new challenges. In this regard, for example, issues such as undermining the rule of law, the inclusion of artificial intelligence in the framework of human rights and human rights in the armed forces were highlighted, and a special topic on the agenda was the human rights of women and girls in particular. The report on the European region was presented by the regional chair, Ms Louise Holck, a representative of the Danish NHRI, while Jerneja Turin, as chair of the ENNHRI working group on the rights of persons with disabilities presented her experiences with the promotion of the rights of persons with disabilities.

The agenda also included the accreditation procedure and accreditation of national institutions with statuses according to the so-called Paris Principles by the GANHRI Accreditation Subcommittee, which is particularly important for the Ombudsman this year, as it will soon have to apply for re-accreditation with status A. To this end, it will be necessary to demonstrate, in a reasoned manner and supported by documentation, how the institution has achieved the standards of status A according to the so-called Paris Principles in the past five years, with the aforementioned subcommittee expecting institutions with already granted status A, and therefore also the Ombudsman, to demonstrate further strengthening of their efficiency and independence before re-accreditation

As an interesting fact in the context of the European space, it should be noted that the Swedish national human rights institution first acquired A status in 2024, in Iceland, after the relevant legislative changes, the national human rights institution began operating in the new year, and in the Czech Republic, the legal basis has already been adopted and the national human rights institution is expected to be established on this basis. Italy and Malta are examples of countries in the European Union where such an institution has not yet been established or accredited.

Summary of the decision: The Parliamentary Ombudsman has reviewed the Swedish Migration Agency’s processing times. The review looked at processing times in general for four types of case (citizenship and residence permits based on connections to someone in Sweden, higher education or work), as well as five individual complaints.

The cases that have previously caused the Swedish Migration Agency major problems are those related to citizenship and residence permits based on connections to someone in Sweden. The Parliamentary Ombudsman notes that the backlog of cases remains very high. In the Parliamentary Ombudsman’s opinion, the situation is completely unacceptable.

Previous reviews by the Parliamentary Ombudsmen have not included residence permits for higher education and labour-market cases. The Swedish Migration Agency has clearly prioritised cases related to higher education and highly qualified labour, and there is no need for the Parliamentary Ombudsman to comment on processing times for these types of cases. In terms of other labour-market cases, there remains a large backlog of cases.
The Parliamentary Ombudsman notes that there remains an obvious need for greater effort so that the Swedish Migration Agency can get to grips with its long processing times. Withe regard to the individual complaints, the Swedish Migration Agency is criticised for slow and passive administration.

JO intends to continue to monitor the Swedish Migration Agency’s processing times. A copy of the decision is therefore sent to the Government Offices of Sweden for information.