Reclama retirar las advertencias restrictivas que penalizan la experiencia del personal temporal

No existe ninguna base normativa que permita excluir su participación en ofertas temporales
 

La síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, ha emitido una resolución en la que pide a la Generalitat de Cataluña que deje sin efecto los criterios establecidos en las ofertas publicadas en el ATRI que impiden a los funcionarios interinos que han finalizado su relación de interinidad por haber superado el plazo máximo de tres años desde su nombramiento presentarse a otro proceso de provisión temporal.

Varios funcionarios interinos que se encuentran en esta situación se dirigieron a la institución para denunciar, por una parte, que no se había convocado la plaza que ocupaban, a pesar de tener un carácter estructural; y, por otra parte, que se les impedía presentarse a nuevas ofertas de provisión temporal en la misma unidad o departamento donde habían prestado o estaban prestando servicios.

La Dirección General de Función Pública (DGFP) justifica estos criterios limitativos con la necesidad de prevenir el abuso de temporalidad, y afirma que se enmarcan en el Texto refundido de la Ley del Estatuto básico del empleado público (TREBEP).

No obstante, la síndica considera que no existe ninguna base normativa vigente que permita excluir a estas personas de la participación en ofertas temporales, aunque haya coincidencia funcional u orgánica con el puesto que ocupaban anteriormente. Por tanto, entiende que las instrucciones internas de la DGFP no pueden traducirse en un veto generalizado al acceso al empleo temporal de las personas que se han quedado sin plaza por haber superado el plazo legal de tres años.

La resolución del Síndic de Greuges recuerda que la normativa actual, reforzada por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, establece medidas de protección para el personal temporal y que convertir la experiencia profesional en un factor de penalización es contrario al ordenamiento jurídico. En este sentido, alerta de que estas prácticas pueden vulnerar el derecho fundamental a participar en condiciones de igualdad en los procesos de acceso al empleo público, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad.

La institución también basa su análisis en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha señalado en repetidas ocasiones que el abuso de la temporalidad se produce cuando la Administración incumple su obligación de convocar procesos selectivos para cubrir de manera definitiva las plazas vacantes.

La institución concluye que la lucha contra el abuso de la temporalidad no puede hacerse a expensas de los derechos de los trabajadores públicos ni mediante medidas restrictivas que no tengan cobertura legal.

In a letter to the Presidents of the Senate and Chamber of Deputies of Italy published today, Council of Europe Commissioner for Human Rights Michael O’Flaherty encouraged the Italian Parliament to establish a fully independent National Human Rights Institution (NHRI) with a broad mandate.

While a number of human rights bodies exist in Italy with sectoral competencies and varying degrees of independence, Italy is one of the few remaining Council of Europe member states without an NHRI, despite repeated commitments to establish one in line with the Paris Principles of the United Nations. Several models of NHRIs are possible, but the Commissioner notes that the new body would have to align with the relevant standards, particularly regarding its mandate, autonomy, and resources.

Furthermore, while existing human rights bodies have been able to take meaningful action, their legal and institutional frameworks are not always conducive to ensuring independence and effectiveness and the Commissioner encourages the Italian Parliament to ensure that these principles are applied in respect of those bodies as well.

• Read the Commissioner's letter to the Presidents of the Senate and Chamber of Deputies of Italy

Concepción Gimeno se ha dirigido a los miembros de la Comisión Ejecutiva de la entidad, que ha celebrado este jueves su primera sesión del año

La justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha visitado la sede de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), donde ha sido recibida por el presidente, Carmelo Pérez; la vicepresidenta, Yolanda Sevilla, y el secretario general, Eduardo Gallart.

Tras firmar en el libro de honor, donde ha dejado constancia del importante papel que ejerce la FAMCP en la asistencia y el apoyo a la administración local, la justicia de Aragón ha pronunciado unas palabras ante los miembros de la Comisión Ejecutiva de la federación, que han celebrado este viernes su primera sesión del año.

Concepción Gimeno se ha referido al objetivo compartido entre la institución del Justicia de Aragón y los regidores públicos, que no es otro que procurar el bienestar de los vecinos y vecinas mediante la resolución de los problemas cotidianos.

En este sentido, ha explicado que la institución entiende la labor de supervisión que le corresponde “como una oportunidad de colaboración para conseguir soluciones mediante el pacto, siempre con el objetivo último de mejorar la convivencia”.

La justicia ha reconocido las dificultades a las que se enfrentan los municipios, en especial los más pequeños, para atender situaciones que exceden sus recursos personales y materiales y ha puesto como ejemplos las recientes danas, la tormenta Filomena o la pandemia del Covid. “Las normativas, en ocasiones, no están diseñadas para la aplicación en los pueblos más pequeños”, ha dicho.

Por último, Concepción Gimeno ha invitado a los alcaldes a acercarse a la institución por cualquier medio de los que están disponibles, en especial, el teléfono, que siempre está abierto para la comunicación directa y fluida.

03 marzo 2026

El Defensor del Pueblo de Navarra-Nafarroako Arartekoa ha participado en el programa Mediodía Navarra de RNE para explicar la función de la institución y recordar que está al servicio de todas las personas.

Patxi Vera ha recordado que el Defensor del Pueblo es el comisionado del Parlamento para la protección y mejora de los derechos y libertades. También, ha explicado la dinámica de trabajo en la institución “recogemos las quejas y los problemas que tienen las personas en relación con las administraciones, les acompañamos y peleamos en su nombre para que la Administración sea más justa o corrija errores”. Puede acudir al Defensor toda persona, natural o jurídica “también las personas en situación administrativa irregular e  incluso los menores de edad, que pueden dirigirse directamente a la institución sin necesidad de tutor”.

Entrevista a Pilar Farjas

Gracias a la presentación que hizo Cáritas en nuestra institución el pasado mes de Enero del IX informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social, tuvimos la oportunidad y el placer de poder entrevistar a Pilar Farjas, la actual directora de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela.