European Ombudswoman Teresa Anjinho has found maladministration in the European Commission’s refusal to analyse a 2023 risk assessment report drawn up by social media company X for possible public disclosure. Under the EU’s Digital Service Act, large social media companies such as X must provide annual reports to the Commission on their compliance with the Act’s provisions.

When a journalist requested access to X’s report, the Commission refused, arguing that it could be generally presumed that disclosure could undermine the company’s commercial interests as well as an ongoing investigation into its compliance with the Digital Services Act. The Commission later added that its use of a general presumption of non-disclosure was also justified by the need to protect an independent audit into the same issue.

This reliance on a general presumption means that the Commission had not individually assessed the report for possible disclosure.

The Ombudswoman found that it was unreasonable for the Commission to apply a general presumption of non-disclosure and that the circumstances in which the EU courts permitted this are very different from the rules that apply to risk assessment reports. She further found that the then ongoing audit was also not enough to justify a general presumption of non-disclosure, even if X was obliged to publish the report within three months of the audit’s completion.

While X has now made the report public with redactions, the Ombudswoman nevertheless recommended that the Commission conduct an individual assessment of the document for disclosure. This assessment should aim at granting the journalist the widest access possible, including possibly to the redactions made by the company.

The Ombudswoman further stressed that if the Commission concludes that access cannot be granted to certain parts of the report, it must thoroughly explain why.

Transport for London has been criticised for the way it has run two significant vehicle scrappage schemes.

The Local Government and Social Care Ombudsman has found TfL made changes to the schemes without following due process or informing the public. This meant people have spent time applying, unaware their vehicles were no longer eligible.

The schemes were set up in 2023 allowing people in the city to receive a grant to either scrap or retrofit non-compliant vehicles ready for the expansion of the Ultra Low Emission Zone (ULEZ).

However, TfL failed to tell people about a change it introduced to its scheme for vans and minibuses which meant vehicles with outstanding tickets (PCNs) would not be considered unless the charges were paid or resolved.

In its scheme for cars and motorcycles, the terms were amended without notice so that it would not accept applications from vehicles previously used as licensed taxis in the year before the scheme started.

Mrs Amerdeep Clarke, Local Government and Social Care Ombudsman, said:

“We recognise why Transport for London decided to update its vehicle scrappage schemes. But failing to clearly communicate these changes to potential applicants does not reflect the core principles of fair, transparent and honest public service.

“We welcome Transport for London’s commitment to publishing any future updates to these, and similar schemes, on its website, ensuring residents are properly informed if and when any changes will take effect.”

The Local Government and Social Care Ombudsman remedies injustice and shares learning from investigations to help improve public, and adult social care, services. It also has the power to make recommendations to improve processes for the wider public. In this case TfL has agreed to ensure there is a formal documented process for determining and approving any changes to the terms and conditions of this and any similar future schemes. It has also agreed to ensure it promptly publishes any changes to such schemes on its website.

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha recordado al Ayuntamiento de Vila-real que debe reservar al menos un 10 % de las plazas en sus ofertas de empleo público para ser cubiertas por personas con discapacidad, con independencia del sistema selectivo utilizado.

Así se recoge en dos resoluciones dictadas por el Síndic tras las quejas por la falta de esa reserva en las ofertas de empleo público ordinaria y complementaria aprobadas en 2022 por el Ayuntamiento, ambas destinadas a la estabilización de empleo temporal: una con 100 plazas y otra con 34.

El Ayuntamiento trasladó al Síndic que esa reserva no era aplicable a los procesos de estabilización por concurso de méritos previstos en la Ley 20/2021, de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público. También señalaba que la plantilla municipal ya cumplía con la obligación de que al menos el 3 % de sus plazas estén ocupadas por personas con diversidad funcional y que las ofertas de empleo público ordinarias de 2022, 2023 y 2024 sí respetaron el cupo del 10 %.

El Síndic, en cambio, rechazó esta interpretación y consideró vulnerado el derecho de acceso al empleo público del colectivo de personas con discapacidad, ya que no se les permitió participar en procesos selectivos reservados en exclusiva, que debían suponer al menos el 10 % del total de plazas ofertadas. Además, Luna recordó que la Ley 4/2021, de la Función Pública Valenciana, obliga a reservar ese porcentaje mínimo en todas las ofertas de empleo público, con independencia del sistema selectivo que se utilice.

Tras analizar la respuesta municipal, el Síndic concluye que el Ayuntamiento no ha atendido sus recomendaciones, ya que no se pronuncia expresamente sobre las ofertas de estabilización objeto de las quejas y se limita a reiterar que cumple la normativa en las ofertas ordinarias.

Consulta las resoluciones del Síndic sobre este asunto:

El 23 de octubre, el Tribunal de Estrasburgo emitió su decisión en el asunto A.J. y L.E. contra España (demandas nº 40312/23 y 40388/23), en la que condena a España por no llevar a cabo una investigación eficaz en el caso de dos mujeres que denunciaron haber sido violadas por sumisión química. El Tribunal concluye que los fallos en la investigación constituyeron una vulneración —en su vertiente procesal— de la prohibición de tratos inhumanos y degradantes y del derecho a la vida privada de las demandantes, protegidos por los artículos 3 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

Los antecedentes del caso se remontan al 2016, cuando las demandantes denunciaron haber sido víctimas de violación por sumisión química en Pamplona. El centro de salud al que acudieron activó el protocolo de agresión sexual y notificó los hechos a la Policía Nacional. La policía abrió una investigación y los sospechosos fueron detenidos, reconociendo haber mantenido relaciones sexuales, pero alegando que fueron consentidas. En el curso de la investigación, se descubrió que uno de los acusados era cuñado de un agente de la propia unidad investigadora, y que durante el proceso se perdieron o manipularon pruebas clave. 

En el proceso penal, el juzgado instructor, a pesar de considerar creíbles los testimonios de las demandantes, decidió no procesar a los sospechosos por falta de pruebas concluyentes. Si bien se abrieron causas separadas por las irregularidades en el manejo de las pruebas, ninguna prosperó. Años más tarde, la causa principal se archivó definitivamente al no haberse acreditado más allá de toda duda razonable la administración de sustancias o la falta de consentimiento. Pese a que los tribunales reconocieron que la investigación se vio “notablemente afectada” por las irregularidades y la desaparición de pruebas digitales, concluyeron que las diligencias habían sido exhaustivas. 

En su decisión, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluye que las autoridades españolas no llevaron a cabo una investigación eficaz, en particular debido a la pérdida y manipulación sistemática de pruebas potencialmente cruciales, a la insuficiente garantía de independencia en la investigación y a una respuesta manifiestamente inadecuada frente a esas deficiencias, que superaban los “errores aislados” o las omisiones menores en la investigación. Las actuaciones realizadas por las autoridades no lograron compensar la pérdida de pruebas que eran centrales para las denuncias de sumisión química. Además, las investigaciones sobre la posible mala conducta policial se iniciaron solo después de un tiempo considerable y fueron confiadas a los mismos órganos judiciales y policiales que habían supervisado la investigación original.