El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha tramitado la queja de un vecino de Alicante que denunciaba las molestias y la inseguridad ocasionada por el estado de abandono de un inmueble en obras, situado en la calle Roselló en el barrio de Altozano.

Este Institución ya se pronunció sobre el estado de abandono de dicha edificación en una resolución del año 2013. En ella, el defensor solicitaba al Ayuntamiento que adoptara las medidas necesarias para evitar que la grúa, los hierros que sujetan la red de la fachada y el estado ruinoso del inmueble en general causara daños a las personas (...).

Sin embargo, el afectado se puso en contacto de nuevo con esta Institución para denunciar que el Ayuntamiento se había limitado a retirar la grúa, pero que los hierros seguían colgando. Asimismo, durante la tramitación de la queja, el ciudadano insiste en que el inmueble está actualmente ocupado por más de 10 personas que malviven allí, haciendo fuego de dos a tres veces al día con todo lo que esto supone (riesgo de incendio, humos, etc.). En este sentido, el estado de abandono del edificio (excrementos, basura, suciedad..) causa problemas de olores y de insalubridad con la consecuente plaga de mosquitos, ratas, cucarachas, etc. Asimismo, la inexistencia de la acera obliga a los peatones a pasar por la calzada a la altura del mencionado inmueble. 

Por todo ello, el Síndic ha recomendado al Ayuntamiento de Alicante que, desde los departamentos de servicios sociales, sanidad y conservación de inmuebles se adopten, sin más demora, todas las medidas necesarias para atender a las personas sin techo que ocupan el inmueble, y garantizar su adecuada conservación, limpieza y desratización y asegurar el tránsito de los peatones por las aceras.

Hoy, 25 de noviembre, celebramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Desde el Síndic de Greuges queremos unirnos a todas aquellas personas, asociaciones y administraciones comprometidas con la concienciación y erradicación de esta lacra social. 

Es verdad que durante los últimos años hemos logrado avances legislativos. Sin ir más lejos, el 1 de agosto de este año entró en vigor en España el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, conocido como el Convenio de Estambul. Este instrumento define las distintas formas de violencia contra la mujer y exige su tipificación.

Y es que la violencia contra la mujer abarca multitud de actos, desde el acoso, a la violencia sexual, física y psicológica a manos de parejas y exparejas, sin olvidarnos del matrimonio forzado, la mutilación genital femenina o la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Todos ellos violaciones de los más básicos derechos humanos con graves consecuencias para su integridad física y mental de las víctimas.

A pesar de todos los esfuerzos realizados y avances conseguidos, nos queda aún mucho camino por recorrer. Todos, en las medidas de nuestras posibilidades, tenemos nuestra responsabilidad a la hora de combatir la violencia contra las mujeres, y especialmente las administraciones públicas que deben adoptar políticas y medidas trasversales de género, dotadas de suficiente presupuesto, que sean capaces de proporcionar una solución eficaz a este problema.

Hoy en día, me preocupa especialmente los niveles de violencia que soportan nuestras adolescentes y jóvenes. Las nuevas tecnologías y las redes sociales se han convertido en un instrumento habitual para perpetrar nuevas conductas violentas y de control entre las más jóvenes. Al igual que en otras pautas violentas, la detección precoz de comportamientos agresivos y las estrategias de prevención y la educación son imprescindibles para atajar la problemática actual. 

Por otra parte, hace unos días, con motivo de la Jornada que organizamos sobre derechos de los menores, tuvimos el honor de poder escuchar la inquietante experiencia de Helena Maleno, investigadora especialista en procesos migratorios. Con gran valentía, Maleno denunciaba cómo las  redes de trata se han postulado en los países de origen como una oportunidad para muchas mujeres y niñas de poder migrar. Y lo que es peor, que la trata para fines sexuales no existiría si no hubiera una demanda de mercado sexual. La falta de visibilidad de este problema, así como la ausencia de una Ley específica contra la trata/tráfico de personas, hace más difícil combatir esta forma de esclavitud. 

Para finalizar, nos gustaría recordar una cita de Kofi Annan, que dice:

La violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de riquezas. Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz.

El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, y el alcalde de Premià de Mar, Miquel Buch, han firmado un convenio en virtud del cual el Síndic velará por la correcta realización de la consulta popular convocada por el Pleno del Ayuntamiento de Premià de Mar sobre la idoneidad de expropiar las fincas conocidas como “Can Sanpere”.

El Síndic ejercerá las funciones de Comité de Consultas Ciudadanas, de acuerdo con las competencias que le otorga el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Concretamente estas funciones son:

-Emitir un informe respecto de las dudas en la interpretación de la regulación de la consulta. Este informe podrá ser solicitado por los órganos del Ayuntamiento y la Comisión de Seguimiento y Control de la consulta. El informe se deberá emitir en un plazo máximo de cinco días desde la fecha de recepción de la solicitud.

-Resolver las reclamaciones presentadas contra las resoluciones de la Comisión de Seguimiento y Control de la consulta y contra las decisiones del Ayuntamiento de desestimar las resoluciones de la Comisión de Seguimiento y Control de la consulta.

-Resolver las impugnaciones formuladas contra las resoluciones de la Comisión de Seguimiento y Control y contra las decisiones del Ayuntamiento de no cumplir las resoluciones de la Comisión de Seguimiento y Control.

La consulta, convocada a mediados de octubre, se realizará del 12 al 20 de diciembre y los vecinos deberán decidir si quieren que el Ayuntamiento expropie o no unos terrenos del centro del pueblo que ahora son propiedad de la promotora Núñez i Navarro para destinarlos a zona verde y equipamientos.

El convenio es una ampliación del acuerdo que el Ayuntamiento de Premià de Mar y el Síndic firmaron en diciembre de 2013, que regula la supervisión singularizada del Síndic en lo que atañe a la actividad del Consistorio.

Notiziario n°9