El Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón ha informado al Justicia que va a proponer la creación de una Mesa de Trabajo constituida por expertos para valorar la realización de un protocolo de detección, notificación y derivación de las situaciones de maltrato hacia las personas mayores, dirigido a los profesionales médicos de los servicios de urgencias y atención primaria, que contenga la información necesaria para poner en marcha el proceso, canalizando las denuncias o notificaciones para su adecuado estudio y valoración.

La Administración autonómica responde así a una reciente sugerencia del Justicia de Aragón en la que expone la necesidad de que exista este instrumento de protección hacia las personas mayores, que podría resultar muy valioso para los servicios médicos, especialmente de urgencias, y que, por otra parte, sería útil para la elaboración de datos fiables sobre esta realidad ya que las cifras de que se disponen en nuestro país reflejan una menor incidencia o detección que en otros países de la Unión Europea.

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha recibido la respuesta del Ayuntamiento de Elche a la recomendación que el defensor les remitió para eliminar las molestias generadas por la actividad de una escuela de natación que hacía uso de una piscina de esta localidad.

La actuación del Síndic tiene el origen en la queja presentada por una vecina que denunciaba las insoportables molestias que injustamente sufría su familia por los ruidos y vibraciones de los motores de la turbina y depuradora sita justo al lado de su vivienda, así como por la actividad musical que se desarrollaba en la misma. 

De acuerdo con el defensor del pueblo valenciano, los hechos fueron ya objeto de queja ante esta Institución; y aunque el Ayuntamiento ilicitano, durante este intervalo de tiempo, ha venido adoptado resoluciones y decretos municipales dirigidos a que el titular de la actividad corrija las deficiencias detectadas, lo cierto es que las molestias persisten.

A finales de junio de este año, el Ayuntamiento comunicó al Síndic que había requerido al titular de la actividad para que corrigiese dichas deficiencias, puesto que se realizó una medición sonométrica desde el interior de la vivienda de la autora de la queja y el resultado fue positivo, haciendo constar el inspector de aperturas que sin equipo de medición sonométrica se percibe perfectamente la música. 

Por su parte, la recomendación del Síndic de Greuges señala algunas de las medidas provisionales, recogidas en la normativa vigente sobre contaminación acústica y calidad ambiental, que el Consistorio podría adoptar, tales como: la clausura temporal, parcial o total de las instalaciones o el precintado de aparatos o equipos.

Recientemente, el síndic ha recibido respuesta del Consistorio ilicitano en la que nos comunica la aceptación de nuestra recomendación, así como la resolución adoptada por dicho Ayuntamiento de revocar la licencia para la amenización musical por incumplimiento de las condiciones técnicas bajo las cuales se otorgó la misma. Con lo que el titular de la actividad deberá abstenerse de inmediato de utilizar el equipo de música. Asimismo, el Ayuntamiento le avisa de que si incumple la resolución, se procederá a la ejecución forzosa de lo ordenado mediante la desconexión y precinto del equipo musical por los agentes de la Policía Local.

Si lo desea, aquí puede consultar el contenido íntegro de la Resolución del Síndic sobre este asunto.

A raíz de la inundación del túnel del tren de alta velocidad (TAV) en Girona y de los indicios de que ha existido una posible vulneración de los derechos de los usuarios afectados, según la normativa de consumo, el Síndic ha decidido abrir una actuación de oficio.

Las lluvias caídas durante la noche del 28 al 29 de septiembre en las comarcas de Girona obligaron a suspender el servicio del TAV entre Figueres, Girona y Barcelona. Los usuarios afectados tuvieron que utilizar el servicio de Regionales, con un tiempo de viaje muy superior, hasta el 4 de octubre por la tarde, momento en que se restableció el servicio.

El Síndic considera que es necesario esclarecer si las administraciones públicas han actuado de manera irregular tanto en este hecho puntual como en relación con el retraso en acabar las obras y en la falta de un plan homologado de seguridad en la estación y el túnel del TAV en Girona, y pide que se desbloquee este plan de seguridad, que aún no ha sido homologado por la Generalitat.

Por otro lado, el Síndic solicitará información a las diversas administraciones implicadas: el Departamento de Territorio y Sostenibilidad, el Departamento de Empresa y Ocupación (Agencia Catalana del Consumo), el Departamento de Interior, el Ministerio de Fomento (ADIF) y el Ayuntamiento de Girona.

El Síndic ha abierto una actuación de oficio sobre la administración y las actuaciones entorno a las acusaciones de fraude fiscal o delitos contra la Hacienda Pública contra cargos representativos de las Administraciones Públicas que provienen de presuntas filtraciones de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial).

A la vista de esta práctica, el Síndic ha trasladado a la Defensora del Pueblo las siguientes cuestiones y consideraciones al objeto de que, si lo considera oportuno, abra la correspondiente investigación:

1. Cómo se da traslado, con la máxima celeridad y eficacia, a la Fiscalía y a la autoridad judicial competente de los posibles delitos fiscales y económicos que se investigan por parte de la UDEF.

El Síndic cree que deben trasladarse todos estos asuntos de forma inmediata y contrastada a la Fiscalía y a la autoridad judicial competente, cuando se disponga de los indicios suficientes que indiquen la comisión de posibles delitos fiscales y económicos.

2. Cómo se garantiza el contraste de los datos que se desprenden de dichas investigaciones con las instituciones bancarias y financieras implicadas, y qué medidas se adoptan para garantizar la no filtración de la información en los períodos de investigación.

El Síndic considera que se debe mantener la reserva y sigilo total de las investigaciones hasta que no se decida su traslado a la Fiscalía y a las instancias judiciales, y éstas acuerden el secreto o no del sumario.

3. Cómo se dilucidan las responsabilidades en el ministerio u organismo correspondiente, en este caso el Ministerio del Interior, cuando se producen filtraciones de documentos o informaciones, de los cuales no se haya comprobado la veracidad.

El Síndic considera que debe garantizarse el honor de las personas y, si este derecho se conculca, se han de asumir las correspondientes responsabilidades por parte de los que sean responsables de esta mala actuación administrativa.

Volksanwalt Dr. Peter Fichtenbauer schaltet sich bei einem Konflikt zwischen der Forstbehörde und einem Bauern in Schwaz ein. Es stelle sich die Frage, ob die Auflagen der Behörde nötig waren. Davon abgesehen sei auch unklar, was die Forstbehörde dieletzten 11 Jahre getan hat.