Las construcciones ilegales de viviendas: el Defensor del Pueblo Andaluz, en 2005, advirtió a todos los Ayuntamientos del contenido del art. 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Es difícil entender la proliferación de viviendas impunemente construidas en suelo no urbanizable, no autorizadas ni legalizables, con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma del Código Penal que tipificó estas conductas como delictivas.

La oficina del Defensor del Pueblo Andaluz informó, por escrito en el año 2005, a todas las Alcaldías-Presidencias de los municipios de Andalucía de la obligación que tenían, y tienen, de dar cuenta a las autoridades judiciales de los hechos presuntamente constitutivos de delito de los que tengan conocimiento, como es el caso de tales construcciones de acuerdo con el art. 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El Valedor presidió el acto institucional con motivo de la conmemoración este 17 de octubre del Día para la erradicación de la pobreza organizado por las ONG que trabajan en la comunidad en pro de la inclusión social.

Santiago de Compostela, 17 de octubre de 2014. La sede del Valedor do Pobo acogió esta mañana el acto central convocado con motivo de la conmemoración del Día internacional para la erradicación de la pobreza por las entidades del Tercer Sector gallego que trabajan en la comunidad en favor de las políticas de inclusión social. 

El valedor do pobo, José Julio Fernández Rodríguez,  junto a los máximos responsables de la Red Gallega contra la Pobreza (EAPN Galicia), CERMI Galicia y la Coordinadora Gallega de ONGD, presentaron los principales retos en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en la comunidad.

Bajo el lema A nosotros no nos excluye nadie, Luis Giménez, Elias Ledo y Guillermo Ascanio, presentaronn el Manifiesto realizado con las conclusiones de los Encuentros de Ciudadanía Inclusiva y Participación de personas en situación de pobreza celebrados en Compostela, Murcia y Bruselas. Cerró el acto el alto comisionado parlamentario, José Julio Fernández, ante la presencia, entre otros, de representantes del Parlamento y de las organiacións convocantes.

Durante su intervención, José Julio Fernández se mostró tajante al respecto de la necesidad de exigir políticas públicas reales en contra de la exclusión: "Lo que hay que exigir es que haya políticas públicas concretas, eficaces y reales, artículos de leyes y de constituciones que se apliquen realmente para solucionar los problemas de las persoas en exclusión social, en situación de pobreza".

"Hay que dar ese salto, los dereitos sociales deben desaparecer de la nebulosa de las políticas ideales y defender la versión práctica de las políticas reales", manifestió el defensor gallego quien se mostró firme en la defensa de que los dereicho sociales deben ser dotados económicamente de forma adecuada para que puedan ser reivindicados, de este modo, el ombudsman "para que este Valedor pueda hacer recomendaciones directas y concretas para que los poderes públicos apliquen políticas reales de vivienda, políticas obligatorias de pleno empleo, políticas obligatorias contra la exclusión y la pobreza, políticas de integración". 

El valedor do pobo aprovechó la ocasión para agradecer la intensa labor desarrollada por las entidades del Tercer Sector de Galicia, "gracias a ellas, miles de personas viven mejor, muchas personas en exclusión pueden decir que tienen una ayuda razonable y equilibrada".

El 17 de octubre se celebra, por decisión de Naciones Unidas, el día internacional para la erradicación de la pobreza. Este año el lema elegido es: "No dejar a nadie atrás: pensar, decidir y actuar juntos contra la pobreza".

El Ararteko, alto comisionado del Parlamento Vasco para la defensa de los derechos humanos, se suma al objetivo fijado por Naciones Unidas y desea compartir con los ciudadanos y ciudadanas vascos las siguientes reflexiones.

En Euskadi existen familias en situación de pobreza (las Naciones Unidas sostienen que se hallan en esa situación aquellas cuyos ingresos son inferiores al 40% de la media de un territorio) y hay muchas familias en riesgo de exclusión social. Afortunadamente, la Comunidad Autónoma del País Vasco dispone de una red de protección social que, si bien no cubre la totalidad de las necesidades existentes, produce el efecto de situar en niveles inferiores a la media europea los índices de pobreza.

El dispositivo más importante de la citada red de protección social es la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Esta prestación social de contenido económico ha cumplido 25 años y hasta que la terrible crisis socio-económica que estamos sufriendo no estalló con toda su virulencia (justo cuando la RGI era más necesaria que nunca) había un amplísimo consenso político y social que permitía que la gestión de esta prestación estuviese exenta de conflictividad y polémica.

"No dejar a nadie atrás" en relación con la pobreza significa que la RGI debe seguir existiendo y que debe cubrir las necesidades de todas las personas y familias que se hallan en situación o riesgo de pobreza, sin exclusiones. Las personas que están en una situación administrativa no regularizada no deben quedar excluidas de la red de protección social, como tampoco ha de excluírseles de la educación o de los servicios sanitarios. Ello atentaría gravemente contra el derecho fundamental a la dignidad, proclamado por la Declaración Universal de Derechos Humanos, que implica tener cubiertas las necesidades de subsistencia básicas de las personas que viven en el País Vasco, y atentaría gravemente contra los principios básicos de inclusión social y de justicia social sobre los que se asienta nuestra convivencia social y nuestro modelo de democracia. Si se reforma el ámbito subjetivo de la RGI debería ser para ampliarlo con el objeto de que incluya bajo su manto de protección a aquellas familias necesitadas que hoy no lo están, las cuales subsisten merced a la ayuda de las ONGs.

La lucha contra el fraude no debe ser excusa para limitar o para suprimir derechos que están reconocidos en el ordenamiento jurídico. Existen casos de fraude en todos las prestaciones de contenido económico, y los hay también en los ámbitos en los que se generan obligaciones tributarias con la Hacienda (IRPF, impuesto de sociedades, IVA, tasas y precios públicos etc.). Los datos objetivos indican que el nivel de fraude en la prestación de la RGI se sitúa en niveles muy bajos y muy inferiores a los relativos al fraude fiscal, por ejemplo. Todos los poderes públicos y administraciones tienen, en cualquier caso, el deber de combatir con eficacia todo tipo de fraude, mejorando los mecanismos de control y de inspección, pero sin eliminar derechos.

La Administración que gestiona la RGI, Lanbide, habría de ser especialmente diligente en el ejercicio de sus funciones y ha de velar por que los procedimientos administrativos de reconocimiento del derecho a la prestación, de suspensión de la misma, de extinción de la RGI o de reclamación de cantidades indebidamente percibidas sean procedimientos garantistas y que respondan plenamente al principio/derecho a la buena administración, evitando en todo momento que la información que se traslada a las personas interesadas o a la ciudadanía en general genere confusión, indefensión o percepciones erróneas sobre la gestión eficaz y eficiente de la RGI.

"Pensar, decidir y actuar juntos contra la pobreza" reza la segunda parte del lema de Naciones Unidas para este año. Eso significa que los poderes públicos, es decir todas las instituciones y administraciones, han de estar comprometidas con la erradicación de la pobreza y de la exclusión social en Euskadi. Significa también que hay que pensar, decidir y actuar juntos, es decir trabajar por reforzar los consensos políticos y sociales que han sostenido durante la mayor parte de su existencia la RGI. Significa, finalmente, que cualquier reforma de la RGI ha de asegurar, con indicadores precisos, que el objetivo de luchar contra la pobreza y la exclusión social se mantiene y se cumple debidamente y ha de procurar la mejora de la eficacia y del funcionamiento de este importante dispositivo, cubriendo las necesidades asociadas a la vida digna de todas y de cada una de las personas que viven en Euskadi.

Vitoria-Gasteiz, 17 de octubre de 2014