El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha resuelto la queja presentada por una ciudadana que denunciaba la dilación en resolver un expediente de indemnización por responsabilidad patrimonial, interpuesto hace más de cuatro años ante el Ayuntamiento de Alicante por un accidente en moto en la Avenida de Denia.

Según relataba la afectada, cuando circulaba por dicha vía, a la altura del Complejo Vistahermosa, su ciclomotor se desestabilizó debido a irregularidades en el pavimento y a una trapa de alcantarillado colocada incorrectamente, provocando la caída en la calzada. Al poco tiempo, presentó una reclamación ante el Ayuntamiento.

De acuerdo con la información facilitada, las deficiencias existentes en dicha vía estaban  relacionadas con las obras de remodelación en curso, que estaba promoviendo la Conselleria de Infraestructuras y Transporte. Por lo que, en un primer momento, el Consistorio alicantino trasladó el expediente a esta administración.

El síndic fundamenta su resolución en las decisiones de los tribunales de justicia y en el dictamen del Consejo Jurídico Consultivo. Según este último, el Ayuntamiento incumplió con el deber de vigilancia de la vía pública, que aunque estaba de obras, se encontraba abierta al tráfico sin ningún tipo de señalización.

En este sentido, el defensor recuerda en su escrito que los ayuntamientos tiene la obligación inexcusable de mantener las vías públicas locales abiertas a la circulación en tales condiciones que garanticen la seguridad de quienes las utilicen.

En cuanto a la responsabilidad patrimonial, la Constitución española de 1978, en su Art. 106.2, establece el derecho de los particulares a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derecho, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

Por todo ello, el síndic ha recomendado al Ayuntamiento de Alicante que resuelva el expediente dentro de los plazos establecidos y que, teniendo en cuenta el dictamen del Consejo Jurídico Consultivo, estime la responsabilidad patrimonial en este caso concreto.

Como ya avanzó un día después del anuncio de la retirada del proyecto Castor, el síndic está decidido a utilizar todas las herramientas a su alcance para evitar que los consumidores deban asumir el coste de las indemnizaciones acordadas para las compañías concesionarias del almacén de gas.

Tras analizar el Real Decreto ley 13/2014 aprobado por el Gobierno, el Síndic ha reunido a diversas entidades de consumidores, asociaciones de vecinos, sindicatos y colegios profesionales para exponerles las incongruencias legales y políticas del mismo y trabajar la propuesta de medidas que remitirán a todos los grupos políticos del Congreso de Diputados de Madrid.

El Síndic también solicitará a las instancias oportunas que evalúen la posibilidad de emprender acciones legales ante el Tribunal Constitucional (TC) y de la Unión Europea.

El Síndic cuestiona cualquier implicación de los usuarios en este proyecto y pide que se revoquen los acuerdos que estipulan la obligación de los consumidores de asumir las indemnizaciones. También critica el hecho de que ni las compañías implicadas ni las administraciones pertinentes hayan completado los informes requeridos aún. Asimismo, recomienda que se paralice el abono de las indemnizaciones a las concesionarias hasta que se presenten los citados documentos y se hayan depurado las responsabilidades en relación con la gestión del proyecto.

Todas estas enmiendas se remitirán a los miembros del Congreso de los Diputados para persuadirles de que voten en contra de convalidar el decreto ley. Si, como es probable, el decreto se ratifica, el Síndic luchará para que la Cámara mantenga el debate abierto en el marco de un futuro proyecto de ley.

El otro frente abierto en relación con el proyecto Castor es la defensa de los afectados de las Terres l'Ebre, con quien el síndic se reunirá mañana para buscar medidas comunes de presión.

El Síndic recuerda que inició dos actuaciones de oficio, relacionadas con esta cuestión, que siguen tramitándose. Por un lado, la que se inició en octubre de 2013, para aclarar las causas de los movimientos sísmicos ocurridos en la zona del Delta de l’Ebre, y las consecuencias y los riesgos de estas actividades tanto para las personas como para el medio ambiente. En el marco de esta actuación, el síndic trasladó sus consideraciones a la Defensora del Pueblo (que es quien tiene competencia frente al Ministerio de Industria), a la Generalitat de Cataluña, y al Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana.

Por otro lado, la actuación abierta en junio de 2014 tiene como objetivo determinar si las administraciones han actuado de manera irregular en la autorización de las prospecciones petrolíferas existentes actualmente en Tarragona.

También se investiga si estas explotaciones vulneran el derecho a disponer de un medio ambiente adecuado, reconocido por la Constitución española, y si cumplen con la normativa europea de referencia, concretamente la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, y la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

Recientemente, en septiembre de 2014, la Plataforma en Defensa de las Terres del Sénia entregó al Síndic más de 500 quejas, en las cuales expresaban su rechazo al proyecto, y resaltaban la importancia de exigir responsabilidades a las administraciones que aprobaron el proyecto, a pesar de las advertencias e informes técnicos de riesgo. En el marco de esta actuación, el Síndic se ha vuelto a dirigir a la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O’Reilly, al Congreso de los Diputados, al Defensor del Pueblo y al gobierno de Cataluña.

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha abierto una actuación de oficio, a partir de la noticia publicada en los medios de comunicación, para aclarar la detención de un joven seguidor de la Penya en Zaragoza el pasado 4 de octubre por parte de la Policía Nacional.

Dada la falta de competencias del Síndic para investigar directamente el caso, este ha sido trasladado a la Defensora del Pueblo para que investigue, sin perjuicio de las actuaciones judiciales o administrativas que se puedan seguir ante las autoridades competentes.

Según la versión del detenido, los policías le arrestaron por exhibir la estelada y gritar consignas independentistas durante el partido de baloncesto entre el CAI y el conjunto de Badalona. El joven manifiesta que lo esposaron y que lo tuvieron toda la noche en la comisaría tras negarse a retirar la bandera independentista. Por su parte, la versión policial indica que existió resistencia y desobediencia a la autoridad.

El caso es muy similar al que tuvo lugar en Valencia el pasado 16 de abril, actualmente en proceso judicial, y del cual, también a petición del Síndic, la defensora está realizando el seguimiento oportuno.