El Alcalde y vecinos de Canena (Jaén) se han reunido hoy con el Defensor del Pueblo Andaluz para pedirle su apoyo en la reivindicación al Gobierno Central de que ejecute las obras para encauzar el arroyo de La Yedra.

Los vecinos han trasladado al Defensor su preocupación por los desprendimientos de tierra y erosiones que causa el curso del riachuelo, sobre todo, en la temporada de lluvias, y que ya está afectando a las viviendas y huertos de los alrededores.

En su protesta, los vecinos han explicado al Defensor lo que consideran un incumplimiento del Gobierno Central de la promesa que les hizo de encauzar el arroyo que discurre por la localidad para evitar así estos desprendimientos.

El colectivo presentará queja formal al Defensor, quien le ha mostrado su apoyo y gestiones con la Defensora del Pueblo Estatal

Hemos emitido una Resolución recomendando que se dicten las instrucciones oportunas y se adopten las medidas necesarias para que los expedientes que se tramiten merezcan la notificación expresa a cada persona interesada de forma individualizada, descriptiva y motivada de cada resolución dictada por el órgano competente en relación con la solicitud de las ayudas, a fin de que se comunique en tiempo y forma el sentido de la resolución, estimativa o no, sus métodos de cálculo y los contenidos que garanticen los derechos de las personas interesadas en cada expediente.

A raíz de la aceptación por parte del gobierno español de la renuncia a la concesión del almacén de gas Castor, mediante un real decreto ley en el que se fija una indemnización para la compañía que se cargará en el recibo del gas durante 30 años, el síndic recuerda que siguen pendientes de análisis los riesgos y las consecuencias de los seísmos producidos en la zona, así como las posibles indemnizaciones que sean pertinentes.

El síndic, Rafael Ribó ha propuesto una reunión de todos los sectores implicados en Cataluña para estudiar la medida adoptada por el gobierno español y analizar todas las actuaciones que puedan llevarse a cabo en relación con el citado real decreto ley. El síndic considera que la medida perjudica a todos los consumidores de gas del Estado, que durante 30 años verán incrementada su factura como consecuencia de este acuerdo.

Asimismo, recuerda que inició dos actuaciones de oficio relacionadas con esta cuestión que siguen en trámite por parte de la institución. La primera se inició en octubre de 2013 con el objetivo de esclarecer las causas de los movimientos sísmicos acaecidos en la zona del Delta del Ebro y alertaba de las consecuencias y los riesgos de estas actividades tanto para las personas como para el medio ambiente. En el marco de esta actuación, el síndic trasladó sus consideraciones a la Defensora del Pueblo (que es quien tiene competencia ante el Ministerio de Industria), a la Generalitat de Cataluña, y al Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana.

En el mes de junio de 2014, el Síndic de Greuges de Cataluña inició una segunda investigación con el fin de determinar si las administraciones han actuado de manera irregular en la autorización de las prospecciones petrolíferas existentes actualmente en Tarragona. Uno de los objetivos de la investigación es clarificar si estas explotaciones vulneran el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado reconocido por la Constitución española, y también si estas actividades cumplen la normativa europea de referencia, concretamente la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, y la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

El pasado mes de septiembre, la Plataforma en Defensa de les Terres del Sènia entregó al Síndic más de 500 quejas, que expresaban el rechazo al proyecto y resaltaban la importancia de exigir responsabilidades a las administraciones que lo aprobaron a pesar de las advertencias y los informes técnicos de riesgo. En el marco de esta actuación, el síndic se ha dirigido nuevamente al Congreso de los Diputados, a la Defensora del Pueblo y al Gobierno de Cataluña, así como a la Defensora del Pueblo europea, Emily O’Reilly.

El síndic de greuges de Cataluña, Rafael Ribó, ha recomendado que, tanto en la normativa electoral estatal como en el marco de una futura ley electoral catalana, se incluyan sistemas de votación más sencillos y ágiles que permitan mejorar la garantía del derecho a voto de los catalanes.

La recomendación forma parte de una resolución dirigida al presidente de la Generalitat, Artur Mas, al Parlamento de Cataluña y a los grupos parlamentarios que lo integran. Las propuestas también se han enviado al Congreso de diputados, a todos los partidos catalanes con representación en Madrid y al Defensor del Pueblo.

El Síndic ha investigado el caso a raíz de las incidencias recurrentes en el sistema de voto por correspondencia denunciadas en las últimas elecciones, especialmente por parte de los ciudadanos residentes en el extranjero y por parte de las personas temporalmente ausentes que, de acuerdo con la normativa vigente, deben manifestar expresamente su intención de votar a fin de que les sea enviada la documentación necesaria para poder ejercer su derecho.

En algunos casos, las quejas constatan retrasos en el envío de la documentación para votar por correspondencia desde dentro del Estado.. En otros, ponen de manifiesto dificultades para emitir el voto desde el extranjero puesto que, a pesar de haber tramitado la solicitud de voto de acuerdo con todos los requisitos establecidos por la ley, los interesados no llegaron a recibir la documentación necesaria para votar dentro del plazo fijado.

El Síndic considera que la normativa electoral debería introducir un sistema telemático de emisión del certificado de inscripción en el censo electoral, eliminar el requisito de “voto rogado” para los electores desde el extranjero que opten por depositar el voto en urna o de manera presencial e incorporar un sistema de emisión de voto por Internet.

Las dos últimas elecciones, al Parlamento Catalán en el 2012, y al europeo en el 2014, han experimentado una sensible caída en la participación desde el exterior, en contra de los índices generales. Según el Síndic, esta situación ha sido motivada por las dificultades que comporta el procedimiento de “voto rogado” (tanto el incluido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio -LOREG- para la reforma operada por la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, como aquel regulado por el Real Decreto 1621/2007, de 7 de diciembre). Este sistema establece que debe ser el mismo residente en el extranjero quien debe solicitar a la correspondiente oficina consular, dentro del plazo y procedimiento previsto, que le envíen la documentación necesaria para poder votar.

Con el sistema anterior a la reforma de 2011, el envío de la documentación necesaria para votar a las personas inscritas en los censos de votantes desde el exterior se hacía de oficio en el domicilio reportado por los votantes en la inscripción consular correspondiente.