Saavedra se suma a la conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores y reclama los recursos necesarios para que lleven una vida digna
 

Santa Cruz de La Palma, a 1 de octubre de 2014.- El Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, se ha querido sumar a la conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores para revindicar el papel central que juega en la sociedad este segmento de la población y reivindicar que se garantice el mantenimiento de los recursos económicos y asistenciales que le permitan llevar una vida digna.

Saavedra destacó el papel fundamental que están desempeñando las personas mayores en el marco de la crisis económica, porque gracias a sus pensiones, en muchos casos, están manteniendo a hijos y nietos. “Lamentablemente, en este contexto social, con el grave problema del paro que estamos padeciendo, las pensiones de los mayores están sirviendo como el salvavidas para muchas familias que han agotado todas las prestaciones sociales”.

Este ejercicio de solidaridad intergeneracional no debe pasar desapercibido para la Administración Pública y debe ser sensible a esta nueva realidad social que es cada vez más común en nuestro entorno. Y es que, argumentó el Diputado del Común, en muchas ocasiones los recursos económicos con los que cuentan son insuficientes y crece el riesgo de aumentar la pobreza en la vejez.

El Diputado del Común destacó el creciente envejecimiento de la población, realidad de la que Canarias no está al margen, tanto en España como en el conjunto de Europa. Prueba de ello es el informe presentado por el Inmerso, que sitúa a España como el cuarto país más envejecido del planeta.

Jerónimo Saavedra advierte de que esta situación requiere hacer un esfuerzo por parte de las instituciones públicas para garantizar el acceso a los recursos sociosanitarios que demanda una población cada vez más envejecida y es “absolutamente incompatible con los recortes en dependencia que se están practicando en la actualidad”.

“La celebración del Día Internacional del Mayor nos debe animar a reflexionar de forma conjunta sobre la dirección que están llevando nuestras políticas y poner en el centro de atención a aquellas personas que tanto han contribuido a lo largo de su vida a construir una sociedad más digna y que siguen siendo en muchos casos, con su esfuerzo y sacrificio, el sostén de las generaciones futuras”, concluyó el Diputado del Común.

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha remitido al Consistorio alicantino una resolución con varias recomendaciones encaminadas a mejorar la accesibilidad de las personas con movilidad reducida en el transporte público urbano.

De esta forma, Cholbi da respuesta a la queja presentada por una ciudadana que presenta una movilidad reducida elevada de más del 80%, por lo que utiliza silla de rueda en todos sus desplazamientos. La afectada denunciaba una serie de incidencias en el funcionamiento de las rampas de los autobuses. A esto añadía las trabas ocasionadas por el mal estado y los desniveles de las aceras en las paradas de autobús, así como por la impunidad de los vehículos mal estacionados, que impiden que el autobús se acerque al anden y pueda desplegar la rampa. Igualmente, destaca entre otras deficiencias, la falta de pulsadores avisadores de parada adaptado o las dificultades de las personas con problemas de movilidad para acceder al lector de tarjetas (alejados de las rampas). Situaciones y condiciones que imposibilitan la utilización de transporte público de manera autónoma a las personas con movilidad reducida.

Entre las medidas de mejoras el Síndic plantea, de forma transitoria y en aquellas líneas de autobús que no dispongan de lectores de tarjetas adaptados, la exención del pago del billete a las personas con movilidad reducida. Asimismo, Cholbi sugiere al Ayuntamiento que realice un estudio sobre el uso, frecuencia y características de este colectivo en los autobuses urbanos e interurbanos a fin de mejorar su accesibilidad.

En cuanto a los autobuses que dan servicio, el defensor insta a adoptar todas las medidas que sean necesarias para mejorar la calidad y eficacia en la prestación de este servicio público en relación con los derechos de las personas con movilidad reducida, tal y como establece la normativa autonómica actual en materia de accesibilidad universal al sistema de transporte público en la Comunidad Valenciana.

Por último, también insta a adaptar, de manera urgente y tal y como tenían previsto, el Reglamento de Usuarios de Transporte Colectivo Urbano de la Ciudad de Alicante de 1997 a las normas vigentes en materia de accesibilidad, así como a fomentar la participación de los colectivos de las personas afectadas.

Un año después de presentar el informe monográfico sobre pobreza energética que sirvió para impulsar la aprobación del decreto del Parlament, el síndic pone en evidencia que la lucha contra este fenómeno ha quedado estancada y culpa a las administraciones de dicha situación.

En primer lugar, urge al Gobierno del Estado a que retire el recurso interpuesto contra el decreto ante el Tribunal Constitucional y le recuerda que quienes resultan realmente perjudicados por esta decisión son personas con pocos recursos y que ven vulnerado su acceso a un derecho esencial.

El Síndic también recuerda al Gobierno de la Generalitat que ha tenido este tema prácticamente paralizado desde que tuvo lugar el Pleno monográfico de la pobreza, en marzo de 2014, a pesar de que había sido impulsado por el Parlamento para aprobar un nuevo decreto antes del 30 de septiembre.

El Síndic espera comparecer ante el Parlamento para presentar más medidas de aplicación inmediata. También tiene previsto reunirse con todas las entidades sociales implicadas contra la pobreza energética.

Rafael Ribó insiste en que la lucha contra la pobreza energética debe tener en cuenta a los colectivos especialmente protegidos por el Código de consumo de Cataluña, es decir, niños y adolescentes, tercera edad y personas enfermas o con discapacidad.

También debe ser una herramienta esencial el intercambio de información entre empresas suministradoras y servicios sociales básicos en la detección y la prevención de situaciones personales y familiares de pobreza energética.

Más allá del fenómeno de la pobreza energética, el Síndic está elaborando un informe monográfico sobre el derecho a los suministros básicos o esenciales que presentará en las próximas semanas.

Medidas de carácter operativo y de aplicación inmediata propuestas por el Síndic en su Informe monográfico sobre pobreza energética

Reconocer públicamente las iniciativas que administraciones, empresas y entidades llevan a cabo para combatir la pobreza energética.

Debe fomentarse la divulgación sobre ayudas, tarifas, abonos sociales y cualquiera otra medida existente.

La red de viviendas de inclusión social puede ser una herramienta idónea para atender los suministros de los colectivos más desfavorecidos

Tener en cuenta los colectivos especialmente protegidos por el Código de consumo de Cataluña, o sea, niños y adolescentes, ancianos, y personas enfermas o con discapacidad.

El intercambio de información entre empresas suministradoras y servicios sociales básicos debe ser una herramienta esencial en la detección y la prevención de situaciones personales y familiares de pobreza energética.

En cuanto a las medidas de carácter normativo, algunas de las más destacadas son:

Estudiar la inclusión en la enseñanza secundaria obligatoria de un módulo de educación en el ahorro energético doméstico.

Es preciso que la Generalitat adopte medidas ante la Administración general del Estado para establecer un precio social para el gas butano.

Valorar las modificaciones legislativas que permitan aplicar las bonificaciones a quien debe satisfacer la factura, aunque no sea el titular de la póliza

Es preciso que la Agencia Catalana del Agua asuma la gestión de la deuda correspondiente al canon del agua teniendo en consideración las situaciones de pobreza energética.

Apostar por el establecimiento de tarifas de agua que sean progresivas, es decir, en que el precio aumente a medida que se incrementa el consumo.

La coordinatrice della Difesa Civica italiana si è rivolta direttamente al governo: "Si ridurrebbe la spesa pubblica, incrementando la trasparenza"