El Defensor del Pueblo, el Defensor del Pueblo Andaluz, el Justicia de Aragón, el Diputado del Común, el Procurador del Común, el Síndic de Greuges de Catalunya, el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, el Valedor do Pobo, el Defensor del Pueblo de Navarra y el Ararteko del País Vasco, se han reunido en Vitoria-Gasteiz en las XXIX Jornadas de Coordinación que han versado sobre el tema "Las familias y sus necesidades y retos en el actual entorno social y económico: respuesta de los poderes públicos" y desean exponer públicamente la presente declaración.

Las familias, diversas en su morfología, desarrollan funciones propias y exclusivas, difícilmente sustituibles por otros sistemas y comunidades sociales. Sede de afectos y de relaciones primarias, la familia es el principal agente socializador y contribuye de manera determinante al desarrollo individual y a la construcción de la comunidad. Este valor y su exclusividad son reconocidos por la Constitución en su artículo 39.1, por los Estatutos de autonomía en sus respectivos textos y por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en su artículo 33, que instan a los poderes públicos a asegurar la protección social, económica y jurídica a la familia.

1. Una mirada comparativa con los países del contexto europeo pone de manifiesto el menor gasto en protección a las familias en España, que alcanzaba, según los últimos datos disponibles el 1,51% del PIB, frente al 2,26% de la media de Europa. Las políticas familiares deberían disponer en España de recursos económico-presupuestarios que alcanzasen, al menos, la media europea.

2. Las familias, independientemente de su configuración y composición concretas, presentan unas necesidades comunes que comprenden estos tres ámbitos: a) recursos para hacer frente a los costes asociados a la crianza de los hijos e hijas y al cuidado intrafamiliar; b) tiempo y servicios para la conciliación de las responsabilidades familiares; c) información, orientación y asesoramiento para el adecuado desempeño de las competencias parentales. Las políticas públicas han de satisfacer adecuadamente las necesidades de esos tres ámbitos.

3. Las políticas dirigidas a la compensación de los costes, principalmente ejecutadas a través de políticas fiscales y transferencias económicas directas, deben considerar las nuevas realidades sociales (tanto los modelos de familias diversas, como las fórmulas de custodia de hijos e hijas) y apoyar de forma más decisiva la atención a los menores de edad, a las personas con discapacidad y a las personas con dependencia.

4. En relación con la conciliación de la vida laboral y familiar y a la corresponsabilidad en el cuidado y en la atención de los niños y niñas y personas necesitadas de cuidados, entendemos que las administraciones públicas deben continuar aprobando subsidios directos o indirectos a la contratación, incentivos a la reincorporación al mercado laboral, actuaciones de formación y reciclaje y que, al mismo tiempo, se ha insistir en profundizar en los cambios normativos que favorezcan la incorporación de la mujer al mercado laboral y la participación activa de los hombres en las responsabilidades familiares.

5. Asimismo, se ve necesario impulsar una oferta suficiente de servicios que faciliten la conciliación: servicios para la atención de niños y niñas de 0 a 3 años y servicios de proximidad para las personas dependientes. De igual manera, deberían analizarse los horarios de trabajo y ocio para su mayor racionalización.

6. En línea con las directrices europeas y en respuesta a las demandas de padres y madres que buscan orientación para el ejercicio de su responsabilidad educativa y de desarrollo integral de hijos e hijas, resulta imprescindible avanzar en las medidas de parentalidad positiva, aumentando su implementación, promoviendo aún más la colaboración familia-escuela y avanzando en el uso de procedimientos eficaces para el adecuado desempeño de las responsabilidades parentales.

7. Resulta constatable la existencia de una diversidad de tipos de familia cada vez más amplia. Esa diversidad ha de encontrar el reconocimiento y respeto debidos en la tipificación legal, en los documentos oficiales, o en el currículo y discurso de los centros educativos. De igual manera, deben articularse medidas efectivas para garantizar el derecho de igualdad y a la no discriminación a los tipos de familias en los que concurre alguna circunstancia que pueda generar vulnerabilidad o desprotección (familias monoparentales, familias inmigrantes, familias homoparentales, familias de etnia gitana, etc.)

8. El apoyo socioeconómico resulta esencial para todas las familias afectadas por la grave crisis que sufren los españoles que se encuentran en riesgo o situación de severa exclusión social. En este sentido, consideramos que los poderes públicos competentes deben procurar la existencia en toda España de una prestación económica, cuyo objeto sea cubrir las necesidades asociadas a una vida digna y esté ligada a la inserción socio-laboral. Las resoluciones relativas al reconocimiento del derecho a estas prestaciones han de dictarse con prontitud y dentro de los plazos legalmente establecidos. Por otra parte, las políticas públicas han de fijar como prioridad la eliminación de la pobreza infantil y de la pobreza energética, habilitando para ello medidas e instrumentos eficaces.

9. Creemos necesario reforzar los mecanismos de protección y garantía del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, en especial en los casos de familias excluidas de la posibilidad de acceder a una solución residencial adecuada y de familias con hijos e hijas, tendiendo a la reducción del número de viviendas vacías, al fomento del alquiler y a la protección de los ciudadanos frente a los desahucios de sus viviendas habituales. Así mismo, las Defensorías del Pueblo respaldamos la aprobación de una ley de segunda oportunidad, comprensiva de límites que reduzcan la posibilidad de un desahucio, evitando la exclusión social perpetua en los casos de sobreendeudamiento e insolvencia familiar.

10. Consideramos que una especial mención requieren los apoyos a las familias con menores en situación de vulnerabilidad o riesgo, en concreto a estas: a) Las familias en situación de pobreza con menores a cargo; b) Las familias en conflicto con hijos e hijas, ámbito en el que demandamos una mayor potenciación de la mediación familiar, así como una reglamentación autonómica de los servicios de puntos de encuentro familiar, garantizando en todo caso la debida participación del niño, niña o adolescente en la toma de decisiones que le puedan afectar; c) Los menores expuestos a la violencia de género, para los que reclamamos el reconocimiento de víctimas con identidad propia.

11. En relación con las familias en las que conviven personas que tienen limitada su autonomía y necesitan ayudas personales o materiales para desarrollar una vida autónoma, se hace necesario adoptar medidas de armonización y coordinación de los diferentes sistemas para evitar solapamientos, duplicidades y carencias o insuficiencias de cobertura. Para estas personas y familias el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia constituye un pilar esencial del Estado social y un logro que no debe malograse. Entendemos también que es preciso reforzar y ampliar los dispositivos y las medidas encaminadas al mantenimiento de estas personas en su hogar.

Vitoria-Gasteiz, 10 de septiembre de 2014

Santiago de Compostela, 11 de septiembre de 2014. El Valedor do Pobo aprecia irregularidades en el proceso de selección de bomberos para el parque comarcal de bomberos de Monforte de Lemos. Tras abrir una investigación sobre el proceso iniciado en 2012, el alto comisionado parlamentario quiere denunciar la opacidad con la que se llevó a cabo el procedimiento. No sólo no se publicaron las calificaciones de los candidatos, sino que esta omisión hizo que quedara afectado el derecho de los aspirantes a reclamar un posible error o deficiente cómputo de la nota lograda.

El Valedor do Pobo remitió en fechas recientes una recomendación, que fue rechazada, al Consorcio Provincial de Lugo para la Prestación del Servicio Contra Incendios y Salvamento con el objeto de corregir las deficiencias. En la misma le solicitaba que procediese a dar la debida publicidad a las puntuaciones conseguidas por cada uno de los participantes en el proceso selectivo del parque de bomberos de Monforte realizado en el año 2012, con la apertura del oportuno trámite de alegación a los interesados, y la retroacción del procedimiento en caso de que se apreciara incorrección en las calificaciones finales obtenidas.

La irregularidad radica en el hecho de que no hubiesen publicado las puntuaciones conseguidas por los aspirantes, impidiéndoles no sólo conocer la orden de prelación en la que se sitúan garantizándose la transparencia del proceso, sino también ejercitar el derecho a reclamar ante un posible error o mal cómputo de la nota lograda. El recto cumplimiento de los reiterados principios de igualdad, mérito y capacidad recogidos nos en la Constitución Española y los de transparencia y publicidad expresamente mencionados en la Ley 7/2007 del estatuto básico del empleado público obliga sin duda a la publicación de las notas conseguidas por los aspirantes.

Otro de los aspectos de la investigación guarda relación con la contratación pública mediante gestión indirecta de la prestación del servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento, cuya adjudicación final recae en la empresa UTE RASA NATUTECNIA. En este sentido el Valedor do Pobo quiere dejar claro que las prestacións de servicios a través de órgano interpuesto o de gestión indirecta no suponen que la administración renuncie sus competencias, es decir, la titularidad del servicio y de las infraestruturas sigue siendo de la entidad pública por lo que el control y las directrices deben ser marcadas por la administración, en este caso, el Consorcio, con personalidad jurídica propia y de titularidade pública, que tiene un claro deber fiscalizador y supervisor sobre las actuaciones por él encomendadas.

Esta titularidad pública del servicio y la utilización de fondos públicos en el funcionamiento  implica que son totalmente aplicables los principios que deben regir cualquier proceso selectivo para el acceso a la función pública, tales como los de igualdad, mérito y capacidad, respetando también el procedimiento el principio de transparencia y publicidad.