El Defensor del Pueblo Andaluz tramitó queja de oficio (14/2981) con objeto de garantizar el derecho de las personas con necesidades educativas especiales asociadas a circunstancias personales de discapacidad a acceder a los estudios de Grado por el cupo de reserva de plazas, al igual que se venía haciendo en el caso de personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

Nos encontrábamos con supuestos en que personas que, cumpliendo con los requisitos legales para acceder por este cupo de reserva de plazas, se vieron imposibilitadas de facto para acreditar dicha circunstancia al no estar regulada en la normativa de Distrito Único Universitario de Andalucía, con el resultado de ver denegada su solicitud de acceso y vulnerado su derecho.

Finalmente se dio por solucionado el asunto al informarnos la Comisión de Distrito Único Universitario de Andalucía que, a partir del curso 2015/2016, recogería en sus normas sobre admisión a los estudios de Grado la forma de acreditar la situación de aquellas personas con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a circunstancias personales de discapacidad, que durante su escolarización anterior hayan precisado de recursos y apoyos para su plena normalización educativa, a fin de hacer efectiva la posibilidad de optar por las plazas reservadas a solicitantes con discapacidad.

La tramitación de dicha queja de oficio también puso de manifiesto la falta de un marco legislativo superior que permitiese avanzar de manera coordinada a las Comunidades Autónomas en relación con el desarrollo de medidas educativas especiales asociadas a condiciones de discapacidad.

Por este motivo nos dirigíamos a la Defensora del Pueblo con objeto de someter a su consideración la posibilidad de intervenir en este asunto ante todo el territorio español.

La Defensora resolvía iniciar una actuación de oficio ante la Dirección General de Política Universitaria, planteándole que fuera estudiada la conveniencia de establecer normativamente los criterios por los que deben guiarse las distintas Universidades para dar efectividad a la medida prevista en el artículo 26 del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas de Grado.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes ha aceptado esta petición y someterá la cuestión a la decisión de la Conferencia General de Política Universitaria, órgano de concertación, coordinación y cooperación de la política universitaria donde están representadas todas las Comunidades Autónomas.