Santa Cruz de La Palma, 17 de agosto de 2015. - La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha emitido una sentencia en la que ratifica la anulación del artículo 107 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Mogán que prohibía la grabación del Pleno, dando así la razón al posicionamiento adoptado por el Diputado del Común, que advirtió, sobre este mismo caso, que...

Se ha recomendado al Ministerio del Interior que equipare, completa o progresivamente, las indemnizaciones por daños personales de las víctimas del terrorismo que no disponen de sentencia condenatoria del autor o autores con las de aquellas que sí disponen de tal sentencia.

La Institución plantea que esta equiparación podría hacerse mediante una reforma de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, o en el marco de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016.

Se considera conveniente abrir una reflexión sobre la conveniencia de equiparar estas indemnizaciones, teniendo en cuenta el elevado número de víctimas de ETA que no dispone de sentencia condenatoria y las dificultades objetivas en muchos casos para dictar sentencia.

Así, se recuerda que las víctimas sin sentencia, además del sufrimiento principal producido por el crimen, padecen también el derivado de la ausencia de condena a los responsables.

IOI Ombudsman News 32/2015

El Síndic de Greuges de Catalunya ha abierto una investigación para supervisar la postura del Departamento de Gobernación y de las administraciones locales implicadas después de los resultados registrados en el proceso participativo sobre la constitución de la nueva comarca del Lluçanès.

Rafael Ribó felicita públicament a los vecinos del Lluçanès por los resultados obtenidos, que son un referente y una expresión ejemplar de ejercicio democrático.  Con un 55% de participación, los votos a favor de la nueva comarca superaron el 70%. A pesar de este alto porcentaje, cinco de los trece municipios votaron en contra.

Ribó quiere analizar qué hay de cierto en el malestar que un sector favorable a la creación de la nueva comarca le ha hecho llegar y que también se ha reflejado en los medios de comunicación. En concreto, se cuestiona la ambugüedad y la inactividad de la Administración con respecto a los pasos a seguir para la constitucion de la comarca.  

También tendrá en cuenta las conclusiones de la reunió que han mantenido representantes del Departamento de Gobernación con los alcaldes del territorio, a fin de valorar el resultado de la consulta y concretar las iniciativas que se deben adoptar.

Aunque la consulta no es un trámite legalmente preceptivo ni vinculante, sí es un instrumento de legítima participación democrática impulsado por el Parlamento y, en opinión del Síndic, sus resultados deben tener una respuesta motivada por parte de la Administración.